Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, después que fue despedido injustificadamente, incumplió la CONMINTORIA J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 057/2022 de 4 de agosto, por el cual conminó a la mencionada entidad municipal, a su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, sin que hasta la fecha se hubiese cumplido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 082/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 139 a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en forma provisional en favor de Leoncio Arebalo Marzana, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y con base a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2024-S3 Sucre, 11 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50851-2022-102-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 082/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 139 a 142, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leoncio Arebalo Marzana contra Héctor Cartagena Chacón, Alcalde y Gilmar López Riva, Director de Recursos Humanos (RR.HH.) ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante por memorial presentado el 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 26 a 30, manifestó lo siguiente:
Desde octubre de 2002, prestó servicios en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, en el área de aseo, durante su prestación de servicios en todos esos años, fue con esmero y eficacia, razón por la que, le otorgaron ítem. Sin embargo, extrañamente en los últimos años le dejaron sin el señalado ítem, suscribiendo la entidad municipal contratos eventuales en su favor con duración de un año. Para la suscripción de los contratos, empezaron a exigirle el cumplimiento de requisitos que no se justifican; finalmente el 26 de febrero de 2022, vía celular, le comunicaron que ya no podía continuar trabajando a pesar de haber suscrito contrato a inicios de ese año, y sin que le hubiesen entregado ningún memorando, ni le fue iniciado proceso disciplinario alguno, previo a su retiro intempestivo.
Por su despido injustificado acudió ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que previos los tramites de ley, emitió la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/057/2022, por la cual se le conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a través del Alcalde y el Director de RR.HH. a su reincorporación laboral, al último cargo en el que desempeñaba sus funciones, así como al pago de sueldos devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación laboral efectiva; Conminatoria con el que fue notificado el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el 9 de agosto de 2022, sin que la misma se hubiese cumplido, conforme se tiene del Informe de verificación de 29 de igual mes y año, persistiendo ese extremo, a pesar a la Carta Notariada de solicitud de cumplimiento de 16 de septiembre del citado año, denotando la falta de voluntad para cumplir la Conminatoria de reincorporación laboral ni responder a sus solicitudes presentadas. Aclaró que, el 15 de abril de 2022, le iniciaron un proceso sumario administrativo, en el que asumió defensa y se emitió Resolución final “J.C.T.S.G.A.M.Q.N° 07/2022”, el cual posteriormente fue revocado y mereció nueva Resolución de 6 de julio de 2022, por el que se dispuso la nulidad de todos los actuados. Asimismo, solicitó información de cuantos trabajadores junto a su persona, fueron apartados de su cargo por falta de libreta de servicio militar, recibiendo respuesta mediante Informe con CITE: “JCTS-G.A.M.Q.N°171/2022”, en el que señala: ʽ“no se tiene ninguna resolución final con sanción de despido por la no presentación de Libretar”ʹ (sic) lo que permite concluir que le apartaron del cargo de manera injustificada.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; citando al efecto el art. 46.I.1 y 2; y, 48.I, II, III, y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga se ordene a las autoridades ahora accionadas: a) A su reincorporación laboral inmediata al cargo de cochero nocturno en la empresa de Aseo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; b) El pago de salarios de los meses trabajados correspondientes a enero y febrero, más los salarios devengados desde marzo del presente año -se entiende 2022- a la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional, tomando en cuenta que su salario mensual percibido fue de Bs3 760,18.- (tres mil setecientos sesenta 18/100 bolivianos); c) La determinación de la responsabilidad civil de las autoridades ahora accionadas, estimando indemnización en su favor por concepto de daños y perjuicios; y, d) La remisión de una copia de la resolución a la máxima entidad administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a efectos del inicio de proceso disciplinario.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 137 a 138, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y reiteró en cuanto a su pretensión “…el cumplimiento íntegro de la Conminatoria” (sic).
Héctor Cartagena Chacón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a través de sus representantes legal; y, Gilmar López Riva, Director de RR.HH. del referido ente municipal, mediante informe presentado el 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 126 a 136, así como en audiencia, manifestaron que: 1) La Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/057/2022, es atentatoria porque no consideró los argumentos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, validó la prueba prefabricada como la lista de asistencia presuntamente de los meses de trabajo -enero y febrero- sin ninguna firma o sello que la convalide, sin valor legal, con datos y fechas que no coinciden con la realidad; 2) Se fundó en la actuación parcializada del inspector, quien emitió criterios anticipados respecto a la procedencia de la solicitud, siendo objeto de recusación y denuncia en sede administrativa; 3) El accionante no fue trabajador de la institución en la gestión 2022, porque su contrato fue eventual y concluía en “diciembre” de 2021; 4) La solicitud de reincorporación laboral, no puede ser interpuesta en un plazo indefinido, sino en el plazo de dos meses, en ese entendido la denuncia del accionante fue presentado posterior a los cinco meses que concluyó la relación laboral; por lo que, caducó su derecho; 5) Nunca existió despido intempestivo, sino que, para volver a suscribir su contrato, no acompañó el requisito indispensable de la libreta de servicio militar para el ejercicio de la función pública, en su defecto aparejó una libreta falsa, situación admitida por el propio denunciante -accionante- en el sumario administrativo iniciado contra el nombrado y que se encuentra en etapa de impugnación promovido por el interesado; 6) La reconducción tacita en Bolivia, presume la renovación o ampliación del plazo de duración del contrato de trabajo a plazo fijo; sin embargo, en el presente caso no existe contrato a plazo fijo con el accionante, sino memorandos de designación y contratos administrativos en el ámbito del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, que rige la función pública, como trabajador eventual, pudiendo pactar sucesivamente sin que implique la reconducción contractual, por tratarse de un servicio específico; 7) Para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/057/2022 de reincorporación laboral, debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada, lo contrario implicaría la vulneración de derechos; y, 8) Entre sus fundamentos se cita una Resolución Ministerial (RM) de 15 de mayo de “2072”, -año inexistente-. Por lo expuesto, solicitan que se deniegue la tutela.
Freddy Yapari, en audiencia, manifestó que, se encuentra en el cargo del accionante y señaló que tiene una familia y obligaciones que cumplir, en caso de que se le desvincule laboralmente, resolviendo su contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, afectará a su familia y no podrá cumplir sus obligaciones adquiridas.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 082/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 139 a 142, concedió la tutela solicitada por el accionante; en consecuencia, ordenó al Alcalde y al Director de RR.HH. ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, procedan al cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/057/2022, en el término de tres días a partir de la emisión de esa Resolución, sin daños y perjuicios, ni costas y costos por ser excusable, y sin lugar a la petición de remisión de antecedentes a la máxima autoridad administrativa, quien resulta ser el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) La competencia del Juez o Tribunal de garantías se circunscribe en verificar sobre el incumplimiento o no de una conminatoria de reincorporación laboral, emitido por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sin observarse los aspectos dilucidados en la instancia laboral; puesto que, esa cuestión corresponde aclarar a la vía administrativa o en su caso a la jurisdicción laboral, mediante los medios y recursos establecidos; ii) En el presente caso se tiene la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/ 057/2022, por el que, se conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a la reincorporación laboral del accionante al último cargo que venía desempeñando, así como al pago de sus sueldos devengados y demás derechos sociales, prohibiéndose toda clase de acoso laboral y discriminación contra el accionante, en el plazo de tres días hábiles a partir de su notificación; y, iii) Una vez notificado el ente municipal con la referida Conminatoria; empero, no fue cumplida de manera íntegra con la reincorporación laboral según Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2460-INF/22 de 29 de agosto de 2020, emitido por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, correspondiendo la tutela provisional, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer los ahora accionados. En vía de complementación y enmienda, las autoridades ahora accionadas a través de su abogado solicitaron a la Sala Constitucional se manifieste acerca de los contratos de tipo eventuales, la normativa que los respalda y los diferencia de los contratos a plazo fijo que estipula la Ley laboral; asimismo, se indique acerca del cumplimiento de la Ley 1156 de 12 de marzo de 2019, misma que no es con efecto retroactivo y que estipula la obligación de “inaccionar” a los trabajadores municipales. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, mediante Auto Complementario de 29 de septiembre de 2022, manifestó que la Resolución constitucional emitida contiene la debida fundamentación y motivación y resulta ser congruente con la demanda tutelar y los elementos probatorios que fueron revisados y presentados por las partes procesales; en consecuencia, no ha lugar a lo solicitado, manteniéndose incólume la resolución emitida
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Contrato EMAQ 67/2021 “PERSONAL DE ASEO XIV”, suscrito el 5 de enero de 2021, por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, representado legalmente por Angélica Zeballos Corani, Alcaldesa Suplente y Leoncio Arebalo Marzana -ahora accionante-, como contratado para que desempeñe las funciones de “PERSONAL DE ASEO XIV”, desde el 5 de enero al 31 de diciembre de 2021 (fs. 82 a 84). II.2. Cursa Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/ 057/2022 de 4 de agosto, por la cual, la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de Héctor Cartagena Chacón su representante legal ahora accionado, para que en el plazo máximo de tres días a partir de su notificación, reincorpore al accionante, en el último cargo que venía desempeñando, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su efectiva reincorporación; además, de prohibir toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del trabajador (fs. 6 a 8); Conminatoria que la entidad municipal no dio cumplimiento, según el Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2460-INF/22 de 29 de agosto de 2020 (fs. 11 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, después que fue despedido injustificadamente, incumplió la CONMINTORIA J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 057/2022 de 4 de agosto, por el cual conminó a la mencionada entidad municipal, a su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, sin que hasta la fecha se hubiese cumplido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Norma Fundamental, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a lo establecido por el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495, de 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido.
En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a una remuneración o salario justo y 3 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495 1 de mayo de 2010, que modifica el art. 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones
“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’
II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:
`IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas fueron añadidas). 4 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. 5 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como lo estableció la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra posición concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, es decir, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo refirió la SCP 0900/2013 de 20 de junio.
otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señalo que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es 6 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 7 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 8 La jurisprudencia establecida en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2 de 12 de junio, 0877/2015-S2 de 27 de agosto, 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otras. 9 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas fueron añadidas).
inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). La citada jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de 10 Cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3 de 27 de octubre, SCP 1500/2014 de 16 de julio, SCP 1760/2014 de 15 de septiembre, SCP 0240/2015-S2 de 26 de febrero, SCP 0510/2015-S1 de 22 de mayo, SCP 0203/2017-S3 de 21 de marzo, SCP 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras. 11 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -cita la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación;…” (las negrillas nos corresponden). Esa misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esa posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que estableció que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas fueron añadidas). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, después que fue despedido injustificadamente, incumplió la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 057/2022 de 4 de agosto, por el cual conminó a la mencionada entidad municipal, a su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, sin que hasta la fecha se hubiese cumplido. Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que, entre el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba y el accionante se estableció una relación contractual laboral, para que desempeñe las funciones de “PERSONAL DE ASEO XIV”, por un periodo desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1.). Con ese antecedente, el accionante presentó en sede administrativa denuncia de despido injustificado, solicitando reincorporación laboral; por lo que la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conmintoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 057/2022; por la cual, conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba a través de su representante legal, para que en el plazo máximo de tres días a partir de su notificación, reincorpore al accionante, en el último cargo que venía desempeñando, más el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su efectiva reincorporación; además, de prohibir toda clase de acoso laboral y discriminación en contra del trabajador; Conminatoria que la entidad municipal no dio cumplimiento, según el Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2460-INF/22 (Conclusión II.2.). Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y establecidos en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. En esa comprensión, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, aún se interpongan los recursos en sede administrativa, mediante los recursos de revocatoria y jerárquico o se promueva su revisión en la vía judicial; consiguientemente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados a la fundamentación de la conminatoria y resoluciones, la valoración de las pruebas aportadas por las partes; puesto que, esa labor corresponde a las autoridades en sede administrativa o judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda que promueva su revisión judicial. En ese marco, el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral signada como Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 057/2022, por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, hasta la fecha, constituye un hecho incuestionable por el Informe MTEPS-JDT CO-MVV-2460-INF/22 y por las objeciones concernientes a la falta de fundamentación, congruencia y la incorrecta valoración de la prueba, las actuaciones parcializadas del personal de la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el ámbito de aplicación del contrato correspondiente al Estatuto del Funcionario Público y no a la Ley General de Trabajo, entre otras; cuestiones formuladas contra la citada Conminatoria por el Alcalde y el Director de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo ahora accionados, que entre otros son esgrimidos para justificar el incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral por la entidad municipal. Como efecto lógico de ese incumplimiento, se tiene la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral del accionante como trabajador y de su entorno familiar, tomando en cuenta la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocida por mandato constitucional. En ese entendido, a la jurisdicción constitucional le corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante en protección de los derechos fundamentales aludidos precedentemente y ordenar al representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/057/2022, de reincorporación laboral; empero, sin perjuicio del cumplimiento de la citada conminatoria, la entidad municipal tiene la facultad de presentar las impugnaciones en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o promover su revisión en sede judicial, instancias en las cuales se deben desplegar las cuestiones mencionadas en líneas precedentes respecto a la decisión administrativa, así como aportar la carga probatoria para que sean consideradas y resueltas en forma definitiva y definir la situación jurídica laboral del accionante; consiguientemente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar consideraciones de tales aspectos, limitando su intervención en la revisión del cumplimiento o no de la señalada Conminatoria de reincorporación laboral, para la otorgación de la tutela solicitada. Otro aspecto que se debe destacar es la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional, precisamente porque es la autoridad en sede administrativa o judicial, la que debe resolver en forma definitiva la situación jurídico laboral del accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.
0495-2010/SMLV/057/2022, de reincorporación laboral. En ese entendido, la jurisdicción constitucional se encuentra obligada para disponer el cumplimiento de la citada Conminatoria, de manera inmediata e íntegra, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto. Como se podrá advertir con claridad, la orden expresa de la Conminatoria J.D.T.CBBA./D.S.0495-2010/SMLV/057/2022, se encuentra dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, cuyo representante es el Alcalde y Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); consiguientemente, el Director de RR.HH. ahora coaccionado, o quien se encuentre ejerciendo dicho cargo, carece de legitimación pasiva en la presente acción de amparo constitucional; por lo que, no existe razón para la otorgación de la tutela solicitada, respecto al nombrado funcionario público. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 082/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 139 a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en forma provisional en favor de Leoncio Arebalo Marzana, ordenando al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y con base a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 El art. 50 de la CPE, establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.
2 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “(BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN). I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).
12 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
13 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): b65b69ddb339aed16cf1fbb6aea8cdd6d79c764b8334ba2d471043ff5a27b00c
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