B.IA.LEGAL

SCP 0476/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47311-2022-95-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela denuncia la vulneración al derecho al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que, fue suspendida de sus funciones como Directora del Establecimiento Educativo “Bruno Racua”, como resultado de unas denuncias contra su persona, mismas que fueron tratadas en una reunión entre padres de familia, docentes y los demandados, medida que fue asumida bajo el justificativo de que se le abriría en su contra un proceso disciplinario, determinación arbitraria que resulta ilegal, pues la suspensión de funciones no se enmarca dentro de las previsiones del ordenamiento jurídico; a ello, afirma que no cuenta con respuesta al memorial presentado el 25 de marzo de 2022, donde solicitó se rectifique la postura asumida el 22 del mismo mes y año (la suspensión de funciones con goce de haberes), y que se le restituya en sus funciones; por tal motivo solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que se revoque la determinación de suspensión de sus funciones como Directora del Establecimiento “Bruno Racua”, debiendo ordenar su inmediata reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el debido proceso; b) El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas; c) De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción admin…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de abril de 2022, cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:

i) Dejar sin efecto la determinación de suspensión de sus funciones impuesta a la solicitante de tutela; y, ii) La restitución de la accionante, al cargo de Directora de la Unidad Educativa “Bruno Racua”.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el debido proceso
  2. III.2. El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas
  3. III.3. De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción administrativa disciplinaria ejecutoriada previo proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2023-S1 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47311-2022-95-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución de 2 de abril de 2022, cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Jimena Alave Mamani contra Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación; y, Simón Espino Quispe, Director Distrital de Educación del Porvenir/Bella Flor, ambos del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 138 a 141 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que como resultado de haberse presentado a la Convocatoria Pública 001/2020 de institucionalización de los cargos Directivos del Sistema Educativo Plurinacional para las gestiones 2021, 2022 y 2023, obtuvo un puntaje de aprobación de 56.3 puntos, aclarando que los nombramientos debían realizarse de acuerdo al orden de prelación, es decir, de acuerdo al puntaje obtenido; sin embargo esto no fue respetado, pues fue designada a una Unidad Educativa que no le correspondía, lo que tuvo que aceptar con el fin de evitar mayores inconvenientes. En este sentido, una vez que se iniciaron las clases presenciales en la Unidad Educativa asignada “Bruno Racua”, pudo notar que algunos profesores comenzaron a trabajar sin ninguna planificación y con improvisaciones; en cuya razón, tuvo que exigirles regularizar sus funciones, extremo que no fue de su agrado, motivando a que sea sujeto de denuncias falsas, lo que llevó a que el Director Distrital ahora demandado, convocara para el 22 de marzo de 2022 a una reunión entre el plantel docente, padres de familia y las autoridades departamentales de educación, donde de manera parcializada y sin analizar los hechos sucedidos, decidieron suspenderla de sus funciones, pidiendo entregue toda la documentación a su cargo y la llave de la Dirección. Posterior a la decisión tomada, el 25 de igual mes y año, de forma irregular le entregan el Auto de Apertura de Proceso Disciplinario DDEPBF/TD 01/2022, suscrito sólo por dos miembros del Tribunal, donde se determinó como medida precautoria, la suspensión de sus funciones con goce de haberes, mientras dure el proceso, determinación que resultó ilegal, pues la suspensión de funciones no se enmarca dentro de las previsiones del ordenamiento jurídico, pues para la suspensión o retiro de un profesor o director, se debe previamente instaurar un procedimiento administrativo interno, lo que no aconteció en su caso. Por su parte, y ante la ilegalidad cometida contra su persona, presentó un memorial el 25 de marzo de 2022, solicitando se revoque y rectifique la postura asumida el 22 del mismo mes y año, y se le restituyan sus funciones; sin embargo, hasta la fecha no cuenta con respuesta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, a la dignidad y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 9.5, 22 y 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se revoque la determinación de suspensión de sus funciones como Directora del Establecimiento “Bruno Racua”, debiendo ordenar la inmediata reincorporación a su fuente laboral.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de Garantías

La audiencia pública de consideración de esta acción de amparo constitucional se realizó el 2 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 149 a 154 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela en audiencia se ratificó íntegramente en los términos de su memorial de acción de defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Guillermo Vargas Peredo, Director Departamental de Educación del departamento de Pando, a través de su abogado, en audiencia sostuvo lo que a continuación se detalla: a) El demandado Guillermo Vargas Peredo, recibió un informe que puso a su conocimiento el personal administrativo y docente por supuesto acoso de parte de la solicitante de tutela; dentro del cual se adjuntó un voto resolutivo emitido por los padres de familia, donde resolvieron declararla persona no grata y donde además exigían su renuncia; de igual forma, por Acta de 16 de marzo se evidenció la actitud conflictiva de la mencionada, además de la denuncia por acoso laboral por parte de la Secretaria María Salome López Aguilera; b) Por todo lo mencionado, el ahora codemandado Simón Espino Quispe, Director Distrital de Educación del Porvenir/Bella Flor, convocó a reunión con todos los interesados -incluyendo a la accionante-, que fue llevada a cabo el 22 de marzo de 2022, donde no se pudo llegar a solución alguna debido al ambiente tenso y las amenazas de huelga, decidiendo suspender temporalmente a la Directora, ahora impetrante de tutela, y viendo por necesario conformar un Tribunal Disciplinario, decisión que fue suscrita voluntariamente por la solicitante de tutela y el resto de los participantes; c) La nota presentada por la accionante el 25 de marzo fue debidamente respondida, pero la mencionada ya no se hizo presente para notificarla con la misma; d) El Auto de inicio de proceso disciplinario, fue legamente notificado y de forma personal a la impetrante de tutela, esto con el fin de no lesionar sus derechos; e) Existiendo un proceso disciplinario aperturado en contra de la solicitante de tutela, se tiene que no se agotaron los medios legales de impugnación; y, f) Debe considerarse que si bien la accionante fue suspendida en sus funciones, continúa gozando de sus haberes. A las interrogantes formuladas por el Juez de garantías, se sostuvo que: 1) “…se establece el auto de apertura por el tribunal disciplinario de ese distrito, en el que determina la suspensión temporal, con el fin de lograr el normal desarrollo de la unidad educativa (…) el director distrital con el fin de apaciguar los ánimos, con bloqueos y huelgas de los padres de familia, docentes, maestros y de manera expresa manifestó que se iba a suspender a la directora y que nadie le obligó a que entregue documentos y ella de manera voluntaria talvez por el temor de los acontecimientos entrego de manera voluntaria los documentos y las llaves al director distrital"(sic); 2) Con relación a cuál fue la respuesta brindada a la impetrante de tutela en cuanto a la nota evacuada por ésta, se le comunicaba que se había remitido una nota de instrucción al demandado, Simón Espino Quispe, para que proceda a la restitución a su cargo, aclarando que si bien no se le puso a su conocimiento dicha respuesta, fue porque la misma no retornó a recogerla; 3) En los procesos disciplinarios, son dos etapas que se activan, la sumaria y la de impugnación en grado de revisión, ésta última que es de conocimiento de la Dirección Departamental de Educación de Pando; 4) A raíz de que fueron más de tres días que los estudiantes no estaban pasando clases debido a los disturbios causados por las denuncias hacia la solicitante de tutela, sumado a la actitud de los padres de familia y docentes, se tuvo que suspenderla temporalmente para normalizar las actividades; y, 5) La decisión de restituir a la accionante fue como resultado de la interposición de la presente acción “…a raíz de que el reglamento de faltas y sanciones no estipula la suspensión de funciones cuando el personal tiene procesos disciplinarios sin embargo por la situación de la suspensión de clases y que los padres de no llevar a sus hijos a las clases se tomó la determinación amparado en el D.S. 29820 que faculta atribuciones al sumariante en este caso al tribunal, para que los estudiantes puedan retomar a clases. Pero al restituir a sus funciones a la directora, pero ahora no sabemos cómo van a reaccionar los padres de familia ante la restitución de la directora” (sic). Simón Espino Quispe, Director Distrital de Educación del Porvenir/Bella Flor del departamento de Pando, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, refirió siguiente: i) A lo referido por la impetrante de tutela, con relación a que hubiera sido designada a una Unidad Educativa que no le correspondía, es un extremo falso, pues ella trabajó en área urbana entonces le correspondía su designación en dicha área; además que su formación fue de maestra de secundaria, por ello no podía ser nombrada en una Unidad que sólo cuente con inicial o primaria; asimismo, una vez nombrada bien pudo objetar la misma, pero en su caso dio su conformidad; ii) Fueron varias las denuncias presentadas contra la solicitante de tutela, como ser de parte de la Secretaria, de los representantes de los maestros de la Unidad Educativa y de los padres de familia, habiéndosele dado la oportunidad para desvirtuar lo que se alegaba en su contra, pero en su lugar hizo referencia a otros aspectos; iii) Si se decidió suspender a la accionante, fue porque los padres de familia amenazaron con no mandar a clases a sus hijos si ella no renunciaba; en cuya razón, se llevó a cabo la reunión del 22 de marzo de 2022 y se decidió suspenderla mientras durara su proceso, pero con goce de haberes; iv) El proceso disciplinario se encuentra en marcha, con fecha para declaraciones; y, v) “…no pude dar con la dirección de la directora para notificarle de que vaya a ser restituida a sus funciones y no pude notificarle y ponerle en conocimiento de que se la restituye en sus funciones prácticamente desde el día lunes”(sic).

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, en calidad de Juez de garantías, a través de la Resolución de 2 de abril de 2022, cursante de fs. 155 a 157 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia que los demandados, procedan a restituir a la impetrante de tutela a sus funciones como Directora de la Unidad Educativa “Bruno Racua”; dicha determinación fue emitida sobre la base de los siguientes argumentos: a) Dentro del presente caso resulta evidente que la suspensión de funciones fue como consecuencia de una reunión conjunta, realizada en la Unidad Educativa donde la peticionante de tutela ejercía como Directora, hecho que resulta ilegal, pues la mencionada ingresó a ese cargo producto de un concurso de méritos y examen de competencia; es decir que la misma se encuentra institucionalizada; entonces, el hecho de haberla suspendido resultaría una decisión ilegal, aunque posteriormente se hubiera iniciado un proceso disciplinario y como medida precautoria se haya dispuesto la suspensión de funciones pero con goce de haberes, mientras durara el referido proceso disciplinario; b) Ante tal panorama y de la valoración respectiva, se evidencia que ha existido una vulneración de derechos y garantías constitucionales, como ser el derecho al debido proceso, a la estabilidad laboral y el derecho a la defensa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En lista de Inscritos para el proceso de Institucionalización de Cargos Directivos del Sistema Educativo Plurinacional, consta a Ruth Jimena Alave Mamani, ahora accionante, como inscrita para optar por el cargo de Directora del mencionado sistema (fs. 10) II.2. Cursa lista de calificaciones del proceso de Institucionalización, donde consta a la impetrante de tutela con una nota de 56.3 (fs. 17). II.3. Mediante Memorando de Designación, el Director Distrital de Educación de El Porvenir/Bella flor, nombró a la solicitante de tutela como Directora del Centro Educativo “Bruno Racua” (fs. 19). II.4. Cursa Citación por parte del Director Distrital de Educación ahora demandado a la accionante como a los maestros, personal administrativo y representantes de la junta escolar de la Unidad Educativa “Bruno Racua” para una reunión el 16 de marzo, a efectos de tratar los informes, denuncias y otros (fs. 99). II.5. Constan dos Cds de reuniones de 22 de marzo de 2022, donde se decidió suspender temporalmente con goce de haberes, a la impetrante de tutela, mientras dure el proceso disciplinario que se aperturaría contra ella (fs. 105). II.6. Por memorial de 28 de marzo de 2022, la solicitante de tutela dirigiéndose al Director Distrital de Educación de El Porvenir/Bella flor, ahora demandado, le solicitó se rectifique la orden de su suspensión y se la restituya a su fuente laboral (fs. 107 y vta.) II.7. Cursa memorial de 28 de marzo de 2022; a través de cual la accionante requirió al Director Departamental de Educación de Pando, ordene al Director Distrital de Educación de El Porvenir, proceda a restituirla a su fuente laboral (fs. 108 y vta.) II.8. Consta Auto de Apertura de Proceso Disciplinario DDEPBFT/TD 01/2022 de 25 de marzo; mediante el cual se resolvió admitir las denuncias interpuestas contra la impetrante de tutela, adoptándose como medida precautoria la suspensión de funciones con goce de haberes mientras dure el proceso en su contra, de conformidad al art. 21 inc.b del Decreto Supremo 29820 de 26 de noviembre de 2008 (fs. 109 a 111).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela denuncia la vulneración al derecho al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que, fue suspendida de sus funciones como Directora del Establecimiento Educativo “Bruno Racua”, como resultado de unas denuncias contra su persona, mismas que fueron tratadas en una reunión entre padres de familia, docentes y los demandados, medida que fue asumida bajo el justificativo de que se le abriría en su contra un proceso disciplinario, determinación arbitraria que resulta ilegal, pues la suspensión de funciones no se enmarca dentro de las previsiones del ordenamiento jurídico; a ello, afirma que no cuenta con respuesta al memorial presentado el 25 de marzo de 2022, donde solicitó se rectifique la postura asumida el 22 del mismo mes y año (la suspensión de funciones con goce de haberes), y que se le restituya en sus funciones; por tal motivo solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que se revoque la determinación de suspensión de sus funciones como Directora del Establecimiento “Bruno Racua”, debiendo ordenar su inmediata reincorporación a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el debido proceso; b) El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas; c) De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción administrativa disciplinaria ejecutoriada previo proceso; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el debido proceso

El art. 115.II de la CPE, dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema refiere que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.

El derecho al debido proceso, consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus arts. 8.2 incs. b), c), d), e) y f); 7; 9; 10; 24; 25; y, 27, que lo determina como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, pues incluyen procedimientos administrativos de toda orden; entendimiento, que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, que determinó una importante doctrina jurisprudencial. En ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. 1El FJ III.4.1, citando: "La Constitución Política de Estado, define que la administración de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez, consecuentemente, el art. 115.II de la CPE señala: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´. El art. 117.I de la Norma Suprema, por su parte establece: `Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…´. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él `Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo´. A criterio del tratadista Saenz, `el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular´. Como también ya se expuso en al abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta. El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´. El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´. El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”.

La SC 0902/2010-R de 10 de agosto, respecto al debido proceso, señaló en su Fundamento Jurídico III.5, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión, derecho, garantía y principio, y que éste:

….no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso.

El reconocimiento del debido proceso como derecho, garantía y principio, también se encuentra plasmado en la SC 0086/2010-R de 4 de mayo en su Fundamento Jurídico III.7, la cual señaló:

…el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano...

En resumen, se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas, y conforme a la jurisprudencia constitucional, sufrió una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos -es decir, que daba preeminencia a la justicia formal-, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. En ese entendido, el ámbito normativo de nuestro país, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión: Derecho, Garantía y Principio; el cual es un derecho de aplicación inmediata, vinculada a todas las autoridades judiciales o administrativas, constituyéndose en una garantía de legalidad procesal.

III.2. El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas

El Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre este tema en particular, mediante la SCP 0492/2019-S2 de 11 de julio de 2019, se realizó la siguiente sistematización jurisprudencial: La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo digno, que en nuestro caso se encuentra reconocido expresamente en el art. 46.I.1 de la CPE, como el derecho al trabajo digno, para cuyo alcance, resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como “la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia”. En sintonía con la norma fundamental, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el “Protocolo de San Salvador” establece en su art. 6:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo (las negrillas son nuestras). Este derecho se encuentra armónicamente complementado con el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, reconocido en el núm. 2 de la citada norma fundamental; a decir de la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, sobre la citada base normativa, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:

… en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente. La SCP 1262/2013 de 1 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, enfatizó respecto al derecho fundamental a la estabilidad laboral, estableciendo su alcance y contenido en los siguientes términos:

…en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizando una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, ha expresado al respecto que:

… las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180).

Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho (las negrillas son nuestras). Glosando las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte IDH, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral. Para complementar este sistema normativo de protección al trabajador, es preciso agregar el deber de protección al ejercicio del trabajo en todas sus formas (art. 46.II) y el deber de proteger la estabilidad laboral (art. 49.III), que la Norma Fundamental le impone al Estado, en correspondencia con la prohibición del despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrita en esta última norma constitucional, de tal modo que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de estos derechos, en sus diferentes ámbitos y niveles. III.3. De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción administrativa disciplinaria ejecutoriada previo proceso

En sintonía con el marco constitucional de la protección al trabajo y el deber del Estado protegerlo en todas sus formas, en el ámbito laboral del docente del Magisterio, la Norma Fundamental estableció en su art. 96.III el reconocimiento a la garantía de la inamovilidad del personal docente del señalado Magisterio, sobre cuya base la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, en sus disposiciones generales garantiza la carrera docente y la inamovilidad funcionaria del personal docente, administrativo y de servicio del Magisterio Nacional; asimismo, en la especie es preciso citar al Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, en cuyo Capitulo XI, concerniente a la inamovilidad docente y las cesantías, específicamente en su art. 73, expresa que:

... los maestros inscritos en el Escalafón son inamovibles en la función docente. No podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia después del proceso respectivo, en que se reconocerá defensa al acusado bajo pena de nulidad (las negrillas son nuestras). En ese marco constitucional y legal, esta garantía implica que los docentes del Magisterio tienen el derecho a conservar su lugar de trabajo y no pueden ser suspendidos ni destituidos del cargo, sino en los casos previstos por ley, lo cual implica que deba acreditarse las razones suficientes para imponer dicha medida, previo proceso en el que el afectado tenga la facultad de ejercer el derecho a la defensa.

III.3. De la inamovilidad laboral docente del magisterio en tanto no se imponga una sanción administrativa disciplinaria ejecutoriada previo proceso

En sintonía con el marco constitucional de la protección al trabajo y el deber del Estado protegerlo en todas sus formas, en el ámbito laboral del docente del Magisterio, la Norma Fundamental estableció en su art. 96.III el reconocimiento a la garantía de la inamovilidad del personal docente del señalado Magisterio, sobre cuya base la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, en sus disposiciones generales garantiza la carrera docente y la inamovilidad funcionaria del personal docente, administrativo y de servicio del Magisterio Nacional; asimismo, en la especie es preciso citar al Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, en cuyo Capitulo XI, concerniente a la inamovilidad docente y las cesantías, específicamente en su art. 73, expresa que:

... los maestros inscritos en el Escalafón son inamovibles en la función docente. No podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia después del proceso respectivo, en que se reconocerá defensa al acusado bajo pena de nulidad (las negrillas son nuestras).

En ese marco constitucional y legal, esta garantía implica que los docentes del Magisterio tienen el derecho a conservar su lugar de trabajo y no pueden ser suspendidos ni destituidos del cargo, sino en los casos previstos por ley, lo cual implica que deba acreditarse las razones suficientes para imponer dicha medida, previo proceso en el que el afectado tenga la facultad de ejercer el derecho a la defensa.

III.4. Análisis del caso concreto

La solicitante de tutela denuncia la vulneración al derecho al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, a la dignidad y a la seguridad jurídica; toda vez que fue suspendida de sus funciones como Directora del Establecimiento Educativo “Bruno Racua” como resultado de unas denuncias contra su persona, mismas que fueron tratadas en una reunión entre padres de familia, docentes y los demandados, medida que fue asumida bajo el justificativo de que se le abriría en su contra un proceso disciplinario, determinación arbitraria que resulta ilegal, pues la suspensión de funciones no se enmarca dentro de las previsiones del ordenamiento jurídico; a ello, afirma que no cuenta con respuesta al memorial presentado el 25 de marzo de 2022, donde solicitó se rectifique la postura asumida el 22 del mismo mes y año (la suspensión de funciones con goce de haberes), y que se le restituya en sus funciones; por tal motivo solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que se revoque la determinación de suspensión de sus funciones como Directora del Establecimiento “Bruno Racua”, debiendo ordenar su inmediata reincorporación a su fuente laboral. De la revisión de obrados, se puede establecer que la impetrante de tutela reclama por un lado, que la determinación de su suspensión fue ilegal; y, por otro, que no le dieron respuesta a su memorial de 25 de marzo de 2022. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es posible efectuar abstracción al principio de subsidiariedad, cuando el medio o recurso ordinario existente no es idóneo o resulta ineficaz, por tardío, para proteger el derecho fundamental conculcado o amenazado; y debe establecerse si el recurrido o sujeto pasivo de la acción de defensa, se encuentra por razones de hecho, en una clara situación de poder respecto al solicitante de tutela. Dicho entendimiento resulta aplicable en el caso que se examina; puesto que la accionante denuncia que se encuentra suspendida por simple decisión ejecutada en una reunión, extremo corroborado por lo expresamente señalado por la parte demandada, que según lo manifestado por esta y lo advertido en el CD adjunto a antecedentes, fue debido al ambiente acalorado y amenazas que se tuvo que suspender a la impetrante de tutela, pero con goce de haberes; ante tal circunstancia y dado que los demandados se encuentran en evidente situación de poder respecto a la peticionante de tutela, corresponde ingresar a examinar el fondo de la denuncia. En ese sentido, los demandados en su defensa sostuvieron que a raíz de las denuncias por supuesto acoso cometidos por la ahora accionante, los padres de familia de la Unidad Educativa, al igual que la Secretaria de dicha entidad solicitaban su renuncia; por lo que el demandado Director Distrital de Educación del Porvenir/Bella Flor convocó a reunión con todos los interesados incluyendo a la impetrante de tutela, que fue llevada a cabo el 22 de marzo de 2022, y como en la misma no se pudo llegar a solución alguna pues el ambiente estuvo muy tenso debido a las amenazas de bloqueos y huelgas, se vieron en la necesidad de suspender temporalmente a la Directora -ahora solicitante de tutela-, además de conformar un tribunal disciplinario para la apertura del proceso en su contra; por otro lado, y en cuanto a la nota presentada por la accionante, la misma cuenta con respuesta a su favor, pues se dispuso su restitución y si la misma no fue puesta a su conocimiento, fue porque la impetrante de tutela no se apersonó más; además que se había considerado el hecho de que “…a raíz de que el reglamento de faltas y sanciones no estipula la suspensión de funciones cuando el personal tiene procesos disciplinarios sin embargo por la situación de la suspensión de clases y que los padres de no llevar a sus hijos a las clases se tomó la determinación amparado en el D.S. 29820 que faculta atribuciones al sumariante en este caso al tribunal, para que los estudiantes puedan retomar a clases. Pero al restituir a sus funciones a la directora, pero ahora no sabemos cómo van a reaccionar los padres de familia ante la restitución de la directora” (sic). Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que efectivamente la solicitante de tutela fue nombrada como Directora de la Unidad Educativa “Bruno Racua”, prestando servicios en dicho establecimiento; por otro lado, también consta de la revisión y los CDs adjuntos a obrados, que la decisión de suspenderla fue tomada en la reunión efectuada el 22 de marzo del 2022 en la Unidad Educativa “Bruno Racua”, y luego se formalizó mediante Auto de Apertura de Proceso Disciplinario DDEPBF/TD 01/2022, bajo el justificativo que ante las amenazas de los padres de familia y plantel docente, con realizar huelgas y no enviar a sus hijos a clases si la accionante no renunciaba, es que se tomó dicha determinación. Consiguientemente, las autoridades demandadas, lesionaron los derechos de la accionante, pues en audiencia de consideración de la presente acción, ellos mismos expresamente señalaron que: “…el reglamento de faltas y sanciones no estipula la suspensión de funciones cuando el personal tiene proceso disciplinarios…” (sic) pero que se determinó dicha suspensión debido a las amenazas de los padres de familia, corroborando con ello, que no cuentan con potestad legal para ordenar una suspensión. En ese sentido, puesto que más allá de las razones que tuvieran los ahora demandados, de disponer la suspensión de la impetrante de tutela aún hubiera sido con goce de haberes, es necesario aplicar lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que claramente determina que no podrán ser destituidos ni suspendidos los docentes en el ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia después del proceso respectivo, en que se reconocerá defensa al acusado bajo pena de nulidad; es decir que dentro del presente caso, previamente a la imposición de cualquier medida disciplinaria, debió aperturarse de manera previa un proceso disciplinario, y como consecuencia del mismo recién determinar su suspensión, si ameritaba el caso, ello en el marco de la garantía prevista en el art. 117 de la CPE, que establece que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber oída y juzgada previamente sin un debido proceso…”; garantía constitucional aplicable al presente caso, y que no ha sido cumplido por los servidores públicos demandados. Por tal motivo, se tiene que los demandados, al no haber aperturado proceso alguno, y al sancionar de manera directa a la ahora impetrante de tutela, producto de una reunión de éstos con los referidos padres de familia; claramente han cometido actos ilegales como arbitrarios, mismos que no pueden ser convalidados con la apertura posterior a los hechos demandados, de un proceso disciplinario en contra de la accionante, cuando ya previamente se la sancionó con la suspensión de sus funciones, extremo que no se encuentra determinado por ninguna norma aplicable al presente caso, por lo que ante tales antecedentes, se concluye que los demandados han vulnerado el derecho al debido proceso de la solicitante de tutela, debiendo en consecuencia concederse la tutela pretendida.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, con similar entendimiento, ha efectuado una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de abril de 2022, cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer lo siguiente:

i) Dejar sin efecto la determinación de suspensión de sus funciones impuesta a la solicitante de tutela; y, ii) La restitución de la accionante, al cargo de Directora de la Unidad Educativa “Bruno Racua”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 SCP 0448/2005-R de 28 de abril, citando la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre.

3 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San Salvador” entro en vigencia en 1999.

4 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0476_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 174c1f13fdefcd7fca59f991610c76879d1f4bc05ad59f7ac0f24a61cbf4ba96

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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