B.IA.LEGAL

SCP 0475/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52489-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la petición; y, al principio de celeridad; toda vez que, la autoridad demandada, emitió el decreto que condicionó y retrasó de forma injustificada su solicitud de salida judicial, exigiendo la previa acreditación documental, pese a que dicha petición fue presentada con el objeto de recabar precisamente la documentación necesaria y gestionar posteriormente su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada a emitir el decreto correspondiente para que acceda a la documentación necesaria con el fin de presentar su solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercero; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 271/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Salidas personales de detenidos preventivos
  3. III.3. Prohibición de exigir garantías personales y/o mutuas a las víctimas de violencia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0475/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52489-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 271/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leonardo Alberto Gonzales en representación sin mandato de Rolando Layme Copa contra Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 6, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 785/2022 de 16 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses. Posteriormente, con el propósito de recabar la documentación necesaria y dar cumplimiento a las medidas de protección social impuestas, el 6 de diciembre de 2022, solicitó la concesión de una salida judicial para el 9 de igual mes y año, explicando expresamente la finalidad de la misma, a fin de presentar ulteriormente una solicitud de cesación a la detención preventiva o gestionar recursos para su eventual sustitución.

Sin embargo, la autoridad demandada, en contravención a lo previsto por el art. 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-y obstaculizando indebidamente el ejercicio de su pretensión, emitió un decreto a través del cual exigió que previamente a disponer lo que en derecho corresponda, acredite la documentación para su solicitud, generando con ello una demora injustificada y vulnerando sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la petición; y, al principio de celeridad procesal, citando al efecto el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada a emitir el decreto correspondiente para que acceda a la documentación necesaria con el fin de presentar su solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) El 6 de diciembre de 2022, solicitó la salida judicial con la finalidad de apersonarse a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para suscribir actas de garantías unilaterales de protección a la víctima, en cumplimiento a las medidas socioprotectivas; la obtención de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPASSE) en plataforma; así como la gestión ante el Banco Unión para acceder a recursos económicos; b) No obstante, el día previo a la presentación de la acción de libertad, fue sorprendido por un decreto emitido por la autoridad demandada, que resulta impropio, al exigir documentación que ya se encontraba incorporada en el expediente; decreto emitido con una demora injustificada; c) No correspondía que plantee previamente recurso de reposición, debido a que la acción de libertad es inmediata cuando existe una vulneración de derechos y no se pudo acceder a la justicia, a la celeridad procesal y al principio de seguridad jurídica; d) En el informe de la mencionada autoridad recién manifestó que debe adjuntar los requerimientos fiscales siendo que no es necesario adjuntar los mismos para apersonarse (SIPASSE) y (REJAP) y tampoco es preciso un requerimiento para dar garantías de protección a la víctima cuando ya se dispuso en el Ministerio Público; por lo que, al no poder acceder a la salida judicial con custodio, se le impidió que se enerve el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, e) No se valoró la finalidad de su salida judicial; puesto que, también debió considerar las gestiones que pretende realizar con el banco a efectos de cubrir sus necesidades básicas y cumplir con la asistencia familiar, sin pretender evadir sus obligaciones ni poner en riesgo el proceso.

I.2.2. Informe de la demandada

Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante a fs. 12 y vta., señaló que: 1) Por vacación judicial dispuesta desde el 6 al 30 de diciembre de 2022, mediante Circular 19/2022, se atendieron los casos con detenidos y detención domiciliaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento; 2) No se denegó la solicitud de autorización judicial, presentada por el accionante para salir del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con el propósito de apersonarse a dependencias de la FELCC, suscribir un acta de garantías y buena conducta, acudir al REJAP, al SIPASE y al Banco Unión, sino se le indicó que previamente debía presentar la documentación que acredite y justifique su salida de dicho Recinto; 3) Para suscribir el acta de garantías y de buena conducta, y asimismo obtener los certificados requeridos, se debe contar con requerimientos fiscales; sin embargo, el accionante no presentó ni subsanó lo requerido hasta ese momento; y, 4) Si el accionante consideraba que la providencia de 7 de diciembre de 2022 contenía algún error, podía interponer el recurso de reposición, previsto en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, al no haber activado ese medio de impugnación, no se agotó el principio de subsidiariedad y desnaturalizó la acción de libertad al no haber justificado su presentación.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 271/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., concedió la tutela solicitada, conminando a la autoridad demandada que emita la salida correspondiente conforme la solicitud y el cumplimiento a esa Resolución, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) A través de la Resolución 785/2022 de 16 de noviembre se dispuso la detención preventiva del ahora accionante; ante ello, solicitó salida judicial con el fin de realizar diligencias personales, como suscribir actas de garantía en la FELCC, recabar certificaciones del REJAP y SIPASE; y retirar dinero de su cuenta bancaria; ii) Por su condición de detenido preventivo, se deben tomar en cuenta los arts. 109.3 y 154 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de diciembre de 2001-; sin embargo, la autoridad demandada hizo caso omiso a esa norma y no resguardó el derecho al debido proceso y los demás derechos fundamentales y garantías constitucionales que tiene el imputado, incumpliéndose a su vez con el principio de celeridad que ameritan esos casos; iii) La jurisprudencia constitucional ha establecido que tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional tienen el deber de responder con celeridad a las solicitudes de salidas vinculadas a la libertad; en ese sentido, una solicitud de cesación a la detención preventiva no puede quedar sin respuesta, sino que, por el contrario, debe ser atendida con la mayor celeridad posible; y, iv) La autoridad demandada, no actuó con la debida celeridad procesal y vulneró el derecho al debido proceso, al no tomar en cuenta que el accionante se encuentra bajo detención preventiva y que su solicitud de salida guarda relación directa con dicha situación, más aún cuando la misma tiene por objeto desvirtuar los riesgos procesales que restringen su libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 785/2022 de 16 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el lapso de tres meses; señalándose día y hora de audiencia para considerar su situación jurídica para el 17 de febrero de 2023 a horas 11:00 (fs. 2 y 3 vta.). II.2. Rolando Layme Copa -ahora accionante- mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la ciudad de El Alto, del departamento de La Paz, autoridad demandada, solicitó salida judicial del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con el fin que indica, argumentando que su salida se programe para el día 9 del mismo mes y año, con el propósito de apersonarse a dependencias de la FELCC de El Alto para suscribir el acta de buena conducta y dar garantías unilaterales a la víctima; posteriormente, requirió constituirse a plataforma judicial para recabar certificaciones del REJAP y SIPASE, con la finalidad de enervar el riesgo procesal y conforme a las medidas socio protectivas dispuestas por el Ministerio Público. Finalmente, solicitó trasladarse a oficinas del Banco Unión S.A. más cercana, con el objeto de retirar dinero de su cuenta personal destinada a cubrir gastos urgentes y necesarios (fs. 4). II.3. Dicha solicitud, mereció el decreto de 7 de igual mes y año, a través del cual, se señaló que: “Previo a disponer lo que en derecho corresponda, acredite documentalmente su solicitud” [sic (fs. 4 y vta.)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la petición; y, al principio de celeridad; toda vez que, la autoridad demandada, emitió el decreto que condicionó y retrasó de forma injustificada su solicitud de salida judicial, exigiendo la previa acreditación documental, pese a que dicha petición fue presentada con el objeto de recabar precisamente la documentación necesaria y gestionar posteriormente su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada a emitir el decreto correspondiente para que acceda a la documentación necesaria con el fin de presentar su solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1 Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

[T]oda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0032/2019-S2 de 25 de marzo y 0209/2019-S2

III.2. Salidas personales de detenidos preventivos

El art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP) referido al control de las medidas cautelares de carácter personal, modificado por el art. 2.III de la 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.1, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004 -R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece que:

La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la Ley N° 1970 291 pena de privación de libertad (…).

Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará la jueza, el juez o tribunal del proceso con noticia a la jueza o juez de ejecución penal a los fines de registro. En caso de urgencia, esta medida podrá ser dispuesta por la jueza o el juez de ejecución penal, con noticia inmediata a la jueza, juez o tribunal del proceso bajo responsabilidad. Por su parte, el art. 109 de la LEPS, establece las visitas y salidas personales, refiriéndose que:

El Juez de Ejecución Penal, mediante resolución fundada, concederá al interno, permisos de salida en los siguientes casos:

1. Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos y hermanos; 2. Nacimiento de hijos del interno; 3. Realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en el lugar de gestión; 4. Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad; y, 5. Cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario.

Las Resoluciones, serán emitidas dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, disponiéndose las medidas de seguridad necesarias” (las negrillas son añadidas). Asimismo, en el Capítulo III, concerniente al régimen de medidas cautelares personales, el art. 154 de la LEPS, con relación a la detención preventiva establece que: “Los permisos de salida de los detenidos preventivos, serán autorizados por el Juez del Proceso, salvo los casos médicos de extrema urgencia que serán autorizados de conformidad a lo establecido en esta Ley”.

De la revisión normativa se advierte que el Código de Procedimiento Penal no contiene una regulación expresa sobre los requisitos y procedimientos para la concesión de salidas personales de las personas que se encuentran bajo la medida cautelar de detención preventiva, salvo lo previsto en el art. 238 y las modificaciones que le fueron introducidas por la Ley 1226. Es la Ley de Ejecución Penal la que en los arts. 109 y 154 de la LEPS, se refiere a los permisos de salida, por lo que en el marco de dicha normativa se analizará los supuestos en los que procede la concesión de dichos permisos, respecto a las personas que se encuentran bajo detención preventiva.

En ese marco, el art. 238 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1226, dispone que la jueza o el juez de ejecución penal ejercerá el control sobre la individualización del detenido preventivo y el trato que le es otorgado; sin embargo, respecto a los permisos de salida o traslado, establece que únicamente podrán ser autorizados por la jueza, el juez o tribunal del proceso, con la obligación de comunicar dicha autorización al juez de ejecución penal para fines de registro. A su vez, señala que, en casos de urgencia, el juez de ejecución penal podrá disponer tales medidas, debiendo dar noticia inmediata al juez del proceso.

Por su parte, el art. 109 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión faculta al juez de ejecución penal a conceder, mediante resolución fundada, permisos de salida en supuestos vinculados con enfermedad grave o fallecimiento de familiares, nacimiento de hijos, gestiones personales o laborales necesarias, o como recompensa otorgada por el consejo penitenciario. No obstante, el art. 154 de la misma norma, referido específicamente a la detención preventiva, establece de manera categórica que los permisos de salida de los detenidos preventivos serán autorizados por el juez del proceso, salvo los casos médicos de extrema urgencia, en los que podrá intervenir el juez de ejecución penal.

De la interpretación sistemática de las citadas disposiciones se concluye que, existe una regla general y una excepción claramente diferenciadas: corresponde al juez del proceso -es decir, aquel que dispuso la detención preventiva dentro del marco de un proceso penal- la autorización de permisos de salida para las personas sometidas a esta medida cautelar. En cambio, el juez de ejecución penal únicamente interviene en los casos de extrema urgencia médica, en los que debe adoptar medidas inmediatas para proteger la salud y la vida de la persona privada de libertad, con la obligación de informar de manera inmediata al juez del proceso.

A su vez, desde una interpretación teleológica; es decir, atendiendo a la finalidad de las normas analizadas, resulta evidente que la regulación busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en calidad de detenidos preventivos, evitando que su situación se torne más gravosa que la de una persona condenada. En ese entendido, el derecho a la salud, a la vida, a la familia y a la defensa constituyen parámetros ineludibles que orientan la actuación de las autoridades judiciales al momento de resolver solicitudes de salida personal.

Ahora bien, corresponde precisar de manera específica los supuestos en los que un detenido preventivo podría acceder a permisos de salida personales. A partir de lo dispuesto por el art. 109 de la LEPS, aplicable también al régimen de detención preventiva por mandato del art.

154 de la misma norma, se tiene que tales permisos podrán concederse en los siguientes casos:

1) Enfermedad grave o fallecimiento de los padres, cónyuge o conviviente, hijos o hermanos, supuesto en el que se faculta la salida con la finalidad de resguardar el derecho a la familia y a la dignidad humana. 2) Nacimiento de hijos del interno, supuesto que atiende al derecho a la familia y a los vínculos de paternidad o maternidad, así como al interés superior del niño. 3) Gestiones personales que requieran la presencia del detenido preventivo en el lugar de gestión, cuando se trate de actos que no pueden ser sustituidos por terceros y cuya realización resulta indispensable para garantizar sus derechos patrimoniales, laborales o de defensa. 4) Gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad, supuesto orientado a asegurar la reinserción social y evitar condiciones de vulnerabilidad. 5) Como recompensa otorgada por el Consejo Penitenciario, en los casos en que así corresponda de conformidad con la normativa penitenciaria. 6) Casos médicos de extrema urgencia, en los que la salida debe ser autorizada de manera inmediata por el juez de ejecución penal, a fin de garantizar el derecho a la salud y a la vida, debiendo informarse sin demora al juez del proceso.

En consecuencia, se establece que el detenido preventivo podrá acceder a permisos de salida personales únicamente en los supuestos descritos, los cuales responden a la finalidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin desnaturalizar la medida cautelar impuesta. De esta manera, se distingue claramente entre la competencia del juez del proceso, quien es la autoridad competente para autorizar dichos permisos en la generalidad de los casos, y la facultad excepcional del juez de ejecución penal, limitada a situaciones de extrema urgencia médica, con la obligación de comunicar dicha decisión a la autoridad jurisdiccional del proceso con celeridad.

En ese orden, en los casos de solicitud de salida judicial, la autoridad competente no está obligada a conceder automáticamente la salida personal del detenido preventivo, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, respetando los supuestos legales de autorización.

III.3. Prohibición de exigir garantías personales y/o mutuas a las víctimas de violencia

Al respecto la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que queda prohibido que las autoridades fiscales o judiciales dispongan garantías personales o mutuas a cargo de la víctima en proceso de violencia, porque ello vulnera los estándares de protección reforzada establecidos tanto en normas nacionales como en instrumentos internacionales (CEDAW y Convención de Belém do Para). En tal sentido, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que, en atención a las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7], deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) (…) c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos” (las negrillas y añadido nos corresponden).

En ese contexto se concluye que, resulta improcedente que el imputado pretenda ofrecer o exigir la fijación de garantías personales o mutuas a cargo de la víctima o denunciante, como mecanismo destinado a desvirtuar el peligro de fuga previsto actualmente en el art. 234.7 del CPP, referido al riesgo a la víctima; pues dicha medida constituye una forma de revictimización que desnaturalizaría la protección que el Estado debe brindar a las mujeres en situación de violencia. Conforme al art. 35 de la Ley 348, es únicamente la víctima quien tiene el derecho a exigir medidas de protección para garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos, no así el imputado. En consecuencia, las autoridades judiciales deben abstenerse de imponer a la víctima cualquier obligación de otorgar garantías en favor del procesado, bajo responsabilidad.

III.4. Análisis del caso concreto

En virtud del acto lesivo identificado en el presente caso, consistente en que el Juez demandado condicionó y dilató injustificadamente la solicitud de salida judicial del accionante, corresponde resolver si la exigencia de acreditación de documentación previa, dispuesta mediante el decreto de 7 de diciembre de 2022, constituye un requisito indebido no previsto por la ley, que obstaculizó el derecho del accionante a plantear su solicitud de cesación a la detención preventiva. En consecuencia, resulta necesario determinar la validez o invalidez del referido decreto que presuntamente condicionó o retrasó la petición de la parte accionante, a la luz de los derechos fundamentales invocados. Previamente a ingresar al fondo de la problemática jurídica planteada, es necesario aclarar que, conforme al sistema recursivo del Código de Procedimiento Penal, el art. 401 establece que el recurso de reposición procede contra providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, pueda revocarlas o modificarlas. No obstante, en lo que refiere a la determinación de los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que dicho recurso no constituye un medio idóneo de impugnación a ser activado en forma previa para interponer la acción de libertad; en consecuencia, no puede denegarse la tutela de la acción tutelar basada en el principio de subsidiariedad. La única excepción se configura cuando alguna de las partes, de manera paralela, activa simultáneamente el recurso de reposición y la vía constitucional, supuesto en el cual este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo, a fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias sobre el mismo asunto. En ese sentido, el recurso de reposición no se constituye en un mecanismo a ser agotado con carácter previo a la activación de la acción de libertad, salvo que se hubiera sido activado de forma paralela el recurso de reposición y la jurisdicción constitucional; puesto que la reposición se limita a providencias de mero trámite y no garantiza una tutela inmediata frente a una presunta vulneración de derechos fundamentales; por lo que, en el presente caso, el Juez demandado al denegar la tutela solicitada argumentando que el accionante debió interponer el recurso de reposición previamente a dirigirse a la vía constitucional, se apartó de los márgenes jurisprudenciales señalados, razón por la cual corresponde ingresar al análisis de fondo de la causa. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar, por Auto Interlocutorio 785/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses, programándose audiencia para considerar su situación jurídica el 17 de febrero de 2023 a horas 11:00 (Conclusión II.1.). Posteriormente, el 6 de diciembre de 2022, el accionante solicitó a la Jueza demandada autorización de salida judicial para el 9 de igual mes y año, con los siguientes fines: a) Apersonarse a dependencias de la FELCC de El Alto para suscribir acta de buena conducta; b) Acudir a plataforma judicial para recabar certificaciones del REJAP y SIPASE, a efectos de enervar riesgos procesales y el cumplimiento de medidas socioprotectivas dispuestas por el Ministerio Público; y c) Trasladarse a oficinas del Banco Unión S.A. a fin de retirar dinero de su cuenta personal para cubrir gastos urgentes y necesarios. Frente a ello, la autoridad demandada emitió el decreto de 7 de diciembre de 2022, disponiendo que: “Previo a disponer lo que en derecho corresponda, acredite documentalmente su solicitud”. Bajo esas circunstancias, se tiene que la determinación asumida por la autoridad demandada no se constituye en un acto dilatorio en razón a que ante una pretensión de salida judicial, la citada autoridad solamente se limitó a exigir los elementos que respalden su petición de salida judicial; empero, es necesario aclarar en principio que la parte accionante confunde dicho decreto al señalar que la documentación específica ya se encontraba adjunta en el cuaderno procesal; ya que ese decreto se refiere a toda la documentación que acredite su solicitud de salida, conforme a los requisitos exigidos o a las circunstancias que opera, según la normativa aplicable al caso. En tal sentido y conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que la lesión del derecho a la libertad física se configura en la demora o dilación indebida en resolver solicitudes vinculadas con la libertad, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca la solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida, pues la misma solo opera en situaciones donde existió dilación y no así sobre la solicitud a la que se pretenda acceder; por lo que, en el presente caso la autoridad demandada no está obligada a conceder automáticamente la salida personal del detenido preventivo, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, respetando los supuestos legales de autorización.

De igual forma, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte en el caso concreto que la solicitud de salida judicial del accionante se presentó ante el Juez que conoció el proceso, quien emitió el decreto de 7 de diciembre de 2022, disponiendo que previamente presente la documentación necesaria, pues es la autoridad competente para autorizar permisos de salida de los detenidos preventivos, debido a que no existía ningún caso de urgencia médica, para que de forma excepcional puede intervenir el Juez de Ejecución Penal. Asimismo, con relación a los requisitos exigidos para la procedencia del permiso de salida, se establecieron taxativamente los supuestos en los que procede dicha autorización, los cuales se detallan a continuación: 1) Enfermedad grave o fallecimiento de familiares; 2) Nacimiento de hijos del interno; 3) Gestiones personales que requieran la presencia del detenido preventivo en el lugar de gestión y que no puedan ser realizadas por terceros; 4) Gestiones laborales o de vivienda próximas a su libertad; y, 5) Como recompensa otorgada por el Consejo Penitenciario. En tal sentido y de acuerdo al caso concreto, se tiene que si bien la tramitación de los certificados del SIPASE y REJAP, así su pretensión de apersonarse a la entidad bancaria mencionada, son personales, y por esta razón se encontraría dentro del supuesto de “gestiones personales que requieran la presencia del interno”, sin perjuicio que esta tramitación pueda ser realizada por terceros con poder suficiente y específico. Sin embargo, en cuanto a la pretensión del accionante de salida para suscribir actas de garantías unilaterales de protección a la víctima y buena conducta ante la FELCC, tanto para dar cumplimiento a las medidas de protección social impuestas, así como para posteriormente solicitar su cesación a la detención preventiva y de esa manera enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7) del CPP. Al respecto, cabe precisar que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional no es posible en los casos de violencia intrafamiliar ofrecer o exigir la fijación de garantías personales o mutuas con la víctima, por tratarse de procesos de revictimización, situación que debe ser tomada en cuenta por la autoridad competente al momento de asumir una determinación al respecto. La aclaración que se realiza en el párrafo anterior, se efectúa en el marco de lo dispuesto por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que ha establecido la obligación que se tiene en sede constitucional de “…analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano”. Bajo esas circunstancias, se advierte que la autoridad demandada al emitir el decreto cuestionado, a través del cual requirió que el accionante acredite documentalmente la necesidad de su salida, es una exigencia que se ajusta a la ley; puesto que, no basta con alegar la gestión personal, sino que se debe demostrar que la presencia del detenido es indispensable y que el supuesto se enmarca en todas o alguna de las causales previstas en la norma; por lo que, la autoridad demanda no denegó la solicitud, sino que pidió la subsanación correspondiente, sin incurrir en dilación alguna ni negativa arbitraria. En ese contexto, se tiene que la autoridad demandada actuó conforme a derecho al requerir documentación que justifique la procedencia del permiso de salida solicitado y el accionante no cumplió con acreditar que sus gestiones personales se encontraban dentro de los supuestos en los que un detenido preventivo podría acceder; vale decir, que no demostró que su presencia para los trámites requeridos era indispensable e insustituible; por ello, se advierte que no existe vulneración alguna a los derechos alegados por el accionante, sino más bien fue una consecuencia del incumplimiento de requisitos legales, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercero; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 271/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

4 La citada Sentencia en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó lo siguiente “Por tanto, ante esta situación dilatoria, puede acudir directamente a la acción de libertad, o en su defecto antes de interponer esta acción tutelar, puede formular recurso de reposición; empero, lo que no está permitido es que el agraviado incumpliendo su deber de actuar con lealtad procesal, habiendo activado el recurso de reposición y estando en trámite el mismo en la jurisdicción ordinaria, de manera paralela active la acción de libertad en la jurisdicción constitucional, en ese caso no es posible ingresar al análisis de fondo. Entendimiento ya fue establecido en la SC 0030/2010-R de 13 de abril".

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0475_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): baa8525fb49470feb4be59c5ee5eb082dfac1b2b0a42624b5cfb31829f1cdf19

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