B.IA.LEGAL

SCP 0475/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52339-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad física y de locomoción; así como el principio de celeridad procesal; debido a que, en el proceso penal seguido en su contra por los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, se dispuso mediante Auto de Vista 788/2022, sustituir su detención preventiva por la medida cautelar de detención domiciliaria, además de otras condiciones específicas para acceder a su cumplimiento; no obstante, luego de remitirse el cuaderno procesal al Juzgado de origen, la Secretaria -hoy accionada- realizó observaciones en el trámite de tales medidas que se encuentran fuera de procedimiento y exigió requisitos no contemplados en dicha resolución, lo que generó una dilación injustificada de diez días, sin que pueda cumplir con las mismas. En respuesta a las denuncias que se le atribuyen, la Secretaria accionada señaló que: i) La parte impetrante de tutela no coordinó las condiciones establecidas en el Auto de Vista 788/2022 para acceder a la medida de detención domiciliaria, tampoco se apersonaron al juzgado, con excepción de la madre del accionante, a quien en buena fe se le entregó el mandamiento de arraigo el “22” de noviembre de 2022; y, ii) El Auto de Vista 788/2022 establece que la detención domiciliaria se cumplirá en el domicilio demostrado al juez cautelar, sujeto a verificación por el personal de apoyo judicial; el trámite de arraigo; la prohibición de acercase al lugar en el que se suscitó el hecho, así como a la víctima; la presentación ante el Ministerio Público los lunes de ca…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 022/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0475/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 52339-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 022/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Jiménez Parisaca contra Virginia Quisocala Coaquira, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 6 a 7, el accionante manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el marco del proceso penal incoado en su contra -por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente-, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 788/2022 de 24 de octubre, dispuso sustituir su detención preventiva por la medida cautelar de detención domiciliaria, además de otras condiciones específicas para acceder a su cumplimiento; entre ellas, su arraigo, la obligación de presentarse los lunes de cada semana ante el Ministerio Público y dos garantes solventes que aseguren el acatamiento de las mismas. Como consecuencia de ello, el 15 de noviembre de 2022, se remitió el cuaderno jurisdiccional al Juzgado de origen -Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz-, a fin de que se dé cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas. No obstante, pese a los reiterados intentos de su madre, Virginia Quisocala Coaquira, Secretaria del citado Juzgado -hoy accionada- se negó a admitir el apersonamiento de la mencionada para gestionar el trámite de las medidas dispuestas, arguyendo que solo atiende a las partes procesales; aunque por su detención preventiva se encuentra en la imposibilidad de comparecer personalmente. Asimismo, su abogado se comunicó con la Secretaria accionada, quien le exigió condiciones al margen del procedimiento; entre ellas, la presentación de garantes personales que no sean sus familiares y que “…si o si tienen que ser de Coroico…” (sic); en razón de ello, transcurrieron diez días sin que se cumplan las medidas dispuestas, debido a la falta de celeridad de la mencionada funcionaria de apoyo judicial, lo cual agrava no solo su restricción de libertad, sino que se configura en indicios de retardación de justicia e incumplimiento de sus funciones.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad -física-, así como el principio de celeridad, sin citar precepto constitucional alguno. Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa, precisó como vulnerado su derecho a la libertad de locomoción.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Secretaria accionada que cumpla en el día lo dispuesto en el Auto de Vista 788/2022 y se emita el mandamiento de detención domiciliaria. De igual manera, en audiencia de esta acción de libertad, complementó su pretensión señalando que se orienta a acceder a su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos de su acción tutelar; y, ampliando en audiencia refirió que: a) La primera “traba” que puso la Secretaria accionada es exigir que realice personalmente el trámite, después solicitó que se le presente información rápida, plano de lote, folio real, testimonio de propiedad, pese a que, la SCP 2386/2012 de 22 de noviembre establece que, para la fianza personal simplemente se debería presentar el certificado alodial o folio real de los garantes personales. De igual manera, solicitó documentación difícil de conseguir “...las casas en Coroico no tienen pues ni siquiera numeración en algunas casas…” (sic). Por otro lado, requirió que los garantes personales sean de Coroico, aspecto que no fue establecido en el Auto de Vista 788/2022. De igual manera, prohibió que los garantes personales sean familiares, de quienes se niega a recibir su documentación; y, b) Todas las exigencias de la Secretaria accionada impiden a que pueda cumplir la detención domiciliaria. Además, la referida SCP -2386/2012- establece que para otorgarle su libertad sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se determinaron y no así otras condiciones no previstas por ley. Asimismo, a la consulta del Juez de garantías sobre el grado de formación de la madre del peticionante de tutela, su abogado mencionó que curso hasta sexto de primaria y es de la tercera edad. Del mismo modo -señaló que- a pesar de haberse comunicado con la Secretaria accionada, a fin de que coadyuve a realizar los trámites, la mencionada se limitó a indicar que puede atender a la parte o en su defecto que este se presente personalmente.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Virginia Quisocala Coaquira, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) El Auto de Vista 788/2022, establece las condiciones que el imputado -hoy accionante- debe cumplir para acceder a la medida sustitutiva de detención domiciliaria, no obstante, la parte impetrante de tutela no coordinó dichas obligaciones, tampoco se apersonaron al juzgado, con excepción de la madre del nombrado, a quien en buena fe se le entregó el mandamiento de arraigo el “22” de noviembre de 2022; y, 2) El referido Auto de Vista establece que la detención domiciliaria se cumplirá en el domicilio demostrado al juez cautelar, sujeto a verificación por el personal de apoyo judicial; el trámite de arraigo; la prohibición de acercase al lugar en el que se suscitó el hecho, así como a la víctima; la presentación ante el Ministerio Público los lunes de cada semana; la presentación de dos garantes solventes, quienes cancelaran Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) en caso de no cumplirse las condiciones; empero, solamente su madre pretende obtener el mandamiento de libertad, ni siquiera la llevaron al domicilio de los garantes, lo único que indica su progenitora es que “…no tengo garantes no quieren garantizarme, no encuentro a 2 personas qué puedo hacer…” (sic), cuando el art. 245 -se infiere del Código de Procedimiento Penal (CCP)- establece que la libertad del imputado se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza. De igual forma, a la consulta efectuada por el Juez de garantías referente a si efectuó la verificación del domicilio acreditado por el impetrante de tutela y cuál sería el motivo por el que denuncian que no quiere “cumplir” con las medidas sustitutivas, indicó que no realizó este actuado procesal, debido a que, no se la llevó al domicilio y que la madre del accionante, tampoco devolvió el mandamiento de arraigo.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 022/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 19 a 23, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: i) La Secretaria accionada cumpla todas y cada una de las medidas establecidas en el Auto de Vista 788/2022, sin realizar exigencias más allá de las comprendidas en dicha resolución, previa presentación de la documental necesaria y pertinente por quien pretende beneficiarse con estas medidas, sin que sea impedimento que terceras personas realicen el trámite, sujetándose el plazo a dicha presentación; ii) Se recomienda a la Secretaria accionada a que cumpla sus funciones sin realizar exigencias adicionales o excesivas, sino únicamente las previstas por la autoridad jurisdiccional; y, iii) Se notifique al Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, a fin de que controle el cumplimiento de las labores y funciones encomendadas a la Secretaria accionada “bajo responsabilidad funcionaria”. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) A través de Auto de Vista 788/2022, se determinó revocar en parte el Auto Interlocutorio 271/2022 de 12 de octubre, imponiendo al accionante las medidas cautelares previstas en el art. 231 bis.I numerales 2, 4, 5, 8 y 9 del CPP; entre ellas, la presentación de dos garantes solventes, quienes en caso de su incomparecencia, cancelarán la multa de Bs20 000.- y su detención domiciliaria. De igual manera, se verifica que el mandamiento de arraigo fue emitido por el Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz y entregado a Julia Parisaca Guachalla -madre del accionante-; b) Desde que fue devuelto el legajo del recurso de apelación incidental -15 de noviembre de 2022- al Juzgado de origen, transcurrieron quince días sin que se hagan efectivas las medidas dispuestas en el Auto de Vista 788/2022; c) El art. 94 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, concordante con lo establecido en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estableció obligaciones comunes de las secretarias de Juzgado, como la de coadyuvar con todas las determinaciones asumidas por la autoridad jurisdiccional; empero, resulta llamativo que se pretenda delegar las mismas a terceras personas, como las diligencias relacionadas con el mandamiento de arraigo, que deben ser realizadas por el personal de apoyo judicial; d) La Secretaria accionada carece de atribución para exigir condiciones no establecidas por la autoridad jurisdiccional en su decisión. Si bien alega que la parte accionante no se apersonó a cumplir con las medidas cautelares dispuestas; no obstante, no aportó evidencia alguna que sustente dicha afirmación, por lo que, se asume la veracidad de la denuncia para resolver la presente acción tutelar, ya que las exigencias que realiza la Secretaria accionada no puede generar más privación de libertad, lo contrario representaría inclusive un proceso disciplinario por incumplimiento de las determinaciones asumidas por la autoridad jurisdiccional; y, e) Llama la atención la pasividad de la autoridad judicial -de quien depende la Secretaria accionada- encargado de ejercer control sobre el personal subalterno para garantizar el cumplimiento de las determinaciones jurisdiccionales, pues mantener dicha inacción generaría responsabilidad por incumplimiento de deberes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto de Vista 788/2022 de 24 de octubre, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Jiménez Parisaca -ahora accionante- contra el Auto Interlocutorio 271/2022 de 12 de octubre, pronunciado por el Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Coroico del indicado departamento, en el marco del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Coroico; Eduarda Nina Ramírez y Jacinto Genaro Quispe Choque contra José Luis Jiménez Parisaca -hoy impetrante de tutela- por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente. Dicha Resolución declaró la procedencia en parte el citado recurso, revocando en parte el Auto Interlocutorio 271/2022-P que rechazó la cesación de su detención preventiva, disponiendo: 1) Detención domiciliaria en el domicilio demostrado ante el Juez de la causa, sujeto a verificación por el personal de apoyo judicial; 2) El trámite de arraigo; 3) La prohibición de acercamiento al lugar donde se suscitó el hecho o a la o las víctimas; 4) Presentación ante el Ministerio Público de forma semanal mediante registro biométrico los lunes; y, 5) La presentación de dos garantes solventes, quienes en caso de incomparecencia del sindicado cancelaran la multa de Bs20 000.- (fs. 10 a 12). II.2. Se tiene Nota CITE 213/2022 de 14 de noviembre, suscrita por Juan Carlos Taco Espinal, Juez Público Mixto de Familiar, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero y recibida en el Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero, ambos de Coroico del departamento de La Paz, el 15 de noviembre de 2022, remitiendo el legajo de apelación, en originales y fotocopias simples legalizadas concerniente al proceso penal descrito ut supra contra el accionante (fs. 12 vta.). Asimismo, se tiene decreto de 16 del citado mes y año, por el que, el Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del citado departamento, dispuso la acumulación del legajo de apelación al cuaderno principal de proceso penal (fs. 13). II.3. Cursa Mandamiento de Arraigo expedido el 22 de noviembre de 2022, por Juan Ramos Soliz, Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, que ordena al Director General de Migración que proceda al arraigo del impetrante de tutela, en cumplimiento del Auto de Vista 788/2022 (fs. 15). De igual manera, cursa cargo de recibido del citado mandamiento por Julia Parisaca Guachalla -madre del accionante- (fs. 15 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad física y de locomoción; así como el principio de celeridad procesal; debido a que, en el proceso penal seguido en su contra por los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, se dispuso mediante Auto de Vista 788/2022, sustituir su detención preventiva por la medida cautelar de detención domiciliaria, además de otras condiciones específicas para acceder a su cumplimiento; no obstante, luego de remitirse el cuaderno procesal al Juzgado de origen, la Secretaria -hoy accionada- realizó observaciones en el trámite de tales medidas que se encuentran fuera de procedimiento y exigió requisitos no contemplados en dicha resolución, lo que generó una dilación injustificada de diez días, sin que pueda cumplir con las mismas. En respuesta a las denuncias que se le atribuyen, la Secretaria accionada señaló que: i) La parte impetrante de tutela no coordinó las condiciones establecidas en el Auto de Vista 788/2022 para acceder a la medida de detención domiciliaria, tampoco se apersonaron al juzgado, con excepción de la madre del accionante, a quien en buena fe se le entregó el mandamiento de arraigo el “22” de noviembre de 2022; y, ii) El Auto de Vista 788/2022 establece que la detención domiciliaria se cumplirá en el domicilio demostrado al juez cautelar, sujeto a verificación por el personal de apoyo judicial; el trámite de arraigo; la prohibición de acercase al lugar en el que se suscitó el hecho, así como a la víctima; la presentación ante el Ministerio Público los lunes de cada semana; la presentación de dos garantes solventes, quienes cancelaran Bs20 000.-, en caso de no cumplirse las condiciones; empero, solamente la madre del peticionante de tutela es quien pretende obtener el mandamiento de libertad, pues ni siquiera la llevaron al domicilio de los garantes, lo único que indica su progenitora es “…no tengo garantes no quieren garantizarme, no encuentro a 2 personas qué puedo hacer…” (sic).

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la LOJ, establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones se hallan previstas en la precitada norma.

Así, sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial en la acción de libertad, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, concluyó que: “...como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el accionante denuncia que al planteamiento de este mecanismo de defensa existía una dilación ilegal de diez días en el cumplimiento de exigencias dispuestas para acceder a su detención domiciliaria, la cual atribuye a la Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz -ahora accionada- por presuntamente obstruir el trámite de las mismas. Por su parte, la misma en su respuesta alegó sustancialmente que la parte accionante no coordinó con ella las condiciones establecidas ni se apersonó al juzgado, excepto la madre del impetrante de tutela, quien recibió el mandamiento de arraigo y que la medida exige la presentación de dos garantes solventes lo cual no se cumplió pues la mencionada manifestó no tenerlos.

En ese marco, para la resolución del caso corresponde precisar que este Tribunal reconoce excepcionalmente la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, cuando incurren en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, incumplen o desconocen las funciones y obligaciones conferidas; o, inobservan las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, derivando en la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa (Fundamento Jurídico III.1).

En el caso que nos ocupa, el trámite de las medidas cautelares personales establecidas en el art. 231 bis del CPP -impuestas al accionante- en el marco de su propia configuración involucran el desempeño funcional de la servidora de apoyo judicial accionada, con base en lo prescrito en el art. 94.I.15 de la LOJ, que establece: “Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”.

En ese orden de ideas, se evidencia que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Coroico del departamento de La Paz; Eduarda Nina Ramírez y Jacinto Genero Quispe Choque contra José Luis Jiménez Parisaca -hoy impetrante de tutela- por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de niña, niño o adolescente, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 788/2022 de 24 de octubre, a través del cual, se resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el rechazo a su solicitud de cesación de su detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio 271/2022 de 12 de octubre. Dicho Auto de Vista, declaró la procedencia en parte el citado recurso, revocando en parte el Auto Interlocutorio impugnado y disponiendo en consecuencia: a) Detención domiciliaria del hoy impetrante de tutela en el domicilio demostrado ante el Juez de la causa, sujeto a verificación por el personal de apoyo judicial; b) El trámite de arraigo; c) La prohibición de acercamiento al lugar donde se suscitó el hecho o a las víctimas; d) Presentación ante el Ministerio Público de forma semanal mediante registro biométrico los lunes; y, e) La presentación de dos garantes solventes, quienes en caso de incomparecencia del sindicado cancelaran la multa de Bs20 000.- (Conclusión II.1).

En este contexto, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda fallar con la objetividad y certeza, es imperativo considerar la corresponsabilidad en la carga probatoria para resolver la presente acción tutelar, pues si bien corresponde a la parte accionada desvirtuar las denuncias en su contra y demostrar el cumplimiento de sus funciones y la legalidad de sus actuaciones; de igual manera, el accionante se encuentra obligado a acreditar con un acervo probatorio mínimo, los hechos constitutivos de su pretensión y la verosimilitud de la vulneración denunciada, evitando así que la acción de libertad se convierta en un instrumento de afirmaciones infundadas.

En el caso concreto, el impetrante de tutela no aportó elemento probatorio alguno que acredite que su defensa técnica se comunicó con la Secretaria accionada o se apersonó al juzgado para requerir la ejecución de las exigencias dispuestas. La única gestión acreditada es la realizada por la madre del accionante -se infiere el “22” de noviembre de 2022- para recoger el mandamiento de arraigo. Asimismo, no se demostró que la Secretaria accionada haya exigido requisitos adicionales a los establecidos en el Auto de Vista 788/2022.

Tampoco se acreditó la realización de gestión coordinada alguna con la Secretaria o se apersonara al juzgado para coadyuvar al cumplimiento de la verificación domiciliaria o al ofrecimiento de garantes, mediante acciones como facilitar activamente la verificación o presentar los fiadores requeridos.

En definitiva, el análisis evidencia que el peticionante de tutela no cumplió con la carga probatoria al no acreditar gestiones coordinadas con la Secretaria accionada para requerir la verificación domiciliaria o coadyuvar al cumplimiento de las exigencias establecidas en instancia superior, reduciéndose las actuaciones demostradas al retiro del mandamiento de arraigo realizado por su progenitora.

Por tal razón, ante la falta de elementos de convicción suficientes y luego, contrastar los alegatos con la prueba aportada, no puede concluirse objetivamente que existió obstrucción con fines dilatorios y/o exigencia de requisitos adicionales por parte de la Secretaria accionada, vinculados con la efectivización de las medidas cautelares personales dispuestas en el Auto de Vista 788/2022.

En consecuencia, este Tribunal no puede concluir en la denunciada vulneración del derecho al debido proceso y al principio de celeridad procesal en conexión con la libertad del accionante, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 022/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 19 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0475_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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