Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
La accionante por medio de sus representantes sin mandato, considera vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente a la justicia pronta y oportuna, a la legalidad, derecho a la defensa y libertad; toda vez que, al encontrarse con la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, solicitó expresamente a través de memoriales cesación de la misma; sin embargo, dichas solicitudes no cumplieron su fin; pues, se suscitaron constantes suspensiones y por ende reprogramación de las audiencias que se debían desarrollar al efecto, alegando motivos técnico – informáticos ajenos a la responsabilidad de la hoy impetrante de tutela; por lo cual, estas suspensiones y reprogramaciones constituyen actos de dilación indebida. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, conforme a los lineamientos de los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Exhortar a las autoridades demandadas, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0475/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46149-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia, Jorge Dennis Fernández, Felipe Ríos y Dagner Guzmán Cuellar en representación sin mandato de Liseth Helen Delgadillo Escobar contra Santa Cruz Arias Gutiérrez y Juan Pablo Olmos Tapia ambos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 4, la accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Se encuentra detenida preventivamente por un proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en el Centro Penitenciario de Santa Cruz “Palmasola”; en dicha circunstancia y en torno a la imposición de dichas medidas cautelares; estas, se encontrarían cumplidas para el 11 de febrero de 2022; sin embargo, ante ello se suscitaron constantes suspensiones y por ende reprogramación de audiencias de cesación solicitadas al respecto, sin considerar su situación de privación de libertad y el plazo establecido en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); considera que a raíz de las dilaciones suscitadas en el señalamiento de audiencia, se está vulnerando sus derechos constitucionales.
La impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, considera vulnerado su derecho al “Debido Proceso en su vertiente a la justicia pronta y oportuna”; “Legalidad, Derecho a la Defensa y Libertad” (sic), sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se restituya los derechos, a la defensa técnica material amplia e irrestricta, a ser asistido por sus abogados defensores, a tener un trato digno como ser humano con “todos sus derechos lesionados” (sic); del mismo modo, solicita se señale día y hora para considerar audiencia de cesación a su detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 41 vta., presentes la parte accionante asistida de su abogado; así como, las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia virtual ratificó los mismos términos expuestos en su memorial de acción de libertad y petitorio, acotando y citando escuetamente principios establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Santa Cruz Arias Gutiérrez y Juan Pablo Olmos Tapia ambos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, de manera conjunta presentan informe escrito remitido por medios digitales a la Secretaria-Abogada del Juzgado, cursante de fs. 37 a 38 vta., bajo los siguientes fundamentos: a) La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– y la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019–, ha introducido a la gestora de procesos, como entidad encargada del diligenciamiento de las notificaciones y citaciones a las partes, generando las mismas con sus propios procedimientos e inclusive por medios alternativos de comunicación, de conformidad a los arts. 56 y 56 bis de la Ley 1970 –Código de Procedimiento Penal (CPP)–, en el caso presente, los motivos de suspensión de audiencias, se debió a la falta de notificación a las partes del proceso; asimismo, la remisión de antecedentes procesales en originales o copias legalizadas para su análisis en audiencia; b) En atención a la presentación de otra acción tutelar por la ahora accionante en fecha 18 de febrero de 2022, se remitieron antecedentes originales a ese fin; motivo por el cual, la audiencia de fecha 22 de febrero de 2022 no pudo ser desarrollada pues la misma estaba fijada para las 08:00 am y los antecedentes fueron devueltos a las 09:53 am; motivo por el cual, resultaba materialmente imposible efectuar la audiencia; c) Consecuentemente se tiene la concurrencia de estos dos motivos para no desarrollar la audiencia en fecha 22 de febrero de 2022, el primero la ausencia de generación de diligencias de notificación por la secretaría del Tribunal y el segundo la ausencia de remisión oportuna de los antecedentes del proceso de manera previa a la audiencia. Asimismo en audiencia realizando el uso de la palabra Santa Cruz Arias Gutiérrez, amplio su informe y señaló que ante la suspensión suscitada el 22 de febrero de 2022, de oficio el Tribunal fijó nueva fecha de celebración de audiencia para el 3 de marzo de 2022, mediante providencia que cursa en el expediente, pidiendo que al término de la presente acción tutelar se remitan obrados (que también fueron remitidos en original) a la brevedad posible al juzgado de origen para no tropezar con los mismos inconvenientes que propiciaron las suspensiones antes señaladas, considerando que se necesita un término prudencial para efectuar los diligenciamientos necesarios de notificación, concluyendo que el reclamo traído a esta acción, se debió efectuar primero en instancias de la jurisdicción ordinaria y no acudir directamente a la justicia constitucional. Del mismo modo y en audiencia realizando el uso de la palabra Juan Pablo Olmos Tapia; señala que, todos los memoriales presentados, siempre tuvieron respuesta de parte suya, denotando mantener permanentemente el control jurisdiccional de la causa; del mismo modo, indica que, ya se tiene fecha de audiencia de cesación programada en relación al caso; por lo que, debe denegarse la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Doceavo del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantias, mediante Resolución 10/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 42 a 43 vta., denegó la tutela solicitada, alegando que hubiera concurrido el instituto jurídico de la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, determinando que los supuestos fácticos habrían cesado, al haber efectuado el señalamiento de fecha y hora de audiencia; con los siguientes fundamentos: 1) Se suspendieron varias audiencias de cesación a la detención preventiva de forma indebida, dejando al hoy impetrante de tutela en estado de indefensión para desvirtuar los riesgos procesales, generando de esta forma incertidumbre jurídica; 2) Por memoriales (presentados) por la parte accionante, solicitó Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva, habiéndose emitido proveído al respecto en fecha 22 de febrero de 2022, señalando fecha y hora para el jueves 3 de marzo de 2022; por lo que, se colige que la autoridad demandada actuó de manera inmediata y diligente al resolver la solicitud de la parte de forma oportuna; en consecuencia, no se vulneró su derecho a la libertad, conforme se evidencia en el cuaderno de control jurisdiccional, infiriéndose, que al momento de la presentación de esta acción tutelar, los supuestos fácticos que motivaron la misma habrían cesado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto de 19 de enero de 2022, por el que, se dispone el señalamiento de audiencia virtual de cesación a la detención preventiva para el 25 de enero de 2022. (fs. 19). II.2. Por Auto de 28 del mismo mes y año se dispone el señalamiento de audiencia virtual de cesación a la detención preventiva para el viernes 04 de febrero de 2022. (fs. 20). II.3. Mediante providencia de 04 de febrero de 2022, se deja constancia de la suspensión de audiencia y reprogramación de la misma para el 15 de febrero del citado año, arguyendo problemas técnicos de conexión a la sala virtual. (fs. 21). II.4. Cursa decreto de 15 de febrero de 2022 haciendo evidente una nueva suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva y por ende su reprogramación para el 22 del mismo mes y año, bajo el fundamento de la falta de creación de la sala virtual, y la remisión a la misma del detenido (fs. 23). II.5. Corre en obrados el decreto de 22 de febrero de 2022, disponiendo una nueva suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva, para el 03 de marzo de 2022; argumentando nuevamente la falta de creación de la sala virtual y la remisión del detenido a la misma. (fs. 24).
La accionante por medio de sus representantes sin mandato, considera vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente a la justicia pronta y oportuna, a la legalidad, derecho a la defensa y libertad; toda vez que, al encontrarse con la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, solicitó expresamente a través de memoriales cesación de la misma; sin embargo, dichas solicitudes no cumplieron su fin; pues, se suscitaron constantes suspensiones y por ende reprogramación de las audiencias que se debían desarrollar al efecto, alegando motivos técnico – informáticos ajenos a la responsabilidad de la hoy impetrante de tutela; por lo cual, estas suspensiones y reprogramaciones constituyen actos de dilación indebida. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre señaló, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, señaló lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas nos corresponden).
Respecto a la celeridad que debe regir los actos procesales referidos a la cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que: “La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…)
De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.
En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa” (las negrillas nos corresponden).
La línea jurisprudencial glosada precedentemente, fue complementada posteriormente, al haberse puesto en vigencia la Ley 586 cuyo art. 8 modifica el art. 239 del CPP, estableciendo plazos procesales a objeto de la consideración de actuaciones referidas a medidas cautelares, entre ellas la petición de cesación a la detención preventiva, precepto normativo que indica: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos” (las negrillas son nuestras).
Es así que la SCP 0738/22-S4 de 12 de julio, señaló que: “Al respecto y en análisis de lo resuelto por la autoridad demandada, es necesario tomar en cuenta que, el art. 239.2 del CPP con relación al tiempo de duración de la detención preventiva se debe aplicar en concordancia con el penúltimo párrafo del art. 233 del mismo cuerpo adjetivo, de donde resulta que, el especificar un tiempo de duración de la detención preventiva, solo es exigible en etapa preparatoria; es decir, hasta tanto no exista una acusación, conforme se estableció en la SCP 0965/2021-S4 de 29 de noviembre, al sostener que, “En cuanto al art. 239.2 del CPP –modificado por la Ley 1173–, respecto al tiempo de duración de la detención preventiva, señaló que su contexto se encuentra constreñido a la etapa preparatoria, hasta tanto no exista una acusación; sin embargo, en el caso ya fue emitida acusación fiscal, razón por la que no se podría entrar al análisis de la segunda parte del art. 239 de la aludida norma, por cuanto si en su momento existió una violación normativa, dicha circunstancia no fue reclamada oportunamente a fin de que se verifique el cumplimiento de los noventa días y en caso –si correspondía– otorgar la cesación a la detención preventiva, pero ya cursando acusación la cesación solicitada debe encontrarse sujeta a la destrucción de los peligros procesales”.
Con relación a los plazos en los cuales debe señalarse y llevarse a cabo la audiencia para considerar las solicitudes de cesación a la detención preventiva, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0114/2014 de 10 de enero, partiendo del razonamiento establecido en las Sentencias Constitucionales en ella citadas, en las que se abordó el plazo en el que debe efectuarse dicho señalamiento, dejó establecido que: "… En efecto, si bien es evidente que la normativa legal vigente no prevé un plazo específico para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona '…la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el referido art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible y cumpliendo a cabalidad los plazos establecidos en la norma legal, toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado' (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras). Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, los ha identificado como aquellos que se efectivizan cuando: 'a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad; c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”’. El razonamiento precedente con relación al plazo prudencial para fijar la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva, fue superado en observancia de las modificaciones establecidas por las Leyes 1173 y 1226, conforme al entendimiento establecido a través de la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio, complementando a la SCP 192/2020-S4 de 23 de julio, que dejó establecido lo siguiente: ”Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, puesta en vigencia a partir del 4 de noviembre del referido año, establece los plazos procesales para el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; un actuar contrario, supondría una dilación indebida”. Consiguientemente, conforme establece el art. 239 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, cuando se plantea una solicitud de cesación a la detención preventiva, invocando las causales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del Código Adjetivo Penal, la autoridad jurisdiccional a cargo de la tramitación del proceso, está obligada a decretar en el día el señalamiento de audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas de presentada la solicitud, mientras que si la solicitud de cesación se efectuó en mérito a las causales 3 y 4 de la citada norma legal, corresponderá a la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro horas siguientes, correr traslado a las partes, que deberán responder en el término de cuarenta y ocho horas, a cuya finalización, el Juez o Tribunal está obligado a pronunciar resolución dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, sin necesidad de llevar a cabo audiencia.
La problemática planteada radica en la presente vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente justicia pronta y oportuna, a la legalidad, derecho a la defensa y libertad de la hoy accionante; pues, se encontraría detenida preventivamente por un proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público, en el Centro Penitenciario de Santa Cruz “Palmasola”; en dicha circunstancias de esta medida cautelar que resulta la más gravosa impuesta a esta; solicitó de forma reiterada cesación a su detención preventiva; sin embargo, en cuatro oportunidades se suspendieron las audiencias que se tenían programadas para revisar esta medida, alegando en la mayoría de los casos, causales que no le son imputables al hoy solicitante de tutela, como ser problemas de conexión técnica y ausencia de citaciones a las partes de forma oportuna; ante las constantes suspensiones que llevaron lógicamente a la reprogramación de audiencias, las mismas se dieron en intervalos muy prolongados, incumpliendo en todos los casos de programación y señalamiento, el plazo previsto en el art. 239.1 del CPP que justamente señala el límite máximo de tiempo para fijar las referidas audiencias de cesación; tal como se evidencia en las Conclusiones II.1 a 5 del presente fallo; como agravantes los jueces hoy demandados, no consideraron la situación de restricción de su libertad; todos estos aspectos infra procesales y dilaciones indebidas propiciaron vulneración de sus derechos. En ese contexto, en el Fundamento Jurídico III. 2 del presente fallo constitucional; se estableció que, la autoridad que conozca de una solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva, deberá tramitarla con la mayor celeridad posible, evitando incurrir en dilaciones indebidas que repercutan negativamente en el derecho a la libertad de los accionantes, teniendo cuarenta y ocho horas para la fijación de audiencia. Bajo ese entendimiento y el contraste necesario en el análisis de los hechos suscitados se tiene que: i) El 18 de enero de 2022 la hoy impetrante de tutela solicitó cesación a su detención preventiva; misma que, fue atendida por la parte demandada providenciado el señalamiento para el día 25 del mismo mes y año, después de siete días de haberse pedido; de la revisión de obrados, no se tiene constancia de causales de suspensión y/o documental de respaldo al efecto emitida por las autoridades demandadas; ii) Posteriormente presentó memorial en fecha 27 de enero de 2022 impetrando una nueva solicitud de cesación; misma que, también fue atendida, emitiendo proveído al respecto y señalando audiencia para el 4 de febrero de 2022 después de ocho días de pedirse; en dicha oportunidad una vez más la audiencia se suspendió, esta vez arguyendo motivos técnicos del entorno virtual y conexión, reprogramando la audiencia por decreto de la misma fecha para el 15 de febrero de 2022 retrasando la misma en once días, iii) En la nueva fecha fijada se suscita similar hecho y nuevamente se vuelve a suspender la audiencia alegando los mismos problemas técnicos de conexión y creación del entorno virtual, esta vez para el 22 de febrero del referido año, evidenciándose que por cuarta vez se suspende la audiencia de cesación y se reprograma la misma retrasándola en siete días; iv) En esta última reprogramación se vuelve a suspender la audiencia en la fecha antes señalada y de manera reiterada persistieron aparentemente los problemas técnicos de informática y de remisión del detenido a la sala virtual, que vuelven a impedir la celebración de la audiencia antes referida, a dicho efecto; se tiene que, la misma es nuevamente reprogramada para el jueves 3 de marzo de 2022, en esta oportunidad propiciando una demora de nueve días. Ante dichas suspensiones y reprogramaciones que se suscitaron de forma reiterativa, en primera instancia conviene señalar que ello no resulta responsabilidad de la hoy accionante; por lo tanto, no puede serle atribuida a ésta; sino más bien, a las autoridades demandadas y de su personal de apoyo jurisdiccional, pues justamente son trámites administrativos que deben ser efectuados por estos; mas no así, por los sujetos procesales; consecuentemente, y del análisis efectuado se tiene a su vez que los jueces hoy demandados no consideraron los plazos procesales que prevé el art. 239.1 del CPP a momento del señalamiento de fechas de las audiencias, y como actos ligados a estas suspensiones se tiene la alegación de motivos de orden técnico y administrativo, que no son excusables al personal jurisdiccional ni de apoyo con el que se constituye el despacho judicial; por ende se denota la existencia de actos considerados dilatorios, conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; ya que, desde la primera suspensión en fecha 19 de enero de 2022 a la última reprogramación de la audiencia fijada para el jueves 3 de marzo del mismo año; existe una dilación de cuarenta y tres días, observándose un largo periodo de tiempo que constituyen actos de aplazamientos injustificados. En consecuencia, de la revisión de obrados se tiene que la accionante, identifica de forma clara el aplazamiento injustificado de audiencias en la que incurrieron los jueces demandados, quienes con su actuar vulneraron lo reglado por el art. 239.1 del CPP respecto al señalamiento de audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, se observa que con antelación a la presentación de la acción tutelar, se tenía ya fijada la fecha y hora de audiencia para el 3 de marzo de 2022; motivo por el cual, se infiere que por el señalamiento el hecho se hubiese superado; aunque por supuesto de forma extemporánea y en franco incumplimiento de los plazos que señala el adjetivo penal descrito en líneas precedentes; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada de la acción de libertad en la modalidad innovativa, en atención al Fundamento Jurídico III.1 expuesto en el presente fallo constitucional manteniendo la fecha de señalamiento de audiencia dispuesta por las autoridades demandadas a fin de evitar disfunciones procesales por el transcurso del tiempo. Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad innovativa, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica de la accionante respecto de su libertad, decisión que corresponde ser asumida a la autoridad ordinaria que conoce de la causa.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 10/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 42 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Doceavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, conforme a los lineamientos de los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º Exhortar a las autoridades demandadas, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0475_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): b24613c7afe08db1d33ff363fa6b4d245da7f088bc130f6b50f898cdaa42fce1
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →