Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como madre progenitora y a la seguridad social; toda vez que, firmó un primer contrato de trabajo con la CNS por 3 meses, ingresando a trabajar el 3 de enero del 2022; empero, el 25 de febrero del indicado año se le desvinculó; y, en mérito a la Conminatoria de Reincorporación Laboral que emitió a su favor la Jefatura departamental del Trabajo de Santa Cruz, suscribió un segundo contrato con vigencia del 14 al 30 de septiembre del 2022; sin embargo la Ministra del Trabajo y Previsión Social demandada, mediante RM 1369/2022 de 31 de octubre, revocó la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio y la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral de madre gestante JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022; y asimismo, no se le ha pagado sus haberes; por lo que solicita su reincorporación laboral a la CNS Regional Santa Cruz, mediante contrato indefinido, en el mismo puesto que ocupaba, manteniendo la antigüedad y reponiendo los sueldos devengados y sean con costos y costas. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos a los derechos fundamentales o garantías constitucionales del ahora accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 53 de 10 de abril de 2023, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo: 1° Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 1369/22 de 31 de octubre de 2022; y 2° Que la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz, proceda a la reincorporación laboral y al pago de sueldos devengados, de los subsidios pre natal, natalidad y lactancia y demás derechos sociales, así como del pago de costas y costos, que serán calificados en ejecución por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0474/2025-S4 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54761-2023-110-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 53 de 10 de abril de 2023, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lesly Viviana Martínez Suxo contra Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social.
Por memorial presentado el 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 32 a 36, y el de subsanación 9 de marzo del mismo año cursante a fs. 41 vta. la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 3 de enero de 2022, inició a trabajar en la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz como "Médico de Consulta Externa" (sic), el contrato fue celebrado de manera verbal, con una remuneración mensual de Bs8 363.-(ocho mil trescientos sesenta y tres bolivianos) sobre el cual se firmaría un primer contrato por el periodo de tres meses el cual no se encontraba listo en ese momento para firmarse, aclarando que el contrato referido ut supra, se firmó el 4 de marzo de 2022. Trabajó de manera continua, cumpliendo con sus obligaciones, demostrando puntualidad en el horario, el 20 de febrero de 2022 se indispuso, por lo que se realizó a un test de embarazo que dio positivo; en consecuencia, le internaron por tres días en la misma CNS. Al querer retornar a sus labores, en presencia del personal de la CNS en conocimiento de su estado de gestación le indicaron que su contrato había concluido el 25 de febrero de 2022, motivo por el cual ya no podía retornar a su trabajo. Acudió al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social a solicitar ayuda para obtener su reincorporación, presentó sus descargos, se llevó adelante la audiencia de conciliación y se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022 de 27 de abril, misma que reconoce que mediante informe MTEPS-JDT SC-PCJM-0357-INF/22 presentado en fecha 20 de abril de 2022 por el inspector “Pabla Calixta Justiniano Muneiquitt” (sic) dependiente de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, concluyó lo siguiente: "... de acuerdo a lo manifestado por las partes en audiencia administrativa y la documentación presentada, se constata la existencia de la relación laboral entre la trabajadora Lesly Viviana Martínez Suxo y la Caja Nacional de Salud..." (sic). En ese contexto la CNS, tuvo conocimiento de la Conminatoria de Reincorporación laboral desde inicio del mes de mayo de 2022, conforme refiere la Resolución Ministerial (RM) 1369/22 de 31 de octubre de 2022, por lo cual el 17 de mayo de 2022 la CNS., interpuso el recurso de Revocatoria en contra de la Conminatoria de Reincorporación Laboral Por Inamovilidad Laboral Madre Gestante, recurso que fue resuelto mediante la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio de 2022, el cual dispuso: "...CONFIRMAR TOTALMENTE la CONMINATORIA JDTSC/JCCHS/CONM. 083/2022 de 27 de abril de 2022 ..." (sic) Posteriormente, en atención al memorándum de Reincorporación PROVISIONAL RH-1442/2022 de fecha 12 de septiembre de 2022 y al Memorándum Instructivo con CITE DIR-HO 3 2243/2022, suscribió un contrato desde el 14 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, tal como lo menciona el Informe Legal, enviado vía el abogado Marco Antonio Lucero León Jefe de Asesoría Legal de la CNS Regional Santa Cruz, dirigido a la Licenciada Patricia Foronda Soliz Jefe de Recursos Humanos de la CNS Regional Santa Cruz, en el informe Legal con CITE: AJR 451/2022 de 6 de octubre. En ese sentido el Informe del Área Legal CITE: AJR/451 recepcionado el 6 de octubre de 2022 en la CNS Regional Santa Cruz, concluye y recomienda que se debe dar cumplimiento estricto a la conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022; es decir, la reincorporación laboral de la ahora accionante. Habiendo cumplido el segundo contrato, el cual inició el 14 de septiembre de 2022 y concluyó el 30 de septiembre de 2022, solicitó se extienda su contrato indefinido reiterando su solicitud el 23 y 29 de noviembre de 2022, previo a activar la jurisdicción constitucional; empero, a la fecha no le han cancelado un solo mes de salario; es decir, se adeudan los pagos desde el mes de enero hasta 17 de noviembre de 2022 oportunidad en la que pidió mediante carta el pago de sus salarios devengados. Finalmente, el Recurso Jerárquico interpuesto por la CNS, en contra de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio de 2022, fue resuelto mediante la Resolución Ministerial 1369/2022 de 31 de octubre de 2022, que dispuso REVOCAR TOTALMENTE la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio de 2022 y en consecuencia REVOCAR TOTALMENTE la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022. Sin embargo, la entidad empleadora no canceló sus salarios devengados desde el mes de febrero de 2022 y tampoco se procedió a la reincorporación a su fuente laboral y se encuentra junto con su hijo de 5 meses edad sin el acceso al servicio de salud y seguridad social.
La impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho al trabajo en su vertiente a la estabilidad por ser una madre progenitora o tener un hijo menor, citando al efecto los arts. 46 y 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó su reincorporación laboral a la CNS Regional Santa Cruz, mediante contrato indefinido, en el mismo puesto que ocupaba, manteniendo la antigüedad y reponiendo los sueldos devengados los cuales datan desde enero de 2022 y sean con costos y costas.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de abril del 2023, según consta en el acta cursante de fs. 92 a 99; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante mediante su representante en audiencia ratificó los términos de su demanda de acción de amparo constitucional y añadiendo refirió que: a) Para que el contrato de trabajo alcance eficacia jurídica, debe ser refrendado por la autoridad del trabajo, situación que no ocurrió en el contrato de la ahora accionante; asimismo, téngase presente que los argumentos de hecho y de derecho de la Resolución Ministerial que revocó totalmente la Resolución Administrativa de Reincorporación, señala lo siguiente: "…no se puede establecer que el contrato en cuestión sea de carácter temporal..."es lo que ha señalado la resolución que revocó la Conminatoria, no se puede establecer que el contrato en cuestión sea de carácter temporal, como lo afirma la CNS; es decir que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social establece textualmente que de la compulsa de los antecedentes presentados por la CNS, en su impugnación contra la Resolución de Reincorporación, no se puede establecer que el contrato en cuestión sea de carácter temporal y que el empleador al no realizar el trámite de visación de contratos temporales, incumplió el primer requisito de validez jurídica; b)Téngase presente que la Resolución Ministerial que revocó la conminatoria de reincorporación, además de señalar que la CNS incumplió con el requisito que es la eficacia jurídica en los contratos a plazo fijo; es decir, el visado y refrendado de esto, se limitó a señalar que los órganos administrativos resolverá el reclamo en tanto la solución de la controversia no requiera la apertura de una etapa probatoria y en ese entendido, en su parte resolutiva, declina competencia ante la judicatura laboral; y, c) Finalmente, téngase presente el interés superior del recién nacido, se vulneró el articulo 48 de la CPE, el cual señala que las mujeres que están embarazadas tienen inamovilidad laboral; invocó la Sentencia Constitucional 0177/2012 de 14 de mayo, la cual definió el principio protector considerado como el principio básico y fundamental del derecho de trabajo, con sus tres reglados criterios, el indubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador.
Norah Castro Álvarez, abogada representante legal de Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia refirió que: 1) Inicialmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la RM 1369/22 de 31 de octubre de 2022, que hoy es objeto de la presente Acción de Amparo Constitucional, resolvió revocar totalmente los actos administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que conminaba a la reincorporación laboral por inamovilidad laboral madre gestante y eso es lo que ha dispuesto la Jefatura de Trabajo de Santa Cruz y el Ministerio de Trabajo, mediante la referida RM 1369; 2) Se dispuso revocar los actos administrativos y declinar competencia ante la Judicatura Laboral a efectos de que sea esa instancia a la cual puedan acudir las partes para hacer valer los derechos que consideren vulnerados; 3) Esta Resolución tiene entre sus argumentos, que el tiempo de prestación de servicios otorgado por la señora Lesly Viviana Martínez Suxo en CNS es menor a los 90 días hábiles y refiere la Resolución Ministerial que de acuerdo al: “CITE RRH 1456/2022” (sic) se confirma que la denunciante no cumplió más de 90 días de trabajo; 4) Se tiene que en la nota JMHCDM 5063/22 que señala que la trabajadora no cumplió con sus funciones en el mes de enero de 2022, por lo que concluye señalando que se puede apreciar que los aspectos expresados por la trabajadora no son conducentes a los documentos presentados por el empleador; pues, la documentación presentada refleja que la relación laboral, solo estuvo vigente hasta el 25 de febrero de 2022; 5) Si bien se estableció que la relación se encontraba enmarcada a un plazo determinado, la denunciante no superó el periodo de prueba citado previamente; es decir, el de tres meses; y, 6) La Resolución Ministerial refiere que, por este motivo, no corresponde aplicar el criterio de inamovilidad laboral; sin embargo, este aspecto no fue considerado por la Conminatoria ni la Resolución Administrativa que emitió anteriormente la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, observándose también, que dichos actos administrativos carecen de análisis y el análisis que hemos mencionado anteriormente respecto a la aplicación de los tres meses. Con relación a los actos administrativos emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, la Resolución Ministerial observó que se sustentó en aspectos subjetivos sin realizar un análisis de los elementos citados anteriormente, tales como haber superado el período mínimo de tres meses de prueba. Por otra parte, la competencia otorgada a las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo a través del articulo 10.3 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, que fue modificado por el DS 495 de 1 de mayo de 2010 y el procedimiento para solicitudes de reincorporación aprobado por el articulo 2, Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010, cabe aclarar que es la normativa que se encontraba vigente al momento de emitir la Resolución Ministerial 1369/2022, implica limitaciones en el propio procedimiento, las actuaciones tienen como fin determinar si la desvinculación fue o no acorde a las causales que establece en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y el artículo 9 de su reglamento. Siendo que, conforme a los antecedentes acumulados al caso de Autos, la trabajadora alega que habría suscrito un contrato cuyo plazo estaba definido hasta el 31 de marzo de 2022; sin embargo, el contrato establece una vigencia computable desde el 3 de enero al 25 de febrero del 2022, en el cual se encuentra suscrito por ambas partes, por lo que no existe evidencia material para establecer que la relación laboral se extendió por más tiempo del pactado.
La Caja Nacional de Salud (CNS), mediante su abogado en audiencia refirió que: i) La CNS, es una institución pública reconocida por el articulo 169 del Código de Seguridad Social (CSS), concordante con el articulo 302 del Reglamento del Código de Seguridad Social; ii) El petitorio, se dirige exclusivamente a la Resolución Ministerial 1369/22 del 31 de octubre del 2022, emitida por la Ministra del Trabajo Empleo y Previsión Social. Cabe indicar que, en el presente caso la accionante con la CNS, suscribieron solamente un contrato a plazo fijo para realizar actividades de carácter eventual, ese contrato fue suscrito el 1 de enero al 25 de febrero del 2022 y la trabajadora firmó dicho contrato, entonces es un contrato a plazo fijo regulado por el articulo 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979; y, iii) Cabe indicar que el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, ha obrado dentro de sus competencias exclusivas al emitir la Resolución Ministerial 1369/22 habiendo motivado y fundamentado de forma correcta, existiendo congruencia y fundamentación, e indicando de que al existir hechos controvertidos, evidentemente corresponde al Juez Laboral, toda vez que el Juez Laboral es la única autoridad competente llamada por ley para dirimir un proceso laboral.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Resolución 53 de 10 de abril de 2023, cursante de fs. 99 a 100 vta., denegó la tutela solicitada por la accionante Lesly Viviana Martínez Suxo, con base a los siguientes fundamentos: a) Se tiene que considerar de que estamos frente a una situación en la que en apariencia estaría dentro de las protecciones establecidas en la Constitución Política del Estado y los Decretos que regulan la inamovilidad funcionaria por embarazo y decimos en apariencia, porque obviamente la Constitución Política del Estado y la Ley, así como los Decretos que regulan la materia, han previsto de que se determine una protección a la mujer embarazada, colocándola dentro de la inamovilidad funcional; sin embargo, es necesario establecer de que la Jurisprudencia Constitucional contenida en la SCP 0109/2006-R del 31 de enero, fue bastante clara al establecer los límites y fundamentos jurídicos en cuanto a la inamovilidad funcionaria producto del embarazo en los contratos a plazo fijo; y, b) Se tiene como antecedente, además, la Sentencia Constitucional 0789/2012 del 13 de agosto que justamente hace una interpretación al Decreto Supremo 0012 del 19 de febrero de 2009 y a los artículos 21 de la LGT, 1 y 2 del Decreto Ley 16187 del 16 de febrero de 1979 refiriendo que en el caso de los contratos a plazo fijo, no opera la reconducción o la inamovilidad producto del embarazo, dado de que nos encontramos frente a una situación en la que la persona que resulte embarazada durante el periodo del contrato a plazo fijo, ya conocía las condiciones que estaban establecidas previamente y en su caso el empleador tiene las reglas claras al igual que el empleado en cuanto al plazo y la duración de la relación laboral.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Trabajo a plazo Fijo, suscrito por la Caja Nacional de Salud y la ahora impetrante de tutela, refiriendo en la cláusula tercera respecto a la vigencia que corre desde el 3 de enero de 2022 hasta el 25 de febrero de 2022 (fs. 76 a 77). II.2. Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM.083/2022 de 27 de abril (fs. 8 a 10). II.3. Memorándums de reincorporación laboral provisional emitida por la CNS, dirigida a la ahora solicitante de tutela -RH-1442/2022 de 12 de septiembre de reincorporación laboral provisional y CITE: DIR-HO#3 2243/2022 de 19 de septiembre de 2022 también de reincorporación laboral temporal (fs. 13 a 14). II.4. Notas de solicitud de la ahora accionante pidiendo se le realice contrato indefinido de 2 de octubre de 2022 y 20 de noviembre de 2022 (fs. 15 a 16). II.5. Resolución Ministerial 1369/22 de 31 de octubre, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada en su calidad de Ministra del Trabajo Empleo y Previsión Social del Estado Plurinacional de Bolivia en la cual se revocó totalmente la Resolución Laboral por inamovilidad laboral Madre gestante JDTSC/JCHS/ CONM 083/2022 de 27 de abril emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo del departamento de Santa Cruz, y se declinó la competencia ante la judicatura laboral a efectos de que sea dicha instancia ante la cual las partes puedan hacer valer los derechos que consideren que les asisten (fs. 25 a 29).
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como madre progenitora y a la seguridad social; toda vez que, firmó un primer contrato de trabajo con la CNS por 3 meses, ingresando a trabajar el 3 de enero del 2022; empero, el 25 de febrero del indicado año se le desvinculó; y, en mérito a la Conminatoria de Reincorporación Laboral que emitió a su favor la Jefatura departamental del Trabajo de Santa Cruz, suscribió un segundo contrato con vigencia del 14 al 30 de septiembre del 2022; sin embargo la Ministra del Trabajo y Previsión Social demandada, mediante RM 1369/2022 de 31 de octubre, revocó la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio y la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral de madre gestante JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022; y asimismo, no se le ha pagado sus haberes; por lo que solicita su reincorporación laboral a la CNS Regional Santa Cruz, mediante contrato indefinido, en el mismo puesto que ocupaba, manteniendo la antigüedad y reponiendo los sueldos devengados y sean con costos y costas. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos a los derechos fundamentales o garantías constitucionales del ahora accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre, señala lo siguiente: “El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. La Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE). Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, se funda no sólo en el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar, por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R de 10 de febrero, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que, las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, en el Fundamento III.8, estableció que la garantía de inamovilidad laboral: … es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas fueron añadidas). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia en el Fundamento Jurídico III.3 que: …todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad.
Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre en el Fundamento Jurídico III.2, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que: “se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE". Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la SCP 1277/2012 entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.
La SCP 2523/2012 de 14 de diciembre, señala: En el marco de la “…búsqueda del vivir bien…”, el texto constitucional reconoce entre las políticas de discriminación positiva la inamovilidad laboral de “…mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (art. 48.VI de la CPE). En ese orden, se tiene que el art. 45.V de la CPE, otorga una protección reforzada a la maternidad estableciendo lo siguiente: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Por su parte, el art. 48.VI de la CPE, establece que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos”. La mencionada garantía de inamovilidad alcanza también a los progenitores, así el precepto constitucional aludido, determina que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”, lo que resulta lógico si se considera que el propio texto constitucional prohíbe y sanciona: “…toda forma de discriminación fundada en razón de sexo…” (art. 14.II de la CPE). En ese entendido, es factible afirmar que en general toda mujer-madre cuenta con una tutela reforzada, por ejemplo, la detención preventiva debe ser excepcional (art. 232 del Código de Procedimiento Penal [CPP]), o puede diferirse la ejecución de una pena (art. 153.2 del CPP), las mujeres embarazadas de seis meses o más pueden cumplir su pena en detención domiciliaria hasta noventa días después del alumbramiento (art. 197 de la Ley de Ejecución de Penal y Supervisión [LEPS]), entre otros supuestos de protección especial. En este marco resulta intolerable la discriminación de una mujer en razón de su embarazo o maternidad a través de su no contratación, impedir su permanencia en su fuente laboral o su destitución, conducta desconsiderada que además contraria a la dignidad de la madre y del nuevo ser.
Al respecto, la SCP 0272/2012 de 4 de junio, estableció que: “La protección de los progenitores se encuentra prevista en el art. 48.VI de la CPE, que garantiza su inamovilidad laboral, conforme al siguiente texto: 'Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad' (las negrillas son agregadas). En ese sentido, la jurisprudencia constitucional plurinacional se ha pronunciado a través de la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señalando: ´…el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: 'Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad'. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: 'a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y, c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija' (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (es) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle'” (las negrillas son agregadas). Finalmente cabe recordar que conforme al art. 14.II de la CPE: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”; y conforme al tercer parágrafo de la norma constitucional citada, el Estado “garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”. (…) En el fallo, comentado, en el análisis del caso, se señala: “…no resulta coherente con los preceptos constitucionales aludidos y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que se utilice el periodo de prueba para prescindir de los servicios de una mujer embarazada por encontrarse en periodo de gestación, por lo que al haberla destituido de sus funciones se atentó contra los derechos a la inamovilidad laboral, la salud y la seguridad social pues se suspendió la atención médica necesaria y los subsidios correspondientes.” En esta misma línea la SCP 2111/2013 de 21 de noviembre concedió tutela por inamovilidad laboral a un padre progenitor despedido alegando la conclusión del periodo de prueba no obstante que el empleador ya conocía con anticipación el estado de gravidez de su cónyuge.
La SCP 0862/2019-S2, sobre el reconocer todos los derechos involucrados en la concesión de tutela sobre la garantía de inamovilidad laboral, señala: “Anteriormente se subrayó que la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida el art. 48.VI de la CPE, implica además la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o el niño, conforme lo entendió la SCP 1417/2012, sobre la base de una interpretación finalista. Ahora bien, la conminatoria de reincorporación emitida por las jefaturas departamentales de Trabajo puede proteger todos los derechos involucrados, o puede tutelarlos de manera parcial, o en su caso, de manera distorsionada. Frente a ello, la jueza, el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, no están impedidos, y por el contrario, pueden y deben ordenar -producto de la concesión de la tutela- lo siguiente: a) El cumplimiento total de la conminatoria, cuando esta reconoce todos los derechos involucrados; b) Ampliar la protección a otros derechos que no se hubieran reconocido en la conminatoria laboral; y, c) Reconducir los efectos jurídicos de la conminatoria, cuando protege de manera distorsionada los derechos involucrados. En suma, pueden y deben modificar los efectos jurídicos de la conminatoria, siempre y cuando, la modificación sea más favorable a lo asumido por las jefaturas departamentales de trabajo, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad, contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE.
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como madre progenitora y a la seguridad social; toda vez que, firmó un primer contrato de trabajo con la Caja Nacional de Salud por tres (3) meses, ingresando a trabajar el 3 de enero del 2022; empero, el 25 de febrero del indicado año se le desvinculó; y, en mérito a la Conminatoria de Reincorporación Laboral que emitió a su favor la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, suscribió un segundo contrato con vigencia del 14 al 30 de septiembre del 2022; sin embargo, la Ministra del Trabajo y Previsión Social demandada, mediante RM 1369/2022 de 31 de octubre, revocó la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio y la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral de madre gestante JDTSC/JCCHS/CONM 083/2022; y asimismo, no se le ha pagado sus haberes; por lo que solicita su reincorporación laboral a la CNS Regional Santa Cruz, mediante contrato indefinido, en el mismo puesto que ocupaba, manteniendo la antigüedad y reponiendo los sueldos devengados y sean con costos y costas
Conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la norma fundamental garantiza la inamovilidad laboral de la madre gestante y del padre progenitor hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; en razón a las finalidades implícitas como son los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o ser en gestación en un contexto del alto grado de mortalidad infantil, lo que implica que la actuación del Estado en todos los ámbitos y niveles se halle regido por el interés superior del niño. La jurisprudencia constitucional citada en el referido Fundamento Jurídico, resalta que la protección reforzada de la mujer embarazada, se funda en su condición trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, y esencialmente porque la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere de una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar, por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento y la lactancia, aspecto que justifica un amparo y trato diferencial a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera tal que goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral en consideración a la modalidad del trabajo o la calidad de funcionario público que tiene el trabajador, la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre, señala: “Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos” (las negrillas corresponden al texto original). En el caso que se examina, de acuerdo a la documentación que cursa en el expediente constitucional, se evidencia que Lesly Viviana Martínez Suxo, suscribió un contrato a “plazo fijo” con la CNS, el 3 de enero del 2022, con vigencia del 3 de enero al 25 de febrero del 2022 (Conclusión 1). Posteriormente, según señala la accionante, el 20 de febrero del 2022 se sintió enferma, por lo que le hicieron un test de embarazo que dio positivo, a cuya consecuencia fue internada por 3 días en la misma CNS. Toda vez que el 25 del indicado mes y año, se le comunicó que ya no retornaría a su fuente laboral, acudió ante la Jefatura departamental del Trabajo de santa Cruz solicitando su reincorporación laboral, en cuyo mérito se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM.083/2022, a través de la cual el Jefe departamental del Trabajo de Santa Cruz, conminó a la Caja Nacional de Salud a que proceda a la reincorporación laboral inmediata de la trabajadora Lesly Viviana Martínez Suxo, hoy accionante, a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado en su aplicación por el D.S. 0496, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley (Conclusión II.2). En cumplimiento a dicha conminatoria, mediante Memorándum de servicio interno RH 1442/2022 de 12 de septiembre, la Caja Nacional de Salud, le hizo saber a Lesly Viviana Martínez Suxo, hoy accionante, su reincorporación labor (Conclusión II.3). Finalmente, mediante RM 1369/22 de 31 de octubre, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, revocó totalmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 145/22 de 14 de junio, la tutela de la garantía de inamovilidad laboral, con el fundamento de que, si bien se estableció que la relación se encontraba enmarcada a un plazo indefinido, la denunciante no superó el periodo de prueba (Conclusión II.5). Ahora bien, tanto la conminatoria de reincorporación laboral, como la propia resolución emitida por el Ministerio del Trabajo, hoy impugnada, concluyeron que el contrato de trabajo a “plazo fijo”, no se encuentra visado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo cual implica que el mismo carece de eficacia jurídica, al no cumplir con la exigencia impuesta por los arts. 14 del Reglamento de la ley General del Trabajo, la Resolución Ministerio 283/62 13 de junio de 1962, la Resolución Ministerial 192/72 de 15 de mayo, el art. 2 del DL N° 16187 de 16 de febrero de 1979 y la RA 650/07 de 27 de abril de 2007. Consecuentemente, la autoridad accionada, en la RM 1369/22, concluyó: “En tal sentido no se puede establecer que el contrato en cuestión sea de carácter temporal”, más adelante afirma categóricamente, “…si bien se ha establecido que la relación se encontraba enmarcada a un plazo indefinido, la denunciante no superó el periodo de prueba…” No obstante, la conclusión efectuada por la Ministra accionada en sentido de que la relación laboral sostenida entre Lesly Viviana Martínez Suxo con la CNS era de un contrato indefinido, decidió no reconocer la garantía de inamovilidad laboral de la madre gestante con el fundamento de que la misma fue desvinculada dentro del periodo de prueba, argumentando que, durante ese lapso, la relación laboral no adquirió estabilidad. Dicha determinación, resulta contraria al entendimiento favorable establecido por la jurisprudencia constitucional, en sentido de que no se puede desconocer la garantía de inamovilidad laboral con el argumento del periodo de prueba del trabajador, dado que ello implica una discriminación de la trabajadora gestante o padre progenitor, por su condición de tal, en este sentido la SCP 2523/2012 de 14 de diciembre, señala “ello en virtud a que no resulta coherente con los preceptos constitucionales aludidos y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que se utilice el periodo de prueba para prescindir de los servicios de una mujer embarazada por encontrarse en periodo de gestación, por lo que al haberla destituido de sus funciones se atentó contra los derechos a la inamovilidad laboral, la salud y la seguridad social pues se suspendió la atención médica necesaria y los subsidios correspondientes.” En esta misma línea la SCP 2111/2013 de 21 de noviembre concedió tutela por inamovilidad laboral a un padre progenitor despedido alegando la conclusión del periodo de prueba no obstante que el empleador ya conocía con anticipación el estado de gravidez de su cónyuge. Consiguientemente, sin embargo de haber definido la misma Ministra accionada que la relación laboral existente entre Lesly Viviana Martínez Suxo, hoy accionante y la CNS era de un contrato a plazo indefinido en razón a que el contrato a “plazo fijo” que suscribieron no se hallaba visado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al no reconocer la garantía de inamovilidad laboral de la indicada trabajadora en su condición de madre gestante, evidentemente ha vulnerado la garantía de inamovilidad laboral, sin que el hecho de que la relación laboral no haya superado los tres (3) meses del periodo de prueba sea un óbice para reconocer dicha garantía en la medida en la que el empleador tuvo un conocimiento anterior a la desvinculación sobre el estado de embarazo de la trabajadora, lo que evidencia que la desvinculación laboral en esas circunstancias, conlleva un trato discriminatorio por su condición de madre gestante, que no debe tolerarse, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, en el marco del entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela reconociendo todos los derechos involucrados que ha resultado lesionados por la desvinculación arbitraria, por lo que corresponde disponer el pago de los sueldos devengados, los subsidios pre natales, natalidad y lactancia y demás derechos sociales, así como del pago de costas y costos, que serán calificados en ejecución por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Por último, en el marco del entendimiento establecido por la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre respecto a que la tutela sobre la garantía laboral tiene efectos de una tutela definitiva, se aclara que el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral por su condición de madre gestante de la accionante surtirá su efecto hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, independientemente de las resultas del proceso laboral sobre la definición del vínculo laboral. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 53 de 10 de abril de 2023, cursante de fs. 99 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo: 1° Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 1369/22 de 31 de octubre de 2022; y 2° Que la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz, proceda a la reincorporación laboral y al pago de sueldos devengados, de los subsidios pre natal, natalidad y lactancia y demás derechos sociales, así como del pago de costas y costos, que serán calificados en ejecución por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0474_2025-S4.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0a4fee9809037e4d488eaa28516ad4d921bb658a21539473f503092161f10a7e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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