Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, “legalidad”, fundamentación y motivación; por cuanto, la autoridad demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 8/2022 de 22 de octubre, dispuso su detención preventiva, sin efectuar una fundamentación y motivación; en consecuencia, solicita se conceda tutela y se disponga que la jueza demandada, libre un nuevo auto interlocutorio con una exposición razonada y justificada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 23, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0474/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52465-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipámo Saravia en representación sin mandato de Pedro Javier Moreno Parada contra Vivian Balcázar Melgar, Jueza de Instrucción Contra la Violencia Hacia la Mujer Sexta de Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el art. 312 del Código Penal (CP), el 22 de octubre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 8/2022 de la misma fecha, la jueza demandada ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de ciento ochenta días, al haberse acreditado los requisitos establecidos en el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del citado Código, señalándose audiencia de cumplimiento de la medida extrema para el 19 de abril de 2023. La autoridad demandada, al emitir el Auto Interlocutorio indicado, vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente a una debida fundamentación;
puesto que, al realizar el análisis de los peligros procesales se basó únicamente en presunciones abstractas, sin justificar adecuadamente la pertinencia de cada uno de ellos.
Denunció lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos defensa, “legalidad”, fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga ordenar la emisión de un nuevo auto interlocutorio debidamente fundamentado y motivado, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante en audiencia de garantías formuló retiro de la acción de libertad interpuesta, sin expresar los motivos del mismo.
Vivian Balcázar Melgar, Jueza de Instrucción Contra la Violencia Hacia la Mujer Sexta de Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe verbal en el verificativo de la acción de tutela, refirió que se encontraba gozando de vacaciones colectivas; por tal motivo, todos los expedientes se hallaban en el juzgado de turno.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 23, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada consideró que, en los casos en que la norma procesal ordinaria determine medios de defensa eficaces y oportunos para proteger el derecho a la libertad presuntamente vulnerado, estos deben ser utilizados previamente, siendo la acción de libertad de carácter subsidiario durante la etapa preparatoria del proceso penal, siendo el juez de instrucción penal quien debe conocer las presuntas vulneraciones a derechos y garantías que pudieran haber tenido origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible la activación directa de la vía constitucional, conforme lo establecido por las SSCC 0181/2005-R de 3 de marzo y 0080/2010-R de 3 de mayo; b) En el presente caso el accionante no se encuentra indebidamente procesado ni indebidamente privado de su libertad; por lo que, los agravios expuestos debían ser canalizados a través de los mecanismos intraprocesales previstos en el procedimiento penal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Javier Moreno Parada -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, en audiencia de consideración de medidas cautelares, Uby Saúl Suárez Sánchez, Juez de Instrucción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 8/2022 de 22 de octubre, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por ciento ochenta días por existir la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previsto en los arts. 234.4 y 7; y, 235.2 del CPP (fs. 3 a 9 vta.), no consta que contra dicha resolución el accionante hubiere presentado recurso de apelación.
El accionante a través de su representante denuncia lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, “legalidad”, fundamentación y motivación; por cuanto, la autoridad demandada en audiencia de consideración de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 8/2022 de 22 de octubre, dispuso su detención preventiva, sin efectuar una fundamentación y motivación; en consecuencia, solicita se conceda tutela y se disponga que la jueza demandada, libre un nuevo auto interlocutorio con una exposición razonada y justificada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0103/2012 de 23 de abril, se ha pronunciado sobre la oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, recogiendo precedente constitucional que establece que el retiro de la demanda en la acción de libertad únicamente puede ser presentada hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:
a) [D]e orden procesal. Existe mandato constitucional expreso, respeto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandato expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no con un fin en sí mismo, sino en razón de que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además en sus derechos en su dimensión objetiva,, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.
Bajo dicho razonamiento, la citada SCP 0103/2012, recogió el entendimiento expresando que, pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado.
El Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. Es así, que la citada SC 0160/2005-R se refirió a los medios de impugnación específicos previstos contra las resoluciones de medidas cautelares, y entendió que el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo; en virtud de ello, concluyó lo siguiente:
[N]o cabe duda que el recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).
De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas. Dicho entendimiento ha sido ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente, así la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizadora de línea jurisprudencial, recogió el desarrollo jurisprudencial de los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, conforme a lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero2, sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo3, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señala que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa, pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de 3El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 4El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 5El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 6El FJ III.4, expresa: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo la primera Sentencia confirmadora del precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, indica que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente, o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”. 7El FJ III.3, refiere: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: `De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 8El FJ III.2, indica: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: `…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 9El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 10El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal, se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de dicha acción tutelar, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. (…) Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías- lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, no procediendo, por tanto, la activación directa de la acción de libertad».
La SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, se ha pronunciado sobre los supuestos de legitimación pasiva en acciones de libertad estableciendo lo siguiente: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril,estableció que es posible activar la se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 11En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 12El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo,se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que éste se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción».
El accionante a través de su representante enfoca la problemática jurídica traída en revisión ante este Tribunal, respecto a que la jueza demandada por Auto Interlocutorio 8/2022 de 22 de octubre, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP y los riesgos procesales de fuga y obstaculización, estipulados en los arts. 234.4 y 7, y 235.2 del citado Código, sobre la base de una indebida fundamentación, motivación; por consiguiente, considera que el Auto Interlocutorio confutado vulneró su derecho al debido proceso. De la revisión de antecedentes consignados en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, en audiencia de medidas cautelares desarrollada el 22 de octubre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 8/2022 se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva y la existencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 233, 234.4 y 7, y 235.2 del CPP. Con carácter previo, corresponde señalar que en el desarrollo de la audiencia de acción de libertad, el accionante a través de su representante, sin fundamento alguno, retiró la acción de libertad; sin embargo, se debe considerar que, la basta jurisprudencia establecida en los Fundamentos Jurídicos III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que el desistimiento o retiro de la acción de libertad, solo puede ser realizado hasta antes del señalamiento de la audiencia; consiguientemente, corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada. En ese marco, de conformidad con los Fundamentos Jurídicos III.2 de este fallo constitucional, el criterio jurisprudencial sobre la subsidiaridad excepcional en la acción de libertad, ha establecido que sólo puede ser presentada una vez agotados los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé. En el caso de las medidas cautelares, el recurso de apelación incidental es el medio idóneo, rápido y sencillo, para cuestionar toda resolución de imponga o modifique las mismas. En virtud a los antecedentes desarrollados precedentemente, se advierte que el accionante al momento de interponer la acción tutelar tenía pleno conocimiento del proceso instaurado en su contra, en tal sentido, al considerar que el Auto Interlocutorio 8/2022 no se encontraba debidamente fundamentado ni motivado, debió interponer el recurso de apelación incidental, activando el mecanismo de impugnación en la vía incidental, siendo este último el encargado de corregir los actos ilegales u omisiones indebidas en la que pudieran incurrir los jueces, con motivo de la emisión de autos interlocutorios. Consecuentemente, antes de activar esta acción de libertad existía un mecanismo adecuado para cuestionar la falta de fundamentación y motivación del Auto Interlocutorio impugnado, por lo tanto, correspondía que lo ahora denunciado sea reclamado a través del planteamiento de apelación incidental con la finalidad de que sea la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, que se pronuncie acerca de las presuntas lesiones alegadas en esta acción de libertad.
Por lo expresado, en tanto el accionante tenga los medios y recursos procesales ordinarios destinados a la reparación de las lesiones denunciadas en etapa preparatoria, la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad no puede ser activada; ante ello, en el presente caso, corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa. También es necesario determinar que el Auto Interlocutorio 8/2022, no fue emitido por la autoridad demandada, sino por otro juez que no ha sido demandado, y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que la legitimación pasiva en la acción de libertad exige una coincidencia entre la autoridad que cometió el acto u omisión lesiva y aquella contra quien se dirige la acción, para que se permita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada; en el caso presente, el accionante demandó contra la Jueza de Instrucción Contra la Violencia Hacia la Mujer Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien carece de legitimación pasiva respecto de este acto ilegal denunciado. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 21 vta. a 23, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-.
2 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 13El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0474_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0102b0f8f1b0e984c7fc66d8b2d2b5764c2b7255a78040dfa2bea6fcedd3c320
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