B.IA.LEGAL

SCP 0474/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47309-2022-95-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, por sí y en representación de su hijo menor, denunció que habiendo interpuesto impugnación contra el Dictamen Pericial Grafotécnico, de 25 de marzo de 2021, por la falta de notificación, la misma fue rechazada mediante el Auto de 23 de abril de 2021; determinación contra la que interpuso el 10 de mayo del mismo año, recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible, sin fundamentos ni motivación mediante el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, por los Vocales ahora demandados; última Resolución, que al declarar la inadmisibilidad de la apelación, atentó sus derechos y los de su hijo menor, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa, al no haber sido oídos ni escuchados respecto a que no fueron legalmente notificados con el Informe Pericial Grafotécnico antes mencionado; por tal motivo solicita se le conceda tutela, y se disponga que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, deje sin efecto al Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, que declaró inadmisibles los recursos de apelación de 23 de abril y 5 de mayo de 2021, a objeto de que se pronuncie sobre los recursos interpuestos contra los Autos referidos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; b) Sobre las diligencias prepa…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 58/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 268 a 271 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Sobre las diligencias preparatorias en el Código Procesal Civil:
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0474/2023-S1 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47309-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 58/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 268 a 271 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lourdes Bautista Pairo, por sí y en representación del menor NN contra Janeth Rivas Soliz y Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocales de la Sala Civil Primera y de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia; respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial interpuesto el 14 de enero de 2022, cursante de fs. 62 a 70 vta., y de subsanación presentado el 26 del mismo mes y año, cursante de fs. 75 a 78, la accionante por sí y en representación de NN, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda de diligencia de preparatoria de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas, planteada por Laura Fuentes Berríos -tercera interesada-, interpuso recurso de apelación contra el Auto de 23 de abril de 2021, que en su parte resolutiva rechazó la impugnación al dictamen pericial, con el argumento de haber sido presentada fuera de plazo la impugnación al dictamen pericial en grafoscopía, tomando en cuenta que su notificación con dicho informe se hubiera producido el 12 de abril de del 2021; sin embargo, de la revisión del formulario de citaciones y notificaciones, pudo constatar que la notificación fue realizada a su persona en el tablero del Juzgado, el 12 de abril de 2021, omitió observar el Instructivo 02/2021, emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que en su tercer punto establece que las resoluciones y/o providencias serán notificadas a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital -en materia penal-; y del Sistema de Notificaciones Electrónicos Judiciales del Tribunal Supremo de Justicia (Sistema HERMES), -en las demás materias en coordinación con la Unidad de Servicios Judiciales-, correo electrónico o WhatsApp. Ante el estado de indefensión, que se la expuso por la falta de notificación y ante el conocimiento tácito de la pericia grafológica, interpuso la impugnación correspondiente, la cual fue rechazada, mediante el Auto de 23 de abril de 2021; determinación contra la que interpuso el 10 de mayo del mismo año, recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible, sin fundamentos ni motivación mediante el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, última Resolución, que al declarar la inadmisibilidad de la apelación, atentó sus derechos y los de su hijo menor, a la impugnación y a la defensa, al no haber sido oídos ni escuchados respecto a que no fueron legalmente notificados con el informe pericial.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa; citando al efecto, los arts. 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, deje sin efecto al Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, que declaró inadmisibles los recursos de apelación de 23 de abril y 5 de mayo de 2021, a objeto de que se pronuncie sobre los recursos interpuestos contra los Autos referidos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual de acción de amparo constitucional, fue celebrada el 8 de abril de 2022, según consta en el Acta cursante de fs. 266 a 267, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Janeth Rivas Soliz y Gualberto Terrazas Ibáñez, mediante Memorial presentado el 9 de febrero de 2022, cursante de fs. 88 a 90, señalaron lo que sigue: a) Dentro de la diligencia preliminar de emplazamiento a reconocimiento de firmas y rúbricas promovida por Laura Fuentes Berrios contra Lourdes Bautista Pairo en calidad de tutora ad litem de NN, se emitieron el Auto de 23 de abril de 2021, por el que se rechazó la impugnación al dictamen pericial y contra el Auto de 5 de mayo de 2021, que declaró auténtica la firma y rúbrica de Raúl Fuentes Berríos del documento privado de transferencia de un inmueble, suscrito el 15 de junio de 2015; b) Mediante escrito de 10 de mayo, la ahora accionante, interpuso recurso de apelación contra las resoluciones referidas, siendo resuelto mediante Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, que declaró inadmisibles las apelaciones interpuestas; c) Conforme al art. 250.I del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario; en ese sentido, se entiende que el principio de impugnación no es absoluto para todos los procesos e instancias, debido a que se encuentra limitado por la misma ley; d) El reconocimiento judicial de firmas y rúbricas en documento privado se trata de un procedimiento que tiene por objeto que la persona emplazada reconozca o no sus firmas y rúbricas estampadas en uno o más documentos; esta diligencia preparatoria se encuentra sujeta a las reglas previstas en el art. 306.2 del CPC; e) En el caso presente, no es evidente que hubiesen vulnerado el debido proceso y la defensa, en las vertientes señaladas por la accionante; al contrario, en el Auto de Vista cuestionado, se puntualizó que los recursos de apelación interpuestos por la apelante, pretendían la adopción de una resolución que vulnere el orden procesal vigente, en razón a que los argumentos expuestos no podían hacerse valer en procesos preliminares, debiendo ser reservados para el proceso principal a formalizarse; f) Por lo anterior se colige que no hubo vulneración al derecho de impugnación; toda vez que, de acuerdo al Código Procesal Civil, en los procesos preliminares solo se admite el recurso de apelación contra las resoluciones que rechacen la diligencia preparatoria, no siendo posible alterar el procedimiento al que se encuentra sujeto, ni habilitar un recurso que no está previsto en la norma procesal vigente, en razón a que el procedimiento preliminar no puede convertirse en un proceso ordinario; y, g) En ese contexto, la Resolución impugnada, tiene coherencia en sus fundamentos de hecho y de derecho, que sustentan su parte resolutiva, lo que permite inferir que no se vulneró ningún derecho o garantía reclamado por la parte accionante.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Laura Fuentes Berrios y Darío Zelaya García, mediante Memorial presentado el 25 de febrero de 2022, cursante de fs. 179 a 181, expresaron: 1) Dentro de los requisitos exigibles para la presentación y admisión de la acción de amparo constitucional, se encuentra que el solicitante de tutela justifique de manera clara y objetiva la existencia de vulneración a derechos y garantías constitucionales por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, en el marco de la labor interpretativa efectuada por las autoridades sean judiciales o administrativas;

2) Dicho requisito no fue cumplido por la accionante, quien en conveniencia propia omitió desarrollar la naturaleza jurídica de la medida preparatoria o preliminar de demanda, así como el marco jurídico regulado taxativamente por los art. 305 a 309 del CPC, en concordancia con el art. 250.I, en cuanto a la interposición de recursos en el ámbito de las medidas preliminares; 3) El Auto de Vista, emitido por los Vocales ahora demandados, de modo alguno vulnera el debido proceso por ausencia de procedimiento y omisión de la autoridad accionada y menos el derecho a la defensa en su vertiente de ser escuchado y por inobservancia del principio pro homine, de inmediación y contradicción; por cuanto el Auto de Vista se circunscribió a la labor interpretativa y valorativa, en observancia de las regulaciones previstas en el Código Procesal Civil; y, 4) La naturaleza jurídica de las medidas preliminares de demanda constituyen una mera petición, que no concluyen con una sentencia a diferencia de los procesos formales en sí, extremo que limita la interposición del recurso de apelación durante la sustanciación de dichas medidas, sino únicamente cuando se produce su rechazo, argumentos por los cuales debe denegarse la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución RAC-SCIII 58/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 268 a 271 vta., denegó la tutela solicitada; determinación que fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La Jurisprudencia constitucional, ha establecido que la jurisdicción constitucional no es un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces ordinarios, como las autoridades administrativas; en tal sentido, la jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en esa labor, al estar compelida al cumplimiento de funciones diferentes, conforme lo establece el art. 197 de la CPE, menos se constituye un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que el accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba, individualizando la misma y argumentando el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, precisando las normas que fueron erróneamente interpretadas y como estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales; ii) Respecto a los elementos de fundamentación, debe establecerse la relevancia constitucional, la arbitrariedad o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones que tienen un modificador del fondo de las decisiones, extremos que en el caso de autos no se cumplen, ya que la parte accionante prácticamente se dedicó a realizar una relación de los hechos sin demostrar objetivamente tales vulneraciones; iii) A mayor abundamiento, en el caso concreto, se señaló que ante la falta de notificación con el informe pericial, la impetrante de tutela interpuso impugnación contra el dictamen pericial, la cual fue rechazada por Auto de 5 de mayo de 2021, razón por la cual interpuso recurso de apelación; sin embargo, la Sala Civil Primera declaró inadmisible dicho recurso, en base a la disposición contenida en el art. 309 del CPC, que se dispone que la resolución que rechace la diligencia, admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo, por lo que los fundamentos expuestos en el Auto de Vista se enmarcan en derecho, observándose que las autoridades ahora demandadas, dieron cumplimiento a la normativa procesal civil; y, iv) Los fundamentos expuestos por la accionante, en sentido de haberse vulnerado el debido proceso, por ausencia de procedimiento, violación del derecho a la defensa en su vertiente de derecho a la defensa, derecho a ser escuchado por inobservancia del principio pro homine, de inmediación, de contradicción y a un recurso efectivo, no establecen la manera de cómo el Auto de Vista reclamado los hubiera vulnerado y menos señala cuál es la interpretación que debía realizarse, existiendo insuficiente carga argumentativa, además de no señalar la trascendencia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorial presentado el 22 de marzo de 2021, ante el Juez Público Civil y Comercial de Turno de Oruro, Laura Fuentes Berríos -tercera interesada-, presentó demanda de diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas, solicitando se cite a Clementina Vargas Berríos y otros, que participaron en la suscripción de la minuta de transferencia de 15 de junio de 2015, labrada por el fallecido Raúl Fuentes Berrios, para que procedan al reconocimiento de firmas correspondiente (fs. 6 a 7). II.2. Por Auto de 13 de abril de 2018, el Juez Público Civil y Comercial Décimo de Oruro, admitió la demanda de diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, ordenando la citación de Lourdes Bautista Pairo en condición de tutora ad litem del menor NN; Celestina Vargas y otros, a objeto de reconocer las firmas y rubricas estampadas en el contrato de Transferencia de inmueble de 15 de junio de 2015 (fs. 10 vta.). II.3. Mediante Memorial presentado el 4 de julio de 2018, Lourdes Bautista Pairo formuló incidente de nulidad contra el Auto de 21 de mayo de 2018, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Décimo de Oruro, que declaró por reconocidas las firmas y rúbricas estampadas por el fallecido Raúl Fuentes Berríos, en la Minuta de transferencia de 15 de junio de 2015; alegando el incumplimiento de los arts. 74 y 77.I del CPC; y, 83 de la misma norma, por lo que se le dejó en indefensión (fs. 11 a 15). II. 4. Cursa el Auto de 16 de agosto de 2018, emitido por la Jueza Público Civil y Comercial Décima de Cochabamba, a través del cual anuló obrados hasta fs. 14 del proceso de demanda de diligencias preparatorias de reconocimiento de firmas y rúbricas (fs. 20 a 21).

II.5. Cursa el Dictamen Pericial Grafo técnico de 25 de marzo de 2021, emitido por la Perito en Criminalística del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), remitido ante la Jueza Público Civil y Comercial Décima de Cochabamba; Dictamen, que dentro de su conclusión final, estableció que la firma o rubrica signada como “M.D.- 1 (DOCUMENTO PRIVADO DE TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE, SUSCRITO ENTRE RAUL FUENTES BERRIOS Y LAURA FUENTES BERRIOS DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015);SI CORRESPONDE A LA AUTORIA DEL SEÑOR RAUL FUENTES BERRIOS” (sic). (fs. 22 a 43). II.6. Por Memorial presentado el 20 de abril de 2021, Lourdes Bautista Pairo, formuló impugnación contra el Dictamen Pericial Grafotécnico de 25 de marzo de 2021, solicitando se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 44 a 46 vta.); dicha impugnación, fue resuelta mediante Auto de 23 de abril de 2021, que rechazó la impugnación propuesta (fs. 47). II.7. Consta el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2021, emitido por la Jueza Público Civil y Comercial Décima de Cochabamba, que declaró auténtica la firma y rúbrica de Raúl Fuentes Berrios en el documento privado de transferencia de inmueble de 15 de junio de 2015 (fs. 48 y vta.). II.8. Mediante Memorial presentado el 10 de mayo de 2021, la ahora accionante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2021, solicitando sea dejado sin efecto, declarando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 51 a 54). II.9. Mediante Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró inadmisible sin ingresar al fondo, el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2021, con costas y costos a la apelante (fs. 60 a 61 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, por sí y en representación de su hijo menor, denunció que habiendo interpuesto impugnación contra el Dictamen Pericial Grafotécnico, de 25 de marzo de 2021, por la falta de notificación, la misma fue rechazada mediante el Auto de 23 de abril de 2021; determinación contra la que interpuso el 10 de mayo del mismo año, recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible, sin fundamentos ni motivación mediante el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, por los Vocales ahora demandados; última Resolución, que al declarar la inadmisibilidad de la apelación, atentó sus derechos y los de su hijo menor, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa, al no haber sido oídos ni escuchados respecto a que no fueron legalmente notificados con el Informe Pericial Grafotécnico antes mencionado; por tal motivo solicita se le conceda tutela, y se disponga que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, deje sin efecto al Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, que declaró inadmisibles los recursos de apelación de 23 de abril y 5 de mayo de 2021, a objeto de que se pronuncie sobre los recursos interpuestos contra los Autos referidos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; b) Sobre las diligencias preparatorias en el Código Procesal Civil: Medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/218-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Sobre las diligencias preparatorias en el Código Procesal Civil:

Medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas El Código Procesal Civil en su Libro Segundo, Capítulo Tercero, con relación a las diligencias preparatorias, su procedimiento, oposición y recursos, establece:

ARTÍCULO 305. (PRINCIPIO GENERAL). En todo proceso podrá sustanciarse etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundadamente que será demandado, ante la autoridad judicial, que conocerá del proceso principal con la finalidad de: 1. Determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2. Anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse. 3. Practicar las diligencias que correspondan para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. 4. Ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. ARTÍCULO 306. (ENUNCIACIÓN). I. Además de otras de la misma naturaleza, podrán solicitarse como medidas preparatorias:

1. La declaración jurada que podrá prestar la persona contra quien se propusiere dirigir la demanda sobre algún hecho relativo a su personalidad, comprobación sin la cual no pudiera iniciarse eficazmente el proceso. En ningún caso esta medida será admisible cuando su contenido sea una confesión provocada, bajo pena de nulidad. 2. El reconocimiento de firmas y rúbricas será judicial y notarial, esta última se regirá por su Ley especializada. El reconocimiento de firmas y rúbrica, judicial en documento privado estará sujeto a las siguientes reglas: a) Cuando se trate de personas naturales, aquella a quien se opone un documento privado está obligada a reconocer o negar formalmente si es de su letra o firma. b) Emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por reconocidas la firma y rúbrica y la efectividad del documento; lo mismo ocurrirá, si concurriendo, diere respuestas evasivas. c) Si el otorgante del documento hubiere fallecido, se emplazará a sus, herederos. Si éstos manifestaren que no les consta la firma o la letra de su causante, la autoridad judicial a solicitud de parte, ordenará la comprobación pericial observando el procedimiento previsto en los incisos que siguen. Si no concurrieren al emplazamiento, la firma y la efectividad del documento se tendrán por reconocidos. d) Si la persona emplazada negare su firma y rúbrica, la autoridad judicial, a pedido de parte, dispondrá se practique pericia en la vía incidental. e) El dictamen pericial será valorado por la autoridad judicial, a los efectos de determinar lo que corresponda. Si el dictamen señalare la imposibilidad de determinar la autoría, la parte interesada podrá acudir a la vía ordinaria. f) Si las firmas y rúbricas fueren declaradas auténticas, el falsario será condenado al pago de las costas de la pericia. g) En el caso de las personas jurídicas, la efectividad del documento será reconocida por su personero. Si éste hubiere dejado de serlo o por cualquier circunstancia se encontrare impedido, la efectividad del documento será reconocida por quien lo reemplace o supla.

g) Tratándose de documentos privados otorgados por personas que no puedan firmar o por analfabetos en los que consten sus impresiones digitales puestas en presencia de tres personas de los cuales uno será a ruego y dos testigos que sepan leer y escribir, estos últimos suscriban al pie. El otorgante reconocerá el contenido del documento y el hecho de haber estampado sus impresiones, los testigos reconocerán sus firmas y rúbricas. Si no fuere posible esta forma de reconocimiento, la autoridad judicial, a solicitud de parte, ordenará la comprobación que corresponda en la vía incidental.

ARTÍCULO 307. (PROCEDIMIENTO).

I. La parte que demandare las diligencias preparatorias indicará con claridad aquella que pretende y su finalidad concreta en la futura demanda principal. II. La autoridad judicial calificará la pretensión y dispondrá su admisión o su rechazo. En el primer caso, se tramitará unilateralmente o bilateralmente, según corresponda. La intimación destinada a comprobar la mora se tramitará en forma unilateral. III. Las diligencias se dispondrán con citación personal de la parte contra quien se pretendan, salvo si la citación pudiere frustrar la finalidad y eficacia de las medidas cautelares; en este último caso, diligenciadas las medidas, se dará conocimiento de ellas a la contraparte. Si se tratare del diligenciamiento de medios de prueba, la otra parte podrá completarla o en su caso acreditar prueba en contrario. IV. Las diligencias se verificarán en audiencia que la autoridad judicial señalará al efecto; sólo si resultare indispensable por la naturaleza de las mismas, se diligenciarán fuera de la audiencia. V. Si la parte citada para reconocimiento de firmas y rúbricas concurriere fuera de la hora señalada en el emplazamiento, pero dentro del horario de labores judiciales del día señalado, la autoridad judicial estará obligada a llevar a cabo la audiencia correspondiente. ARTÍCULO 308. (OPOSICIÓN). I. La parte contra quien se pidiere la medida, podrá oponerse a ésta en el plazo de cinco días de la citación o bien solicitar su aclaración, modificación o ampliación, lo que se resolverá sin ulterior recurso.

II. En ningún caso se podrán plantear excepciones ni incidentes, las que deberán reservarse para el proceso principal.

ARTÍCULO 309. (RECURSOS). La resolución que rechace la diligencia admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo. Al tenor de la normativa desarrollada, las diligencias preparatorias deben entenderse como las diligencias que están destinadas a facilitar o viabilizar un proceso principal; es decir, que las mismas se dan con carácter previo a la interposición de la demanda. Ahora bien, la regulación contenida en el citado art. 309 del CPC, mantuvo el sentido de la disposición establecida en el art. 325 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC abrg.), dado que solo admite la apelación contra la resolución que rechace la diligencia; aspecto sobre el cual la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, expuso el siguiente razonamiento: “…la resolución que deniegue la solicitud de medida preparatoria, será apelable sin recurso ulterior; lo que significa que, por el carácter sumario de la medida preparatoria, sólo es admisible el recurso de apelación, en caso de negativa de concesión de la medida preparatoria.”, considerando que el art. 325.II del CPC, busca efectivizar el uso de un recurso esencialmente sumario de acuerdo a su naturaleza y su finalidad de tramitación, la referida Sentencia Constitucional determinó que habiéndose apersonado el accionante al proceso de medida preparatoria interponiendo “…recurso de reposición contra la providencia de 8 de ese mes y año; medio legal que, se encontraba fuera de plazo, según lo establecido por el art. 216 del CPC y que debió ser previsto a momento de su presentación, asimismo, ser tramitado según lo establecido por el art. 325 del mismo Código, considerando que la apelación sólo es procedente cuando la medida preparatoria es negada, lo que no sucedió en el caso de autos. Empero, la inobservancia por parte de la autoridad judicial, de la normativa que rige el procedimiento de las medidas preparatorias, generó que un trámite de naturaleza sumaria, sea dilatado con el uso inadecuado de medios legales que no le son aplicables, pues su finalidad es preparar un futuro proceso y no deducir el procedimiento de un proceso ordinario, en el que tanto demandante como demandado, pueden hacer uso de los medios legales que prevé el ordenamiento jurídico vigente.” (las negrillas fueron agregadas). Criterio que fue reiterado en las sentencias constitucionales plurinacionales 2224/2013 de 16 de diciembre y 0538/2015-S1 de 1 de junio. Del contenido establecido en el art. 309 del CPC, y conforme al razonamiento jurisprudencial precedentemente citado, la resolución de las diligencias preparatorias, solo reconoce la posibilidad de apelar contra la resolución que rechace la solicitud con la cual se concluye el trámite a quién solicitó la medida preparatoria, pues no faculta a quien sea requerido en una medida preparatoria para interponer recurso de apelación contra la resolución que concluya el trámite de medidas preparatorias, pues dicha potestad está reservada exclusivamente contra la resolución que rechace la solicitud con la cual se concluye el trámite a quién solicitó la medida preparatoria.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la accionante, por sí y en representación de su hijo menor, denuncia que la impugnación que planteó contra el Dictamen Pericial Grafotécnico de 25 de marzo de 2021, por no haber sido notificada, fue rechazada mediante el Auto de 23 de abril de 2021, cuyo recurso de apelación que interpuso contra dicho rechazo por memorial de 10 de mayo del indicado año, fue declarado inadmisible mediante el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, pronunciado por los Vocales ahora demandados, quienes omitiendo fundamentar y motivar su decisión, atentaron contra sus derechos fundamentales y los de su hijo menor, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa.

Ahora bien, de los antecedentes que acompañan esta acción de defensa se tiene que dentro de la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, sustanciada ante el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo del departamento de Cochabamba, la ahora accionante impugnó el Dictamen Pericial Grafotécnico de 25 de marzo de 2021, emitido por la Perito en Criminalística del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que estableció que la firma y rúbrica signada como “M.D.- 1 (DOCUMENTO PRIVADO DE TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE, SUSCRITO ENTRE RAÚL FUENTES BERRÍOS Y LAURA FUENTES BERRÍOS DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015); SÍ CORRESPONDE A LA AUTORÍA DEL SEÑOR RAÚL FUENTES BERRÍOS”, impugnación que fue rechazada mediante Auto de 23 de abril de 2021; posteriormente, la Jueza de instancia, dictó el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2021, que declaró auténtica la firma y rúbrica de Raúl Fuentes Berríos en el documento privado de transferencia de inmueble de 15 de junio de 2015; esta decisión fue recurrida en apelación por la ahora accionante siendo remitida ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, instancia superior conformada por los Vocales ahora demandados que a través del Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2021, con costas y costos a la apelante, sin ingresar al fondo del recurso.

Efectuada la relación de actos procesales suscitados en el proceso de referencia, el problema jurídico principal denunciado por los impetrante de tutela, radica en que el Auto de Vista atentó sus derechos y los de su hijo menor, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la impugnación y a la defensa, al no haber sido oídos ni escuchados respecto a que no fueron legalmente notificados con el Informe Pericial Grafotécnico antes mencionado.

Con esos antecedentes, una vez establecido el presunto acto lesivo, de la revisión del Auto de Vista objeto de la presente acción tutelar, se tiene que esta Resolución superior declaró inadmisible el recurso de apelación opuesto por los accionantes contra el Auto de 5 de mayo de 2021, bajo los siguientes fundamentos:

a) El principio de impugnación se encuentra establecido en el art. 180.II de la CPE, configurado como el principio regulador para los recursos establecidos por las leyes procesales con el fin de corregir, modificar, revocar o anular los actos y/o resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes; sin embargo, dicho principio no es absoluto para todos los procesos e instancias en razón a los límites que establece la propia le, sean estos por la naturaleza del proceso o por el tipo de resolución, tomando en cuenta también la trascendencia de la decisión, en sentido que hubiera podido afectar el derecho de alguna de las partes, para así otorgar una mayor celeridad en las causas que se tramitan. b) El art. 250.1 del CPC, dispone que: “Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario”; disposición que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos orientando que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario. c) Con relación al caso, en lo referente a las diligencias preparatorias, el art.

305 del CPC, dispone que :”En todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundamentadamente que será demandado ante la autoridad judicial”; es decir, que las mismas no constituyen procesos como tal, sino que son diligencias preliminares encaminadas a facilitar el ejercicio de determinadas acciones para asegurar la eficacia jurídica que pudieran producir en un proceso posterior a consecuencia de la obtención de esas diligencias preparatorias, por cuanto no pueden confundirse con un proceso. d) Así el art. 325 del CPCabrg., al efecto prevenía respecto a las diligencias preparatorias: “… La resolución será apelable, sin recurso ulterior, únicamente cuando se denegare la solicitud”; disposición que concuerda con lo dispuesto por el art. 309 del CPC, al determinar que el recurso de apelación en los tramites preparatorios solo procede en caso de rechazo a la diligencia preparatoria, vale decir que solo corresponde la apelación cuando se rechace su admisión.

e) Al haberse admitido el emplazamiento a reconocimiento de firmas con diligencia preparatoria, inviabiliza cualquier recurso impugnatorio en esta etapa procesal, por cuanto solo ante el rechazo de la misma se activa el recurso de alzada, a cuya consecuencia la impugnación deducida en esta causa resulta inadmisible, teniendo en cuenta que el fin de la medida preparatoria es solo preparar un futuro proceso, por quien lo solicite o pretendiere demandar, así también por quien supusiere que será demandado, lo cual tiene a evitar que se convierta anticipadamente en un proceso ordinario, al estar limitada a obtener una cantidad de hechos o información a través del órgano judicial para posteriormente formalizar la demanda en la que podrá debatirse ampliamente las pretensiones y defensa de las partes

De la revisión y análisis de los argumentos desarrollados en el Auto de Vista objeto de esta acción de defensa, se deprende que los Vocales ahora demandados, emitieron el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2021, en cumplimiento de las normas procesales aplicables al caso y que se encuentran descritas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mismas que son de cumplimiento obligatorio, habiendo expresado dentro de sus fundamentos principales que el proceso en cuestión se constituye de un trámite preliminar que se enmarca a lo previsto en los arts. 305 al 309 de la Norma Civil Adjetiva, misma que establece la posibilidad de apelación, únicamente en relación a la resolución que rechaza la diligencia solicitada; en consonancia con la normativa precedentemente expuesta, tampoco se advierte que en el caso concreto se hubiera emitido un auto o resolución que ponga fin al litigio y menos que éste habría sido pronunciado al interior de un proceso ordinario principal, más al contrario se evidencia que la Resoluciones impugnadas y apeladas por la parte accionante, fueron emitidas en un proceso preliminar o diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas, que tiene como único objeto el dotar a los documentos privados de los que se requiere su reconocimiento, la fuerza probatoria para ser opuestos en un proceso ordinario principal.

En tal circunstancia, a modo de ilustrar la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cabe recordar a la parte accionante; así como, a las autoridades jurisdiccionales, que el Código Procesal Civil, en su nueva concepción y lineamientos procedimentales, en lo referente a las excepciones e incidentes en las diligencias preparatorias, ha contemplado taxativamente, en su art. 308.II que: “En ningún caso se podrán plantear excepciones ni incidentes, las que deberán reservarse para el proceso principal” (las negrillas son nuestras). Adicionalmente a ello, dicha normativa en su art. 309, determina expresamente que la resolución que rechace la diligencia, admitirá recurso de apelación en el efecto devolutivo; asumiéndose dicho efecto para todo cuanto se genere al interior de la diligencia preparatoria; esto porque indiscutiblemente las actuaciones emergentes de las diligencias preparatorias de manera alguna cortan procedimiento o ponen fin a un litigio, precisamente por la naturaleza de este proceso.

Si bien el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación, lo hace en los procesos judiciales, debiendo considerarse que las diligencias preparatorias, no constituyen procesos judiciales sino que son simples diligencias que están destinadas a facilitar o viabilizar un futuro proceso principal, en ese sentido las mismas deben enmarcarse a lo previsto por el Código Procesal Civil.

Por todo ello es evidente que los Vocales ahora demandados, actuaron conforme a derecho al haber declarado inadmisible el recurso de apelación, emitiendo un fallo con la debida fundamentación, congruencia y motivación, cumpliendo con los requisitos exigidos y desarrollados por la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; además, de haber realizado una aplicación objetiva de la ley, en cumplimiento del debido proceso; por lo que, no se advierte en el caso analizado vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte impetrante de tutela; razón por la que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 58/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 268 a 271 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Expediente 47309-2022-95-AAC

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0474_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43146b4b35a1d96f922f7b97ca88399db238d5a4de24fa5b7abc33516f9bb582

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