Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, libertad física o de locomoción, igualdad ante la ley; así como a los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia; y, la garantía a no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio; debido a que, Juez demandado: a) Dispuso la celebración de la audiencia cautelar convalidando una actividad procesal defectuosa, cuestionada en el mismo acto vía incidental, pese a que nunca tuvo conocimiento formal del proceso penal seguido en su contra, el cual se encontraba incluso en etapa de juicio, debido a que fue de forma directa citado mediante edictos y no personalmente. Asimismo, se acreditó que la orden de aprehensión emanó del Fiscal de Materia y no de autoridad judicial competente conforme lo establece el art. 89 y ss. del CPP. Además, que la aprehensión ya estaba decretada con anterioridad a la publicación de los edictos; y, b) Dejó en estado de incertidumbre procesal la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto oralmente de acuerdo al art. 404 del CPP -pretendiendo indebidamente que se formule por escrito, conforme al art. 251 del mismo Código-; puesto que, se limitó a instruir a la Secretaria del despacho judicial a su cargo que “viera” lo que corresponda según los plazos procedimentales, omitiendo pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, sin fundamentar la norma aplicable y sin disponer su remisión al tribunal competente. El Juez demandado con relación a las denuncias que se le atribuyen mencionó que: 1) Fundó su decisión en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 002/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada por lesión al debido proceso en conexitud con el principio de celeridad y libertad física o de locomoción, en lo concerniente únicamente a la negativa indebida y omisión de pronunciamiento respecto al trámite del recurso de apelación incidental interpuesto, disponiendo la remisión inmediata del recurso contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023 al Tribunal de alzada, siempre y cuando dicho aspecto no se hubiera ya efectivizado; y, 2° DENEGAR la tutela, en cuanto a la alegada convalidación de defectos procesales denunciados al Juez demandado -notificación irregular, aprehensión ilegal-, y de los derechos a la defensa e igualdad ante la ley; así como a los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia; y, garantía de no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54989-2023-110-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 002/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armin Gabriel Daza Zanabria contra Offman Alfredo Padilla Blacutt, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 19 a 21, el accionante manifestó lo siguiente:
El 4 de mayo de 2023, a horas 13:40, compareció ante las dependencias de la “Oficina de Conciliación”, a raíz de una alteración pública y amenazas que habrían sido proferidas por el padre de la “denunciante”. En dicho lugar, a las 16:40, se le notificó y ejecutó un mandamiento de aprehensión. Posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público para prestar su declaración informativa, donde se le indicó la existencia de un proceso penal en su contra, seguido a denuncia de Giovana Tejerina Ortiz -ahora tercera interviniente-, bajo el Código Único de Denuncia (CUD) 101102012200301, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; empero, hasta ese momento, no había sido notificado con dicho proceso. Seguidamente, se programó una audiencia para el 5 de mismo mes y año, a horas 18:30, con el objeto de considerar su situación jurídica.
En tal contexto, su defensa técnica advirtió que nunca fue notificado de forma personal, en el marco de los arts. 160 al 165 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado mediante el art. 9 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que señalan que la notificación de la denuncia o querella debe efectuarse de manera personal para garantizar que se adquiera conocimiento del proceso en su contra. Asimismo, dicha normativa exige que se cumplan requisitos de procedimiento específicos, entre ellos, la identificación del funcionario notificador y la constancia de que se agotó la vía personal, y solo tras comprobar la imposibilidad de localizarlo se puede disponer su notificación por edictos. No obstante, en el presente caso, se procedió a practicar esta última modalidad de notificación de forma directa; motivo por el cual, su aprehensión y la solicitud de la medida cautelar adolecía de ilegalidad. Por las razones expuestas, en la audiencia de medidas cautelares interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando incluso la subsanación de oficio de este vicio de carácter absoluto. No obstante, Offman Alfredo Padilla Blacutt, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca -ahora demandado- denegó dicha pretensión, sobrepasando con esa decisión los límites legales que rigen la restricción de la libertad, convalidó la ilegalidad e incumplió con su rol esencial de garante y contralor de derechos y garantías constitucionales, pese a que se le advirtió de manera insistente que el defecto procesal no fue provocado por la defensa y sobre el gravísimo perjuicio de indefensión que la falta de notificación originaba. De manera que, dicha autoridad pasó por alto que nunca tuvo conocimiento formal del inicio de la investigación de una imputación formal y mucho menos de que el proceso en su contra se encontraba en etapa de juicio. Asimismo, se dejó constancia que la orden de aprehensión emanó directamente del Fiscal de Materia y no de una autoridad judicial competente, ya que no se cumplieron los trámites previos de declaración de rebeldía y solicitud de aprehensión ante el juez cautelar o el juez de sentencia -donde radica el proceso-, conforme lo exigen los arts. 89 y ss. del CPP y siguientes. A pesar de esta irregularidad, el Juez demandado dispuso la celebración de la audiencia cautelar. Por otro lado, la segunda causal que motiva la interposición de la presente acción de defensa radica en la indebida tramitación del recurso de apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, que dispuso su detención preventiva, con base en el art. 404 del CPP -modificado mediante el art. 16 de la Ley 1173-, el recurso fue formulado de forma oral en audiencia, solicitándose su remisión al tribunal de alzada conforme al procedimiento establecido en el art. “45” del CPP. Sin embargo, la autoridad judicial demandada, tramitó el citado recurso, con base en el art. 251 del citado Código, pretendiendo que lo interponga de forma escrita. Aunque, ante la insistencia de su defensa técnica, dicho Juez se limitó a ordenar a la Secretaria del despacho judicial a su cargo que “viera” lo que corresponda según los plazos procedimentales, sin pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, aclarar la norma aplicable, ni disponer su remisión al tribunal competente, dando por concluida la audiencia, dejando en un estado de incertidumbre procesal la tramitación del mismo; con ello, se colocó en peligro el recurso de apelación incidental, al exigir una formalidad no prevista para esa clase de impugnación, lo que podría ocasionar su preclusión, por no regirse a lo dispuesto en el art. 404 del CPP, encontrándose por tales motivos indebidamente procesado y privado de su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, libertad física o de locomoción, igualdad ante la ley y “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se revoque el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, que dispuso su detención preventiva; y, b) Se ordene su restitución inmediata a la libertad, a fin de que pueda continuar con su defensa en el proceso penal que se sigue en su contra, en condiciones que hagan prevalecer sus derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su acción de defensa, y ampliando en audiencia señaló que: 1) El 4 de mayo de 2023, fue conducido a las “…oficinas de conciliación de un módulo policial…” (sic) de Surapata -de la ciudad de Sucre- presumiblemente a consecuencia de una discusión en vía pública. En el lugar, la persona que lo trasladó -quien se infiere era padre de la “denunciante”- hizo mención a un mandamiento de aprehensión. Una vez arrestado, fue derivado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Estación Policial Integral (EPI) Patacón de la misma ciudad y posteriormente se ejecutó un mandamiento de aprehensión que desconocía. Finalmente, al día siguiente, se programó una audiencia cautelar; 2) Ignoraba en absoluto los motivos del proceso penal que se le instauró; una vez habilitado el acceso al portafolio -digital-, se constató que se trataba de una causa por violencia familiar o doméstica de 2022; 3) Conforme al formalismo procesal, en primer lugar, debió realizarse la localización de su domicilio personal -con base en los datos del sistema del Servicio de Registro Civil (SERECI) y Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con los cuales el Ministerio Público trabaja en coordinación-, pues solo cuando el procesado no pueda ser habido o cuando dichas entidades representen que se desconoce su paradero, procede la notificación por edictos; 4) La Fiscal de Materia, omitiendo la citación personal, realizó la diligencia mediante dos publicaciones de edictos el 14 y 19 de abril del referido año; asimismo, el acta de incomparecencia se levantó recién el 19 del señalado mes y año, indicándose que se le dio por notificado a través de esta última modalidad de diligencia. Por otro lado, se dispuso la resolución de aprehensión del 22 de febrero de ese año, así como la orden de aprehensión de igual fecha. De manera que, la aprehensión ya estaba decretada con anterioridad a la publicación de los edictos; seguidamente, se realizaron todos los actuados judiciales; sin embargo, de manera sorpresiva, al momento de formular la imputación formal, el Juez demandado solicitó que las notificaciones se realicen de forma personal. Fue recién entonces, que los representantes del Ministerio Público expidieron los requerimientos dirigidos al SERECI el 8 de julio y al SEGIP el 18 de agosto, ambos de 2022. Asimismo, si bien la certificación del SEGIP consignaba como dirección la calle Enrique Herzog 322, zona “SENAC” de la ciudad de Sucre, el representante del Ministerio Público omitió de igual manera realizar la citación personal, presentando en su lugar la citación que supuestamente se hubiera dado por edictos; 5) En la audiencia de medidas cautelares, se solicitó al Juez demandado que declarara de oficio la nulidad por defecto absoluto, conforme a lo establecido en el art. 168 del CPP, ya que dicha norma confiere al juzgador la facultad de corregir vicios de oficio sin necesidad de que se sustancie un incidente específico o excepción, particularmente cuando se advierte la inobservancia de disposiciones esenciales como el art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo legal, que no admite convalidación por afectar directamente el derecho a la defensa; toda vez que, resulta imposible ejercer adecuadamente dicho derecho si no se cuenta con los elementos probatorios para este efecto “…pero el Juez A -quo no nos ha dejado plantear incidente en el primer lugar, no se ha hecho referencia que nos tenemos que someter a la audiencia cautelar…” (sic), pues se limitó exclusivamente a considerar los riesgos procesales para fundamentar la medida cautelar, decisión que fue objetada por su defensa técnica, en el entendido de que, al no haberse tenido legítimo conocimiento del proceso no podría pronunciarse con relación a tales riesgos, de modo que, el juzgador -una vez advertido del error- debió subsanarlo de inmediato, ya sea rectificando su decisión o cumpliendo con el acto omitido; no obstante, el Juez demandado omitió pronunciarse sobre los motivos que justificaran pasar por alto dicha nulidad o, en su defecto, convalidar el vicio procesal; 6) No podía fundarse decisión alguna en su contra si en la recepción de su declaración informativa no se observaron “…las normas establecidas en el presente” (sic); y, 7) Evidentemente, podría plantearse en la etapa de juicio un incidente de nulidad por defecto absoluto; no obstante, resulta inadmisible que su persona permanezca privado de libertad hasta dicha instancia “…que incluso ya había estado en etapa de juicio…” (sic), porque incluso el art. 100 del indicado Código, establece el cumplimiento de formalidades previas, dentro de las cuales se encuentran los tipos de notificación regulados a partir del art. 160 y ss. de la Ley 1173.
Asimismo, se aludió a la vulneración del principio de presunción de inocencia y de la garantía de no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio, citando respecto a este último derecho, su reconocimiento en el art. 117 de la CPE.
Offman Alfredo Padilla Blacutt, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante a fs. 30, y en audiencia argumentó que: i) El Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, que rechazó la solicitud de “cesación” de detención preventiva del accionante se ajustó a los presupuestos legales en cuanto a su estructura formal. Asimismo, fundó su decisión en el art. 113.III del CPP, el cual establece que, una vez instalada la audiencia, debe establecerse el objeto y finalidad de la misma, en este caso, la consideración de la solicitud de “cesación” de detención preventiva presentada; en ese sentido, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 338 del CPP, dispuso la instalación de la audiencia exclusivamente con dicho objeto, dictándose resolución el mismo día. Asimismo, consideró que existía un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente y que el peticionante de tutela había sido imputado conforme a los presupuestos legales establecidos; ii) En el marco del objeto de la audiencia, la representación fiscal expuso los riesgos procesales concurrentes para justificar la detención preventiva, declarándose finalmente procedente esa medida por existir peligro de fuga. Ante ello, el accionante interpuso un recurso de apelación incidental conforme al art. 404 del mencionado Código, remitiéndose la apelación al Tribunal de alzada. Por tanto, no vulneró lo dispuesto en el art. 167 del indicado Código; y, iii) Respecto al recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, éste fue remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. De igual manera, el acta de audiencia acredita que el accionante planteó dicho recurso de impugnación de acuerdo con el art. 404 del citado Código, el cual establece que, cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso deberá interponerse de inmediato de forma oral ante el juzgador; no obstante, el nombrado solo invocó dicho precepto legal sin formular -ni siquiera de manera provisional- los agravios que serían ratificados y ampliados en segunda instancia; pese a ello, y a fin de que no se comprenda la denegación del recurso, dispuso la remisión de antecedentes dentro del plazo legal.
Giovana Tejerina Ortiz, no concurrió a audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 31.
Ana María Paniagua Romero, representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que: a) El peticionante de tutela alegó desconocer la existencia del proceso penal en su contra; no obstante, éste se inició hace más de un año -2022- y quien agrede a una mujer, debe ser consciente de las consecuencias de aquellos actos. Al efecto, se libraron citaciones y una orden de aprehensión en su contra, que no se fundó en su incomparecencia a declarar ante la Fiscalía -Departamental de Chuquisaca-, sino en los siete días de incapacidad médica que provocó a la víctima a causa de las brutales agresiones que sufrió. Dicha orden se emitió por concurrir riesgos de fuga y obstaculización, debidamente acreditados mediante la denuncia y el certificado médico forense. Esta resolución permaneció vigente sin que se interpusiera recurso alguno en su contra y fue ejecutada legalmente por la víctima; b) De conformidad con lo establecido en el art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), las notificaciones realizadas por el Ministerio Público se practican mediante el buzón de notificaciones de la ciudadanía digital, pues, esta institución cuenta con las facultades legales para realizar notificaciones bajo esa modalidad. Por otro lado, respecto a las demás citaciones observadas por el accionante, en el marco del art. 166 y ss. del CPP, estas corresponden a resoluciones que se notifican por estrados judiciales, no por el Ministerio Público, conforme al referido art. 58 de la LOMP; y, c) La Resolución dictada por el Juez demandado se ajusta a derecho; toda vez que, la medida cautelar solicitada se sustentó en la orden de aprehensión preexistente, librada con anterioridad a la publicación de edictos.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 002/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 39 a 41, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Durante la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 5 de mayo de 2023, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, conforme al art. 404 del CPP, contra el Auto Interlocutorio de la misma fecha que dispuso su detención preventiva; en dicho recurso, alegó las mismas vulneraciones que posteriormente invocaría en la presente acción tutelar, solicitando que se examinaran las presuntas irregularidades e ilegalidades cometidas durante su aprehensión y notificación dentro del proceso penal, las cuales habrían sido convalidadas por el Juez de la causa; ii) La autoridad judicial demandada informó que dicho mecanismo de impugnación fue remitido a la instancia de apelación correspondiente para su debida resolución, extremo que no fue controvertido por el peticionante de tutela. En consecuencia, al haber activado simultáneamente esta vía constitucional sin agotar previamente el recurso ordinario interpuesto -el cual se encuentra pendiente de resolución-, incurrió en activación de vías paralelas; y, iii) El principio de subsidiariedad, impide que la justicia constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto cuando existen vías paralelas pendientes de resolución, evitando así una disfunción procesal contraria al ordenamiento jurídico.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 45 a 47); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Fiscal de Aprehensión de 22 de febrero de 2022, que ordenó la aprehensión de Armin Gabriel Daza Zanabria -hoy accionante-fundada en la denuncia registrada bajo el CUD 101102012200301, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado y sancionado en el art. 272 bis del Código Penal (CP). Dicha Resolución se sustentó en el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 226 del CPP (fs. 3 a 5). II.2. Se adjunta Constancia de Notificación y Cumplimiento de la orden de aprehensión dictada contra el impetrante de tutela, ejecutada el 4 de mayo de 2023, tras lo cual, fue conducido a la dependencia de la FELCV de la EPI Patacón de la ciudad de Sucre (fs. 16). II.3. Consta Acta de Constancia de Declaración Informativa de 4 de mayo de 2023, prestada por el peticionante de tutela, a horas 19:10, en el marco del proceso penal seguido a instancia de Giovana Tejerina Ortiz -tercera interviniente- en su contra, bajo el CUD 101102012200301 (fs. 18).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, libertad física o de locomoción, igualdad ante la ley; así como a los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia; y, la garantía a no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio; debido a que, Juez demandado: a) Dispuso la celebración de la audiencia cautelar convalidando una actividad procesal defectuosa, cuestionada en el mismo acto vía incidental, pese a que nunca tuvo conocimiento formal del proceso penal seguido en su contra, el cual se encontraba incluso en etapa de juicio, debido a que fue de forma directa citado mediante edictos y no personalmente. Asimismo, se acreditó que la orden de aprehensión emanó del Fiscal de Materia y no de autoridad judicial competente conforme lo establece el art. 89 y ss. del CPP. Además, que la aprehensión ya estaba decretada con anterioridad a la publicación de los edictos; y, b) Dejó en estado de incertidumbre procesal la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto oralmente de acuerdo al art. 404 del CPP -pretendiendo indebidamente que se formule por escrito, conforme al art. 251 del mismo Código-; puesto que, se limitó a instruir a la Secretaria del despacho judicial a su cargo que “viera” lo que corresponda según los plazos procedimentales, omitiendo pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, sin fundamentar la norma aplicable y sin disponer su remisión al tribunal competente. El Juez demandado con relación a las denuncias que se le atribuyen mencionó que: 1) Fundó su decisión en el art. 113.III del CPP, el cual establece que, una vez instalada la audiencia, debe establecerse el objeto y finalidad de la misma, en este caso, la consideración de la solicitud de “cesación” de detención preventiva presentada por el peticionante de tutela, dictándose el mismo día el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023. Asimismo, consideró que existía un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente y que el accionante había sido imputado conforme a los presupuestos legales establecidos; 2) En el marco del objeto de la audiencia, la representación fiscal expuso los riesgos procesales concurrentes para justificar la detención preventiva, declarándose finalmente procedente esa medida por existir peligro de fuga; y, 3) El acta de audiencia acredita que el accionante planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, de acuerdo con el art. 404 del mismo cuerpo legal, el cual establece que, cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso deberá interponerse de inmediato de forma oral ante el juzgador; no obstante, solo invocó dicho precepto legal sin formular -ni siquiera de manera provisional- los agravios que serían ratificados y ampliados en segunda instancia; pese a ello, y a fin de que no se comprenda la denegación del recurso, se dispuso la remisión de antecedentes dentro del plazo legal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, recogiendo la jurisprudencia establecida sobre este particular sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.
En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (negrillas añadidas).
Sobre esta temática de índole procesal, la SCP 0149/2024-S2 de 7 de mayo, precisó además que: “…dada la naturaleza de las medidas cautelares se pretende ‘…garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso [de apelación incidental] se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP…’(SCP 0561/2021-S3 de 30 de agosto citando a la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre)” (negrilla y subrayado agregado).
En atención al objeto procesal definido en el Fundamento Jurídico III del presente fallo constitucional, se procederá a describir los actuados relevantes que permitan contextualizar el origen de las omisiones lesivas denunciadas. En ese sentido, se evidencia que los hechos objeto de la presente acción tutelar, surgen del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público, a denuncia de Giovana Tejerina Ortiz -tercera interviniente- en contra de Armin Gabriel Daza Zanabria -accionante-, registrado bajo el CUD 101102012200301, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en dicho proceso, se ejecutó la aprehensión del nombrado el 4 de mayo de 2023, siendo conducido a dependencias de la FELCV de la EPI Patacón de la ciudad de Sucre, donde se procedió a tomar su declaración a horas 19:10 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). Con este antecedente, se procederá al análisis de las denuncias atribuidas al Juez demandado, advirtiéndose que para tal efecto se seguirá el orden de los dos tópicos de reclamación que conforman el objeto procesal.
Las denuncias que se vincula a este tópico de reclamación son las relativas a que, la autoridad demandada dispuso la celebración de la audiencia cautelar convalidando una actividad procesal defectuosa cuestionada previamente vía incidental, pese a que el accionante nunca tuvo conocimiento formal del proceso penal que se le seguía, el cual se encontraba incluso en etapa de juicio, ya que, fue citado de forma directa mediante edictos y no personalmente. Asimismo, se acreditó que la orden de aprehensión emanó del Fiscal de Materia y no de autoridad judicial competente, ya que no se cumplieron los trámites previos de declaración de rebeldía y solicitud de aprehensión ante el juez cautelar o de sentencia -donde radica el proceso-, conforme lo establecen los arts. 89 y ss. del CPP. Además, que la aprehensión ya estaba decretada con anterioridad a la publicación de los edictos. En este marco, resulta aplicable el criterio jurisprudencial de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Dicho criterio establece que las lesiones a la libertad generadas dentro de un proceso judicial deben resolverse, en primera instancia, en la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, siempre que existan medios intraprocesales idóneos, oportunos y eficaces para restituir los derechos constitucionales afectados; y, solo de persistir el acto lesivo, se habilita la posibilidad de acudir al control constitucional tutelar. En tal sentido, el art. 403.2 del CPP, establece un mecanismo específico de impugnación para estos casos, al disponer que el recurso de apelación incidental procede contra la resolución que resuelve una excepción o un incidente, señalando expresamente que: “El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones (…) 2. La que resuelve una excepción o incidente” (las negrillas fueron añadidas). En tal sentido, considerando que el peticionante de tutela alega haber cuestionado vía incidental las irregularidades procedimentales como una notificación irregular y aprehensión ilegal, este recurso representa el medio idóneo para resolver dichas defensas. En esa línea, si bien del expediente constitucional no surge evidencia concluyente sobre si el recurso de apelación incidental que el accionante alega haber interpuesto, se fundamenta en las mismas irregularidades procedimentales denunciadas en esta instancia -como llegó a concluir la Sala Constitucional-, debido a la falta de la documental que permita acreditar dicho extremo; resulta indiscutible que dicho recurso constituye el mecanismo idóneo, eficaz y oportuno para restituir el derecho a la libertad y remediar un eventual procesamiento indebido. Por ello, era necesario agotar previamente esa vía, a fin de que el Tribunal de alzada, en ejercicio de sus atribuciones legales y mediante el correspondiente despliegue probatorio, evaluara y, en su caso, corrigiera los defectos procedimentales advertidos. En definitiva, respecto de este punto de reclamación resulta aplicable el principio de subsidiariedad excepcional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, relativo a que la acción de libertad solo procedería una vez agotado el recurso intraprocesal previsto en el Código de Procedimiento Penal sin que se hubieran restituido los derechos constitucionales invocados; empero, al no haberse activado dicha vía, no se cumple la observancia de tal principio, lo que torna improcedente la tutela solicitada. Por los motivos expuestos, corresponde denegar la tutela impetrada sobre este punto, sin ingresar al análisis de fondo de las denuncias.
La segunda denuncia que motivó la interposición de este mecanismo tutelar, es la concerniente a que la autoridad judicial demandada dejó en estado de incertidumbre procesal la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto oralmente de acuerdo al art. 404 del CPP -pretendiendo indebidamente que se formule por escrito, conforme al art. 251 del mismo cuerpo legal-. Además, que, se limitó a instruir a la Secretaria del despacho judicial a su cargo que “viera” lo que corresponda según los plazos procedimentales, omitiendo pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso; fundamentar la norma aplicable ni disponer su remisión al tribunal competente. En este contexto, resulta pertinente acudir al desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual reconoce que, en materia de medidas cautelares personales, el recurso de apelación incidental puede interponerse en el mismo acto procesal en que se emite la resolución impugnada, bastando su simple anuncio, sin requerir fundamentación previa de agravios; toda vez que, dicha fundamentación se realizará en la audiencia que señale el Tribunal de alzada con el objeto de considerar dicho recurso. En ese marco, considerando que el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio cuestionado que decretó su detención preventiva, en la misma audiencia de 5 de mayo de 2023, en la que se pronunció dicha Resolución (aspecto que no fue refutado por el Juez demandado), correspondía a tal autoridad remitir las actuaciones relativas a dicho recurso al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro del plazo de veinticuatro horas establecido legalmente. Si bien el Juez demandado afirmó en audiencia de garantías haber dispuesto la remisión de antecedentes -lo que sugiere la admisibilidad tácita del recurso-, este Tribunal no pudo verificar objetivamente la fecha y efectividad de dicha remisión; toda vez que, no cursa en obrados prueba alguna que así lo acredite; debiéndose al respecto, recordar que la autoridad judicial tiene la obligación de acompañar prueba pertinente que acredite sus actuaciones, a fin de evitar que esta instancia evalúe los alegatos sobre bases presuntivas o inciertas. En este caso, el Juez demandado omitió dicha carga, limitándose a negar la denuncia sin aportar los elementos probatorios correspondientes. Los razonamientos expuestos permiten concluir que, al no disponer la remisión dentro del plazo legal del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023, la autoridad judicial demandada vulneró el derecho al debido proceso en conexitud con el principio de celeridad; y, a la libertad física o de locomoción del accionante. En consecuencia, sobre este punto, corresponde conceder la tutela impetrada en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el alcance específico de ordenar la remisión inmediata de éste al Tribunal de alzada para su resolución conforme a derecho, siempre que ello no se hubiere efectivizado con anterioridad.
En relación a la alegada vulneración de los derechos a la defensa e igualdad ante la ley; así como de los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia; y, de la garantía de no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio, tras analizar la acción de libertad presentada y su fundamentación en audiencia de garantías, se concluye que, el accionante no estableció de manera precisa cómo la situación denunciada afectó tales derechos y principios, pues se limitó a mencionarlos de forma genérica, sin vincular el alcance de estos con las circunstancias concretas del proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 002/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada por lesión al debido proceso en conexitud con el principio de celeridad y libertad física o de locomoción, en lo concerniente únicamente a la negativa indebida y omisión de pronunciamiento respecto al trámite del recurso de apelación incidental interpuesto, disponiendo la remisión inmediata del recurso contra el Auto Interlocutorio de 5 de mayo de 2023 al Tribunal de alzada, siempre y cuando dicho aspecto no se hubiera ya efectivizado; y, 2° DENEGAR la tutela, en cuanto a la alegada convalidación de defectos procesales denunciados al Juez demandado -notificación irregular, aprehensión ilegal-, y de los derechos a la defensa e igualdad ante la ley; así como a los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia; y, garantía de no ser condenado sin haber sido oído previamente en un juicio, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0473_2026-S2.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d873142580ea38d88f470542fe5efa688bfd2a352968ba019959a4c6c96ac332
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