Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que la autoridad demandada, no resolvió incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el recurso de reposición presentado el 30 de noviembre contra el decreto de 25 de noviembre de 2022, que determinó de manera arbitraria e irracional la convocatoria a una audiencia de revocatoria de sus medidas sustitutivas dispuestas, o en caso de haberse emitido la Resolución la Secretaria o la Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de La Paz codemandados-, no procedieron a notificarle con dicho actuado procesal, pese a que fue de su conocimiento de que es una persona de la tercera edad, que merece un protección reforzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela impetrada con relación a Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, de la forma dispuesta por el Juez de garantías y; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Milko Steel Ayllon, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y Elena Orosco Olivera, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda de la ciudad de La Paz, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52463-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 19 vta. a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franklin Amaru Limachi en representación sin mandato de Dionicio Quinteros Quispe contra Helmer Laura Picavia y Milko Steel Ayllón, Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y Helena Orozco, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda de la ciudad de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 713/2022 de 7 de septiembre, dispuso su detención preventiva por el período de seis meses, Resolución apelada y posteriormente resuelta mediante Auto de Vista 623/2022 de 16 de septiembre, a través del cual se redujo el tiempo de detención preventiva a dos meses. El 18 de noviembre de 2022, en audiencia de consideración de su situación jurídica, la autoridad codemandada emitió la Resolución 903/2022, mediante la cual se le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas el pago de fianza por la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), arraigo, detención domiciliaria, y la obligación de presentarse al Ministerio Público, otorgándole el plazo de setenta y dos horas para el cumplimiento de dichas medidas. El 22 de noviembre de 2022, realizó el depósito de la suma de dinero establecida como fianza, empero debido a que se encontraba cumpliendo la detención preventiva no pudo cumplir con las demás medidas dispuestas, situación que se puso a conocimiento del Juez de la causa, sin que esta autoridad emita pronunciamiento al respecto, motivo por el cual nuevamente mediante memorial de 24 de noviembre de 2022, adjuntando prueba reiteró su solicitud de emisión del mandamiento de detención domiciliaria, empero el Juez codemandado, mediante proveído de 25 de noviembre del mismo año y en contradicción a lo dispuesto por el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP) convocó a una audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas bajo el argumento de que no se cumplió con las medidas impuestas. Dándose por notificado el 30 de noviembre de 2022 con la citada Resolución, planteó recurso de reposición solicitando se deje sin efecto dicho señalamiento de audiencia y se emita el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, pese a que transcurrieron más de ciento veinte horas el Juez de la causa no resolvió dicho recurso, o en caso de existir alguna determinación la Secretaria de ese despacho no generó la diligencia de notificación, tampoco fue diligenciada por la Oficina Gestora de Procesos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) El Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el día resuelva el recurso de reposición presentado el 30 de noviembre de 2023; y, b) En cumplimiento de lo establecido por el art. 160 del CPP, el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y el responsable de la Oficina Gestora de Procesos Segunda, notifiquen en el día la Resolución correspondiente al recurso de reposición referido.
Celebrada la audiencia virtual de 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Respecto a las medidas sustitutivas que se le impuso, es razonable que algunas no pudieron ser cumplidas puesto que se encontraba privado de libertad, aspecto que puso a conocimiento del Juez de la causa; 2) La Gestora de Procesos remitió su memorial de recurso de reposición el primer día de diciembre de 2022 al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en ese sentido hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se le notificó con la resolución correspondiente a su recurso de reposición; y, 3) Existe retardación relativa a su libertad, más aun cuando es de conocimiento del Juez de la causa, que en su condición de adulto mayor - sesenta y cinco años de edad- debe tener una protección reforzada.
Helmer Laura Picavia y Milko Steel Ayllón, Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante de fs. 9 y 11. Elena Orosco Olivera, coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda de La Paz, a través del informe escrito de 6 de diciembre de 2022, cursante a fs. 12 vta., señaló que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, conforme el SIREJ Gestora, no se registró ninguna notificación pendiente para ejecutar, menos notificaciones respecto a algún mandamiento que la autoridad jurisdiccional haya dispuesto; y, ii) La última notificación realizada en el proceso del impetrante de tutela data del 17 de noviembre de 2022.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 30/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 19 a 24 concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad que asuma conocimiento de la causa -por vacación judicial- emita determinación en relación al recurso de reposición presentado el 30 de noviembre de 2022, debiendo notificarse con dicha determinación en el mismo plazo al ahora accionante, sea por el Secretario o personal que se encuentre de turno, debiendo la Oficina gestora efectivizar la diligencia de notificación a las partes y denegó con relación al Secretario del Juzgado y la Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos. La decisión fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Ante la falta de pronunciamiento por parte del Juez demandado, y al no haberse remitido el cuaderno de control jurisdiccional, se aplicó el principio de verdad material y de presunción de veracidad de los hechos; b) El recurso de reposición interpuesto el 30 de noviembre de 2022, debió ser resuelto en el plazo máximo de veinticuatro horas, plazo que fue superado de manera superabundante, inobservándose que en el presente proceso penal interviene una persona de la tercera edad, quien merece una protección reforzada; y, c) En relación al Secretario del Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de La Paz y la Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de la referida ciudad, codemandados, en base al principio de presunción de veracidad al establecerse que la autoridad demandada no emitió ninguna Resolución respecto al recurso de reposición, no puede establecerse ningún tipo de responsabilidad para los referidos funcionarios.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de recurso de reposición de 30 de noviembre de 2022, presentado por el impetrante de tutela ante el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual solicitó que la autoridad jurisdiccional emita un pronunciamiento respecto a su solicitud de mandamiento de libertad y detención domiciliaria (fs. 2 a 6 vta.). II.2. Mediante informe escrito emitido por Elena Orosco Olivera, Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de La Paz, -codemandada- se hizo conocer la inexistencia de notificaciones pendientes respecto al proceso seguido contra del impetrante de tutela, teniendo como última notificación la realizada el 17 de noviembre de 2022 (fs. 13).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que la autoridad demandada, no resolvió incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el recurso de reposición presentado el 30 de noviembre contra el decreto de 25 de noviembre de 2022, que determinó de manera arbitraria e irracional la convocatoria a una audiencia de revocatoria de sus medidas sustitutivas dispuestas, o en caso de haberse emitido la Resolución la Secretaria o la Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de La Paz codemandados-, no procedieron a notificarle con dicho actuado procesal, pese a que fue de su conocimiento de que es una persona de la tercera edad, que merece un protección reforzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;
1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´(SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las SSCCPP 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada en las SSCCPP 0259/2018-S2 de 18 de junio y 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, se ha pronunciado sobre el deber de trato preferente y favorable a las personas adultas mayores, estableciendo lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional estableció que tratándose de adultos mayores, no corresponde aplicar la subsidiariedad excepcional dentro de las acciones de libertad, sino ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Así, la, determinó que: …el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad (las negrillas son nuestras).
Dicha Sentencia también señaló que debe asegurarse la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad, para aquellos sectores poblacionales considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. A partir de dichos argumentos, en el caso concreto, al constituirse el impetrante de tutela en adulto mayor, merece una atención preferente y favorable; por lo que, corresponde prescindir del principio de subsidiariedad. La SCP 0772/2018-S2 de 26 de noviembre, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado en igual sentido.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que la autoridad demandada, pese a que conocía que su persona es de la tercera edad, y que merecía una protección reforzada, no resolvió el recurso de reposición que presentó contra el decreto que determinó la convocatoria a una audiencia de revocatoria de sus medidas sustitutivas dispuestas.
Ahora bien, el Juez codemandado no presentó informe y tampoco concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa con el fin de desvirtuar los hechos denunciados por el impetrante de tutela; por lo que, ante la actitud reflejada por la indicada autoridad, y la falta de remisión de antecedentes del proceso, se presume la veracidad de los hechos denunciados, conforme lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto de la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dionicio Quinteros Quispe hoy accionante, el 30 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela presentó recurso de reposición contra el decreto de 25 igual mes y año, solicitando que la autoridad jurisdiccional revoque la determinación de señalamiento de audiencia y en su reemplazo se disponga la emisión del mandamiento de libertad y de detención domiciliaria Por otro lado, conforme lo informado por Elena Orosco Olivera, Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de La Paz, codemandada, el último actuado procesal de notificación cargado en el sistema de la Gestora de Procesos data del 17 de noviembre de 2022, aspecto corroborado por la captura de la pantalla del Sistema de búsqueda de notificacionas adjuntada por la referida funcionaria. Al respecto la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que la acción de libertad de pronto despacho, está destinada a evitar las dilaciones o demoras indebidas e injustificadas en los procesos jurisdiccionales, cuando se trate de la situación jurídica de personas privadas de libertad que ya de por sí se encuentran en una situación de desventaja con relación al resto de la población; en ese sentido, en el caso en particular, la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse respecto a la solicitud realizada por el impetrante de tutela a través de su recurso de reposición presentado el 30 de noviembre de 2022, incumplió con lo establecido por el art. 402 del CPP, es decir, no resolvió el recurso de reposición planteado por el impetrante de tutela en el plazo de veinticuatro horas, conforme dispone la normativa señalada supra, habiendo excedido el plazo para la resolución del mencionado recurso, incurriendo en una dilación injustificada de cinco días. A lo señalado se debe agregar que la autoridad demandada, además, no consideró que el recurso de reposición fue presentado por una persona de la tercera edad, perteneciente a un grupo vulnerable y de atención prioritaria merecedora de un trato preferente y favorable, conforme reza la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.3, razón por la cual la autoridad jurisdiccional debió priorizar la resolución del mencionado recurso a objeto de evitar la lesión de sus derechos fundamentales. Finalmente, con relación a Milko Steel Ayllon, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme lo desglosado por el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva respecto de solicitudes vinculadas con la libertad, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, se entiende en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa en vigencia. En tal sentido, de la compulsa de lo fundamentado por el impetrante de tutela, lo informado por la codemandada, se advierte que la Secretaria codemandada y la Coordinadora de la Gestora de Procesos Segunda de la ciudad de La Paz, en su condición de personal de apoyo jurisdiccional, no incumplieron sus funciones o incurrieron en excesos que hubieren vulnerado los derechos del accionante, al haberse acreditado que la autoridad jurisdiccional no emitió resolución respecto al recurso de reposición presentado por el impetrante de tutela, en consecuencia no generó ninguna obligación a través de la cual se advierte incumplimiento de alguna disposición emitida por la autoridad jurisdiccional; situación corroborada con el informe emitido por Elena Orosco Olivera, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda de la ciudad de La Paz, quien informó que la última notificación emitida dentro del proceso del impetrante de tutela fue el 17 de noviembre de 2022 y que no existirían actuados pendientes de notificación, razón por la que no se evidenció un incumplimiento de su parte, que haya derivado en la vulneración de algún derecho o garantía del impetrante de tutela, motivo por cual debe denegarse la tutela respecto a los codemandados señalados supra.
En consecuencia, el tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 de 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER, la tutela impetrada con relación a Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, de la forma dispuesta por el Juez de garantías y; 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Milko Steel Ayllon, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y Elena Orosco Olivera, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda de la ciudad de La Paz, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o
finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0473_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ca811b6a7ebe9e4f11a4527a1518863dde776d7d8dcee4cc40a5b3c82c605bc
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