B.IA.LEGAL

SCP 0473/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45406-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, así como el principio de celeridad vinculados con su derecho a la libertad y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitó requerimientos fiscales; documentación requerida ante la “Resolución” de 29 de noviembre de 2021, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó la Resolución de rechazo de su solicitud de cesación de detención preventiva interpuesta de forma anterior, disponiendo que efectúe nueva audiencia bajo los principios de oralidad y contradicción, y considere las pruebas presentadas en cesación; sin embargo, a pesar que pidió las copias pertinentes y dichos requerimientos fiscales, la entrega de los mismos le fue negada a la prenombrada, indicándole la Fiscal de Materia ahora accionada que el investigador asignado al caso se encuentra de vacaciones, teniendo inclusive que solicitar la asignación de uno nuevo, cuando dicha labor le corresponde realizar de oficio; causándole dilación procesal, pues requiere esa documentación a objeto que sea considerada una vez que se convoque a una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el incumplimiento de los plazos procesales, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45406-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 188/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leonardo Mamani Ynca contra Débora Olivera Capihuara, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2021, cursante de fs. 3 a 5, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio, por Auto Interlocutorio 67/2020 de 25 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz, habiendo transcurrido -se entiende hasta la interposición de esta acción de defensa- dos años de ello. En ese sentido, a objeto de cumplir lo establecido en el art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y conseguir la cesación a su detención preventiva, por escrito de 2 de diciembre de 2021 solicitó requerimientos fiscales consistentes en copia legalizada del documento de otorgación de garantías -se entiende a la parte denunciante-, certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y demás entidades correspondientes; documentación que le fue requerida por “Resolución” de 29 de noviembre de 2021, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó la Resolución -no indica número ni fecha-emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, disponiendo que efectúe nueva audiencia bajo los principios de oralidad y contradicción, y considere las pruebas presentadas en cesación; sin embargo, a pesar que pidió las copias pertinentes y dichos requerimientos fiscales a través de su pareja Marina Khapa Mamani, considerando que se encuentra privado de su libertad, negaron su entrega a la prenombrada, indicándole la Fiscal de Materia ahora accionada que el investigador asignado al caso se encuentra de vacaciones, teniendo inclusive que solicitar la asignación de uno nuevo, cuando dicha labor le corresponde realizar de oficio; causándole dilación procesal, pues si bien se providenció dando curso a sus requerimientos “…no se nos quiere entregar dichos requerimientos…” (sic), vulnerando sus derechos constitucionales y lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1342/2013-R”, “1608/2013-R”, “1619/2013-R”, “1625/2013-R” y “1657/2013-R” y “0016/2014-R”.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE). En audiencia invocó como vulnerados sus derechos a la libertad y a la petición, así como el principio de celeridad, citando los arts. 24, 115.II, 116.I, 119.I, 178.I y 180 de la CPE; y, 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

En su demanda constitucional, no establece con precisión su pretensión jurídica. En audiencia solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga que “…en el plazo de 24 horas la autoridad demandada del Ministerio Público ante la ausencia de un investigador a cargo del caso, se nos entregue de forma directa o la señora esposa Marina Khapa, los requerimientos solicitados…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de 9 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 32, presente la parte peticionante de tutela y ausente la autoridad accionada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, señaló que: a) El 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, -que mediante Auto Interlocutorio 166/2021-rechazó su pretensión, dando por desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP, encontrándose latente los arts. 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal; ante lo cual, formuló recurso de apelación incidental, que fue sorteado a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó el referido fallo, dado que no se valoró las garantías que adjuntó de su parte de forma virtual en formato “PDF”, ordenando a la autoridad inferior en grado que convoque a nueva audiencia oral y contradictoria para la consideración de su cesación a la detención preventiva, siendo que en su causa ya existe acusación fiscal y particular, convocatoria que todavía no se realizó; b) En ese sentido, reclama que el 2 de diciembre de igual año, presentó escrito a la Fiscal de Materia hoy accionada, solicitando requerimientos fiscales a objeto que “…se nos extienda por la oficina reconvencional de la FELCC de Viacha (…) una copia legalizada autentificada cumpliendo con el Art. 1311 del CC, documentación que pretendemos hacer valer una vez que nos convoque la autoridad aquo bajo disposición de la Sala Penal Cuarta, a los efectos de demostrar lo que nos pide la parte contraria y obtener la libertad…” (sic); sin embargo, el 6 y 7 de igual mes y año, su pareja se apersonó ante el Ministerio Público para recoger no solo la copia legalizada, sino poder actualizar los antecedentes penales y policiales a fin de enervar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; empero, no tuvo éxito, indicándole la autoridad fiscal accionada a través de sus auxiliares que los requerimientos ya fueron providenciados debiendo ser recogidos por el investigador a cargo del caso, cuando es de su conocimiento que el investigador “…se ha retirado hace semanas atrás, existe informe de la devolución del cuaderno de investigaciones…” (sic), incumpliendo sus atribuciones establecidas en el art. 40.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP) concordante con los arts. 115.II, 178.I, 180 y 225 de la CPE; c) La autoridad fiscal no debe esperar que las partes requieran la reasignación de otro investigador, pues conforme al art. 40 de la LOMP, dentro de las veinticuatro horas, debió requerir la reasignación de otro investigador asignado al caso para que pueda recabar los requerimientos solicitados; d) El cuaderno procesal de su causa fue remitido del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz a su similar Quinto, el cual recién está conociendo la causa por encontrarse de turno, vale decir que “…no hay a donde quejarnos, a un control jurisdiccional…” (sic), por lo que conforme la SCP 0405/2012 -de 22 de junio- reclama su derecho a la petición, ya que en su solicitud de 2 de diciembre de 2021, se amparó en el art. 24 de la CPE; empero, no le extendieron los requerimientos solicitados dejándole en completa indefensión; e) Su solicitud se encuentra ligada a su derecho a la libertad, toda vez que con dichos requerimientos fiscales pretende recabar documentación para pedir la cesación de su detención preventiva, citando al efecto el “AC 05/2006” modulado por la “SC 3405”; y, f) Finalmente, solicita se conceda la tutela, disponiéndose que en el plazo de veinticuatro horas, la Fiscal de Materia accionada, ante la ausencia de un investigador asignado al caso, entregue a su persona o a su esposa Marina Khapa Mamani los requerimientos solicitados.

Ante la solicitud de aclaración solicitada por la Sala Constitucional, el accionante aclaró que su petición de tutela es a partir de un procesamiento indebido y persecución ilegal.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Débora Olivera Capihuara, Fiscal de Materia, no remitió informe escrito alguno ni se presentó en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, pese a su citación cursante de fs. 7 a 8.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 188/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad no es el mecanismo de control pertinente para tutelar el derecho de petición, puesto que el art. 125 de la CPE, refiere que a través de dicho medio de defensa se garantizan cuatro derechos elementales a saber, la vida, la libertad, la integridad personal y la libertad de locomoción; vale decir, su naturaleza jurídica se encuentra limitada a dichos derechos, no correspondiendo en consecuencia emitir pronunciamiento de fondo respecto al derecho de petición; 2) En cuanto a la persecución ilegal e indebida esbozada por el accionante, del contenido de la demanda tutelar y lo esgrimido en audiencia de consideración de la acción de libertad, no se advierte cuál el mérito o algún argumento fáctico para atribuir a la autoridad accionada la persecución ilegal o procesamiento indebido, entendida como aquellos actos contrarios al ordenamiento jurídico, que impliquen hostigamiento constante al impetrante de tutela; 3) La doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R -de 1 de diciembre- reiterada en la SCP 0185/2019-S4 -de 25 de abril-, estableció que cuando se denuncia lesión del derecho al debido proceso vía acción de libertad, deben cumplirse dos presupuestos; el primero, que el acto lesivo entendido como el acto ilegal indebido, la omisión indebida o amenaza de la autoridad denunciada, debe estar vinculada con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y segundo, debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el peticionante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso, y que recién conoció los mismos al momento de la privación de libertad; 4) Conforme al planteamiento expuesto por el impetrante de tutela, en cuanto al primer presupuesto desarrollado supra, se tiene que por Auto Interlocutorio 67/2020, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro del departamento de La Paz, medida que pretendió modificar con una solicitud de cesación a la detención preventiva que fue desestimada; empero, que luego fue anulada por el Tribunal de alzada y se está a la espera de un pronunciamiento, en este caso por el Tribunal de turno que resulta ser el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz; en ese entendido, el hecho que la Fiscal hoy accionada hubiese generado una omisión de otorgar estos requerimientos fiscales, los mismos no se constituyen o no se traducen como la causa directa para la privación del derecho a la libertad del hoy accionante; y, 5) En cuanto al segundo presupuesto, el impetrante de tutela se encuentra bajo el control de una autoridad jurisdiccional, en este caso, debido a la vacación judicial a cargo del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento mencionado, autoridad que no tiene conocimiento de lo denunciado en esta acción de defensa; por lo que, se advierte que el prenombrado incumple los presupuestos para que la justicia constitucional otorgue tutela, correspondiendo su denegatoria. En vía de enmienda y complementación, el accionante a través de su abogado, en audiencia solicitó aclarar lo siguiente: i) Por qué se refirió que los requerimientos fiscales no son la causa directa para obtener su libertad, cuando la SCP 0010/2020-S4 de 13 de febrero, establece la procedencia y alcances de la acción de libertad y el debido proceso, profiriendo que ésta procede ante el acto lesivo u omisión indebidas, por autoridades públicas, al no requerir de forma oportuna bajo el principio de celeridad; y, ii) Complemente en cuanto al segundo presupuesto, respecto a la inexistencia de la segunda causal (absoluto estado de indefensión), cuando se reiteró que no existe investigador asignado al caso a quien reclamar y el Ministerio Público les obliga a recoger los requerimientos por el investigador, sin que se hubiera designado otro; asimismo, en cuanto a la SCP “1586/2013-R” de 18 de septiembre, que establece que la acción de libertad traslativa y de pronto despacho debe ser atendida de forma oportuna. Al respecto, la Sala Constitucional señaló que, en cuanto a lo referido respecto a la acción traslativa o de pronto despacho, no emitirá pronunciamiento, dado que la misma no fue objeto de análisis en la Resolución pronunciada. Asimismo, sobre el primer punto, aclaró que no se refirió que los requerimientos fiscales solicitados no estuviesen vinculados a la eventual obtención de su libertad, sino que el acto, amenaza u omisión de la autoridad accionada no fue la causa o razón directa de la privación de libertad del accionante; y, respecto al segundo punto, no existe trascendencia para pronunciarse, puesto que los dos presupuestos de activación deben concurrir simultáneamente, declarándose sin lugar el pedido de complementación de referencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leonardo Mamani Ynca -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de feminicidio, por Auto Interlocutorio 166/2021 de 19 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el hoy impetrante de tutela, dando por desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP, manteniendo vigente los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal; concluida la audiencia, la defensa del prenombrado formuló recurso de apelación incidental (fs. 27 a 28 vta.). II.2. Consta memorial presentado por el accionante el 2 de diciembre de 2021, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la localidad de Viacha, con suma “SOLICITA REQUERIMIENTOS FISCALES QUE INDICA” (fs. 2 y vta.). II.3. Mediante memorial de “Diciembre de 2021” dirigido ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la localidad de Viacha, el impetrante de tutela, solicitó la “REASIGNACIÓN DE INVESTIGADOR”, señalando que a objeto de coordinar los requerimientos solicitados se dirigió ante dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); sin embargo, fue informado que el investigador asignado al caso se encontraría de vacaciones (fs. 9 a 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, así como el principio de celeridad vinculados con su derecho a la libertad y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitó requerimientos fiscales; documentación requerida ante la “Resolución” de 29 de noviembre de 2021, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó la Resolución de rechazo de su solicitud de cesación de detención preventiva interpuesta de forma anterior, disponiendo que efectúe nueva audiencia bajo los principios de oralidad y contradicción, y considere las pruebas presentadas en cesación; sin embargo, a pesar que pidió las copias pertinentes y dichos requerimientos fiscales, la entrega de los mismos le fue negada a la prenombrada, indicándole la Fiscal de Materia ahora accionada que el investigador asignado al caso se encuentra de vacaciones, teniendo inclusive que solicitar la asignación de uno nuevo, cuando dicha labor le corresponde realizar de oficio; causándole dilación procesal, pues requiere esa documentación a objeto que sea considerada una vez que se convoque a una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido

A partir de los presupuestos de activación de esta acción de defensa, en función a su naturaleza jurídica, alcance y los derechos protegidos, la jurisprudencia constitucional de igual forma precisó el debido proceso y el alcance de su protección vía acción de libertad, así la SCP 0205/2022-S3 de 31 de marzo, siguiendo el lineamiento jurisprudencial de la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, refirió que: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal'”. Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “'…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'.

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, alega que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de feminicidio, solicitó requerimientos fiscales; documentación requerida ante la “Resolución” de 29 de noviembre de 2021, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó la Resolución de rechazo de su solicitud de cesación interpuesta de forma anterior, disponiendo que efectúe nueva audiencia bajo los principios de oralidad y contradicción, y considere las pruebas presentadas en cesación; sin embargo, a pesar que pidió las copias pertinentes y dichos requerimientos fiscales, la entrega de los mismos le fue negada a la prenombrada, indicándole la Fiscal de Materia ahora accionada que el investigador asignado al caso se encuentra de vacaciones, teniendo inclusive que solicitar la asignación de uno nuevo, cuando dicha labor le corresponde realizar de oficio; causándole dilación procesal, pues requiere esa documentación a objeto que sea considerada una vez que se convoque a una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva.

Bajo ese objeto de reclamación, es necesario contextualizar la situación fáctica, con base a los antecedentes del caso, a partir de los cuales se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de feminicidio, por Auto Interlocutorio 166/2021 de 19 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, dando por desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP y manteniendo vigente los riesgos procesales descritos en los arts. 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal; a cuya conclusión de la respectiva audiencia, la defensa del prenombrado formuló recurso de apelación incidental (Conclusión II.1); sobre el particular, el impetrante de tutela sostiene en su acción tutelar que dicha determinación habría sido revocada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ordenándose a la autoridad inferior en grado que convoque a nueva audiencia para la consideración de su cesación, convocatoria que a tiempo de la interposición de la presente acción de defensa no se hubiera realizado; motivo por el cual, y con la finalidad de obtener la documentación que pretende hacer valer en dicha audiencia, por memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la localidad de Viacha, el accionante solicitó la emisión de requerimientos fiscales a fin de que se extienda en su favor, entre otros, copia legalizada de las garantías firmadas en favor de Adriana Mamani Choque -se comprende parte querellante dentro el proceso penal de referencia- y certificado de antecedentes penales y policiales (Conclusión II.2).

Sin embargo, el accionante reclama que, a pesar que la autoridad fiscal ahora accionada habría providenciado dando curso a la emisión de los requerimientos fiscales que impetró, se le hubiera negado la entrega de dichos oficios, dado que se le habría indicado que debía recogerlos del investigador asignado al caso, cuando por escrito de “Diciembre de 2021” dirigido ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de la localidad de Viacha, el accionante pidió la “REASIGNACIÓN DE INVESTIGADOR”, señalando que con la finalidad de coordinar los requerimientos solicitados se dirigió ante dependencias de la FELCC; sin embargo, se le informó que el investigador asignado al caso se encontraría de vacaciones (Conclusión II.3).

Conocidos los actuados generados en el presente caso y siendo que el objeto medular de la reclamación constitucional planteada converge en una presunta dilación indebida que se habría provocado ante la negación por parte de la autoridad fiscal accionada en la entrega de forma directa de los requerimientos fiscales impetrados por el accionante, por habérsele indicado que debía recogerlos del investigador asignado al caso sin tomar en cuenta que dicho funcionario se encontraría de vacaciones, incurriéndose a juicio del impetrante de tutela en una infracción de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad vinculados con su derecho a la libertad, concierne tomar en cuenta la línea jurisprudencial citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que para conocer vía esta acción de libertad, denuncias de procesamiento ilegal o indebido, se deben cumplir dos presupuestos necesarios de concurrencia, consistentes en: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (el énfasis es agregado).

Bajo esa comprensión, en lo que atañe al primer presupuesto establecido, y en el marco de la reclamación formulada contra la autoridad fiscal ahora accionada, sobre la posible dilación generada en la entrega de los requerimientos fiscales solicitados por el accionante con fines de recabar la documentación pertinente a ser considerada “…una vez que nos convoque la autoridad aquo bajo disposición de la Sala Penal Cuarta, a los efectos de demostrar lo que nos pide la parte contraria y obtener la libertad…” (sic); no se advierte que dicho reclamo de presunta irregularidad o dilación procesal, constituya un acto lesivo o amenaza concreta del debido proceso vinculado a la libertad del accionante, toda vez que, este se encuentra detenido preventivamente como emergencia de la aplicación de una medida cautelar, situación jurídica que cambiará únicamente por determinación de la autoridad jurisdiccional en conocimiento del proceso, y no de forma automática por la entrega de los oficios reclamados, teniéndose que la pretensión de que se otorgue los mismos de forma directa en razón a que el investigador asignado al caso se encontraría de vacaciones constituyen actos estrictamente procesales, no constituyéndose los extremos reclamados en la causa directa que restringen el mencionado derecho del impetrante de tutela; debiéndose aclarar en la misma línea de análisis que tampoco se advierte una vinculación directa a la libertad en cuanto a la invocación sobre una decisión que habría sido asumida en apelación, pues no se evidencia que el Tribunal de apelación aludido, hubiese establecido de alguna forma que la documental referida o con la que se pretende obtener más prueba, sea determinante y esencial en la nueva audiencia programada, puesto que -más allá de que incluso no se tiene certeza de dicha determinación en apelación-, conforme lo sostiene el propio acusado y ahora peticionante de tutela, la nueva audiencia tendría por objeto se celebre ese actuado bajo los principios de oralidad y contradicción, y considere las pruebas presentadas en cesación. En ese sentido, la situación fáctica planteada de presunta irregularidad del debido proceso y/o dilación en la obtención de requerimientos y en base a estos conseguir documental, que eventualmente podría servir de sustento probatorio en una audiencia de cesación a futuro, no se advierte que tenga vinculación con la libertad del acusado, al no operar como la causa de la restricción de su libertad, y no advertirse tampoco que dicha documental por sí misma opere en la libertad directa e inmediata del procesado, de lo que se concluye que no concurre el primer presupuesto exigido para la procedencia de la tutela del debido proceso a través de la acción de libertad. En esa misma línea de análisis, verificando el cumplimiento del segundo presupuesto, tampoco se puede advertir que el accionante durante la sustanciación de la causa penal a la que se encuentra sometido, hubiere estado en absoluta indefensión, de tal forma que no hubiere conocido de la causa penal iniciada en su contra o estuviera impedido materialmente de hacer uso de los mecanismos de defensa dentro de esta, contrariamente se advierte que asumió su defensa desplegando acciones proactivas en resguardo de sus derechos, teniendo expedita las vías ordinarias previamente para resguardar su derecho con la finalidad de que el proceso penal se tramite en el marco del debido proceso; concluyéndose que tampoco concurre el segundo presupuesto.

Consiguientemente, ante la inconcurrencia de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, para conocer a través de esta acción de defensa las denuncias de procesamiento ilegal o indebido, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, aclarando al impetrante de tutela, que en caso de considerar persistencia de los extremos expuestos, una vez agotados todos los mecanismos intraprocesales, debe activar la acción de amparo constitucional que se constituye en el mecanismo de defensa constitucional idóneo para conocer presuntas infracciones al debido proceso no vinculadas con la libertad.

A mayor abundamiento, y en la misma dimensión de análisis referida precedentemente, resulta pertinente resaltar que, considerando que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho de petición en sentido que no se habría entregado los requerimientos solicitados bajo el amparo del art. 24 de la CPE, al margen de no advertir vinculación con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran protegidos por esta acción de defensa; se tiene que conforme a la SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, que desglosó los entendimientos jurisprudenciales desarrollados por la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril: “... toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales”, en base a cuyo entendimiento tampoco es posible acoger favorablemente la tutela pretendida por derecho de petición, como elemento integrante intraproceso.

III.3. Otras consideraciones

Finalmente, en revisión del despliegue y trámite procesal de la presente acción de defensa, este Tribunal no puede soslayar una advertida dilación procesal, dado que siendo resuelta esta acción de defensa el 9 de diciembre de 2021, la misma recién fue remitida en revisión el 26 de enero de 2022, conforme se tiene de la boleta del courier cursante a fs. 37; es decir, de forma posterior al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo. En tal sentido, corresponde llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por incumplimiento del trámite y plazos procesales inherentes a esta acción de defensa que tiene carácter sumario, y que se encuentran establecidos en la norma procesal específica. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2021 de 9 de diciembre, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el incumplimiento de los plazos procesales, conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0473_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42734902219ddeb2a870eaa213c06e35db32c67943aa3b79ea1fa597cc2dd2cf

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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