Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 20 de agosto de 2024
Concede la tutela
La empresa impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos motivación, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración razonable de la prueba debido a que las autoridades demandadas, al revocar lo resuelto por el Juez del proceso y declarar improbada la excepción de falta de personería en la entidad ejecutante, no consideraron sus argumentos de defensa; y tampoco expusieron suficiente fundamentación y motivación que explique las razones por las cuales, concluyeron que el fallo de primera instancia distorsionó la excepción planteada porque asoció y confundió la excepción por falta de personería con la falta de legitimación activa que son institutos diferentes que tienen normativa y regulaciones distintas. Igualmente, es una Resolución ultra petita porque expone hechos y valora prueba que no forma parte del memorial de apelación de la parte ejecutante y omite explicar las razones por las cuales, el Auto Supremo 795/2017 no sería aplicable al caso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 038/2023 de 20 de junio, Auto complementario de la misma fecha, cursante de fs. 636 vta. a 643 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada; en su mérito, se deja sin efecto y valor legal el Auto de Vista 611/2022 de 23 de diciembre, disponiendo que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncien nueva Resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0472/2024-S4 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 56655-2023-114-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 038/2023 de 20 de junio, Auto complementario de la misma fecha, cursante de fs. 636 vta. a 643 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Gunnar Sánchez Vacaflor en representación legal de la Comercializadora de Minerales MACUQUINA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Marisol Ortiz Hurtado y Óscar Jesús Menacho Aguilera, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 517 a 526, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
La empresa “Bluequest Resources AG” interpuso una demanda ejecutiva contra José Corral Romero y la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquiña S.R.L., la cual fue admitida en el Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunciándose la Sentencia inicial 80/2020 de 6 de octubre; por la que, se declaró probada la misma; se dispuso el embargo de los bienes dados en garantía prendaria y que se cite a los ejecutados. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2020, José Corral Romero, interpuso excepción de falta de personería en el ejecutante por considerar que carece de capacidad civil para entablar un juicio en Bolivia y por falta de representación suficiente de su representante; además de excepción de beneficio de excusión. Por su parte, la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., interpuso excepción de falta de personería en el ejecutante por carecer de capacidad civil para estar en juicio y falta de fuerza ejecutiva. Finalmente, el 29 de abril de 2022, se celebraron actos de audiencia y el Juez dictó Sentencia Definitiva 48/22 declarando probada la excepción de falta de personería en la entidad ejecutante por falta de legitimación activa, y concedió diez días de plazo a la entidad ejecutante, para acreditarla. Interpuesto que fue el recurso de apelación contra la citada determinación, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 611/2022 de 23 de diciembre, revocando la Sentencia Definitiva 48/22, y en consecuencia, declarando improbadas las excepciones de falta de personería, vulnerando el debido proceso en sus elementos motivación, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración arbitraria de la prueba; toda vez que no se refirió a los hechos probados y no probados de la Sentencia Definitiva pronunciada el 11 de abril por el Juez del proceso, declarando probada la excepción de falta de personería de la entidad ejecutante. Los Vocales demandados señalaron arbitrariamente, que el fallo de primera instancia había distorsionado la concepción de la excepción planteada porque asoció y confundió la excepción de falta de personería con la de falta de legitimación activa, que constituyen institutos diferentes, y por lo mismo, están sujetas a normativa y regulaciones distintas; y sin efectuar mayores consideraciones. Se apartaron del control de legalidad, generando oscuridad en la motivación y fundamentación porque distorsionó el hecho de que la excepción fue presentada y probada al tenor de lo previsto por el art. 381.II.2 del Código Procesal Civil (CPC), es decir, porque la entidad ejecutante no contaba con capacidad civil para estar en juicio, extremos que fueron demostraron en el análisis de los hechos probados y no probados expuestos en la Sentencia Definitiva. Así también, el Auto de Vista cuestionado omitió responder a los argumentos de la parte ejecutada que aclaró y reforzó el razonamiento expuesto, invocando los arts. 14.V y 320 de la Constitución Política del Estado (CPE); omisión que generó confusión y sensación de parcialidad, vulnerando el derecho a obtener una resolución que contenga la debida motivación, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. El Auto de Vista 611/2022, es ultra petita debido a que en el Considerando II.2.2, expuso hechos y realizó una valoración de prueba que no formó parte del memorial de apelación, interpuesto por la entidad extranjera contra la Resolución definitiva que dio por probada la excepción planteada, cuando sostuvo que existe una deuda reconocida por instrumento público con valor y eficacia jurídica, al tenor de lo previsto por el art. 415 del Código de Comercio (Ccom), reconociendo que la Empresa sí tenía personería jurídica, contradiciendo además el Considerando II.2.1, en el que argumentó que existió confusión entre personería jurídica y legitimación activa como causal de excepción; pero además, es extra petita al considerar la teoría de los actos propios señalando que los demandados en los documentos base de la demanda, expresaron su consentimiento para generar actos jurídicos con la empresa demandante en el Estado Plurinacional de Bolivia; por lo que, no puede contradecir esa su conducta anterior, argumento que no fue planteado en el recurso de apelación ni fue objeto de fondo de la Resolución definitiva, aportando nuevos hechos a una instancia que no corresponde conforme a ley y procedimiento y no guarda relación con lo resuelto, impugnado y contestado. De otro lado, el Auto de Vista 611/2022, realizó una arbitraria valoración de la prueba al señalar que no se demostró por ningún medio de prueba idóneo que la empresa demandante tenga una representación o una sucursal en Bolivia para que se pueda demostrar que su actividad comercial es pertinente y continua, además que son los propios demandados, en los documentos base de la demanda, los que reconocen que la empresa demandante actuó al tenor del art. 415 del Ccom y que en caso contrario, los deudores estaban en la obligación de exigir en ese momento, el registro de comercio de la acreedora, y al no haberlo hecho, expresaron conformidad con el status jurídico de la misma en el proceso; de esa forma, el Auto de Vista ingresó a realizar argumentaciones no cuestionadas en el recurso de apelación y se alejó del fondo de lo reclamado, pues no es la nulidad o anulabilidad de documento lo resuelto en la Sentencia definitiva sino una excepción. De igual forma, el Auto de Vista incurrió en una valoración insuficiente y arbitraria de la prueba, al simplemente señalar insuficiencia y aparentar que no se hubiese presentado la prueba correspondiente a la excepción planteada y resuelta, cuando el Considerando I de la Resolución definitiva, establece y valora con claridad, toda la prueba aportada, mismo orden y congruencia que debió guardar el Auto de Vista cuestionado al momento de analizar y concluir que no se demostró con ningún medio de prueba idóneo, y no solamente mencionar el documento base de su decisión final, sin realizar el examen razonable y contraste, conforme a procedimiento y en resguardo de los derechos y garantías que hacen al debido proceso, incurriendo por tanto, en motivación indebida; por lo que, corresponde que este derecho sea tutelado a través de la presente acción de amparo constitucional. También incurrió en motivación insuficiente porque omitió explicar las razones por las cuales, el Auto Supremo 795/2017 no sería aplicable al caso; en esa línea, para cumplir con la exigencia de fundamentación y motivación, de acuerdo a los estándares jurisprudenciales más altos, debió precisarse con claridad, la diferencia entre precedente en vigor y razón jurídica de la decisión, ya que de acuerdo a la SCP “683/2013”, dicha distinción es importante; toda vez que, el precedente genera efectos vinculantes, lo que implica que las autoridades judiciales no pueden apartarse de ese razonamiento de manera arbitraria e inmotivada; en ese sentido, las autoridades demandadas no precisaron la diferencia mencionada, y por ende, tampoco establecieron los problemas jurídicos que abordó esa decisión para el desarrollo de su precedente en vigor que es vinculante y cuyo alejamiento exigiría un deber estricto tanto de fundamentación como de motivación; en este marco, no se explican los alcances del precedente ni se justifican las razones; por las cuales, no se aplicación al caso concreto.
La empresa impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos motivación, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración razonable de la prueba, sin citar norma constitucional alguna.
La empresa solicitante de tutela solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 611/2022 y se ordene que se emita nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 621 a 636 vta., presente la parte accionante, así como José Corral Romero, tercero interesado; ausentes las autoridades demandadas y Sergio Roberto Velasco Landívar, representante legal de la empresa “Bluequest Resources AG”, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Aguilera, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia ni remitieron informe, constando su notificación en las diligencias de fs. 550 y 586 respectivamente.
La empresa “Bluequest Resources AG” notificada a través de su representante legal Sergio Roberto Velasco Landívar, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 568. José Corral Romero, en audiencia manifestó que como garante, se adhiere a todo lo explicado por la empresa solicitante de tutela; toda vez que, la deuda ya fue cancelada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de la Resolución 038/2023 de 20 de junio, Auto complementario de la misma fecha, cursante de fs. 636 vta. a 643 vta., concedió en parte la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 611/2022 y disponiendo que las autoridades demandadas pronuncien nueva resolución en el plazo de veinte días, interpretando el art. 33 del Ccom y valorando la documental que cursa de fs. 330 a 344, consistente en los Testimonios 1314/2015 y 1792/2016; y denegó la tutela en cuanto a la vulneración del debido proceso, bajo los siguientes fundamentos: a) Glosando los agravios planteados y la respuesta brindada por las autoridades demandadas, se evidencia que el Auto de Vista tiene fundamento y expone las razones de la decisión para resolver la causa; no obstante, no se efectuó interpretación de la legalidad ordinaria relativa a diferentes normas del Código de Comercio en cuanto al tratamiento que se debe dar en este tipo de conflictos, y menos se refieren al Auto Supremo 795/2017 que de cierta forma, razonaría sobre la exigencia de la legitimidad o personería de una empresa en procesos judiciales; es decir, no se pronuncian verdaderamente sobre ese aspecto, cuando el Juez de primera instancia, de cierta forma, sustentó su decisión también en dicho fallo; b) En la audiencia se ha demostrado individualizando diferentes pruebas que las mismas no fueron valoradas por el Tribunal de alzada y eso implica que verdaderamente existe vulneración al debido proceso en cuando a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba; no así sobre el elemento motivación; c) Los actos de comercio están regulados por el derecho mercantil, en cambio los actos civiles son regulados por el derecho civil, resultando necesario consultar la prueba que cursa de fs. 237 a 250 del expediente, en el que se encuentra el documento denominado “Acuerdo de Cierre” entre la Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L. –parte accionante– y la sociedad “Bluequest Resources AG”, que es una sociedad constituida según las leyes de Suiza; por el cual, se refieren diferentes escrituras públicas como la 1443/2016 de 2 de agosto, la 1485/2016 de 12 de igual mes y la 1988/2016, que comparado con las pruebas que son base de la ejecución del proceso civil que cursan de fs. 13 a 32, 33 a 40 y 41 a 61, permiten concluir que no son actos civiles sino actos comerciales; d) Al margen de ello, también existen otras pruebas como las que cursan de fs. 316 a 324, que demuestran que la sociedad “Bluequest Resources AG”, tenía actividad comercial dentro del país, lo cual tampoco fue considerado y menos valorado en el Auto de Vista, siendo esto así, el art. 25 del Ccom, establece la obligación de todo comerciante de matricularse en el Registro de Comercio, y con ello, dar pie o lugar a la posibilidad legal de actuar en determinados procesos como en este caso que fue exigido por el Juez del proceso aunque los Vocales demandados tuvieron otro criterio; e) El Tribunal de alzada omitió observar igualmente, que los arts. 415 y 416 del Ccom, relativos a los actos aislados y requisitos para el ejercicio habitual de los actos de comercio, no era aplicable debido a que conforme a la prueba que cursa de fs. 316 a 324, se evidencia que dicha sociedad extranjera tenía actividad comercial reiterada; y, f) Más allá de toda normativa relativa al Código de Comercio, también debió observarse el Auto Supremo 795/2017 de 25 de julio.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por acción ejecutiva presentada el 1 de septiembre de 2020, la empresa
“Bluequest Resources AG”, representada por Sergio Roberto Velasco Landívar, demandó el pago de la suma de $us783 673,16 (setecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres mil 16/100 dólares estadounidenses) a la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., como deudora y a José Corral Romero como garante (fs. 82 a 86 vta.). II.2. Subsanadas las observaciones formuladas por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, se pronunció la Sentencia inicial 80/2020 de 6 de octubre, declarando probada la demanda y disponiendo el embargo de los bienes otorgados en garantía prendaria así como la citación a los demandados (fs. 119 a 120 vta.). II.3. José Corral Romero por memorial presentado el 16 de noviembre de 2020, opuso excepciones de falta de personería y beneficio de excusión, señalando que toda entidad ejecutante tratándose de una persona jurídica sea nacional o extranjera, debe cumplir necesariamente con la inscripción en el Registro de Comercio para obtener la capacidad jurídica o civil, puesto que realiza actos de comercio de manera permanente desde la gestión 2015; por lo que, no puede acogerse a la previsión del art. 415 del Ccom. También adujo, la falta de representación suficiente de su representante por no haber acompañado traducción ni cumplido con la legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, solicitó se le conceda el beneficio de excusión por el cual, siendo un garante o fiador simple, se persigan los bienes del deudor principal y en caso de existir resultado negativo, continuar la ejecución en su contra (fs. 223 a 228). II.4. Por su parte, la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., a través de escrito presentado el 23 de noviembre de 2020, interpuso excepciones de falta de personería y falta de fuerza ejecutiva, argumentando igualmente que, la ejecutante es persona jurídica que realiza actos de comercio habituales; por lo que, requiere estar inscrita en el Registro de Comercio. Igualmente, opuso falta de fuerza ejecutiva porque habiéndose establecido un cronograma de pagos no se determinó que el solo vencimiento del plazo de la suma adeudada constituiría en mora y que adquiera exigibilidad (fs. 261 a 266 vta.). II.5. En audiencia realizada el 29 de abril de 2022, el Juez del proceso, pronunció Sentencia Definitiva 48/22, declarando probada la excepción de falta de personería de la entidad ejecutante interpuesta por la parte accionante y José Corral Romero, concediendo el plazo de diez días para que la parte demandante acredite su legitimación activa bajo apercibimiento de tenerse como no presentada la demanda (fs. 422 a 438).
II.6. Planteado el recurso de apelación de fs. 441 a 446, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 611/2022 de 23 de diciembre, revocó la Sentencia Definitiva 48/22 y deliberando en el fondo, declaró improbadas las excepciones de falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, disponiendo la prosecución del proceso (fs. 498 a 502 vta.).
La empresa impetrante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos motivación, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración razonable de la prueba debido a que las autoridades demandadas, al revocar lo resuelto por el Juez del proceso y declarar improbada la excepción de falta de personería en la entidad ejecutante, no consideraron sus argumentos de defensa; y tampoco expusieron suficiente fundamentación y motivación que explique las razones por las cuales, concluyeron que el fallo de primera instancia distorsionó la excepción planteada porque asoció y confundió la excepción por falta de personería con la falta de legitimación activa que son institutos diferentes que tienen normativa y regulaciones distintas. Igualmente, es una Resolución ultra petita porque expone hechos y valora prueba que no forma parte del memorial de apelación de la parte ejecutante y omite explicar las razones por las cuales, el Auto Supremo 795/2017 no sería aplicable al caso. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0106/2024-S4 de 17 de abril, citando a la SCP 0144/2019-S4 de 17 de abril, señalo que: “Sin duda el debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convección América sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se constituye en un prerrequisito para poner en movimiento los derechos humanos reconocidos en los tratados y convenios internacionales sobre la materia y consiguientemente, la protección de cualquier otro derecho establecido en la Constitución Política del Estado, de manera que se constituye en un límite al ejercicio de poder que ostenta el Estado. El debido proceso ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional, como el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo, de manera que sus derechos se adecúen a disposiciones jurídicas generales aplicables a todas las personas que se encuentren en similares situaciones, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, de manera que posibilite que las personas puedan defenderse de manera adecuada en cualquier tipo de proceso, evitando de esa manera cualquier lesión a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, así como en los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, al constituirse los últimos, en parte integrante del bloque de constitucionalidad, según lo ordenado en el art. 410.II de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y que, en el marco de lo previsto por el art. 256 de la CPE, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando contengan normas más favorables. Partiendo de los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la triple dimensión del debido proceso, así la SC 0896/2010-R, del 10 de agosto, estableció que: ‘…La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso, como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, su naturaleza está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia; de ella, se desprende como derecho fundamental autónomo e indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido, en «El Derecho de los Derechos»: «El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático»’. En cuanto a los elementos que componen el debido proceso, el Tribunal Constitucional, en las SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 0022/2006-R, entre otras, estableció que forman parte del mismo los derechos a un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la garantía de presunción de inocencia, a la comunicación previa de la acusación, a la defensa material y técnica, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, al principio del non bis in ídem, a la valoración razonable de la prueba, y a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones; precisando sin embargo, que dicho listado, en el marco del principio de progresividad, sólo tienen un carácter enunciativo, dado que pueden agregarse otros elementos que forman parte del debido proceso como una garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste, como un medio para asegurar la realización del valor justicia.
Respecto a lo anotado en la última parte del párrafo precedente, es decir, el debido proceso como medio para asegurar el valor justicia, debe señalarse que, es indiscutible la relación entre este y la búsqueda del orden justo, dado que el primero no se limita únicamente al concepto de instrumento o vía para poner en movimiento mecánico las reglas del procedimiento, puesto que lo que se protege realmente no es la rigurosa observancia de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse constitucionalmente, es decir, debe comprenderse al debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal. Se concluye entonces que, el debido proceso está integrado por distintos elementos que lo configuran; entre ellos, la garantía de presunción de inocencia, la congruencia entre acusación y condena y la necesaria fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, elementos que, como quedó anotado en el párrafo precedente, forman parte de los presupuestos propios de las reglas del debido proceso, por tanto, de obligado cumplimiento, tanto por las autoridades jurisdiccionales en los procesos que conocen y resuelven, como por las autoridades administrativas que, en el marco de las competencias específicas asignadas por la ley, resuelven conflictos jurídicos, sea aplicando sanciones o conociendo recursos administrativos, de manera que se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, previstos en la Ley Fundamental y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos; obligación que se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, que es definida por el art. 3 núm. 4 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, como la aplicación objetiva de la ley, de manera que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia, con lo que, se pretende lograr la paz social, previsto como fin en el art. 10 de la CPE. En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliando el contenido del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha incorporado el deber de motivación como una garantía del debido proceso, estableciendo que, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias. La Corte también señaló que la decisión motivada implica una decisión que permita conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó la resolución de manera clara, y si estos fundamentos son compatibles con los parámetros dispuestos en la Convención, por lo que cuando dicha resolución no cumpla con la garantía de encontrarse debidamente motivada se entenderá como contraria al artículo 8.1 de la CADH.
Por otra parte, la referida Corte Internacional ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Precisó el alcance de esta garantía bajo los siguientes argumentos: 1) El deber de motivar es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática; 2) La motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado; y, 3) En aquellos casos en los que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. En esa línea también, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SCP 0874/2014 de 8 de mayo, señaló: ‘El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE’. Más adelante, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, con base al entendimiento desarrollado en la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, reiteradas en las SSCC 2023/2010-R, 1054/2011-R y SCP 0401/2012 de 22 de junio, precisó que la motivación no significa una mera exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino la exigencia de una estructura de forma y de fondo, que puede ser concisa pero clara, de manera que se satisfagan todos los puntos demandados, expresándose las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; y, al contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas. A su vez, la jurisprudencia constitucional comprendida en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó que: ‘...toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado’. En cuanto a la congruencia como principio característico del debido proceso, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló el siguiente entendimiento: ‘...en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica, no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino que su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, de manera que no se incurra en una incongruencia aditiva o incongruencia omisiva, ello sin descuidar la cita de las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir la decisión respecto al objeto del proceso” (las negrillas son nuestras).
A efectos de determinar cuáles son los requisitos y condiciones para que una sociedad en Bolivia sea sujeto de derecho, resulta necesario revisar la normativa que rige al respecto. En ese sentido, por la naturaleza de la materia debemos acudir a las normas contenidas en el Código de Comercio, que en sus arts. 133 y 134 establece lo siguiente: “Artículo 133.- (PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES, ANULACION DE ACTO CONSTITUTIVO) Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de sujetos de derecho con el alcance establecido en éste Título, desde el momento de su inscripción en el Registro de Comercio, sin necesidad de otro requisito. La anulación del acto constitutivo declarada judicialmente, no tiene efecto retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad. Artículo 134.- (SOCIEDADES IRREGULARES Y DE HECHO). Las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente y las sociedades de hecho que se hubieran exteriorizado como tales frente a terceros, se reputarán existentes solamente para los efectos de la responsabilidad respecto de terceros y para ejercer los derechos emergentes de contratos válidamente celebrados. En estos casos, no pueden los socios, fundados en el contrato social, ejercer derechos o reclamar obligaciones; sus relaciones recíprocas se rigen por el derecho común”. El contenido del art. 133 del Ccom precedentemente glosado, establece en su primera parte, que las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de sujetos de derecho, desde el momento de su inscripción en el Registro de Comercio; determinación de carácter imperativa y no potestativa, porque establece un requisito indispensable, esencial y obligatorio para, primero ser sujeto de derecho; y luego ser sujeto comercial, como es adquirir personalidad jurídica, para después precisar que tal prerrogativa se logra con la inscripción en el Registro de Comercio.
Es importante destacar que una norma imperativa es aquella que obliga de manera incondicional a los sujetos a los que se dirige, independientemente de su voluntad. No se puede pactar en contra de lo que establece una norma imperativa, y cualquier acuerdo que intente modificarla o derogarla es nulo. Su cumplimiento es obligatorio y no depende de la voluntad de los particulares; es indisponible, porque no puede ser modificada o derogada por acuerdos entre particulares y tiene carácter necesario, porque su aplicación no puede ser sustituida por otra regla establecida por las partes. Una norma potestativa en cambio, también llamada dispositiva o supletoria, es aquella que se aplica únicamente en defecto de la voluntad de las partes. Es decir, los sujetos a los que se dirige, pueden acordar una regulación diferente a la establecida en la norma potestativa. Esta solo entrará en vigor si las partes no hubieran previsto nada distinto para regular su situación jurídica. Una norma supletoria que se aplicará solo en ausencia de una regulación específica acordada por las partes; es disponible porque puede ser modificada o excluida por la voluntad de los particulares y es de carácter subsidiaria a la autonomía de la voluntad de los sujetos. En síntesis, la diferencia fundamental entre una norma imperativa y una potestativa radica en la obligatoriedad. La norma imperativa se impone de forma absoluta y no permite pacto en contrario, mientras que la norma potestativa se aplica solo si las partes no manifestaron una voluntad diferente. La norma potestativa está al servicio de la autonomía de la voluntad, permitiendo a los particulares regular sus intereses como mejor les parezca, dentro de los límites establecidos por las normas imperativas y el orden público. Entonces, de la lectura del art. 133 del Ccom se deduce que la mismas está imponiendo una condición, cual es, inscribirse en el Registro de Comercio, para lograr dos consecuencias; la primera es el derecho a tener personalidad jurídica y poder ser sujeto de derecho; es decir, poder actuar e interactuar legalmente con otras personas; y la segunda es tener personalidad jurídica comercial, para poder ejercer actos de comercio y estar regulada por el Código de Comercio, bajo el régimen comercial. Esa norma se comprende además en el alcance del Libro Primero del Código de Comercio, en el que inserta el Título III y el art. 133 del mencionado Código; todas ellas establecen los estatutos de los comerciantes; es decir, de quienes pueden ser comprendidos como tales, sus obligaciones y el ejercicio del comercio. En concordancia con ello, los títulos precedentes de la citada Codificación, se refieren a lo mismo, el Título I se denomina: “De los Comerciantes”; luego el Título II: “De los Auxiliares de Comercio”; y el Título III “De las Sociedades Comerciales”. Entonces, de lo manifestado, se puede concluir que el Título III del Libro Primero del Código de Comercio, es el que establece los requisitos para que las sociedades adquieran personalidad jurídica y sean consideradas como sociedades comerciales y puedan ejercer el comercio. Extremo diferente a una persona que quiera ejercer el comercio, la cual, conforme previene el art. 12 del mismo, todas las personas son capaces para contratar y obligarse conforme a la Ley Civil, para ejercer el comercio. En el caso de análisis, el art. 133 del Ccom, establece la cualidad o acceso para ser sujeto de derecho, que resulta ser una condición previa y diferente a ser solamente comerciante, porque tal como se explicó en el párrafo anterior, cualquier persona puede ejercer el comercio, conforme lo prevé el art. 12 del Ccom, bajo la única condición de tener capacidad jurídica; sin embargo, una sociedad de cualquier naturaleza debe cumplir los requisitos insertos en el art. 133 del CCom, para ser persona jurídica, es decir sujeto de derechos y obligaciones; lo que se alcanza solo con el registro comercial. A contrario de lo señalado, la ausencia de personalidad jurídica de una sociedad, supone intrínsecamente una carencia de derechos y obligaciones, salvo excepciones como la contenida en el art. 134 del Ccom que se refiere a las sociedades irregulares o de hecho, las cuales pueden actuar sin cumplir lo previsto por el art. 133 del mismo Código, ejerciendo derechos y obligaciones, mismas que sólo se reconocen para el cumplimiento de sus obligaciones y los derechos emergentes de contratos válidos, extremo difícil de reconocer porque una entidad inexistente no podría firmar un contrato válido. Es decir, este último artículo, reconoce de forma excepcional a las sociedades irregulares, a efecto de sus responsabilidades, y para el ejercicio de derechos emergentes de contratos válidos jurídicamente. Asimismo, es importante analizar en la especia, las prescripciones contenidas en el art. 415 del Ccom; el cual establece que: “La sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados u ocasionales en la República, pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leyes bolivianas”. De donde es posible concluir que una sociedad comercial extranjera, si bien puede realizar actos de comercio en Bolivia, sin embargo, dicha actividad deber ser aislada u ocasional, lo que implica un reconocimiento para realizar un tipo determinado de actividad, conforme a los permitidos en el art. 6 de la misma Codificación, en cuyo tenor clasifica los actos y operaciones de comercio; sin embargo, el artículo 415 del CCom, no autoriza para el ejercicio de otro tipo de actos y menos aún para el ejercicio de derechos, que tal como se desprende el art. 133 del mismo cuerpo legal, son una categoría diferente a los actos del art. 6. Pues, los actos comerciales son actividades de naturaleza fáctica de formas muy variadas, por ello, casi en su totalidad, necesitan autorizaciones de distintas entidades públicas, haciendo imposible su realización aislada, a no ser que sea ilegal, así la actividad de intermediación financiera, la industrial, la educativa, la hotelera, la médica, etc; todas ellas, con incidencia en la vida de las personas; y en ese orden, incluso la más básica de ellas, la actividad de compra de mercaderías o bienes muebles para su venta, merece una protección estatal. De la misma manera, la Constitución Política del Estado, en sus arts. 75 y ss., reconoce los derechos de los consumidores, estableciendo que: “Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos: 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen”. En desarrollo de dicha norma constitucional, la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores –Ley 453 de 4 de diciembre de 2013–, en su art. 1 determina que: “…tiene por objeto regular los derechos y garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores”, luego, en el art. 3 de dicha Ley, referido a su alcance, determina que: “Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley, los proveedores de productos o servicios, así como las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, en sus relaciones de consumo”. De donde se evidencia, que el art. 75 de la CPE, establece un régimen de protección del consumidor boliviano, frente a las múltiples formas de burla de sus derechos que el comercio actual posibilita, siendo por ello, que la actividad comercial se encuentra sometida al régimen de protección del consumidor en defensa de los derechos de todos los bolivianos. Ahora bien, dentro de ese esquema de protección al consumidor, la realización de actos de comercio por personas que no tienen derechos ni obligaciones, sin duda supone un riesgo y una negación de la protección del consumidor, ya que una persona sin obligaciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, no puede ser controlado por el Estado; y por lo tanto, no podrá responder ante los consumidores. De donde se puede concluir, que cuando el art. 415 del Ccom fue dictado para admitir actuaciones comerciales, lo hizo sin preservar los derechos de los consumidores, en un régimen de facto y sin respeto a los derechos fundamentales de las personas. Consiguientemente, una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, del art. 415 del Ccom arroja como resultado su aplicación restringida a ciertos tipos de actos inocuos y sin posibilidad de riesgo para la población, sin posibilidades de generar ninguna obligación, sin el reconocimiento de ningún derecho por la imposibilidad de generar obligaciones, es decir, limitarse sólo a un hecho comerciales fácticos sin otra extensión.
A todo lo señalado, se suma lo previsto por el art. 14.V de la CPE, el cual establece que las leyes bolivianas son de aplicación a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. Norma constitucional que corrobora que el ejercicio pleno de los derechos de las empresas extranjeras, requiere de la formación de su personalidad jurídica en el país, lo que operará únicamente con la inscripción en el Código de Comercio, al ser un acto que constituye o perfecciona dicha personalidad, tal como fue explicado precedentemente, pues la simple estancia en Bolivia de una empresa formada en el exterior, dedicada al Comercio, no implica que puedan hacer uso de su capacidad jurídica, sino que debe cumplir con los deberes establecidos; puesto que antes de dicha inscripción, la empresa puede existir de facto, pero no tiene capacidad legal plena para ser titular de derechos y obligaciones (como poseer bienes, celebrar contratos, demandar judicialmente). Sin la inscripción en el Registro de Comercio, la empresa no es reconocida legalmente como un ente separado de sus integrantes, y por lo tanto, no puede actuar plenamente como sujeto de derecho; tal como también establece el art. 320.II de la Norma Suprema, al determinar que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción; para lo cual, resulta necesario que cualquier empresa extranjera cumpla con la normativa legal, y en este caso, para dedicarse lícitamente al comercio y adquirir derechos y obligaciones como sujeto de derecho, deberá inscribirse en el Registro de Comercio. En el mismo sentido se estableció en el Auto Supremo 795/2017 de 25 de julio, que sobre los actos aislados de las sociedades constituidas en el extranjero, estableció el siguiente precedente: “III.2.- Respecto a los actos aislados de la sociedad constituida en el extranjero.- De manera preliminar se hace necesario señalar que el Código de Comercio vigente en nuestro país, en su art. 4 dispone: ‘(Concepto de comerciante) Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona’. Asimismo, el art. 5 refiere: ‘(Comerciante) Pueden ser comerciantes:…2) Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes, quedan sometidas a las disposiciones de éste Código y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia’. Respecto a lo anterior, el art. 6 del mismo compilado refiere que: ‘(Actos y operaciones de comercio) Son actos y operaciones de comercio, entre otros: 1) La compra de mercaderías o bienes muebles destinados a su venta en el mismo estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos, así como su permuta;… 3) La compra-venta de una empresa mercantil o establecimiento comercial o la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés del fondo social;.. 13) La actividad empresarial de hoteles, pensiones, residenciales, restaurantes, bares, cafés, espectáculos públicos y otros establecimientos semejantes;… 16) La actividad empresarial de construcciones y edificaciones en general comprendiendo las dedicadas a montajes, instalaciones y otros;… 18) La actividad empresarial de promoción de negocios o de su administración;… 21) Los demás actos y contratos regulados por este Código’. Por su parte, el art. Art. 7 de la misma disposición legal prescribe: ‘(Actos comerciales por conexión) Asimismo, quedan sujetos a este Código los actos realizados por los comerciantes en conexión con sus actividades comerciales y los ejecutados por cualquier persona cuando tengan por objeto el cumplimiento de obligaciones comerciales’. El autor Carlos Morales Guillen en su obra Código de Comercio Comentado y Concordado, Segunda edición. Editorial Gisbert y CIA. S.A., La Paz – Bolivia 1999, al realizar el comentario de los arts. 4 y 5 del Código referido reseña: ‘…La habitualidad importa que ha de efectuarse actos de comercio continuo y sistemáticamente; pues, cualquier especulación aislada o accidental, no basta para atribuir a quien la hace carácter de comerciante. El ánimo de lucro no supone un resultado necesariamente positivo. Basta con la actuación habitual que presupone ese ánimo, independientemente del resultado económico real, favorable o adverso’. Respecto a lo desarrollado precedentemente, se debe señalar que el art. 133 del CCom, dispone que: ‘(Personalidad jurídica de las sociedades, anulación de acto constitutivo) Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad de sujetos de derecho con el alcance establecido en éste Título, desde el momento de su inscripción en el Registro de Comercio, sin necesidad de otro requisito’. Por su parte el art. 27 del mismo Compilado, señala: ‘(Objeto del Registro) El Registro de Comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad’. De igual manera el art. Art. 28 del mismo Código, refiere: ‘(Personas sujetas a matricula) Deben obtener matrícula en el Registro de Comercio, las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5, excepto las asociaciones accidentales o de cuentas en participación’. El art. 31 del Ccom, señala: ‘(Efectos de la matricula e inscripción) La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro del mes que le siga, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los actos y documentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse alterando el orden de su presentación’. El art. 41 del Decreto Supremo (DS) 0071 de 9 de abril de 2009, señala que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), fiscaliza, controla, supervisa y regula el registro de comercio. Este Registro de Comercio esta operado en todo el país por FUNDEMPRESA (fundación sin fines de lucro), conforme al contrato de concesión suscrito con el Estado y en el marco la Ley 2064, Ley 2196, DS 26215 y Ds 26335. De donde se puede inferir que el Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que tiene como objeto extender la Matrícula de Comercio a los comerciantes e inscribir los actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley establece esta formalidad, otorgándoles de esta manera personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales. De consiguiente, las empresas unipersonales y sociedades comerciales, documentos, actos y contratos sujetos a inscripción adquieren publicidad y oponibilidad frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción. En ese antecedente, respecto a los actos aislados, corresponde señalar que si bien el art. 413 del Ccom, dispone: ‘(Ley aplicable) La sociedad constituida en el extranjero conforme a las leyes del lugar de su constitución, se rige por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. Para desarrollar actividades en Bolivia se le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este Código y demás leyes de la República’. Sin embargo el art. 415 del mismo compilado dispone: ‘(Actos aislados) La sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados u ocasionales en la República, pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leyes bolivianas’. De donde se entiende que los actos aislados u ocasionales de comercio, son aquellos realizados por personas naturales o jurídicas que no ejercen en forma habitual el comercio en nuestro país; por lo mismo, la disposición normativa señalada (art. 415 del Ccom), dispone que las sociedades constituidas en el extranjero pueden realizar actos aislados u ocasionales en nuestro país, empero para efectos de legalidad y publicidad, deben proceder a su inscripción en el Registro Público de Comercio; sin embargo, no pueden ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leyes bolivianas. En relación a la problemática jurídica planteada por la actuación internacional de las sociedades en la celebración de actos aislados, en el Derecho Internacional Privado se han experimentado dos criterios: el cualitativo, y el cuantitativo-cualitativo. El criterio cualitativo propone que toda vez que la sociedad constituida en el extranjero se proponga realizar un acto que por su cualidad esté comprendido en el objeto social (sociedad mercantil), deberá cumplir con las prescripciones establecidas por el Estado donde pretende realizarlo. El criterio cuantitativo-cualitativo postula considerar que la sociedad constituida en el extranjero posee existencia y personalidad jurídica extraterritorial tanto para cumplir actos que no estén comprendidos en el objeto social como para realizar actos aislados, esporádicos o accidentales comprendidos en dicho objeto; solo cuando la actividad societaria extraterritorial se convierta en habitual o se establece una sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en el país anfitrión, se exige el cumplimiento de la ley Territorial (Carlos E. López Rodríguez, Introducción a la problemática jurídica planteada por la actuación internacional de las sociedades). La autora Cynthia Chimbo Mateo en su trabajo Las Sociedades Offshore y los Actos Aislados ¿Cuál es el límite?, publicada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba de la República de Argentina, Revista Notarial – 2009, Nº 91/Cincuentenario, en lo principal analiza que: ‘…La adquisición de inmuebles de alguna manera implica un grado de permanencia en el país, generando entre otras responsabilidades las tributarias, tales como el pago de los impuestos inmobiliarios municipales y provinciales. Gran parte de la doctrina considera aún vigente el fallo plenario dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 30 de 0ctubre de 1920, que negó la posibilidad de adquirir inmuebles como si se tratara de actos aislados… También es importante señalar el abuso en la utilización de la figura de los ‘actos aislados’ por parte de sociedades constituidas en el extranjero, vinculado con la compra de buen inmuebles, que han generado el dictado de distintas resoluciones por parte de la Inspectoría General de Justicia, tales como la del 5 de agosto de 2004 en el caso ‘BRYCE SERVICE CORP’, constituida en las Islas Vírgenes Británicas que adquirió 19 propiedades inmuebles con 25 unidades complementarias en un importante edificio de la ciudad de Buenos Aires, donde se avocó a determinar si la compra de varios inmuebles es un ‘acto aislado’ o una actuación que impone la inscripción en los registros mercantiles locales. La IGJ entendió que tal actuación impone la obligación de inscripción de dicha entidad en el Registro Público de Comercio.
La calificación de ‘actos aislados’ no puede quedar librada a la mera manifestación de las partes, pues si esa manifestación no es veraz se tornaría ineficaz todo el régimen legal instituido consagrando un tratamiento desigual con respecto a las sociedades locales en orden a la publicidad de su actuación. Si esta sociedad actúa habitualmente en el país sin inscripción estamos frente a una verdadera ilegalidad… Para la jurisprudencia, el carácter de orden público que inspira la obligación de inscripción en el registro mercantil local, priva de tutela judicial a las acciones promovidas por la sociedad extranjera que no cumplió este recaudo, porque sería convalidar los actos u operaciones realizados por esta sociedad fuera del marco de la ley’. Concluyendo la autora en lo relevante en este trabajo que: ‘La sociedad offshore no puede valerse de una previsión legal como el “acto aislado” para defraudar a terceros o al fisco. Debe tomarse al respecto una política de Estado que permita erradicar definitivamente estos abusos…La adquisición de inmuebles por una sociedad offshore exige mayores recaudos, porque tiene un marcado carácter de permanencia en el país: ser titular de un inmueble, si bien es un derecho también genera obligaciones y responsabilidades de diferente índole, no tan sólo tributarias, como quedó de manifiesto en el Caso Cromañon donde resultó que la titularidad de la propiedad en la que ocurrió el siniestro, correspondía a una sociedad offshore…para responder a la pregunta de cuál es el límite de los actos aislados de la sociedad offshore, que la nota al artículo 3136 del Código Civil, en la que Vélez Sársfield concluye que “sería un deshonor de la ley que los jueces cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y permitieran que esta triunfara’”. Entonces, el Código de Comercio así como la normativa relacionada con el Registro de Comercio (operado actualmente por el SEPREC – Servicio Plurinacional de Registro de Comercio), establecen de manera imperativa y necesaria, la obligatoriedad de la inscripción para las sociedades comerciales y otras entidades, siendo este un requisito fundamental para que adquieran personalidad jurídica y puedan operar legalmente.
La empresa solicitante de tutela denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos motivación, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración razonable de la prueba debido a que las autoridades demandadas, al revocar lo resuelto por el juez del proceso y declarar improbada la excepción de falta de personería en la entidad ejecutante no consideraron sus argumentos de defensa; y tampoco expusieron suficiente fundamentación y motivación que explique las razones por las cuales, concluyeron que el fallo de primera instancia distorsionó la excepción planteada porque asocia y confunde la excepción por falta de personería con la falta de legitimación activa que son institutos diferentes que tienen normativa y regulaciones distintas. Igualmente, es una Resolución ultra petita porque expone hechos y valora prueba que no forma parte del memorial de apelación de la parte ejecutante y omite explicar las razones por las cuales, el Auto Supremo 795/2017 no sería aplicable al caso. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el 1 de septiembre de 2020, la empresa “Bluequest Resources AG”, representada por Sergio Roberto Velasco Landívar con Testimonio de Poder 453/2020, planteó una demanda ejecutiva persiguiendo el cobro de la suma de $us783 673,16 a la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., como deudora y a José Corral Romero como garante. Mediante providencia de 4 de septiembre, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, ordenó a la empresa demandante, acreditar su personalidad jurídica, adjuntando matrícula vigente de inscripción en el Registro de Comercio. Finalmente, se pronunció la Sentencia inicial 80/2020, declarando probada la demanda y disponiendo el embargo de los bienes otorgados en garantía prendaria, así como la citación a los demandados. Por su parte, la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., a través de escrito presentado el 23 de noviembre de 2020, interpuso excepciones de falta de personería y falta de fuerza ejecutiva, argumentando igualmente que, la ejecutante es persona jurídica que realiza actos de comercio habituales; por lo que, requiere estar inscrita en el Registro de Comercio. Igualmente, opuso falta de fuerza ejecutiva porque habiéndose establecido un cronograma de pagos no se determinó que el solo vencimiento del plazo de la suma adeudada constituiría en mora y que adquirió exigibilidad. En audiencia realizada el 29 de abril de 2022, el Juez del proceso, pronunció Sentencia Definitiva 48/22, declarando probada la excepción de falta de personería de la entidad ejecutante interpuesta por la parte accionante y José Corral Romero, concediendo el plazo de diez días para que la demandante acredite su legitimación activa bajo apercibimiento de tenerse como no presentada la demanda, sin resolver el resto de las excepciones ante la viabilidad de la recientemente señalada, que hacía innecesario ingresar al análisis de las demás. Planteado el recurso de apelación, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de Auto de Vista 611/2022, revocó la Sentencia Definitiva 48/22 y deliberando en el fondo, declaró improbadas las excepciones de falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, disponiendo la prosecución del proceso, bajo los siguientes fundamentos:
i) La Sentencia Definitiva 48/22 concluyó que la entidad ejecutante presentó demanda ejecutiva sin acreditar su matrícula de comercio, bajo el argumento que realiza actos aislados de comercio, conforme previene el art. 415 del Ccom, no acreditó su legitimación activa conforme a lo exigido por los arts. 133 y 413 de la misma disposición legal, por lo que resulta viable la excepción planteada de falta de personería en la entidad ejecutante en lo relativo a la falta de legitimación activa, conforme a lo establecido en los arts. 381.II numeral 2 del CPC y 133 y 413 del Ccom. Los Vocales hoy demandados, señalaron que la Resolución de primera instancia, distorsionó la excepción planteada porque confundió la excepción de falta de personería con la falta de legitimación activa que son institutos diferentes con normativa y regulaciones distintas; toda vez que, los hechos que las provocan se refieren a supuestos distintos, generando incongruencia notoria entre lo pedido, probado, considerado y resuelto; ii) La falta de personería supone cuestionar la capacidad de alguna de las partes para estar en juicio o los defectos de representación de quien comparece por un derecho que no le es propio. En cambio, la falta de legitimación para obrar procede cuando el actor o demandado no son las personas habilitadas por ley para asumir tales calidades. En la excepción de falta de personería, solo se discute si quien se ha presentado resulta habilitado para actuar en el proceso judicial, ya sea porque no representa total o adecuadamente al titular del derecho o porque debe integrar su capacidad que resulta insuficiente, para peticionar por sí mismo. La falta de personería constituye una excepción dilatoria, un impedimento procesal que delata la insuficiencia de la representación invocada por quien comparece a juicio por un derecho que no sea propio. En cambio, la legitimación activa torna en improponible la demanda y no amerita corrección alguna, habida cuenta que quien se presenta como titular del derecho, no ostenta dicho derecho subjetivo; iii) La lectura de los datos del proceso, permite verificar que la empresa ejecutante “Bluequest Resources AG”, suscribió un documento de reconocimiento de deuda con la Empresa Comercializadora de Minerales Macuquina S.R.L., con la garantía prendaria descrita en el numeral 6.1 y la garantía sobre bienes de la deudora y garantía de José Corral Romero, por el monto de $us5 500 000.- según Escritura Pública 1443/2016, garantías que fueron adicionadas en calidad de prendas sin desplazamiento mediante escritura pública 1485/2016 suscrita por José Corral Romero, por sí y en representación de la Empresa Minera Cayalu S.R.L., en favor de la entidad acreedora, además de una adenda contenida en la Escritura Pública 1988/2016;
por la cual, se disminuyó el monto de la deuda y se liberaron garantías prendarias; Finalmente, mediante Escritura Pública 649/2019, el monto de la deuda quedó en la suma de $us783 673,16.- y se liberaron las garantías prendarias descritas en la cláusula quinta y se acuerdan las únicas garantías especiales para el pago del saldo adeudado señaladas en la cláusula sexta de la Escritura Pública 649/2019, documentos que hacen plena fe a tenor de lo establecido por el art. 1289 del CC; iv) Por otro lado, la empresa ejecutante, mediante Instrumento Público 1315/2015 de 15 de septiembre, demostró su existencia legal; toda vez que, se certifica que “Bluequest Resources AG”, se encuentra registrada como sociedad en Suiza desde el 25 de noviembre de 2004, bajo el número de registro 1024-584-92; asimismo, sujeta a los impuestos suizos, federales, regionales y municipales de conformidad con la ley aplicable. Del análisis del mencionado instrumento público, se constata que hace plena fe a tenor del art. 1289 del CC, en especial por lo dispuesto por el art. 1294 del mismo compilado legal, concluyéndose que la empresa ejecutante sí tiene personería jurídica y goza de existencia legal y cierta; es decir, tiene la suficiente capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones; v) Respecto a si dicha capacidad jurídica pueda ser ejercida en Bolivia, a tenor del art. 415 del Ccom, ha sido reconocida por los mismos demandados, quienes suscribieron los contratos de reconocimiento de deuda y constitución de garantías base de la demanda, de lo que se infiere que son los propios demandados quienes reconocen que la empresa ejecutante, sí puede realizar actos aislados en el Estado Plurinacional de Bolivia, como los que fueron plasmados en los documentos objeto de la litis, pues resulta absolutamente contradictorio que los demandados reconozcan la personería jurídica y la capacidad de obrar en Bolivia de la empresa ejecutante en su calidad de acreedora y cuando esta última quiere cobrar su acreencia, los demandados, niegan la misma, contradiciendo la teoría de los actos propios; y, vi) En lo referente a la supuesta falta de legitimación activa de la empresa demandante, que no es una de las excepciones legisladas por el art. 381 del CPC, y que fue erróneamente introducida por el a quo, la lectura de los documentos base de la demanda, evidencian que la empresa ejecutante es la titular de la obligación perseguida en calidad de acreedora, condición jurídica que es reconocida por los demandados en los documentos sin que se hubiese enervado o desvirtuado; en consecuencia, goza de la legitimación activa exigida por el art. 291.II del CC. Establecidos los fundamentos y motivos expuestos por las autoridades recurridas, en contraste con la denunciada vulneración del debido proceso en sus elementos motivación y valoración razonable de la prueba, se observa que las autoridades demandadas, al revocar la Sentencia Definitiva 48/22 pronunciada por el Juez del proceso ejecutivo, consideró improbada la excepción nominada por el art. 381.2 del CPC, como falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente, exponiendo en resumen que la empresa ejecutante, mediante Instrumento Público 1315/2015, demostró su existencia legal; concediendo a dicha prueba, el valor concedido por el art. 1289 del CC y, en especial, por lo dispuesto en el art. 1294 del mismo compilado legal. Respecto a la capacidad jurídica de la empresa extranjera para ejercer actos en territorio nacional mediante su inscripción en el Registro de Comercio, concluyeron que la ejecutante podía realizar actos aislados conforme previene el art. 415 del Ccom, extrañándose en dicha afirmación el análisis pertinente respecto a cuáles son las razones fácticas en las que sustenta tal conclusión, tomando en cuenta que en la Sentencia Definitiva 48/22 pronunciada por el Juez de primera instancia, se expuso una conclusión distinta sobre la base de prueba aportada por la parte ejecutada que interpuso la excepción en análisis al señalarse que la ejecutante cumple actividad comercial habitual que la obliga a cumplir las normas bolivianas conforme establece el art. 413 del citado Código. Pues, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. precedente, se explicó que el art. 415 del Ccom, reconoce la realización de actos aislados de comercio; empero que al ser una norma dictada hace aproximadamente cincuenta años, en un régimen de facto, en el que los derechos de las personas eran inexistentes, no tomó en cuenta la necesidad de controlar a los comerciantes en su relación con el consumidor, y que ahora la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, reconoce derechos a los usuarios, y por lo tanto, los actos aislados tienen que llevarse a cabo, bajo limitaciones que los restringen a solo hechos sin reconocer derechos; puesto que, tampoco es posible imputar obligaciones con el usuario. De igual manera, se explicó que el art. 133 del Ccom, analizado en su alcance, desde y conforme a la Constitución Política del Estado, también desde la perspectiva de que la actividad comercial se debe a la relación con el consumidor, estableció una obligación fáctica, la inscripción en el registro de comercio, para acceder a dos prerrogativas, la primera ser sujeto de derecho mediante la adquisición de personalidad jurídica, y la segunda, ser persona comercial; es decir, estar habilitado para ejercer actos de comercio. Para completar este análisis es necesario establecer que el derecho de acceso a la justicia previsto por el art. 115 de la CPE, precisamente tiene esa entidad es un derecho, y como tal, está reconocido a las personas, naturales o jurídicas, estas últimas establecidas conforme a las normas y leyes bolivianas, porque solo esa existencia puede garantizar que dichas personas cumplan las obligaciones emergentes de tener derechos; por ello, el art. 115.I de la CPE, de forma expresa establece que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Desarrollando el derecho de acceso a la justicia, el art. 29.I del Código Procesal Civil (CPC), determina que la potestad de ser parte en un proceso, es para las personas naturales o jurídicas, y que solo ellas pueden participar en un proceso, estableciendo que: “…I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación”. Bajo esas premisas, se tiene que solo las personas, naturales o jurídicas pueden participar en un proceso judicial como demandantes o demandadas; por lo tanto, es inadmisible que exista un proceso en el que es parte alguien que no cuenta con esas cualidades, naturales o jurídicas. Desde otra perspectiva y explicado desde el art. 415 del Ccom, las personas jurídicas constituidas en el extranjero, que realicen actos aislados de comercio, podrán hacerlo con las limitaciones ya analizadas, empero eso no implica que tengan derecho al debido proceso o de acceso a la justicia; puesto que, esos derechos únicamente pueden ser ejercidos por personas naturales o jurídicas, careciendo de legitimación activa y pasiva de manera absoluta, así como de derechos de acción que dimana del derecho de acceso a la justicia. La confluencia de normas analizadas, proyectan a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a la conclusión de que el Auto de Vista 611/2022 al declarar improbadas las excepciones de falta de personería en el ejecutante o en sus representantes, disponiendo la prosecución del proceso y con ello reconocer la legitimación activa a un ente inexistente, reconociéndole derechos constitucionales y legales para activar la justicia, vulneró el derecho al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y legalidad, además en sus elementos de fundamentación, motivación e indebida interpretación y aplicación de la norma; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Pues, dicha sociedad al haber actuado habitualmente en el país sin haber registrado su inscripción en el Registro Público de Comercio, eludió la normativa interna boliviana, por lo que, sus actos resultan ilegales. En relación a dicho extremo, se debe señalar que conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el presente caso, por el carácter de orden público de que está revestido el registro de comercio, se le impone a todo comerciante la obligación de inscribir en el registro público todos los actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley establece esta formalidad, y al no cumplir la empresa unipersonal o las sociedades comerciales con esta prevención, se encuentran privadas de impetrar tutela jurídica, porque a contrario sensu sería convalidar los actos u operaciones realizadas fuera del marco de la ley; por lo que la sociedad extranjera carece de legitimación para invocar tutela jurídica sobre presuntos derechos que se le hubieren conculcado. consecuentemente, por todo lo manifestado, se evidencia que el Auto de Vista ahora impugnado, incurrió en fundamentación y motivación errónea e insuficiente, porque omitió pronunciarse sobre el problema jurídico esencial, propuesto por la empresa ahora accionante, y que fue determinante del pronunciamiento del a quo; consecuentemente, resulta evidente que la Resolución confutada, omitió emitir un pronunciamiento que permita comprender cuáles fueron las razones por las que la valoración probatoria expuesta en la Sentencia definitiva es errónea, lesionando así el debido proceso y el derecho a una resolución fundamentada o motivada, omitiendo igualmente, referir las razones por las que consideró inaceptable la valoración probatoria efectuada por el Juez de primera instancia, quien revisando la prueba cursante en el expediente, concluyó que era evidente que la empresa demandante ejercía actos habituales de comercio. Asimismo, se observa que al resolver el problema jurídico puesto en su conocimiento en grado de apelación, además de omitir pronunciamiento en los términos señalados precedentemente, los Vocales demandados expusieron un criterio personal relativo a la conducta de la ejecutada, hoy impetrante de tutela, cuando señalan que la personería o capacidad jurídica para ejercer actos procesales fue admitida por demandados cuando suscribieron los contratos de reconocimiento de deuda y constitución de garantías base de la demanda, y que por ello, infieren que igualmente, mostraron su conformidad con que la empresa ejecutante realice actos aislados en el Estado Plurinacional de Bolivia, conclusión que contradice la defensa asumida por la parte solicitante de tutela, que al interponer la excepción de falta de personería de la entidad ejecutante manifestó precisamente lo contrario. Finalmente, existe incongruencia interna en el Auto de Vista 611/2022, que entre los motivos por los que determinó revocar la Sentencia definitiva pronunciada por el Juez del proceso, sostiene que la falta de legitimación de la empresa demandante no es una de las excepciones legisladas por el art. 381 del CPC, y que fue erróneamente introducida por el a quo; no obstante, resolvió la misma, cuando señaló que de la lectura de los documentos base de la demanda, se evidencia que la empresa ejecutante es la titular de la obligación perseguida en calidad de acreedora, condición jurídica que es reconocida por los demandados en los documentos sin que se hubiese enervado o desvirtuado; en consecuencia, goza de la legitimación activa exigida por el art. 291.II del CC, resolviendo un aspecto que por procedimiento considera improponible porque conforme señalan, la legitimación activa o su ausencia no puede oponerse como excepción en el proceso ejecutivo.
Las conclusiones precedentes, evidencian que los Vocales demandados, al pronunciar el Auto de Vista 611/2022, no observaron que el debido proceso impone el deber de motivar como una garantía vinculada a la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática, y que demuestra que las partes han sido oídas; que sus alegatos fueron tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas fue analizado, denotándose conforme al análisis que precede, que no observó dichos parámetros porque de un lado, expuso motivación insuficiente cuando omitió pronunciarse respecto a las razones por las que la valoración probatoria expuesta en la Sentencia definitiva es errónea respecto a la existencia de actividad comercial habitual de la empresa demandante, además de exponer un criterio personal relativo a la conducta de la ejecutada, hoy accionante que contradice la defensa asumida al interponer la excepción de falta de personería de la entidad ejecutante demostrando que sus argumentos no fueron oídos y finalmente, es contradictoria porque resolvió en el fondo, la alegada falta de legitimación activa expuesta por la empresa ejecutada cuando señaló que la misma era improponible por no encontrarse legislada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder parcialmente la tutela impetrada, no efectuó un correcto análisis de los antecedentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 038/2023 de 20 de junio, Auto complementario de la misma fecha, cursante de fs. 636 vta. a 643 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada; en su mérito, se deja sin efecto y valor legal el Auto de Vista 611/2022 de 23 de diciembre, disponiendo que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncien nueva Resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0472_2024-S4.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): f047941a911283fbaa3198cf962d2f4aaa4e888254e8531aff5085ab63cfc613
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