B.IA.LEGAL

SCP 0471/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52442-2023-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denunció lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia, fundamentación y motivación; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio 137/2022 de 6 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por un periodo de treinta días, contra esa decisión el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno interpusieron recurso de apelación incidental; por consiguiente, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 284 de 22 del citado mes y año, resolvió ampliar la detención preventiva por otros treinta días, determinación que fue basada únicamente por la denuncia que realizó, al afirmar haber sido torturado por efectivos de la UTOP; ni la jueza de la causa ni el Vocal demandado resolvieron la ilegal aprehensión, a pesar de no haber cometió delito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 306 vta. a 308 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación activa en acciones de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2025-S3 Sucre, 2 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52442-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 306 vta. a 308 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Anderson Lijerón López contra Carlos Eduardo del Castillo Del Carpio, Ministro de Gobierno; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Jhonny Omar Chávez Bascopé, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz; José Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP); y, Edson Rojas Orellana, Comandante Provincial de la Policía de La Guardia del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 17 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y lesiones graves y leves; el 6 de noviembre de 2022, se celebró la audiencia de medidas cautelares, en la que, la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Primera de Pailón del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 137/2022 ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por un periodo de treinta días, la decisión se fundamentó en el cumplimiento de los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1, 2 y 3; 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), tomando en cuenta la existencia de una probabilidad de autoría, invirtió la carga de la prueba sobre la base de consideraciones alejadas de la realidad y de una interpretación legal incorrecta, tergiversó los hechos y omitió valorar la prueba, pese a que existían indicios de su detención ilegal, asimismo, dispuso que se investigaran los actos de tortura y a los responsables de haber atacado y secuestrado a varios jóvenes, quienes fueron golpeados con brutalidad. El 22 de ese mes y año, tras la interposición de un recurso de apelación incidental por parte del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado- mediante Auto de Vista 284, resolvió ampliar la detención preventiva por sesenta días, ésta prórroga fue realizada exclusivamente en virtud de la denuncia que realizó manifestando haber sido objeto de actos de tortura por parte de efectivos de la UTOP, asimismo, Edson Rojas Orellana, Comandante Provincial de La Guardia del citado departamento -codemandado-, elaboró las actas de aprehensión como si hubiera ejecutado personalmente todas las detenciones de manera simultánea. El Vocal demandado, desestimó las apelaciones interpuestas, omitiendo toda fundamentación que explicara los motivos de su rechazo; asimismo se advirtió una clara vulneración no solo al derecho a la libertad de locomoción, sino también al debido proceso, específicamente en su dimensión del deber de fundamentación, al momento de resolver su situación jurídica, sin tomar en cuenta que se encontraba con detención preventiva; desconoció las garantías constitucionales más elementales, tales como la prohibición de la autoincriminación, el respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad de las decisiones. Los distintos casos de persecución y detención política tuvieron una constante intervención del Ministro de Gobierno, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y de la Policía. Como parte de la argumentación de esta acción de defensa, hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sentencias constitucionales plurinacionales. Ni la jueza a cargo del control jurisdiccional ni la autoridad judicial demandada resolvieron la ilegalidad de la aprehensión, a pesar de no cometer delito alguno, únicamente participó en una protesta pacífica en demanda del censo; en consecuencia, no se respetó la garantía constitucional del debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia, fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115, 116, 117, 120.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar su libertad inmediata; b) Dejar sin efecto el Auto de Vista 284, reponiendo y anulando obrados hasta el vicio más antiguo, y la autoridad judicial libre el mandamiento de libertad; c) Ordenar el cese de todas las acciones ilegales y de persecución indebida, detenciones arbitrarias o ilegales producto de amedrentamiento, hostigación, amenazas por ejercer el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación y se proteja la vida, se respete la libertad y la seguridad jurídica; d) La responsabilidad penal para quienes cometieron torturas, ataques inhumanos, injustos, desproporcionados o de lesa humanidad; y, e) La reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 300 a 306 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante en audiencia, manifestó que, no se encontraba de acuerdo con la realización de ese verificativo, puesto que, desconocía la interposición de esa acción de libertad a su nombre, y que Jorge José Valda Daza no era su abogado ni lo representaba, indicando que se sometería a un procedimiento abreviado en el proceso penal seguido en su contra Jorge José Valda Daza, Abogado, ratificó los términos de los argumentos expuestos en el memorial de la acción de libertad y ampliándolos, señaló que: 1) El 6 de noviembre de 2022, en instalaciones policiales, se realizó la audiencia de medidas cautelares del caso, nueve ciudadanos detenidos previamente en la localidad de La Guardia del departamento de Santa Cruz, fueron víctimas de tortura; es así que, el accionante sufrió agresiones muy graves, con una incapacidad médica de nueve días debido a la golpiza recibida por parte de la Policía; durante la indicada audiencia, se presentó un incidente alegando que ningún detenido puede ser sometido a tortura, menos negar el ingreso de los abogados defensores; y, 2) Se cometieron varios hechos ilegales en perjuicio del impetrante de tutela siendo sometido a torturas al momento de su detención, la cual resultó indebida e ilegal, ya que, no se encontraba cometiendo ningún delito; permaneciendo detenido sin que se instalara oportunamente la audiencia de medidas cautelares, durante dicho verificativo, no se presentó ningún indicio que justificara su detención por supuesta flagrancia; además, en la audiencia de apelación incidental se amplió su detención preventiva por treinta días sin fundamento legal, sin motivación alguna ni especificación de los actos investigativos que realizaría el Ministerio Público.

I.2.2. Informe de los demandados

Carlos Eduardo del Castillo Del Carpio, Ministro de Gobierno, mediante sus representantes legales, a través del informe escrito cursante de fs. 16 a 20 vta. del anexo 1, señaló que, el accionante alegó haber sido objeto de una aprehensión ilegal no resuelta por el juez de instrucción, y pese a haberse dispuesto su libertad mediante requerimiento fiscal y homologación judicial, fue retenido en celdas policiales durante casi ocho horas, para un acto probatorio del Ministerio Público. El Vocal demandado habría obedecido órdenes del Ministro de Gobierno para criminalizar la protesta, calificando como incongruente y arbitrario el Auto de Vista impugnado que amplió su detención preventiva por sesenta días, sin embargo, no se logró establecer ni demostrar qué derechos fueron vulnerados, ya que, el accionante se limitó a enunciar derechos como la protesta y la libertad de expresión, sin evidenciar cómo fueron conculcados por cada uno de los demandados, especialmente por el Ministro de Gobierno, solicitando se deniegue la tutela. Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través del informe escrito de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 a 8 del anexo 1, refirió que: i) Su persona carece de legitimación pasiva, ya que no emitió ni ordenó ninguna detención preventiva; el accionante tenía la responsabilidad de identificar correctamente a quién demandaba, y en ningún momento lo mencionó como servidor público ni como máxima autoridad departamental de la Fiscalía que hubiera dictado algún acto u omisión vinculados a una detención preventiva o aprehensión ilegal o arbitraria; ii) La fiscal de materia asignada al caso era Karla Vanessa Barrón Hidalgo, quien informó a la autoridad jurisdiccional el inicio de las investigaciones; iii) El Vocal demandado emitió el Auto de Vista 284 motivo de este mecanismo tutelar; en casos derivados de procesos judiciales ordinarios, la exigencia de legitimación pasiva debía ser cumplida por el accionante, incluyendo la identificación precisa del acto ilegal u omisión atribuida a cada demandado, lo cual no ocurrió en este caso, solicitado se deniegue la acción de libertad. Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 50 a 51. Jhonny Omar Chávez Bascopé, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz; a través de su representante legal, presentó informe escrito de 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 167 a 168 vta.; refirió que, dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza, en representación sin mandato de “…ESTEFANY MÉNDEZ RODA en representación de su hija M.A.C.M. de 11 meses de edad: (…) por violación flagrante de derechos humanos que puso en riesgo la vida de mi hija de 11 meses tan solo un bebe…” (sic), la Policía Boliviana, en especial el Comando Departamental de Policía de Santa Cruz, desarrolló sus funciones conforme a los arts. 251 de la CPE y 35 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana (LOPB), a través de sus Unidades y Direcciones Especializadas y en el presente caso se tiene el informe elaborado del Comandante Provincial de La Guardia del mismo departamento, quien presentó un informe en cumplimiento de la disposición del juez de garantías, solicitando la denegación de la acción de libertad respecto al caso concreto. José Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la UTOP, a través del informe escrito de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 78 a 79, refirió que, el 1 del mismo mes y año, ante una protesta protagonizada por dos grupos de manifestantes con constantes amenazas de agresión entre ellos, se ejecutaron tácticas de contención y disuasión para preservar la vida e integridad de los involucrados, los manifestantes adoptaron una actitud agresiva y violenta, atacando a los funcionarios policiales, lo que motivó el uso proporcional de agentes químicos. Relató que no tuvo ningún tipo de contacto con el accionante y no incurrió en actos de hostigamiento, amedrentamiento ni amenazas. Edson Rojas Orellana, Comandante Provincial de la Policía de La Guardia del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito, cursante de fs. 62 a 66, indicó que, en cumplimiento del Plan de Operaciones 3230 de mantenimiento y restablecimiento del orden público, el 1 de noviembre de 2022, Marco Murguía Ramos, Comandante Provincial de la Policía de El Torno del citado departamento, informó que un grupo de personas se encontraba en la plaza principal manifestándose contra el paro cívico, con la intención de marchar hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y amenazando a otro grupo que apoyaba el paro, para evitar enfrentamientos, se desplazó un contingente policial y se coordinó la presencia de personal de la UTOP. Se tuvo conocimiento de posibles enfrentamientos en el municipio de La Guardia, en el sector del mercado campesino, donde aproximadamente mil personas se habían congregado portando hondas, petardos, bombas molotov, piedras y palos. Ante la actitud agresiva de los manifestantes, que comenzaron a lanzar objetos contundentes y explosivos entre sí y contra los policías, se procedió al uso proporcional de agentes químicos.

Posteriormente, se reportó que una turba estaba causando destrozos en la infraestructura y vehículos patrulleros del Comando Provincial de La Guardia. En el lugar, los individuos lanzaban piedras y petardos contra la integridad física de los funcionarios policiales. Se logró identificar y aprehender a varios autores materiales, quienes también fueron víctimas de agresiones y lesiones, entre ellos el accionante. No se realizaron actos de hostigamiento, amedrentamiento ni amenazas graves. Los detenidos no fueron torturados y fueron puestos directamente a disposición del Ministerio Público.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 306 vta. a 308 vta., denegó la tutela solicitada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Previo al inicio de la audiencia de acción de libertad, el accionante manifestó que no estaba de acuerdo con su realización, que desconocía su interposición a su nombre, y que Jorge José Valda Daza no era su abogado ni lo representaba, indicando que se sometería a un procedimiento abreviado en el proceso penal seguido en su contra; ii) Consideró que el solicitante de tutela fue arrestado por la Policía durante casi ocho horas, situación reconocida por su abogado y enmarcada dentro de lo establecido en el art. 225 del CPP; mediante Auto Interlocutorio 137/2022 se determinó su detención preventiva por treinta días, sin que dicha autoridad jurisdiccional fuera demandada, pese a que con esa resolución se dio lugar a la presunta vulneración de derechos, existiendo actos consentidos; posteriormente, mediante Auto de Vista 284, emitido por el Vocal demandado, se amplió el plazo de detención preventiva por otros treinta días, esta decisión fue debidamente fundamentada y motivada, cumpliendo con los requisitos establecidos en los arts. 124 y 173 del CPP; y, iii) Respecto a las demás autoridades demandadas, no se evidenció participación en los hechos denunciados como violatorios de derechos constitucionales, por lo que, carecieron de legitimación pasiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Anderson Lijerón López -accionante- por la presunta comisión de los delitos de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y lesiones graves y leves, en la audiencia de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio 137/2022 de 6 de noviembre, la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Primera de Pailón del departamento de Santa Cruz, dispuso: a) Su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por treinta días, decisión que se estableció por el cumplimiento de los requisitos para la detención preventiva y la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 2 y 3; 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP; además dispuso que se investigaran los actos de tortura y a los responsables de haber atacado y secuestrado a varios jóvenes, quienes fueron golpeados con brutalidad; y, b) La defensa del impetrante de tutela interpuso varios incidentes procesales, entre ellos: falta de legitimación activa de la cartera del Ministerio de Gobierno, alegando que dicha entidad no cuenta con facultades para ejercer la acción; ilegalidad en la aprehensión realizada, cuestionando la forma y el fundamento de la detención; solicitud de apertura de investigación para esclarecer las presuntas agresiones sufridas por el imputado; incidente de ilegalidad de prueba, vinculado al secuestro y a la cadena de custodia del teléfono celular del prenombrado (fs. 207 a 241). II.2. Mediante Auto de Vista 284 de 22 de noviembre de 2022, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -codemandado-, declaró admisible pero improcedente el recurso de apelación incidental presentado por el accionante, confirmando los Autos Interlocutorios 135/2022, 136/2022, 138/2022 y 139/2022, de 6 del mismo mes y año; respecto al Auto Interlocutorio 137/2022, señaló que, no fue debidamente impugnado por la parte apelante, ya que, no se identificaron los agravios, y se constató que dicho auto no resolvió ningún incidente, sino que ordenó investigar una presunta agresión (fs. 33 a 41 del anexo 1). II.3. Cursa memorial presentado el 27 de noviembre de 2022, por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Anderson Lijerón López, formulando acción de libertad (fs. 2 a 17 vta.). II.4. En la audiencia de acción de libertad, el accionante señaló que no estaba de acuerdo con la realización de la misma, que desconocía de su interposición, y que Jorge José Valda Daza no era su abogado ni lo representaba, indicando y adjuntando prueba que se sometería a un procedimiento abreviado en el proceso penal seguido en su contra (fs. 300 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denunció lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos presunción de inocencia, fundamentación y motivación; por cuanto, mediante Auto Interlocutorio 137/2022 de 6 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por un periodo de treinta días, contra esa decisión el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno interpusieron recurso de apelación incidental; por consiguiente, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 284 de 22 del citado mes y año, resolvió ampliar la detención preventiva por otros treinta días, determinación que fue basada únicamente por la denuncia que realizó, al afirmar haber sido torturado por efectivos de la UTOP; ni la jueza de la causa ni el Vocal demandado resolvieron la ilegal aprehensión, a pesar de no haber cometió delito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La legitimación activa en acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0576/2018-S2 de 28 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional, de manera uniforme, se pronunció sobre la legitimación activa en las acciones de libertad, en el marco del principio de informalidad, de las normas constitucionales y de las procesales, señalando que dicha acción de tutela puede ser presentada:

…por toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad, por sí o por cualquiera a su nombre, sin necesidad de poder, como también están facultadas la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Esta acción tutelar faculta a que cualquier persona pueda interponer la acción de libertad, pero esta no puede ser activada sin el conocimiento o consentimiento de la persona agraviada, haciendo mal uso de esta acción tutelar indiscriminadamente en detrimento de su esencia [(SCP 1568/2013 de 16 de septiembre FJ III.3) el resaltado es nuestro]. Dicho entendimiento, se fundó en la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0755/2005-R de 5 de julio y 0072/2007-R de 12 de febrero, que establecieron que la única que se encuentra investida de la potestad para ejercer la acción tutelar del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, es la persona directamente agraviada con la lesión del derecho fundamental a la libertad física o de locomoción; y que si bien, por previsión expresa de la ley, la misma puede ser representada por un tercero con poder notariado o sin él; empero, éste no puede actuar sin el conocimiento y consentimiento de aquélla. En similar sentido, la SCP 1580/2013 de 18 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1 señaló que:

[I]…cuando es el supuesto agraviado quien de forma expresa y voluntaria llega a desconocer a su supuesto representante y en definitiva niega haber interpuesto la acción de libertad provoca que la justicia constitucional deniegue la tutela sin ingresar al fondo de la problemática conforme lo dispone el art. 125.I de la CPE. Conforme a este marco jurisprudencial, la acción de libertad puede ser presentada por el interesado o por cualquier otra persona a su nombre que lo represente, existiendo una legitimación activa amplia; la cual, se fundamenta en el principio de informalismo y en los derechos protegidos por esta acción de tutela; en ese sentido, la Constitución Política del Estado ni el Código Procesal Constitucional establecen como requisito, la presentación de poder expreso para tal efecto. No obstante, la línea jurisprudencial constitucional glosada, establece que, si la acción de libertad es presentada por otra persona a nombre del agraviado, y éste posteriormente niega su consentimiento para la formulación de dicha demanda tutelar, corresponde que este Tribunal deniegue la tutela por falta de legitimación activa. En ese sentido, no se admite un mal uso de esta acción de defensa en detrimento de su esencia y con otros fines, que no representen la protección y tutela de aquellos derechos que se consideren lesionados, que guardan relación con el interés jurídico que tiene la persona titular del derecho subjetivo, cuya lesión se reclama, quien ostenta la legitimación activa para interponer la acción de defensa, ya sea de manera directa o a través de otra persona a su nombre.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante enfoca su problemática en el hecho que la Jueza Pública Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Primera de Pailón del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz por treinta días, mediante Auto Interlocutorio 137/2022 en sujeción al art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental; por consiguiente, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 284, amplió su detención preventiva por sesenta días, sobre la base de una indebida fundamentación, motivación, considerando que el Auto de Vista confutado vulneró su derecho al debido proceso. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y lesiones graves y leves, la Jueza de la causa en audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada el 6 de noviembre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 137/2022, ordenó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la concurrencia de los requisitos para la detención preventiva establecidos en el art. 233.1, 2 y 3 del CPP, así como, por la concurrencia de los riesgos procesales peligro de fuga y obstaculización, previsto en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP, asimismo, se dispuso que se investigaran los actos de tortura y a los responsables de haber atacado y secuestrado a varios jóvenes, quienes fueron golpeados con brutalidad. De conformidad con los datos consignados en las Conclusiones II.3 y II.4 del presente fallo constitucional, se advierte que Jorge José Valda Daza presentó la demanda de acción de libertad actuando sin mandato del accionante, consta en antecedentes que dicha acción fue interpuesta sin el consentimiento del prenombrado, aunque la representación sin mandato está permitida por la Constitución Política del Estado y el art. 48 Código Procesal Constitucional (CPCo), en este caso específico, el representante actuó de manera unilateral, sin consultar ni coordinar con el titular de la acción, según la intervención del impetrante de tutela, este mecanismo de defensa fue presentada sin su conocimiento ni autorización. Ahora bien, acorde a la jurisprudencia constitucional citada en Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad puede ser promovida por un tercero, con o sin poder notariado, siendo indispensable que cuente con el conocimiento y la autorización del accionante; en el presente caso, se evidencia que dicha acción tutelar fue presentada sin que el solicitante de tutela estuviera informado ni hubiera otorgado su consentimiento. Con la finalidad de evitar un uso indebido de este mecanismo de protección, se concluye que no existe legitimación activa; la acción de libertad está concebida para resguardar los derechos de una persona que enfrenta una medida restrictiva que considere que su vida o integridad está en peligro, que está ilegalmente perseguida, procesada o privada de libertad, y generalmente suele ser ejercida por su abogado o un tercero, condición que no se cumple en el presente caso, correspondiendo consecuentemente denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 306 vta. a 308 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ.III.1, establece: “En consecuencia, la actuación de un tercero representando al directamente agraviado, con poder notariado o sin él, será legítima, siempre que sus acciones estén orientadas a proteger o lograr la restitución del derecho fundamental a la libertad individual; de donde resulta, que si bien es cierto, que el constituyente en atención a la naturaleza y fines del recurso de hábeas corpus y con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio de esta acción tutelar, ha prescindido de ciertas formalidades para su interposición, como es el caso de la representación sin mandato; empero, tal informalidad no implica, la permisión de utilizar este recurso extraordinario, con otros fines o para responder a otros intereses”. 2El FJ III.1, señala: “El art. 196.II de la CPE, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su función interpretativa, aplicará como criterio de interpretación, entre otras, el tenor literal del texto; así, de un análisis del art. 125 de dicha Ley Fundamental, se tiene que la acción de libertad tiene carácter informal en su presentación, por cuanto cualquier persona podrá plantearla ‘…sin ninguna formalidad procesal…’, de manera escrita e incluso oralmente, ya sea el directo agraviado ‘…por sí o

por cualquiera a su nombre…’, prescindencia de formalismos procesales acorde con su propia naturaleza jurídica y ámbito de protección. Si bien por el principio de informalismo, no se requiere mayor requisito formal en cuanto a la presentación de la acción de libertad, por cuanto la persona que actúa en nombre de aquel que alega lesión de sus derechos, no necesita acreditar representación legal alguna -poder especial bastante y suficiente-, ya que únicamente necesita mencionar que interpone esta acción de defensa por el directo agraviado, debiendo ser admitida sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, cuando es el supuesto agraviado quien de forma expresa y voluntaria llega a desconocer a su supuesto representante y en definitiva niega haber interpuesto la acción de libertad provoca que la justicia constitucional deniegue la tutela sin ingresar al fondo de la problemática conforme lo dispone el art. 125.I de la CPE” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0471_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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