B.IA.LEGAL

SCP 0471/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 16 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
51666-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo; toda vez que, dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, en su condición de funcionario policial con el grado de Cabo, el entonces Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de 16 de mayo, declarando improbado el recurso de apelación que formuló, confirmando la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 de 29 de enero, que le impuso la sanción de baja definitiva de esa institución policial; no obstante, el referido Tribunal Disciplinario Departamental omitió resolver de manera fundamentada los agravios expresados en dicha impugnación; asimismo, no tomaron en cuenta la Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, que lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de tráfico de sustancias controladas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 284/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 198 a 201 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez, plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2024-S2 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 51666-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 284/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 198 a 201 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Urzagaste León contra Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; y, Lucio Enrique René Jiménez Vargas y Víctor Chura Patzi, Vocales Permanentes del Tribunal Disciplinario Superior; y, Herbet Escobar Rojas, Presidente; y, Carlos Franklin Miranda Velásquez y Alberto Mario Arcaya Marzo, Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz, todos de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados de 16 de agosto y 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 65 a 73 y 76 a 79 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 12 de agosto de 2017, cumplía funciones habituales en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como servidor público policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); es así que, en la revisión del equipaje de mano de Fernando Arancibia habría realizado un mal procedimiento, situación alertada por Reyna Zulma García Antonio, encargada de Rayos X, quien pidió al prenombrado sea revisado por segunda vez, evidenciando que dentro de su mochila existiría trece paquetes en forma de ladrillo con olor y color característico a cocaína; por tal motivo, se le instauró procesos en la vía penal y disciplinaria; en la causa penal personal policial de la FELCN procedieron con su aprehensión por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa; posterior a ello, la autoridad judicial a través de Auto Interlocutorio de 14 de igual mes y año, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Posteriormente, se inició proceso administrativo disciplinario en su contra por la supuesta falta grave establecida en el art. 14.4, 8 y 17 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), señalándose audiencia de juicio oral, público y contradictorio; en consecuencia, el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana por Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 de 29 de enero, resolvió sancionarlo con su baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación. Contra dicha determinación, formuló recurso de apelación, mereciendo la Resolución 022/2019 de 16 de mayo, del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, declarando improbado el citado medio de impugnación, confirmando la decisión de primera instancia, para luego enviarse una copia al Comando General de la citada institución policial para su ejecución y cumplimiento. A través del Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, le otorgó cesación de la detención preventiva; por lo que, mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2021, ante el Comandante Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, solicitó la reasignación de funciones argumentando que al encontrarse con impedimento legal -detención preventiva- no fue notificado con la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 y que además, al no hallarse dicho fallo ejecutoriado, correspondía su reincorporación. Es así que, el 20 de mayo de 2022, fue notificado con el Memorándum ESC/TR SSPPCC 3913/2021 de 30 de diciembre, emitido por Alex Alfaro Lujan, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, poniendo a su conocimiento el Informe Legal DINAPER/AJ. 4011/21 de 29 de igual mes y año, que sugiere desestimar la reasignación de funciones al existir la referida Resolución Administrativa de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación; por tal motivo, denunció la lesión al debido proceso en su componente presunción de inocencia; alegando que, no se valoró la Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que lo absolvió de culpa y pena del delito de tráfico de sustancias controladas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, citando al efecto los arts. 46.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019; b) Se emita nueva resolución declarándolo absuelto; c) La reincorporación inmediata a la Policía Boliviana; y, d) El pago de salarios devengados sin pérdida de antigüedad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual de 28 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 194 a 197, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo indicó que: 1) El 12 de agosto de 2017, fue aprehendido por efectivos de la FELCN para luego ser remitido ante el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, quien presentó imputación formal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; por lo que, a través del Auto Interlocutorio de 14 de igual mes y año, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; 2) Por supuestas contravenciones al art. 14.4,8 y 17 de la LRDPB, el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, mediante Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018, lo sancionó con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación; por esa razón, interpuso recurso de apelación; en consecuencia, se pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, declarando improbada dicho medio de impugnación; fallo atentatorio a sus intereses, transgrediendo sus derechos fundamentales; puesto que, no se demostró que fue encontrado en flagrancia ni la forma de actuación dolosa, tampoco se evidenció “…la intención de cometer el ilícito de tráfico o transporte de SS.CC…” (sic); por ello, no existió una revisión objetiva de los agravios expuestos; además, denunció que las autoridades policiales debieron tomar en cuenta la resolución judicial -Sentencia 49/2021- que lo declaró absuelto de culpa y pena por tráfico de sustancias controladas; lesionando el debido proceso en su componente de fundamentación y los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo; y, 3) Mediante Auto Interlocutorio de 14 de agosto de 2019, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva; en ese sentido, al encontrarse en libertad y al no haber sido notificado con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, tampoco fue ejecutoriada la misma, pidiendo al Comandante Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, su reasignación de funciones; ante ello, mediante Memorándum ESC/TR SSPPCC 3913/2021 su pretensión fue desestimada, y que al haber sido notificado el 20 de mayo de 2022, con el citado Memorándum, cumplió con el principio de subsidiariedad. A la pregunta de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre cuándo fue notificado con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, respondió que el 10 de junio de 2019.

I.2.2. Informe de los demandados

Álvaro Marcelo Flores López, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por informe escrito presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 143 a 144 vta., indicó que, no se cumplió con el principio de inmediatez, pues, el accionante fue notificado personalmente el 10 de junio de 2019, con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, advirtiéndose de ello, que transcurrieron tres años y “casi” cuatro meses de la supuesta vulneración de derechos. El nombrado Presidente, Lucio Enrique René Jiménez Vargas y Víctor Chura Patzi, Vocales Permanentes del citado Tribunal Disciplinario en audiencia de garantías a través de su abogado, manifestaron que: i) La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, es la norma que regula los procesos disciplinarios de los servidores policiales; ii) El 12 de agosto de 2017, el accionante como miembro de la FELCN se encontraba cumpliendo funciones de revisión de equipajes en el aeropuerto internacional de Viru Viru de Santa Cruz; dejando pasar a Fernando Arancibia con “…13 kilos de droga…” (sic), debido a ese hecho, el mencionado fue aprehendido por el Ministerio Público y de manera paralela se le inició proceso disciplinario; producto de la acumulación de pruebas de cargo y de descargo, mediante Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018, se lo sancionó con la baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación; contra esa decisión el peticionante de tutela formuló recurso de apelación; por ello, se pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, declarando improbado dicho medio de impugnación, confirmando la baja definitiva de la citada institución policial; iii) En la presente acción tutelar no se cumplió con el principio de inmediatez; toda vez que, el impetrante de tutela fue notificado el 10 de junio de 2019, de manera personal con la referida Resolución; por lo que, transcurrieron tres años y cinco meses para interponer la acción de amparo constitucional, incumpliendo de esa manera con el art. 129.II de la CPE; iv) El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, no valoró la Sentencia 49/2021, que lo absolvió de culpa y pena del delito de tráfico de sustancias controladas; en razón a que, dicha instancia disciplinaria investiga, procesa y sanciona faltas disciplinarias, no analiza hechos delictivos tramitados en la jurisdicción ordinaria; por otra parte, el accionante no identificó el acto u omisión en la que incurrieron los tribunales de primera y segunda instancia, por ello, pidió se deniegue la tutela impetrada; y, v) El peticionante de tutela al haber sido notificado el 20 de mayo de 2022, pretende activar esta acción de defensa con un acto de comunicación como es el Memorándum ESC/TR SSPPCC 3913/2021 de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana; además, el aludido desde el inicio del proceso administrativo estuvo patrocinado por un abogado de oficio y de manera posterior con uno particular; es ese sentido, en ningún momento estuvo en estado de indefensión, tampoco se lesionó los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo. Herbet Escobar Rojas, Presidente; y, Carlos Franklin Miranda Velásquez y Alberto Mario Arcaya Marzo, Vocales del Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, a través de su abogada en audiencia de garantías, indicaron que; el 10 de junio de 2019, el Oficial de Diligencias del citado Tribunal Disciplinario, notificó personalmente al accionante; por tal razón, este tenía el plazo de seis meses para interponer esta acción de defensa, incumpliendo con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por ello, solicitaron se deniegue la tutela al haber transcurrido tres años y cinco meses.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 284/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 198 a 201 vta., denegó la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo, con base en los siguientes fundamentos: a) Los requisitos de procedencia para la acción de amparo constitucional se encuentran vinculados a la naturaleza misma de la protección constitucional; por cuanto, este mecanismo de defensa se constituye en una acción extraordinaria de restablecimiento de derechos y garantías constitucionales, quien alega vulneración de derechos, está en la obligación de agotar todas las instancias legales; además, su resguardo no pueden estar de manera indefinida en el tiempo; ya que, el art. 129.II de la CPE, ha previsto un plazo de seis meses para formular esta acción tutelar; su formulación no debe estar supeditada a la voluntad de los sujetos procesales, en razón a los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica; b) En la acción de amparo constitucional se describen dos elementos; el primero, a partir del procedimiento administrativo sancionatorio del que fue objeto el solicitante de tutela, como la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 y la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019; decisiones que confirmaron su destitución de la institución policial sin derecho a reincorporación; y, segundo, se deje sin efecto dichos fallos a partir de la emisión de la Sentencia -absolutoria-49/2021, pretensión que no guarda vinculación directa con las mencionadas Resoluciones Administrativas, denotando a todas luces que el pedido del accionante se encuentra alejado del principio de inmediatez; en vista a que, las citadas determinaciones se dictaron hace más de tres años; y, c) El referido principio establece un plazo perentorio -de seis meses- para que las partes puedan interponerla; pues, el impetrante de tutela debe ejercer ese derecho en término oportuno y eventual, ya que, al no activarlo, caduca por el transcurso del tiempo; circunstancia que prohibió a esa Sala Constitucional ingresar a analizar el fondo de este mecanismo de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 de 29 de enero -dentro del proceso administrativo disciplinario, instaurado contra Javier Urzagaste León -hoy accionante- en su condición de funcionario policial en el grado de Cabo-el entonces Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, resolvió declarar al prenombrado responsable de la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 14.8 y 17 de la LRDPB, imponiéndole la sanción de baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación (fs. 110 a 122). II.2. Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2018, ante el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra la señalada Resolución Administrativa (fs. 124 a 130). II.3. A través de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de 16 de mayo, el entonces Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, resolvió el referido recurso de apelación declarándolo improbado; en consecuencia, confirmó en todo la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 (fs. 131 a 138). II.4. Mediante formulario de notificación diligenciado el 10 de junio de 2019, Ever Abad Quispe Huanca, Oficial de Diligencias del indicado Tribunal Disciplinario Departamental, notificó al impetrante de tutela con la supra citada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior (fs. 140). II.5. Mediante Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró al accionante absuelto de culpa y pena por el ilícito de tráfico de sustancias controladas (fs. 47 a 58). II.6. Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2021, ante el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, el accionante solicitó reasignación de funciones al encontrarse cumpliendo medidas sustitutivas a la detención preventiva y no existir ejecutoria de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 “…Más aun cuando fui notificado con UNA RESOLUCI[Ó]N ADMINISTRATIVA, en donde se dispone la suspensión indefinida de mis funciones por encontrarme con detención preventiva…” (sic [fs. 45 a 46]). II.7. Por Informe DINAPER/A.J. 04011/2021 de 29 de diciembre, dirigido al Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, Víctor Huarachi Amaru, Asesor Legal de la Dirección Nacional de Personal de esa institución policial, sugirió a dicha autoridad desestimar la reasignación de funciones impetrada por el peticionante de tutela al existir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación; Informe puesto a conocimiento del nombrado el 20 de mayo de 2022, mediante Memorándum ESC/TR SSPPSS 3913/2021 de 30 de diciembre, (fs. 62 a 64 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo; toda vez que, dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, en su condición de funcionario policial con el grado de Cabo, el entonces Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de 16 de mayo, declarando improbado el recurso de apelación que formuló, confirmando la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 de 29 de enero, que le impuso la sanción de baja definitiva de esa institución policial; no obstante, el referido Tribunal Disciplinario Departamental omitió resolver de manera fundamentada los agravios expresados en dicha impugnación; asimismo, no tomaron en cuenta la Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, que lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de tráfico de sustancias controladas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez, plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE, prevé que: “…La Acción de Amparo Constitucional, podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (énfasis añadido); resultando el referido plazo suficiente y razonable en razón de la naturaleza sumarísima que caracteriza a esta acción tutelar. Asimismo, el art. 55 del CPCo, estipula que: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (negrillas añadidas). La SCP 0283/2015-S1 de 2 de marzo, reiterando la SCP 0056/2012 de 9 de abril, señaló que: “ʽLa acción de amparo constitucional se halla instituida y reconocida en la Ley Fundamental en su art. 128, como también lo estuvo en el art. 19 de la Constitución Política del Estado abrograda (CPEabrg), que consagró al recurso de amparo constitucional, con la misma naturaleza jurídica y como un medio de tutela de carácter extraordinario, cuyos principios de subsidiariedad e inmediatez inherentes a su propia naturaleza son los que la rigen y se aplican también en la interposición de la acción de defensa. Es así, que como exigencia ineludible de la persona física o jurídica que considera haberse vulnerado o restringido sus derechos o garantías fundamentales y que pretende la protección o restablecimiento de los mismos, debe cumplir con el principio y ahora requisito legal de la inmediatez, es decir buscar esa tutela en forma pronta, oportuna e inmediata, al haber agotado -previamente- los recursos o medios legales que la ley le franquea. Por ello, la CPE, ha establecido en el Art. 129.II, que esta acción tutelar debe ser interpuesta dentro de los seis meses, plazo que se computa a partir de la comisión de la vulneración o restricción que se denuncia o de notificada la última determinación judicial o administrativa. El entendimiento expresado sigue el asumido por la SC 1461/2011-R de 10 de octubre., toda vez que la misma no contraviene el orden Constitucional vigente y es concordante con los razonamientos expresados en el párrafo precedente. Dentro del contexto señalado, la exigencia procesal de la inmediatez, tiene justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos, además de hallarse directamente vinculada a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección, entendimiento jurisprudencial contenido en las SSCC 0770/2003-R y 1809/2011-R, entre otrasʼ. Que como prescribe el precepto constitucional, previsto en el art. 129.II de la CPE, esta acción de defensa podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa y judicial, por lo que toda presentación fuera del plazo señalado, es extemporánea” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática planteada por el accionante detalla que dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, el entonces Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, pronunció la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de 16 de mayo, declarando improbado el recurso de apelación que formuló, confirmando la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018 de 29 de enero, que le impuso la sanción de baja definitiva de esa institución policial; no obstante, el referido Tribunal Disciplinario Departamental omitió resolver de manera fundamentada los agravios expresados en dicha impugnación; asimismo, no tomó en cuenta la Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, que lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de tráfico de sustancias controladas. Del análisis de los antecedentes que cursan en el legajo procesal se tiene que, la Fiscalía Policial inició proceso disciplinario administrativo contra el solicitante de tutela, en su condición funcionario policial con el grado de Cabo, por la presunta comisión de la falta disciplinaria descrita en el art. 14.8 y 17 de la LRDPB; en esas circunstancias, seguida la respectiva secuencia procesal, el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana dictó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 018/2018, declarando al prenombrado responsable de haber incurrido en las falta disciplinaria contenida en el señalado artículo, imponiéndole la sanción de baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación (Conclusión II.1); contra dicha decisión el peticionante de tutela dedujo recurso de impugnación (Conclusión II.2); mereciendo la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 que confirmó la indicada Resolución Administrativa (Conclusión II.3); determinación notificada el 10 de junio de igual año al solicitante de tutela (Conclusión II.4);

asimismo, por Sentencia 49/2021 de 9 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró al impetrante de tutela absuelto de culpa y pena por el ilícito de tráfico de sustancias controladas (Conclusión II.5); en ese sentido, a través de memorial presentado de 26 de noviembre de 2021, ante el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, el accionante solicitó reasignación de funciones al encontrarse cumpliendo medidas sustitutivas a la detención preventiva y no existir ejecutoria de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 “…Más aun cuando fui notificado con UNA RESOLUCI[Ó]N ADMINISTRATIVA…” (sic [Conclusión II.6]); y, finalmente, mediante Informe DINAPER/A.J. 04011/2021 de 29 de diciembre, dirigido al Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, el Asesor Legal de la Dirección Nacional de Personal de esa institución policial, sugirió a dicha autoridad desestimar la reasignación de funciones impetrada por el peticionante de tutela al existir la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019 de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación; Informe puesto a conocimiento del accionante el 20 de mayo de 2022, mediante Memorándum ESC/TR SSPPSS 3913/2021 de 30 de diciembre (Conclusión II.7). Ahora bien, conforme lo señalado precedentemente, se concluye que el accionante fue notificado de manera personal con la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019, el 10 de junio de 2019, y la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 16 de agosto de 2022; es decir, trascurrieron más de tres años y dos meses después de tener conocimiento de la citada determinación que supuestamente vulneró sus derechos fundamentales; por lo tanto, es claro que esta acción tutelar se presentó de manera extemporánea, fuera del término de los seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, y la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Por lo señalado, este Tribunal se ve impedido de ingresar a analizar el fondo del presente caso; ya que, el impetrante de tutela no observó el principio de inmediatez, que caracteriza a la acción de amparo constitucional. Finalmente, respecto a la Sentencia 49/2021, que lo declaró absuelto de pena y culpa por el delito de tráfico de sustancias controladas y que no hubiese sido valorado por el citado Tribunal, al no estar vinculado a la decisión asumida en la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 022/2019; resulta innecesario su análisis en el presente caso, careciendo de relevancia constitucional;

por lo que, este Tribunal no emitirá mayores fundamentos al respecto, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 284/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 198 a 201 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0471_2024-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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