Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a las solicitudes realizadas en las que pedía el ingreso de su médico particular al recinto penitenciario; y, tampoco dispusieron su traslado a un hospital donde pueda ser atendida por profesionales médicos especialistas, pese a conocer que viene cumpliendo una huelga de hambre voluntaria que amenaza sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III1. Protección de los derechos a la vida y la salud mediante la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo de lo determinado, existiendo una manifestación expresa de la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores para efectuar el traslado de la accionante y considerando el tiempo transcurrido hasta la emisión del presente fallo constitucional, se mantienen los efectos derivados de la concesión; únicamente en relación al aludido traslado médico.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46026-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carolina Ribera Añez en representación sin mandato de Jeanine Añez Chávez contra Marco Antonio Vargas Yupanqui, Liz Avilés Condori, Germán Ramos Mamani, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero; Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo; y, Estefanía Mabel Cervantes López, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, todos del departamento de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 7 a 10, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición, que fue ilegal e indebidamente fraccionado en un segundo proceso por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por los que guarda detención preventiva; asumió la determinación personal de realizar una huelga de hambre, no obstante que tiene enfermedades de base como hipertensión arterial, circunstancia que fue puesta a conocimiento de los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Con la finalidad de asistir a la audiencia de control jurisdiccional señalada para el día de 17 de febrero de 2022, tuvo que ser trasladada desde su habitación, hasta el espacio habilitado en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores para realizar la audiencia; y el movimiento abrupto realizado provocó que al pararse sintió las consecuencias de la huelga, sufriendo una descompensación bastante severa y sumado a ello, presentó un cuadro de parestesia en boca, piernas y pies por falta de magnesio, potasio, cloro y disminución de azúcar; empero, los médicos del centro penitenciario minimizaron lo acontecido y refirieron que se trataba de una crisis nerviosa, y que eran capaces de estabilizarla para que posteriormente se pueda continuar con la audiencia. Pese a la demostración de actitudes indolentes de los galenos, que contribuyeron a deteriorar más su salud, el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz –hoy demandado–, no dispuso en audiencia que se trasladara a un hospital; y a su vez, los Jueces del Tribunal de Sentencia Primero del referido departamento –codemandados–, donde radica el proceso, pese a tomar conocimiento de la huelga de hambre no realizaron actuación alguna, ni dispusieron de oficio que se la traslade a un nosocomio. Por otro lado, la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores –también codemandada–, tampoco dispuso que sea trasladada a un hospital para que se le efectúe una valoración médica y se tratada y auxiliada de forma oportuna. Solicitó reiteradamente que pueda ingresar un médico particular, pero recién autorizaron su ingreso, provocando que su vida no sea atendida de forma oportuna y exponiéndola a mayores riesgos. La SCP 0033/2013 de 4 de enero, estableció que toda decisión administrativa y judicial debe compulsar los principios de primacía de protección del derecho a la vida y de duda favorable; bajo ello, no es posible que una autoridad jurisdiccional o administrativa, no apliquen dichos principios, debiendo dar respuesta oportuna y efectiva a las solicitudes relacionadas con el derecho a la vida e integridad física, tramitar con celeridad las mismas, evitando formalismos excesivos; empero, en el caso en concreto, las autoridades demandadas no dieron respuesta a las solicitudes realizadas, ni accionaron un mecanismo idóneo para tratar su salud, escondiendo información y desatendiendo sus obligaciones sin importar que el asumir una huelga de hambre, ponía en amenaza grave su derecho a la vida y salud. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados Denunció la lesión de sus derechos a la vida, salud e integridad física; citando al efecto el art. 18.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se apliquen los principios que tutelan su derecho a la vida; b) Dispongan su traslado a la Clínica Alemana, con escolta necesaria y la dejen permanecer en ese lugar hasta que su salud sea restablecida de forma integral, tanto física como emocional y/o le den la alta médica; y, c) Se conmine a las autoridades demandadas, a disponer y autorizar su salida del recinto penitenciario, al hospital solicitado e informen por qué no tomaron acciones pese a conocer la determinación personal de ingresar en huelga de hambre. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública de 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59 vta., presentes la accionante a través de su representante sin mandato y la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores; y ausentes las demás autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando sus argumentos, señaló que: 1) Se demandó a la Directora del referido centro; así como, contra el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, pues han presenciado lo acontecido; y contra el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del mismo departamento, porque aun tomando conocimiento de su estado de salud, a través de diferentes acciones, tales como solicitudes de cesación a la detención preventiva, de valoraciones médicas; y pese a conocer que es hipertensa, que tuvo diferentes crisis de salud y que optó por ingresar a una huelga de hambre, no autorizaron la valoración médica particular, sino hasta el día de ayer, donde los galenos del régimen penitenciario, le esperaron e improvisaron una junta médica y amedrentaron al profesional privado, con la finalidad de que no pueda realizar su trabajo de forma adecuada, presionándolo para que refiera que su salud era estable; 2) Independiente de lo señalado, había una audiencia señalada para el 17 de febrero de 2022, a realizarse en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, en la que debía efectuarse un control de su situación médica; audiencia que se vio interrumpida porque sufrió una descompensación, por su delicado estado de salud; sin embargo, ante esa crisis se suspendió la audiencia, sin que se determine su traslado a un hospital, sino que los médicos que la atendían en ese momento, manifestaron que se encontraba bien; determinación asumida en virtud de que ese personal médico depende del régimen penitenciario y del Ministerio de Gobierno; consecuentemente, no se realizó ninguna acción a efectos de poder precautelar su salud; 3) Entiende que el caso es político, pero debe disponerse el traslado de la interna, a un hospital al evidenciar lo que ocurre en el caso en análisis; 4) En el proceso penal, nadie tiene el valor de disponer que sea llevada a un centro hospitalario, restringiéndole la libertad y otros derechos, pese a que correspondía otorgarle el mismo tratamiento que se le daría a una persona en libertad, ello en virtud el principio de ética médica, pues están encubriendo su verdadero estado de salud; por ello, al no contar con un ente imparcial que pueda decir de forma real cuál es el estado de salud, el único lugar sería un hospital, por lo que pide se disponga su traslado a la Clínica Alemana, con todas las medida de seguridad que deseen; y, 5) No puede utilizarse de pretexto que no quiera ingerir alimentos o agua, para justificar que la Gobernadora y el personal médico no están realizando sus labores. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Liz Avilés Condori, Germán Ramos Mamani y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 19, manifestaron que con relación a la petición de la accionante, de disponer su traslado a un centro médico para su hospitalización, no cursa ninguna solicitud en el Tribunal de Sentencia del que son titulares. Armando Zeballos Guarachi; Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, a través del informe escrito presentado el 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 18 y vta., señaló que: i) El día 17 de febrero de 2022, a las 13:00, estaba programada la audiencia de situación jurídica de la imputada, hoy accionante, en la que estuvo presente acompañada de su abogada y personeros de salud del Centro de Orientación Femenina de Miraflores; asimismo, estuvieron conectados a la plataforma, tres abogados más de la defensa; ii) Antes de instalar la audiencia, la secretaria del juzgado verificó la presencia de las parte y el abogado de la accionante, Alaín Canedo, señaló que tanto los otros abogados, como la propia impetrante de tutela iban a hacer uso de la palabra, dando a entender que ésta se encontraba en condiciones de participar en audiencia, por lo que se prosiguió con el acto procesal; iii) Instalada que fue la referida audiencia, pudo advertir que la imputada presentó percances en su salud y por ello consultó a la abogada defensora y a los médicos, sobre el estado de la accionante; recibiendo por respuesta de la defensa, que no podría continuar con la audiencia y una de los médicos señaló que podía restablecerse para luego proseguir con el acto procesal; sin embargo, velando por el derecho a la salud de la accionante, suspendió la audiencia y reprogramó la misma para el 21 de febrero de 2022; y, iv) Asimismo, mediante Decreto de 17 de febrero del mismo año, precautelando el derecho a la vida y salud de la peticionante de tutela, dispuso que personeros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se constituyan al Centro penitenciario a objeto de evaluar su estado de salud; consecuentemente, al no existir vulneración alguna a los derechos reclamados por la accionante, corresponde denegar la tutela impetrada. Estefanía Mabel Cervantes López, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, con el uso de la palabra en audiencia de acción de libertad, manifestó que: a) En efecto la accionante tuvo una descompensación, y en este momento, es decir en plena audiencia, está en valoración médica con varios galenos que se encuentran presentes; también está personal de la defensa, por lo que solicita suspender la audiencia para poder atender la situación y hacer las verificaciones que correspondan; b) El 15 de febrero de 2022, solicitaron el ingreso de un médico particular, sin embargo al ser para ese mismo día, no se le dio un plazo para poder organizar el tema de atención de la accionante; c) El mismo 15 de febrero, reiteraron la solicitud; empero el médico de la impetrante de tutela fue sin su credencial y sin portar documento que acredite que era médico o tenía especialidad en el área; y, d) Posteriormente, el 17 del mismo mes y año se permitió el ingreso de los médicos y ellos evaluaron y tuvieron un consejo médico que acreditaba que la accionante estaba estable; no obstante lo señalado solicita que se autorice la salida de la accionante; pues en su calidad de Directora no podría hacerlo al no contar con informes médicos que digan lo contrario. I.2.3. Terceros intervinientes Mariana García Vargas, médico del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, con el uso de la palabra en audiencia, señaló que: 1) La peticionante de tutela tenía un estado de deshidratación de leve a moderada y por ello presentaba un cuadro emético, es decir que estaba con náuseas y vómitos, debiendo proceder a hidratarla; y, 2) La accionante no recibe ningún tipo de tratamiento, porque no acepta que se le coloque suero, ni consume agua y su conducta no cambiaría aunque se la traslade al mejor hospital de La Paz; aclarando que no le falta atención médica, sino que es su negativa la que impide sea tratada. La abogada de la Gobernación de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, en audiencia de acción de libertad, manifestó que: i) En virtud del Decreto Supremo (DS) 29894, art. 33.II.d), bajo el principio de verdad material, correspondía señalar que existe un acta de junta médica donde se estableció el estado de salud de la accionante; así como el tratamiento que debía recibir; ii) Por otro lado existe también un informe del área médica del recinto penitenciario, de 17 de febrero de 2022, en el que los galenos que conforman el equipo que constantemente estuvo monitoreando a la accionante, señalaron, de forma pormenorizada, el seguimiento diario que realizaron durante los últimos diez días, es decir hasta el noveno día de huelga de hambre; describiendo los síntomas que tenía, y concluyendo que era una paciente hemodinámicamente estable y que no precisaba de internación en un centro de segundo o tercer nivel; empero, que sí necesitaba de hidratación y reposición parenteral, precautelando su vida; asimismo, señalaron que en horas de la tarde, la paciente sufrió un ataque de ansiedad con contracciones; y, que en tres oportunidades de hidratación, se recibió negativa de la accionante y de su familiar; por lo que, procedieron a informar sobre las posibles consecuencias; iii) La médico forense, ordenó que un médico legalista pueda constituirse al recinto penitenciario; y si bien el médico se constituyó, no pudo evaluar a la accionante por su negativa; y, iv) Corresponde hacer conocer que Régimen Penitenciario, cuenta con diferentes convenios con distintas clínicas e institutos para recibir muestras de los privados de libertad; por lo que pide se reflexione a la accionante para que ésta acepte la ingesta de alimentos. I.2.4. Resolución El Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 60 a 61 vta., concedió la tutela solicitada por Carolina Rivera Añez, en representación sin mandato de la accionante; disponiendo que en el acto la Gobernadora del referido centro penitenciario disponga el traslado de la accionante al Hospital de Clínicas de La Paz, con los custodios que considere necesarios y las medidas de seguridad requeridos; los médicos del Hospital de Clínicas, tienen la obligación de restablecer la salud de la peticionante de tutela, incluso contra su voluntad y una vez que haya desaparecido el riesgo a la vida, deberá ser inmediatamente remitida al Centro de Orientación Femenina de Miraflores; debiendo informar al respecto; y, exhortó a la solicitante de tutela, dejar la medida extrema de ayuno voluntario; toda vez que, pone en riesgo su vida; con base a los siguientes fundamentos: a) De antecedentes advierte que sobre la accionante cursan dos procesos penales radicados, uno en la etapa investigativa en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz y otro en el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del mismo departamento, ya en etapa de juicio oral; b) El día de ayer estaba señalada una audiencia en el Juzgado cautelar, y fue suspendida porque la solicitante de tutela sufrió una descompensación en su estado de salud; y la autoridad jurisdiccional dispuso se oficie al IDIF para la valoración correspondiente; c) La impetrante está privándose del consumo de alimentos; es decir que está en ayuno voluntario, encontrándose en el décimo día de esa medida extrema; d) Existen médicos en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, que están controlando la salud de la accionante, e informan todos los días del estado de salud de la misma; e) La médico del centro penitenciario, refirió el estado de salud de la accionante y advirtió que había asumido la medida voluntaria de ayuno, solicitando inclusive el espacio de veinte minutos para que se suspenda la audiencia de acción de libertad y así poder estabilizar a la paciente, dejando plena constancia que el estado de salud ésta, se va deteriorando poco a poco, por voluntad propia; porque se niega a recibir atención médica y a alimentarse; f) Es evidente que el Estado tiene la facultad y es titular del ius puniendi; por el cual, todas las personas pueden ser sometidas a un proceso penal y privarlas de su libertad; sin embargo, no puede desconocerse sus derechos como el derecho a la salud y fundamentalmente el derecho a la vida; g) Si bien la accionante se niega a recibir tratamiento médico y alimentación; empero, las autoridades judiciales o administrativas no pueden ignorar ello hasta que se produzca un desenlace fatal; en ese sentido, más allá de que los médicos del Centro de Orientación Femenina de Miraflores estén apoyando junto a otros médicos, a velar por la salud de la impetrante de tutela, persiste la situación de riesgo de producirse el desenlace antes referido, lo cual no puede soslayarse; h) En la audiencia de garantías, incluso la Gobernadora demandada, con desesperación y al advertir que la vida de la accionante está en peligro, solicitó se pueda ordenar el traslado de la misma a un centro médico para que sea atendida; i) Las autoridades no pueden esperar o tolerar que no se dé le tratamiento correspondiente, aún en contra de la voluntad de la accionante, para resguardar el derecho a la salud y la vida, y al evidenciar claramente que día a día se agrava la situación de la accionante, en representación del Estado, dispone que sea trasladada a un centro de salud para que incluso en contra de su voluntad sea atendida por médicos especialistas; j) Con esos fundamentos y precautelando fundamentalmente el derecho a la vida, corresponde otorgar la tutela solicitada en relación de la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores y al Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz; toda vez que, en la audiencia realizada día anterior, no asumieron una acción de esta naturaleza, limitándose a solicitar una valoración por un médico del IDIF, pese a que en el recinto penitenciario existen médicos del Estado que estaban atendiendo la salud de la accionante; y siendo que se negaba a recibir la atención médica y a alimentarse, correspondía asumir medidas activas desde la instancia jurisdiccional en materia de control en cuanto a la protección de los derechos y garantías de la impetrante de tutela; y, k) Respecto a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del referido departamento, éstos no tuvieron conocimiento del estado de salud de la accionante; consecuentemente corresponde denegar la tutela. Mediante resolución complementaria de 18 de febrero de 2022, cursante a fs. 68 y vta.; estableció lo siguiente: 1) En caso que la accionante rechace su traslado y la atención médica y/o se presente otro impedimento material para el traslado señalado, la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, deberá poner en conocimiento del Director del Hospital de Clínicas para que esa autoridad, a su vez, en el acto, envíe al recinto penitenciario, personal médico especializado, insumos y equipamiento necesario para que restablezcan la salud de la accionante, hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso en contra de la voluntad de la privada de libertad en caso de negativa a ser atendida, considerando que se encuentra en el décimo día de ayuno voluntario; y, 2) Sin perjuicio de lo anterior, tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso, la Gobernadora demandada, debe instruir y efectivizar que los médicos de dicho centro penitenciario, aún en contra de la voluntad de la accionante, garantizando el derecho a la propia vida de la privada de libertad, sin mayor demora inicien inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memoriales de 15 de febrero de 2022, ambos dirigidos a la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, la accionante solicitó autorización para ingreso de su médico particular y de confianza, Fernando Pavel Angles Mercado, con la finalidad de someterse a una valoración médica (fs. 15 y 16).
II.2. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, dirigido a la Gobernadora demandada, la impetrante de tutela, reiteró solicitud de autorización para ingreso del médico particular identificado ut supra (fs. 5). II.3. A través de nota manuscrita de 17 de febrero de 2022, la solicitante de tutela, pidió a la Gobernadora demandada, copia del informe de la junta médica realizada entre los médicos del penal y su médico particular (fs. 6). II.4. Mediante Informe R.P.M.A.M. 17/02/22/0201 de 17 de febrero de 2022, Paúl Augusto Careaga Llanos, Valdemar Mollo Mendoza, Dennis Larrea Mendoza, Pamela Quinteros y Carline Gareca, médicos en comisión del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, hicieron conocer al Director General de Régimen Penitenciario a.i., el monitoreo realizado a la accionante, durante los nueve días de huelga de hambre voluntaria (fs. 21 a 23).
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a las solicitudes realizadas en las que pedía el ingreso de su médico particular al recinto penitenciario; y, tampoco dispusieron su traslado a un hospital donde pueda ser atendida por profesionales médicos especialistas, pese a conocer que viene cumpliendo una huelga de hambre voluntaria que amenaza sus derechos reclamados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III1. Protección de los derechos a la vida y la salud mediante la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
De igual manera, la precitada SCP 0238/2020-S4, al respecto; refirió que: “La SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sobre el particular señaló que: ‘En ese ámbito, en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que «su vida está en peligro».
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción’” (las negrillas nos pertenecen).
Así también, la prenombrada SCP 0238/2020-S4, con relación a la tutela brindada por la presente acción de defensa respecto al derecho a la salud; estableció que: “La SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, precisó que: ‘Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud; así, en el ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el art. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…».
En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: «La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse»’” (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada
La SCP 0920/2019-S4 de 16 de octubre al respecto señaló “El derecho a la vida y la libertad son fundamentales para el desarrollo personal, respetarlos y tutelarlos es función primordial del Estado; empero, el derecho a la libertad puede ser restringido, en los límites y formalidades que señala la ley, lo que no implica que los demás derechos –incluido el derecho a la salud– deban ser restringidos.
En el ámbito regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, ha adoptado principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las américas, que en su principio décimo, referido a la salud, indica que: ‘Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole (…)‛ (pertenece al texto original).
En concordancia con lo señalado el legislador estableció en el art. 92 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) que: ‘Cuando se constate que el estado de salud del interno requiere de tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y personal necesarios, el médico recomendará en el día al Juez de Ejecución Penal, la necesidad de su traslado, sin perjuicio de que lo solicite el interno, su representante o un familiar’, en relación con los casos de emergencia el art. 94 de la citada norma determina lo siguiente: ‘En casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente‛. (el resaltado y subrayado es nuestro).
Al respecto, la SCP 0582/2018-S4 de 28 de septiembre, estableció que: “(…) Por otra parte, la huelga de hambre se concibe como una forma de protesta o manifestación, que se realiza de manera voluntaria y pacífica, con un fin determinado y por una justa causa. En este entendido, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (vigésima primera edición), señala que ésta consiste en la: “Abstinencia voluntaria y total de alimentos para mostrar alguien la decisión de morirse si no consigue lo que pretende”; asimismo, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (vigésima séptima edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas) de Manuel Ossorio se define el término de la siguiente forma: “…Normalmente, las huelgas de hambre, que, como su nombre lo indica, consisten en la negativa a ingerir alimentos, como medio de suicidio lento, son realizadas por los autores o presuntos autores de delitos políticos. El sistema ha dado resultados favorables en algunas ocasiones por haber despertado sentimientos colectivos de piedad, pero en la actualidad ha perdido toda su eficacia, porque la autoridad se limita a prestar asistencia sanitaria a los huelguistas, y éstos terminan por desistir de su propósito. Un precursor de ese procedimiento de lucha fue el Mahatma Gandhi”.
Ante la instalación de una huelga de hambre o sus emergencias, la Asociación Médica Mundial (AMM), adoptó en la 43ª Asamblea Médica Mundial Malta, en noviembre de 1991, la “Declaración de Malta de la AMM sobre las Personas en Huelga de Hambre”, revisada su redacción por la 44ª Asamblea Médica Mundial Marbella, España, en septiembre de 1992 y revisada por la 57ª Asamblea General de la AMM en Pilanesberg, Sudáfrica, en octubre 2006. En este documento, se establece un protocolo de atención de las personas que ingresen en huelga de hambre, que proteja tanto a la persona que recibe atención como al profesional médico a quien se encarga el cuidado; de este modo, en la introducción a la referida Declaración, se señala: “El médico necesita comprobar la verdadera intención de la persona, en especial en huelgas o situaciones colectivas en las que la presión de los pares puede ser un factor. El dilema ético se plantea cuando una persona en huelga de hambre, que aparentemente ha dado instrucciones claras de no ser reanimada, alcanza un estado de deterioro cognitivo. El principio de beneficencia insta al médico a reanimarla, pero el respeto de la autonomía individual le impide intervenir cuando se ha expresado un rechazo válido y formal”.
Como se manifestó previamente, el ingreso en huelga de hambre es un acto voluntario, por lo que la Declaración de Malta de la AMM sobre las Personas en Huelga de Hambre establece el respeto de la autonomía de la persona en estos casos, al determinar entre sus principios lo siguiente: “Respeto de la autonomía. El médico debe respetar la autonomía de la persona (...) Toda decisión pierde fuerza moral si se toma involuntariamente bajo amenazas, presión o coerción de los pares. No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan. La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable. La alimentación artificial con el consentimiento explícito o implícito de la persona en huelga de hambre es aceptable éticamente y puede evitar que la persona alcance un estado crítico” (Las negrillas son añadidas).
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, las autoridades demandadas no dieron respuesta a las solicitudes realizadas en las que pedía el ingreso de su médico particular al recinto penitenciario para someterse a una valoración médica; y, tampoco dispusieron su traslado a un hospital donde pueda ser atendida por profesionales médicos especialistas, pese a conocer que viene cumpliendo una huelga de hambre voluntaria que amenaza sus derechos reclamados.
Identificada la problemática planteada, de acuerdo a los antecedentes y conclusiones de la presente acción tutelar; se tiene que, la cita de dos procesos penales contra la accionante, uno por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes, radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero del departamento de La Paz –cuyos Jueces son ahora demandados–, que se encuentra con requerimiento conclusivo de acusación; y, otro por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición, radicado ante el Juez de Instrucción Penal Décimo del referido departamento –hoy codemandado–, mismo que se encuentra en etapa preparatoria de investigación.
Ahora bien, dentro de ninguno de los dos procesos, se advierte la presentación de solicitudes escritas a través de las cuales la accionante impetre el ingreso de su médico particular al recinto penitenciario donde guarda detención preventiva y/o el traslado a un hospital, con la finalidad de ser valorada por médicos especialistas; sin embargo, de lo referido por las partes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito terrorismo, conspiración y sedición, el 17 de febrero de 2022, a las 13:00, debía llevarse a cabo una audiencia virtual para considerar la situación jurídica de la ahora impetrante de tutela; empero, instalada la misma, se pudo advertir que la accionante sufrió una descompensación; razón por la cual, fue atendida por personal médico del recinto penitenciario, quienes manifestaron que podía restablecerse y continuar con la audiencia; no obstante lo señalado, velando el derecho a la salud de la impetrante de tutela, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz –hoy demandado–, determinó suspender la audiencia y reprogramarla para el lunes 21 del mismo mes y año señalados; asimismo, dispuso que personal del IDIF se traslade al Centro de Orientación Femenina de Miraflores a objeto de que evalúen el estado de salud de la imputada; aspecto que, no fue controvertido por la accionante; consecuentemente, no se advierte inacción de la autoridad jurisdiccional ante la evidencia de la desmejora de la impetrante de tutela, ni que esa determinación asumida en audiencia, vulnere el derecho reclamado en la presente acción de libertad; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto de las autoridades jurisdiccionales demandadas.
Con relación a la presentación de memoriales ante la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores –codemandada–, solicitando se autorice el ingreso del médico particular Fernando Pavel Angles Mercado (Conclusiones II.1 y II.2), se advierte que dos de ellos datan de 15 de febrero de 2022 y un tercero de 16 del mismo mes y año; asimismo, mediante nota manuscrita de 17 de febrero de 2022 (Conclusión II.3) fecha en la que se interpuso la presente acción tutelar, la impetrante solicitó “copia del informe Junta médica” (sic), alegando en horas de la mañana del mismo 17 de febrero, se efectuó una visita conjunta entre su médico particular y los médicos del recinto penitenciario; consecuentemente su solicitud fue atendida por la autoridad demandada de manera oportuna.
Si bien la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aún no exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción, como en el caso en análisis; se advierte que para que el Estado pueda tutelar el derecho a la vida, es necesario que se trate de una amenaza cierta, fundada en actos u omisiones por las autoridades do particulares demandadas que permitan establecer de manera objetiva, que efectivamente ese derecho fundamental, se encuentra amenazado y requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparables.
En el caso concreto no se pudo advertir de qué manera las autoridades demandadas pusieron en riesgo la salud y vida de la accionante, cuando en contrario los informes médicos señalaron la reticencia de la impetrante de tutela para recibir la atención médica, así como también el Informe evacuado por el equipo de médicos del recinto penitenciario (Conclusión II.4), refiriendo que contaban con los medios necesarios para poder estabilizarla, que hacían el monitoreo diario desde que asumió la medida extrema; empero, como se señaló previamente, era decisión personal de la impetrante el no quererse someter a valoraciones médicas por el referido equipo médico, así como de continuar con la huelga de hambre asumida.
Al respecto, corresponde señalar que la huelga de hambre, como medio de protesta pacífica que fue tomada por Jeanine Añez Chávez −ahora accionante− de manera voluntaria y asumiendo el riesgo vital que esta medida conlleva; es, en todo sentido una decisión particular en uso de sus legítimos derechos, que asume bajo su responsabilidad y con autonomía de su personalidad. Consecuentemente, el resguardo de su vida deberá hacerse efectivo, ante cualquier emergencia que se presente en la manifestación pública que realiza sin perjudicar u obstruir el propio derecho que ejerce al protestar, por lo que la atención médica que requiera deberá ser inmediata y oportuna, de acuerdo con el deterioro de su estado de salud, sin que sea posible interferir más allá de lo que la propia voluntad y convicción del accionante huelguista dictamine. Lo que debemos resaltar de la “Declaración de Malta de la AMM sobre las Personas en Huelga de Hambre” indicada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es el respeto a la autonomía de la persona en su tratamiento, puesto que voluntariamente decidió ingresar en esta medida de protesta con un fin específico que no podría verse obstruido sin una causa justificada y de acuerdo con la intencionalidad que refleje la persona.
Si bien, la impetrante de tutela busca ser trasladada a la Clínica Alemana para recibir atención médica; las peticiones individuales que realizó, a la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores demandada, que −según señala en la demanda− carecen de respuesta, estaban dirigidas a obtener la respectiva autorización de ingreso del médico particular a dicho recinto penitenciario y en ninguna de ellas pidió, ni sugirió el traslado a una clínica particular; por ello, la autorización obtenida al día siguiente de su solicitud, de ninguna manera constituye la causa de la vulneración de los derechos que denuncia.
Por otro lado, admitiendo que el ámbito de protección del derecho a la vida es amplio por su trascendencia para el desarrollo de las personas; sin embargo, este Tribunal no podría determinar una vulneración del derecho a la vida, cuando es la misma titular del derecho reclamado, quien voluntariamente se coloca en esa situación de vulnerabilidad y que de ninguna forma puede ser atribuible a las autoridades demandadas. En mérito a estos motivos, corresponde denegar la tutela solicitada al no ser evidente la vulneración al derecho a la vida, salud e integridad de la accionante que pueda ser imputable a las autoridades demandadas.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo de lo determinado, existiendo una manifestación expresa de la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores para efectuar el traslado de la accionante y considerando el tiempo transcurrido hasta la emisión del presente fallo constitucional, se mantienen los efectos derivados de la concesión; únicamente en relación al aludido traslado médico. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0471_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 45cb10139a443ba425502c7fe1b999c5967e13ba3a08ea80998ed142d9264aca
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