Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad, a la libertad personal, así como a la garantía del debido proceso; toda vez que, el 22 de marzo de 2023 se instaló la audiencia -virtual- de cesación de la detención preventiva; sin embargo, debido a que no se pudo conectar a dicho acto procesal, el Juez demandado suspendió el mismo y, sin resolver su situación jurídica ni permitirle impugnar dicha determinación, la cual se tomó bajo el argumento de haberse emitido acusación formal; consecuentemente, ordenó la remisión de antecedentes ante el “…Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero y Violencia hacia la Mujer Primero de La Paz…” (sic), sin considerar su condición de privado de libertad ni su estado de salud, al contar con una “discapacidad de 73%”, y que se encuentra en riesgo su vida al estar “…viviendo con una sonda en el penal de san pedro…” (sic). El Juez demandado señaló que, en la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, se informó por Secretaría la ausencia del accionante; por lo que, al haberse emitido pliego acusatorio por la autoridad fiscal, se remitieron actuados ante el “Tribunal de Sentencia”, considerando la necesidad de contar con un pronunciamiento sobre la situación jurídica del mismo, acto procesal que -según refiere- fue verificado; en consecuencia, al no existir más trámite, se remitieron antecedentes en originales ante el referido Tribunal, por lo que cualquier solicitud debe ser formulada en esa instancia. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2° Disponer que la autoridad judicial demandada o quien se encuentre a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz tramite y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante, conforme a derecho, siempre que ello no hubiera ocurrido o que, por la variabilidad de las medidas cautelares personales, su situación jurídica no hubiese sido modificada; y,
3° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la salud, conforme a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54878-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel José Manzaneda Mendoza, en representación sin mandato de Wilfredo Evar Villa Quispe contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de marzo de 2023, cursante a fs. 1; y, 7 a 9, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201103052200317, estando cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 22 de marzo de 2023 se desarrolló la audiencia de cesación de dicha extrema medida, en la cual, Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento -demandado-, determinó la suspensión de dicho acto procesal, “dejando sin efecto” su solicitud y ordenando la remisión de antecedentes al Tribunal superior en grado, debido a que, no se conectó a la audiencia, sin considerar que se encontraba detenido en el referido recinto penitenciario ni su estado de salud, al contar con una “discapacidad de 73%” -se entiende grado de invalidez profesional-, provocándole indefensión, dado que no se resolvió su situación jurídica, ni se le permitió impugnar dicha determinación, bajo el argumento de que en la referida causa se emitió acusación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad, a la libertad personal, así como a la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 21, 22, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva de manera presencial.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos de su acción tutelar; y, ampliando, en audiencia señaló que: a) No estuvo presente en la audiencia virtual -de cesación de la detención preventiva- de 22 de marzo de 2022; sin embargo, sí se encontraba su abogado, quien solicitó que se considere su situación de discapacidad conforme acreditó el informe emitido por BBVA Previsión de la Administración de Fondo de Pensiones (AFP) Sociedad Anónima (S.A.); no obstante, la autoridad demandada rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin tomar en cuenta que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres establece que “…aún si no estuviese el imputado por esto de las conexiones virtuales se podría llevar adelante la presente audiencia…” (sic); y, b) Se negó su apelación, vulnerando su derecho a la defensa, ordenando la remisión de antecedentes por existir una acusación, “sin haber subsanado” su solicitud de cesación de la detención preventiva, la cual contiene argumentos objetivos esenciales para desvirtuar el presupuesto previsto por el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relacionado con la probabilidad de autoría; toda vez que la víctima presentó un memorial en el que manifestó que no sufrió ningún vejamen, como en primera instancia se había fundamentado, tomando en cuenta además su estado de salud por discapacidad y que “…está viviendo con una sonda en el penal de san pedro (…) y tiene que salir constantemente a los cambios de la sonda que muchas veces se retrasa, tiene que estar cambiándole ya que esta con muchas infecciones (…) poniendo en riesgo la vida…” (sic).
Ante las preguntas formuladas por el Juez de garantías, la parte accionante señaló que: “…hemos hecho la apelación a la resolución de rechazo a la Cesación de la Detención Preventiva, lo hemos hecho de manera oral, el señor juez, por eso le había pedido que (…) puedan enviar el audio y el video para que usted pueda corroborar este extremo el señor juez, rechaza y dice que no corresponde una apelación a la resolución (…) y contradiciendo también a lo que había establecido en la Constitución Política del Estado, por otro lado, esta mañana nos fuimos al tribunal para ver si estaba el cuaderno ahí, no estaba (…), nos extraña que el señor juez ahora diga que se había remitido los antecedentes…” (sic).
Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 15 a 16, manifestó que: 1) En la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva de 22 de marzo de 2023, se informó por Secretaría la ausencia del accionante; 2) La autoridad fiscal emitió pliego acusatorio contra el impetrante de tutela, por lo que se remitieron actuados ante el “Tribunal de Sentencia”, siendo observada la necesidad de contar con un pronunciamiento sobre la situación jurídica del nombrado, “…acto que se verifico y no puede ser objeto de análisis al contar ya con el requerimiento acusatorio. Cumplido la etapa preparatoria conforme la SC 1036/02-R, no teniendo más tramite, se remitió antecedentes en originales ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, Por el delito de Feminicidio” (sic), conforme se acredita del oficio que acompañó; por lo que, por mandato de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, las peticiones de modificación de medidas cautelares deben ser realizadas ante dicha instancia; y, 3) La parte accionante pretendió interponer recurso de apelación contra una determinación de remisión de actuados ante el Tribunal llamado por ley, “…sin estar con su patrocinado, omisión procesal que no tiene asidero legal, y no fue presentado ningún escrito o planteado recurso en audiencia, que sea objeto de análisis procesal” (sic), puesto que, no se señaló que se haya formulado por escrito algún recurso, intentando sorprender con peticiones sin asidero legal; en consecuencia, no existió vulneración a ningún derecho o garantía constitucional.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela impetrada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El proceso penal fue remitido al Tribunal de Sentencia, por lo que la autoridad judicial demandada ya no contaría con competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, conforme a la jurisprudencia constitucional, mientras no exista radicatoria, el juez cautelar mantiene competencia para conocer y resolver ese tipo de solicitudes; b) Se advirtieron contradicciones entre lo manifestado por el accionante y el informe de la autoridad demandada respecto a la existencia de una resolución sobre la cesación de la detención preventiva y la interposición de recursos, no siendo claros los aspectos planteados; y, c) Si bien el Juez cautelar habría dispuesto la remisión de antecedentes, tenía la obligación de resolver previamente la solicitud de cesación de la detención preventiva, debiendo actuar con celeridad, más aun tratándose de una persona privada de libertad; no obstante, una vez remitida la causa, corresponde al Tribunal de Sentencia conocer las solicitudes que se formulen. En vía de aclaración y complementación, la parte accionante consultó si es que el fallo constitucional emitido se ha fundamentado en que el proceso de origen debería estar radicado en el “…tribunal que corresponde…” (sic); no obstante, los antecedentes fueron remitidos “ayer”, y no se encuentra radicado en el tribunal correspondiente. Ante ello, el Juez de garantías señaló que, la acusación ya está en el “…Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia Primero…” (sic), por ese motivo no se dispuso que se resuelva para no causar mayor dilación en el trámite, y si bien no se tiene certeza de que ya esté radicado el proceso, el accionante puede formular sus petitorios a “esa autoridad”, de ser devuelto con observaciones al “Juez Cautelar”, ya que es esa autoridad quien debe resolver la cesación de detención preventiva.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 26 a 28); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
II.1. Consta Declaración de Pensión de Invalidez, emitida por BBVA Previsión AFP S.A., de 18 de junio de 2014, que refiere un grado de invalidez del 73% por accidente profesional de Wilfredo Evar Villa Quispe -ahora accionante- (fs. 2 a 6). II.2. Cursa Nota CITE Of. 115/2023 de 1 de marzo, de remisión de “…OBRADOS EN ORIGINALES” ante el “TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER 1°” (sic), suscrita por Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de “FEMINICIDIO”, con CUD 201103052200317, con cargo de recepción por el referido Tribunal el 10 del mismo mes y año (fs. 13). II.3. Se tiene Nota CITE Of. 160/2023 de 30 de marzo, de remisión de “DEVOLUCIÓN DE OBRADOS EN ORIGINALES” (sic), dirigida ante el indicado Tribunal de Sentencia, suscrita por el Secretario nombrado en la Conclusión precedente, dentro del indicado proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de “…VIOLACIÓN NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE…” (sic), con CUD 201103052200317, con cargo de recepción por dicho Tribunal en la misma fecha a horas 10:00 (fs. 14).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos derechos a la libertad de locomoción, a la dignidad, a la libertad personal, así como a la garantía del debido proceso; toda vez que, el 22 de marzo de 2023 se instaló la audiencia -virtual- de cesación de la detención preventiva; sin embargo, debido a que no se pudo conectar a dicho acto procesal, el Juez demandado suspendió el mismo y, sin resolver su situación jurídica ni permitirle impugnar dicha determinación, la cual se tomó bajo el argumento de haberse emitido acusación formal; consecuentemente, ordenó la remisión de antecedentes ante el “…Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero y Violencia hacia la Mujer Primero de La Paz…” (sic), sin considerar su condición de privado de libertad ni su estado de salud, al contar con una “discapacidad de 73%”, y que se encuentra en riesgo su vida al estar “…viviendo con una sonda en el penal de san pedro…” (sic). El Juez demandado señaló que, en la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, se informó por Secretaría la ausencia del accionante; por lo que, al haberse emitido pliego acusatorio por la autoridad fiscal, se remitieron actuados ante el “Tribunal de Sentencia”, considerando la necesidad de contar con un pronunciamiento sobre la situación jurídica del mismo, acto procesal que -según refiere- fue verificado; en consecuencia, al no existir más trámite, se remitieron antecedentes en originales ante el referido Tribunal, por lo que cualquier solicitud debe ser formulada en esa instancia. Asimismo, señaló que la parte accionante pretende interponer recurso de apelación contra una determinación de remisión de actuados ante el Tribunal llamado por ley, “…sin estar con su patrocinado, omisión procesal que no tiene asidero legal, y no fue presentado ningún escrito o planteado recurso en audiencia que sea objeto de análisis procesal” (sic).
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (la negrilla nos pertenece).
Identificad como se tiene la problemática de esta acción de defensa, conforme a la documental descrita en el apartado de Conclusiones del presente fallo constitucional, pese a no contarse con todas las piezas procesales del caso, pero con base en lo aseverado y no contradicho por las partes intervinientes, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente con CUD 201103052200317, el nombrado se encuentra cumpliendo detención preventiva; en cuyo mérito, ante la emisión de acusación formal, mediante nota de remisión de 1 de marzo de 2023, suscrita por el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se remitieron antecedentes al “TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER 1°” (sic), con cargo de recepción de 10 del mismo mes y año (Conclusión II.2).
Sin embargo, conforme refiere la autoridad judicial demandada, dicha remisión fue observada por falta de pronunciamiento sobre la situación jurídica del accionante; en ese contexto, estando fijada la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 22 de marzo de 2023, e instalado dicho acto procesal, previo informe de Secretaría sobre la inasistencia del impetrante de tutela, el Juez demandado determinó suspender la audiencia y, bajo el criterio de que no existía más trámite al contar la causa con acusación formal, ordenó la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia, efectivizada mediante nota de 30 del mismo mes y año, con cargo de recepción en la misma fecha a las 10:00 (Conclusión II.3).
En esas circunstancias, el accionante denuncia que, la autoridad judicial demandada omitió resolver su situación jurídica, sin considerar su condición de privado de libertad ni su estado de salud, al contar con una “discapacidad de 73%”, encontrándose -según refiere- en riesgo su vida.
Bajo ese contexto, corresponde señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud vinculada al derecho a la libertad debe tramitarla con la mayor celeridad posible; es decir, resolverla dentro de los plazos legales, cuya inobservancia habilita la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho. En ese marco, respecto a la suspensión de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 22 de marzo de 2023 por ausencia del accionante, corresponde referir que, conforme a la parte final del art. 239 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, debe considerarse lo previsto en el art. 113 del mismo cuerpo legal. Dicho precepto establece que, en ningún caso se podrá suspender audiencias por ausencia de los sujetos procesales, bajo responsabilidad de la autoridad judicial, quien debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su desarrollo; disponiendo además que, excepcionalmente, ante imposibilidad debidamente justificada, se señalará nueva audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
De lo expuesto, se evidencia que el Juez demandado se limitó a suspender la audiencia sin fijar nueva fecha dentro del plazo legal, ni resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, omitiendo su deber de pronunciamiento oportuno.
Asimismo, pese a que una primera remisión fue observada por falta de pronunciamiento, la autoridad demandada dispuso nuevamente la remisión de antecedentes bajo el mismo argumento, sin resolver la solicitud planteada, desconociendo que mantiene competencia mientras no exista radicatoria en el Tribunal de Sentencia.
En ese entendido, se advierte que la autoridad demandada no perdió competencia para resolver la solicitud, considerando que la remisión se efectivizó el 30 de marzo de 2023 a las 10:00, el mismo día de la interposición de la presente acción tutelar, sin constar radicatoria alguna.
Consecuentemente, al evidenciarse una conducta dilatoria en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, corresponde activar la protección constitucional en la modalidad de pronto despacho y conceder la tutela solicitada, por vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad personal; aclarando que, la presente decisión se limita a disponer que la solicitud sea tramitada y resuelta conforme a derecho.
Asimismo, respecto a lo referido en audiencia de garantías por el accionante, en cuanto a que tiene “discapacidad de 73%”, se habría lesionado su derecho a la libertad de “circulación”, a la dignidad y a “…ser considerado como una persona discapacitada…” (sic), indicando además que su vida se encuentra en riesgo al estar “…viviendo con una sonda en el penal de san pedro…” (sic); sin embargo, de la revisión de antecedentes, no se advierte documentación alguna que acredite tales extremos, lo que impide su consideración por esta instancia constitucional; toda vez que, cuando se alega vulneración del derecho a la salud, corresponde mínimamente acreditar dicha condición; empero, al no ser el caso, no corresponde mayor análisis.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; 2° Disponer que la autoridad judicial demandada o quien se encuentre a cargo del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz tramite y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante, conforme a derecho, siempre que ello no hubiera ocurrido o que, por la variabilidad de las medidas cautelares personales, su situación jurídica no hubiese sido modificada; y,
3° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la salud, conforme a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0470_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c900b0d2912b36df1ba147dd88dff648c261e7703d2862ba2614b8f08f21a7f1
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