B.IA.LEGAL

SCP 0470/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 20 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
20 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51390-2022-103-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia, a ser oído en todas las fases del proceso, a la tutela jurídica efectiva, a la seguridad jurídica y a la legalidad y objetividad; toda vez que, el Fiscal Departamental de Beni, mediante Resolución Fiscal Departamental Jerárquica que resolvió la objeción al rechazo de denuncia, ratificó dicha determinación; sin resolver los puntos de impugnación y sin pronunciarse sobre el incumplimiento de plazos procesales, ausencia de investigación, falta de respuesta a los requerimientos emitidos, inspecciones del lugar y reconstrucción de los hechos que no fueron realizados, la falta de colección de evidencias para encontrar la verdad histórica de los hechos; sobre la previsión del art. 304 inc. 4) del adjetivo penal. Asimismo, de manera extra petita, fundó su resolución con pruebas que no fueron mencionadas en la objeción ni por el Fiscal Inferior, y menos fueron consignadas como elementos colectados durante la investigación, tales como el Informe de accidente de la aeronave BEECHCRAFT B-55 TC1388 MATRICULA FAB-051 de 28 de mayo de 2020. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 388 a 406, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos del fallo emitido por la referida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de los fiscales de fundamentar y motivar las resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2024-S4 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51390-2022-103-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 102/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 388 a 406, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Richard Miguel Cossio Urgel, contra Ruthiar Vásquez Aguirre, Fiscal Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 344 a 361, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, el 27 de octubre de 2020, la Fiscalía dictó Resolución de Rechazo, al amparo del art. 304 inciso 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que la investigación no había aportado elementos suficientes para fundar su acusación y que existía un obstáculo legal; incumpliendo así, el deber de defender a la sociedad y las víctimas (seis fallecidos); y, transgrediendo la legalidad y el ejercicio de la acción penal pública al no buscar el descubriendo de la verdad material de los hechos. Notificada que fue la resolución de rechazo, “el 18 de octubre de 2022” (sic), fue objetada y resuelta, mediante Resolución FDB/RVA/R.-114-2022 de 8 de junio, emitida por el Fiscal Departamental de Beni –ahora demandado–, ratificando la Resolución Fiscal de Rechazo; sin absolver los puntos de objeción, o respondiendo los mismos, con fundamentos insuficientes, referidos a: a) La falta de notificación y recepción de declaraciones de testigos, declaraciones informativas de los sindicados por parte del investigador asignado al cas; así como, la falta de intervención en todas las actuaciones y diligencias investigativas, tales como inspecciones y reconstrucciones; b) Que el investigador asignado no recolectó la mayor cantidad de elementos necesarios para esclarecer el hecho denunciado, tampoco presentó informe ni dio cumplimiento a las instrucciones emitidas por la Fiscalía; consecuentemente, no elevó informe técnico conclusivo de la investigación; c) La Resolución Fiscal de Rechazo no refirió el incumplimiento de funciones del investigador asignado al caso, quien infringió los principios de trabajo en equipo y de investigación eficiente; considerando que del cuadernillo de investigación se advertía que solo se trabajó tres días de los ciento setenta y cuatro días que duró la etapa preliminar; durante la cual, se realizaron diez actuaciones investigativas; d) Incumplimiento de la dirección funcional del Fiscal de Materia, al no haber controlado las acciones de investigación ni diseñado una estrategia de investigación en coordinación con el investigador; e) El Fiscal de Materia utilizó como fundamento que la carga de la prueba correspondía al acusador, contradiciendo la previsión del art. 8.I y II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley de 11 de julio de 2012–; f) Debió separarse al investigador asignado al caso, al percibir que no cumplió con los actos investigativos dispuestos por el Ministerio Público; g) La Resolución de rechazo no justificó ninguna solución al conflicto ni se pronunció sobre la falta de recopilación responsable de varios requerimientos fiscales emanados por la misma autoridad; h) El Fiscal de Materia, en calidad de director funcional de la investigación, debió informar a las víctimas sobre sus derechos en el proceso penal, aunque no se hubieran constituido en querellantes, conforme al art. 12.4 de la LOMP; i) Desde el inicio del proceso, el fiscal y el investigador no elaboraron una estrategia conjunta de la investigación a desarrollar, que conste en una hoja de trabajo confidencial, conforme establece el Manual de Actuaciones Investigativas Fiscal y Peritos; j) Imprecisión de la Fiscalía, al manifestar que las partes no aportaron suficientes elementos de convicción; sin considerar que, la acción penal pública es ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio de la participación de la víctima o sus herederos; k) El Fiscal de Materia, incumplió la conminatoria judicial para presentar el requerimiento conclusivo, sobrepasando trece días en la presentación de la resolución de rechazo; l) Pese a que el Ministerio Público pidió la ampliación del plazo de investigación, y éste fue concedido por treinta y nueve días más, no se realizaron más actos investigativos; y, m) La falta de valoración del Informe de la junta de investigaciones de accidentes, remitido por el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), de 15 de junio de 2020. La Resolución Jerárquica cuestionada, se limitó a señalar que la objeción era genérica, abstracta y subjetiva, que no cumplió la observancia del principio de trascendencia de la supuesta omisión para el decisorio de la Resolución Fiscal de Rechazo; exigiendo que, se especifique los nombres de las víctimas y de los supuestos imputados, de quienes no se preservaron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Omitió pronunciarse sobre la previsión del art. 304 inciso 4) del adjetivo penal; pretendiendo justificar indebidamente su determinación en base al presupuesto del inciso 3) de la referida norma procesal; asimismo, expresó que eran siete los fallecidos y víctimas, seis pilotos y cuatro pasajeros, demostrando con ello, una ausencia de investigación de la verdad material de los hechos, obviando identificar a los responsables del trágico hecho aéreo, quienes estarían con vida y trabajando. La autoridad demandada, permitió que se conmine al Fiscal de Materia, por incumplimiento de plazos procesales, provocando que se cierre el caso con absoluta inacción de investigación penal. Ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo, razonando de manera extra petita, con pruebas que no fueron mencionadas en la objeción ni por el Fiscal inferior, y menos fueron consignadas como elementos colectados durante la investigación, tales como el Informe de accidente de la aeronave BEECHCRAFT B-55 TC1388 MATRICULA FAB-051, de 28 de mayo de 2020. Asimismo, el Fiscal Jerárquico, incurrió en incongruencia al motivar y fundamentar su determinación señalando el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referido a actos conclusivos, concretamente al sobreseimiento; cuando en el caso concreto no existía una imputación y por ello había sido emitida la Resolución Fiscal de Rechazo; evidenciando así la irresponsabilidad e ilegalidad de la resolución cuestionada. De igual manera, omitió pronunciarse sobre la conminatoria judicial; el incumplimiento al plazo otorgado por el Fiscal de Materia, encubriendo a su subalterno, en actos de negligencia. No expresó por qué se amplió el plazo de la investigación, si no se realizaron actos dirigidos al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; al acceso a la justicia, a ser oído en todas las fases del proceso, a la tutela jurídica efectiva, a la seguridad jurídica y a la legalidad y objetividad; citando al efecto, los arts. 115, 119, 120.I, 121.II, 180.I y II, 225 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022 de 8 de junio; y, b) Ordenar a la autoridad demandada, la inmediata reapertura del proceso penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 381 a 387, presentes el accionante y la autoridad demandada, ambos asistidos de sus representantes legales, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción amparo constitucional; y ampliándola manifestó que: 1) En cuanto al carácter subsidiario de la misma acción de amparo constitucional, que según refiere la autoridad demandada no se habría agotado, corresponde señalar que resulta falso; toda vez que, la precitada acción de defensa está dentro de los seis meses previstos para ser interpuesta, considerando que existe una solicitud de reapertura de la investigación, donde se justificó la misma y se aportaron varios elementos de pruebas, inclusive testigos, entre ellos, Neila Velarde Salas, Elcira Montero Velarde, Francisco Velarde, Antonio Calderón Gil –Director Departamental de Bomberos de Tocopilla–, Pedro Iván Flores Soto y otras actuaciones en las que estuvieron presentes; la solicitud mereció el proveído fiscal de 23 de julio de 2021, en el que refieren que el caso fue rechazado con el fundamento del informe emitido por Marcelo Juan Heredia Cuba, en el que afirman que la causa primaria del análisis de la investigación realizada por la Junta Investigadora, fue un accidente fortuito, y como elemento contribuyente que determinó el factor operacional debido a la pérdida de conciencia situacional del control de la aeronave por la tripulación, durante la emergencia; 2) El Ministerio Público olvidó que existen sentencias constitucionales que concedieron la tutela impetrada, aún sin cumplir el principio de subsidiariedad; 3) La dirección de una acción penal pública seguida de oficio o a denuncia, conlleva la responsabilidad de investigar, colectar evidencias, valorar o apreciar los indicios probatorios, imputar o rechazar; asimismo, en la etapa preparatoria, los actos de investigación de más profundidad, tales como peritajes, y otros medios que apoyan como elemento probatorio en la dirección estratégica de la persecución penal pública; y las decisiones de rechazo, sobreseimiento u otros, que son controladas por el órgano jurisdiccional; 4) De acuerdo a las pruebas adjuntadas en el cuaderno de investigaciones, el hecho sucedió el 2 de mayo de 2020 y se inició la investigación el 3 del mismo mes y año, por ello computando la fecha señalada hasta el 27 de octubre de 2020, fecha en el que se rechazó el proceso penal, transcurrieron varios días, llegando a un total de ciento setenta y cuatro; 5) Si se verifica cuáles son los actos de investigación penal que fueron realizados, se advierte que apenas fueron dos; toda vez que, el informe del inicio de investigación es una simple formalidad de cumplimiento legal, y no es un acto investigativo como tal; es decir, no existen declaraciones de testigos, planimetría del lugar, registro del lugar del hecho, fotografías y otros elementos que pudieron ser colectados y que sí constituyen actuaciones de investigación, que servirían para identificar al probable autor del supuesto delito investigado; 6) El Ministerio Público no consideró que existen más de diez personas que están peregrinando, pidiendo justicia y que el hecho sea investigado dentro de los parámetros procesales; que se constituyen en víctimas que reclaman la realización de una investigación prolija, objetiva, donde se identifique a los responsables; y si no los hubiere, que el caso sea rechazado, sin incurrir en incongruencias, contradicciones y absoluta ausencia de fundamentación y motivación; 7) La Resolución Jerárquica cuestionada, en la mayoría de los puntos de la objeción absueltos, señaló que fueron genéricos, subjetivos e impertinentes y que ello no ameritaba generar una revocatoria de la Resolución Fiscal de Rechazo; razonamiento ligero que, vulnera los derechos de fundamentación y motivación reclamados; 8) En caso de concluir que se trataba de un hecho fortuito sin la voluntad ni la acción positiva o negativa del factor humano; correspondía rechazarse conforme al art. 304 del CPP, pero no por los incisos 3) y 4); sino, señalando que el hecho no había existido, y no afirmando que no había elementos para imputar, o que no existían elementos suficiente para determinar la responsabilidad penal del imputado; peor aún, alegar la existencia de un obstáculo legal; 9) El informe emitido por la autoridad demandada, en el que refiere que se trataba de un hecho fortuito, va en contradicción a su resolución que ratificó el rechazo por insuficiencia probatoria; toda vez que, el razonar que se trataba de un hecho fortuito, implica que no se trata de un hecho penal, al no intervenir el hombre; consecuentemente, correspondía revocar la Resolución Fiscal de Rechazo y disponer que el fiscal inferior investigue; y, 10) Hasta la fecha de la resolución de rechazo, no se efectuó un peritaje, que serviría como prueba pre constituida, un apoyo técnico científico para establecer la responsabilidad penal en la imputación o la acusación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Luvia Peralta Alarcón, Fiscal Departamental de Beni en suplencia legal de Ruthiar Vásquez Aguirre, mediante informe escrito presentado el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 372 a 380, señaló que: i) Sobre la supuesta ausencia de investigación que se habría efectuado solo en tres días, de los ciento setenta y cuatro que duró la investigación preliminar; dicha afirmación, resulta contradictoria e incongruente, pues de antecedentes se tiene que, los plazos de los casos ingresados durante la cuarentena, comenzaron a correr a partir del 13 de julio de 2020, fecha en la que se tuvo presente el informe de inicio de investigación; y mediante Auto de 25 de agosto del mismo año, el Juez otorgó el plazo de treinta y nueve días adicionales, tiempo durante el cual no se pudo identificar a posibles responsables del hecho; ii) En la etapa investigativa, se emitieron los siguientes requerimientos fiscales: al Comandante de la V-Brigada Aérea, para que disponga que la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos remita informe sobre los factores que ocasionaron el accidente; al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); al Comandante de la FAB, para la elaboración del informe de accidente de la aeronave BEECHACARFT –55 TC1388 Matrícula FAB-051; a la Dirección Departamental de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (AASANA) solicitando plan de vuelo y otras informaciones; a la Torre de Control y AASANA Santa Cruz, a la FAB sobre el mantenimiento realizado a la aeronave; a la Compañía de Seguros y Reaseguros UNIBIENES Sociedad anónima (S.A.); iii) En mérito a la conminatoria judicial de 27 de octubre de 2020, se emitió la resolución de rechazo; empero, no resulta evidente que no se realizaron las investigaciones; mucho más, si fueron varios los Fiscales asignados al caso, apoyados por otros, que suscribieron diferentes actos procesales; iv) Las fuerzas militares efectuaron los estudios científicos de las causas del accidente aéreo, desde momentos después de ocurrida la tragedia y todo lo que se suscitó desde el despegue de la aeronave; determinando que fueron fallas técnicas en uno de los motores; informe en virtud del cual, en Resolución Jerárquica se llegó a la firme convicción de la forma en la que ocurrieron los hechos del siniestro; incluso después del impacto, efectivos policiales informaron que fue difícil ingresar al lugar del hecho; v) Respecto a la supuesta ausencia de pronunciamiento del inciso 4) del art. 304 del CPP; se tiene que, dicho presupuesto sí fue analizado en la Resolución Jerárquica, realizado la fundamentación considerativa únicamente decidió porque el rechazo debía ser por el numeral 3 del art. 304 del adjetivo penal; de lo contrario, el alegar que existía obstáculo legal por supuesta pandemia no tendría coherencia con las investigaciones que fueron avanzando desde el 2 de mayo de 2020; vi) En cuanto a la denuncia de incoherencia en identificar el número de víctimas fallecidas, que fueron cinco y no siete; en los hechos solo fueron seis, dos pilotos y cuatro pasajeros; el propio accionante afirmó que tal imprecisión fue en la Resolución Fiscal de Rechazo y no en la Jerárquica; por lo que, no podría atribuirse a su autoridad ese aspecto; vii) El memorial de acción de amparo tiene contradicción entre lo alegado y su petitorio, porque pide la reapertura de la investigación, incumpliendo el principio de subsidiariedad, en la parte del petitorio pide la anulación de la Resolución Jerárquica; y, contradictoriamente solicita que se ordene al Fiscal Departamental, proceda a la inmediata reapertura del proceso penal; es decir que, acudió a la jurisdicción constitucional, cual si fuera una instancia casacional; cuando para la reapertura no era necesario acudir a la vía constitucional; viii) En cuanto a la falta de respuesta a los puntos objetados en la Resolución Jerárquica; de forma contradictoria el mismo impetrante de tutela señala que los quince puntos fueron respondidos por el Fiscal Departamental; ix) Luego de la realización de las investigaciones pertinentes se llegó a determinar que el hecho ocurrió por situaciones fortuitas, generando igualmente un accidente fortuito; es decir ajeno a la voluntad y accionar humano; consecuentemente, no son evidentes los argumentos del solicitante de tutela, pues no constituyen ni develan necesidad ni pertinencia de la emisión de resolución jerárquica revocatoria; x) Se efectuó el análisis del accidente aéreo por la instancia respectiva, considerando que fue un vuelo militar de la FAB; por lo que, dicha instancia asumió las acciones conforme informaron los efectivos policiales; asimismo, las autoridades de la FAB remitieron el Informe del accidente de la aeronave BEECHACARFT –55 TC1388 Matrícula FAB-051, de 28 de mayo de 2020; motivo por el cual, el objetante quería buscar responsables de los militares que no habrían procedido a realizar acciones para sofocar la aeronave en llamas; cuando estaba claro que los efectivos policiales informaron que fueron advertidos de no acercarse, debido a la radicación del fuego provocado por el combustible, las temperaturas del agua producto del siniestro y por un posible transporte de muestras de sangre con COVID-19; sumándose el difícil acceso al terreno y que estaban equipados sólo con los trajes de incendios estructurales y algunos elementos de uso forestal; motivo por el cual se tiene que no se presentaron los elementos suficientes para establecer responsabilidades de personeros de la Fuerza Aérea u otros, como pretendía el accionante; xi) El impetrante de tutela pidió que se reaperture el proceso para que se realice otra serie de investigaciones a título de que el Fiscal Departamental no habría absuelto sus cuestionantes; cuando en los hechos, la Resolución Jerárquica analizó los elementos presentados acudiendo a su facultad descrita en los arts. 65 y 66 de la Ley 260, de reparar la omisión de valoración por el fiscal del informe de la FAB; elementos con los cuales llegó a la decisión de ratificar el rechazo; puesto que, advirtió que los hechos fueron reportados a la FAB, debido a que se trataba de un vuelo militar de ayuda humanitaria, que no permitía establecer responsabilidades; xii) El ahora impetrante de tutela en ningún momento manifestó cuál era la relevancia o trascendencia jurídica de su objeción; es decir, de qué manera los supuestos vicios o defectos de la Resolución Fiscal de Rechazo, darían lugar a que se emitiere una imputación; y, xiii) La falencia de técnica jurídica argumentativa en la impugnación, resulta evidente, cuando manifiesta que en la Resolución Jerárquica no resolvieron sus motivos de impugnación; sin considerar que el Fiscal Departamental estableció que éstos eran genéricos o abstractos; asimismo, olvidó que la impugnación debía expresar los agravios sufrido;, así como los motivos, argumentos o alegaciones, de manera clara, precisa y concreta para poder ser resueltos. Con uso de la palabra en audiencia de acción de amparo constitucional, a través de su abogado, señaló que: a) La solicitud de reapertura a la que hizo referencia la parte solicitante de tutela, fue presentada por Alfredo Paz Rapu, y no por el ahora accionante; b) En la acción de defensa no se hizo referencia al memorial de 22 de julio de 2021, que fue traído a la audiencia de acción de amparo constitucional; consecuentemente no cumplió el principio de subsidiariedad; c) El impetrante de tutela fue notificado con la Resolución Jerárquica, y a partir de entonces tenía un año para solicitar la reapertura del proceso penal; d) El solicitante de tutela no demostró la causa excepcional para no exigir el cumplimiento del principio de subsidiariedad; e) Parecería que el abogado del accionante, pretende que el caso sea cerrado definitivamente; puesto que, el art. 304 del CPP, es claro en su última parte, al señalar que en los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias; es decir, que si el Fiscal Departamental emitiría resolución por el numeral 1, ni siquiera hubiese la opción de presentar la reapertura como está solicitando en audiencia; f) Los funcionarios de la FAB lograron determinar que fueron fallas en el motor, las causas del accidente; y el accionante pretende que se investiguen cuestiones ocurridas después del hecho principal, vale decir, por qué no se sofocó el incendio cuando se estrelló el avión; g) Existen decretos judiciales emitidos por el contralor de garantías, donde se hizo mención expresa que desde el 13 de julio de 2020 se habían levantado las restricciones y la suspensión de plazos; lo que demuestra, el desconocimiento de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, por parte del impetrante de tutela; y, h) El Fiscal Departamental dio respuesta a los quince puntos planteados en la objeción, y lo que ahora pretende el solicitante de tutela es que se valoren aspectos que hacen al fondo de la investigación; confundiendo a la vía constitucional, cual si fuere una instancia casacional.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 102/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 388 a 406, concedió en parte la tutela solicitada contra Ruthiar Vásquez Aguirre, Fiscal Departamental de igual departamento; dejando sin efecto, la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022 de 8 de junio, disponiendo se emita una nueva; y denegó en relación a la solicitud de reapertura del proceso penal, en base a lo siguiente: 1) Dentro de los fundamentos jurídicos de la resolución jerárquica, se destacó el rol que desempeña el Ministerio Público y del ejercicio de la acción penal pública; las facultades del mismo de emitir acusación, de la exhaustividad en la labor que desarrolla; empero, no hizo referencia a la prueba consistente en el informe del accidente de la aeronave ni estableció la manera en la que llegó a determinar que el Fiscal asignado, no había efectuado la valoración o ponderación de la prueba; sino que fue valorada en la Resolución Jerárquica, de forma general y contradictoria y no de manera objetiva, sin identificar las pruebas en base a las que se pudiera corroborar el hecho y que éste fuese fortuito; 2) Existe escasa investigación penal, que permita valorar o compulsar las pruebas; pues, si bien se visualizaron una serie de elementos colectados, como el inicio de investigación; la dirección funciona; acta de entrega de cadáver; acta de oposición; requerimientos fiscales a la V-Brigada Aérea, al Médico Forense, a AASANA-BENI, a la Torre de control, a la FAB; e, Informe 064/2020; éstos no fueron compulsados, observados o analizados; 3) Dentro de la resolución cuestionada no se estableció cuáles fueron los elementos que conllevaron a determinar que existían los suficientes elementos para ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo; 4) Pudo advertirse, con meridiana claridad, la contradicción e incongruencia de la Resolución Jerárquica, entre la fundamentación jurídica donde manifestó una serie de artículos relacionados a la función del Ministerio Público; con la parte resolutiva, pues no se hizo la debida aplicación del contenido de dichas normas, omitiendo realizar la valoración de todas las pruebas y los presupuestos jurídicos procesales, que le lleven a determinar de ese modo; y, 5) La autoridad demandada debió pronunciarse de manera motivada y fundamentada sobre cada una de las pruebas que hizo mención el objetante; consecuentemente, al no haber la debida motivación y fundamentación referida a qué manera llegó a la convicción de ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo, verificando si existan o no los elementos necesarios para emitir una imputación o ratificar el rechazo, en cumplimiento con el mandato constitucional de ejercer la acción penal pública y lograr el descubrimiento de la verdad material de los hechos acaecidos; corresponde dejar sin efecto la referida Resolución Jerárquica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 27 de octubre de 2020, Mario Cruz Guerra, Fiscal de Materia, rechazó la denuncia seguida de oficio por el Ministerio Público contra Autor/Autores, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en virtud del art. 304 incisos 3) y 4) del CPP (fs. 104 a 106). II.2. Por memoriales presentados el 2 de diciembre de 2021 y 24 de enero de 2022, María Jesús Lanza de Rodríguez y Richard Miguel Cossio Urgel –hoy accionante–, objetaron la Resolución Fiscal de Rechazo de 27 de octubre de 2020 (fs. 170 a 180 vta.; y, 218 a 225 vta.). II.3. A través de la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022 de 8 de junio, Ruthiar Vásquez Aguirre, entonces Fiscal Departamental de Beni –ahora demandado–, en revisión Jerárquica ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia, objetada por el hoy accionante; y en consecuencia, dispuso el archivo de obrados (fs. 308 a 318).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia, a ser oído en todas las fases del proceso, a la tutela jurídica efectiva, a la seguridad jurídica y a la legalidad y objetividad; toda vez que, el Fiscal Departamental de Beni, mediante Resolución Fiscal Departamental Jerárquica que resolvió la objeción al rechazo de denuncia, ratificó dicha determinación; sin resolver los puntos de impugnación y sin pronunciarse sobre el incumplimiento de plazos procesales, ausencia de investigación, falta de respuesta a los requerimientos emitidos, inspecciones del lugar y reconstrucción de los hechos que no fueron realizados, la falta de colección de evidencias para encontrar la verdad histórica de los hechos; sobre la previsión del art. 304 inc. 4) del adjetivo penal. Asimismo, de manera extra petita, fundó su resolución con pruebas que no fueron mencionadas en la objeción ni por el Fiscal Inferior, y menos fueron consignadas como elementos colectados durante la investigación, tales como el Informe de accidente de la aeronave BEECHCRAFT B-55 TC1388 MATRICULA FAB-051 de 28 de mayo de 2020. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela pretendida.

III.1. El deber de los fiscales de fundamentar y motivar las resoluciones que resuelvan una objeción de rechazo de denuncia

La exigencia de la motivación de las resoluciones es un elemento constitutivo del debido proceso, es así que la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión ”.

En este sentido, la SC 0969/2003-R de 15 de julio, determinó que resulta: “…de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia, a ser oído en todas las fases del proceso, a la tutela jurídica efectiva, a la seguridad jurídica y a la legalidad y objetividad; toda vez que, el Fiscal Departamental de Beni, mediante Resolución Fiscal Departamental Jerárquica que resolvió la objeción al rechazo de denuncia, ratificó dicha determinación; sin resolver los puntos de impugnación y sin pronunciarse sobre el incumplimiento de plazos procesales, ausencia de investigación, falta de respuesta a los requerimientos emitidos, inspecciones del lugar y reconstrucción de los hechos que no fueron realizados, la falta de colección de evidencias para encontrar la verdad histórica de los hechos; sobre la previsión del art. 304 inc. 4) del adjetivo penal. Asimismo, de manera extra petita, fundó su resolución con pruebas que no fueron mencionadas en la objeción ni por el Fiscal inferior, y menos fueron consignadas como elementos colectados durante la investigación, tales como el Informe de accidente de la aeronave BEECHCRAFT B-55 TC1388 MATRICULA FAB-051, de 28 de mayo de 2020.

De la revisión de antecedentes se observa que, dentro del proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Autor/autores, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, se tiene que mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 27 de octubre de 2020, la Fiscalía resolvió rechazar las investigaciones (Conclusión II.1); determinación que fue objetada por las víctimas, entre ellas Richard Miguel Cossio Urgel –accionante– (Conclusión II.2), mereciendo la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022, emitida por Ruthiar Vásquez Aguirre, entonces Fiscal Departamental de Beni ‒hoy autoridad demandada‒; a través de la cual, determinó ratificar la señalada Resolución Fiscal de Rechazo, disponiendo en consecuencia, el respectivo archivo de obrados (Conclusión II.3).

De acuerdo a los antecedentes remitidos a la acción de amparo constitucional, se advierte que la objeción a la Resolución Fiscal de Rechazo, planteada por el accionante, tuvo como argumentos los siguientes: i) No fue incluido como víctima dentro de la investigación, siendo padre biológico de Richard Anderson Cossio Balcázar no tuvo conocimiento del desarrollo del proceso, hasta después de haber presentado un memorial de apersonamiento, cuando la causa ya había sido rechazada; ii) La Resolución Fiscal de Rechazo no mencionó en ninguna parte sobre el incumplimiento de funciones del investigador asignado al caso; tampoco el Fiscal, requirió al funcionario policial que elabore el informe técnico conclusivo, como resultado de las actuaciones de indagación cumplidas, que eran necesarios o pertinentes para la emisión de un requerimiento conclusivo; iii) No advierte la remisión de antecedentes ante el Fiscal Departamental del Beni, para que éste a su vez solicite el procesamiento disciplinario del efectivo policial Rimer Sánchez Alvarado, por haber infringido los principios de trabajo en equipo y de investigación eficiente; y al no haber aplicado sus conocimientos, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para descubrir el supuesto delito de homicidio culposo; iv) El Fiscal de Materia asignado, no cumplió a cabalidad la dirección funcional de la investigación, por no controlar las acciones de investigación, preservar los derechos y garantías de las víctimas e imputados, menos haber diseñado una estrategia de investigación en coordinación con el investigador, ni ejecutar un plan de investigación, definiendo el rumbo que debó haber seguido las acciones operativas del investigador; v) La resolución cuestionada hizo mención a solo diez actuados realizados, omitiendo señalar que en cuaderno de investigación, también estaban insertos los requerimientos fiscales dirigidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Trinidad, Servicio Departamental de Salud (SEDES), IDIF, ENTEL S.A., TIGO, y el memorial presentado por Eduardo Bruckner Oliveira, hijo de otra de las víctimas, en el que señaló que habían transcurrido más de cuatro meses desde el trágico accidente y que no se había realizó ninguna diligencia de investigación por el asignado al caso; aspecto que, demostró que la autoridad fiscal omitió ejercer sus funciones establecidas en la LOMP; vi) El Fiscal de Materia, no exigió al investigador asignado el cumplimiento de las instrucciones emitidas en calidad de director funcional de la investigación; tampoco lo separó ésta, pese a existir razones por demás justificadas; sin embargo, fundamentó la resolución de rechazo alegando que debía abstenerse de formular una imputación al no encontrar fundamento para sustentarla; vii) La autoridad fiscal no recopiló en forma legal y responsable varios requerimientos emanados de la Fiscalía; menos aún fueron tomados en cuenta en la fundamentación del rechazo; provocando una afectación al interés de la sociedad, que se quedó con la duda de qué fue lo que pasó, o cuáles las causas que motivaron la precipitación del avión y el fallecimiento de los tripulantes y pasajeros a bordo; viii) El Fiscal de Materia no informó a las víctimas sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el desarrollo de las investigaciones, pese a que no se constituyeron en querellantes, conforme prevé el art. 77 del CPP; ix) Las razones por las que no se pudo colectar suficientes elementos de prueba, fue la ineficacia del director funcional de la investigación y del investigador asignado al caso; x) La autoridad Fiscal, incumplió a su vez el plazo otorgado para la emisión de su requerimiento conclusivo, sobrepasando los trece días, de la conminatoria judicial, refiriendo que no tenía elementos que incriminen la participación de algún responsable, y que la pandemia dificultó las investigaciones, constituyéndose en un obstáculo legal; sin mencionar las regulación de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena; xi) Tampoco refirió el Informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes, remitido por el Comandante de la FAB, de 15 de junio de 2020; en el que deducen que la tripulación perdió la conciencia situacional operativa durante la emergencia que por el régimen de descenso, la velocidad, el peso de la aeronave y la inercia, entró en pérdida (stall) e impactó bruscamente con el terreno; conclusión alejada de la realidad, pues cuando una aeronave entra en stall, lo más probable es que cae en tirabuzón, llegándose a estrellar de cabeza, o ala costada hacia la derecha o izquierda; haciendo presumir que la tripulación no perdió la conciencia durante la emergencia, como fue aseverado; toda vez que, los testigos presenciales, señalaron que la aeronave descendió a gran velocidad, realizando un semicírculo, con las alas niveladas como queriendo aterrizar, sufriendo el primer impacto y rebotando fuertemente en tierra, terminando de caer unos metros más allá; y, xii) Quedaron muchas cuestionantes sin responder, tales como si era un vuelo oficial o un contrato particular; por qué razón, se transportaban pruebas de COVID-19, si ello estaba prohibido; quién autorizó la realización de los vuelos; por qué transportaba pasajeros civiles; bajo qué instrucciones el personal de la FAB, impidió a los bomberos Tocopilla, a los lugareños y periodistas acreditados de la prensa, ingresar al lugar donde cayó la aeronave, para auxiliar a las víctimas; si el Coronel de la Fuerza Aérea sabía que al impedir el ingreso de los bomberos, transgredió e infringió la Ley de Bombero 449 de 4 de diciembre de 2013; por qué razón, los Comandantes del Grupo Aéreo 72, de la V-Brigada Aérea, y la FAB, hicieron caso omiso del protocolo de información a los familiares de las víctimas; cuáles fueron los motivos para no permitir apagar el incendio de la aeronave; por qué las autoridades encargadas de la investigación no actuaron eficientemente para esclarecer el hecho investigado; cuál la razón por la que, AASANA del aeropuerto de Trinidad no dio aviso inmediato de la emergencia suscitada a las autoridades correspondientes; por qué el Fiscal no consideró las respuestas de las empresas ENTEL y TIGO, respecto a las últimas llamadas de celular que hizo el piloto de la aeronave siniestrada; si la aeronave tenía el mantenimiento técnico apropiado y quiénes realizaron el último mantenimiento; por qué razón se entregó el cadáver de su hijo a la V-Brigada Aérea y no a sus padres de familia; por qué, la Fiscalía no presenció el levantamiento legal del cadáver calcinado de su hijo y del piloto; quién fue el miembro de la policía Nacional destinado en AVSEC del aeropuerto de Trinidad, que supervisó el despacho de la aeronave (Conclusión II.2).

La impugnación descrita fue resuelta por Resolución FDB/RVA/R.-114-2022, que luego de transcribir el contenido de la resolución cuestionada, describir el rol del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal pública, la facultad de emitir acusación formal; así como, los argumentos de las objeciones planteadas por las partes, determinó ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo objetada por el impetrante de tutela, con base a los siguientes fundamentos: a) De antecedentes advirtió que el objetante, padre de uno de los fallecidos, en ningún momento fue omitido en calidad de víctima dentro del proceso; por el contrario, se aceptó su apersonamiento y se atendió sus solicitudes; b) Con relación al incumplimiento de las diligencias investigativas encomendadas al investigador asignado al caso; el objetante hace el reclamo de manera genérica, abstracta y subjetiva; toda vez que, no indicó hechos concretos y específicos; por lo que, no es posible atender ese reclamo; asimismo, no cumplió con la observancia del principio de trascendencia, para establecer la necesidad de emitir una resolución de revocatoria; vale decir que, no explicó si el decisorio de la resolución cambiaría si el Fiscal consignara que el investigador no cumplió con las diligencias preliminares encomendadas; situación similar ocurrió con la falta de solicitud del informe técnico conclusivo, pues no señaló cuán diferente hubiese sido la resolución impugnada si el Fiscal hubiere exigido el referido informe, o si éste daba lugar a la emisión de una imputación un hecho delictivo y a una persona específica y concreta; c) En cuanto a la supuesta omisión de funciones de la dirección funcional, en la que incurrió el Fiscal de Materia, los argumentos del objetante son sumamente genéricos, abstractos y subjetivos; sin identificar, qué acto específico y concreto de investigación no controló o cómo debía haberlo controlado; tampoco, qué derecho fundamental o garantía constitucional concreta, y de cuál de las partes no fue preservada; cuál la evidencia con la que cuenta para afirmar que el Fiscal no diseñó una estrategia de investigación en coordinación con el investigador asignado al caso y que no hubiere sido ejecutado un plan de investigación, aspectos necesarios para su consideración y resolución; además de, ser argumentos contradictorios entre sí, pues cómo podría ejecutarse un plan de investigación si nunca fue diseñado?; d) El objetante omitió indicar cuál era la trascendencia de la supuesta omisión de mencionar todos los requerimientos emanados por el Fiscal y la presentación del memorial por Eduardo Bruckner Olivera, para el decisorio de la resolución; demostrando la subjetividad de su argumento, como la ausencia de especificación de su relevancia; e) Respecto a la contradicción atribuida al Fiscal de materia, por mencionar que la carga de la prueba correspondía al acusador; no se advierte tal contradicción, pues el art. 8.I y II. de la LOMP, establece lo señalado; f) Con relación a la concordancia citada entre los arts. 6 y 278 del CPP, que no tuviese sustento legal; la denuncia resulta también genérica y abstracta, al no explicar por qué razón o motivo legal concreto y específico, dicha concordancia no tuviese el sustento legal; g) El objetante omitió indicar cuál o cuáles de los requerimientos fiscales específicos y concretos, no fueron recopilados en forma legal y responsable; o a partir de qué hecho o elemento y en base a qué normativa considera que los requerimientos fueron recopilados de forma ilegal; así como, cuál a afectación cierta, efectiva, concreta y especifica se provocó a los interesases de la sociedad, de las víctimas de los familiares de los fallecidos o de los testigos oculares; más aún, si en el cuaderno de investigación cursa el Informe del accidente de la aeronave de 28 de agosto de 2020, donde concluyeron que después de la realización de las investigaciones pertinentes se llegó a determinar que el hecho investigado ocurrió por situaciones fortuitas, ajenas a la voluntad y accionar humano; h) De la revisión del cuadernillo de investigaciones, se tiene que las víctimas apersonadas y/o identificadas dentro del proceso investigativo, así como sus abogados e incluso procuradores legales, a su turno, tuvieron conocimiento efectivo del desarrollo de las investigaciones, así como acceso irrestricto a los antecedes y actuados cursantes, y se les extendió las copias solicitadas; consecuentemente, los argumentos expuestos por el objetante fueron subjetivos, abstractos, genéricos y sin fundamento legal; i) Se evidencia la incongruencia argumentativa jurídica, ya que no puede tildar de antijurídico un argumento que deviene de previsiones insertas imperativas, cual es la de abstenerse de acusar cuando no se cuenta con los elementos de prueba suficientes para hacerlo; consecuentemente, incurrió una vez más en alegaciones genéricas y subjetiva, al no manifestar por qué motivo, razón o causa específica considera que dicho fundamento jurídico sería insuficiente y falso; cuál, el manual de funciones sería aplicable al caso. De igual manera, en antecedentes cursa Requerimiento Fiscal de 3 de mayo de 2020, de inicio del proceso investigativo, a través del cual requirió asignación de investigador policial para que éste desarrolle las actividades investigativas; evidenciando que el Fiscal de Materia sí tenía una estrategia de investigación determinada, que en estricto acto de coordinación puso a conocimiento del investigador asignado al caso; j) Si bien en la Resolución Fiscal de Rechazo se señala que las partes no aportaron suficientes elementos de prueba; ese no fue el argumento principal, ni único; sino, porque durante la investigación no se colectaron elementos suficientes para emitir una imputación, mucho menos una acusación; por lo que el reclamo del objetante no evidencia trascendencia o relevancia; k) En cuanto a la emisión de una conminatoria judicial, el incumplimiento de plazos procesales por el Fiscal de Materia y la falta de mención a los Decretos Supremos referentes a la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena; el objetante no indicó la pertinencia de esos argumentos genéricos, menos aún la trascendencia o relevancia para el decisorio de la resolución; l) Con relación a la ampliación del plazo de investigación, durante el cual no se efectuó otros actos investigativos; una vez más, el objetante expone argumentos genéricos y subjetivos pues no indicó qué acto investigativo específico y concreto hubiera podido o tenido que realizarse, tampoco identificó el o los requerimientos específicos emitidos por el Fiscal, de cuyos resultados se hubiese tenido que realizar otros actos investigativos; m) Respecto a la falta de mención del informe de la junta de investigaciones de accidentes remitido por el Comandante de la FAB de 15 de junio de 2020; de la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que la Resolución Fiscal de Rechazo, data del 27 de octubre de igual año y el referido informe, si bien figura una fecha anterior, recién fue remitido a la Fiscalía el 10 de junio de 2020; es decir, después de la emisión de la resolución objetada, consecuentemente no fue de conocimiento del Fiscal de Materia. Asimismo, en cuanto al contenido del informe y las conclusiones arribadas que son rebatidas por el objetante, éste no identificó quiénes serían los expertos que revisaron el mismo y contradicen sus fundamentos; n) Sobre las interrogantes plasmadas en el acápite subtitulado “PETICIÓN JURÍDICA”, no constituyen argumentos de objeción, por ello no resultan pertinentes ni suficientes para la emisión de una revocatoria; y, o) En cuanto a la cita de normativa legal y jurisprudencia constitucional realizada por el objetante, se advierte que no expresó la forma o manera en la que podían ser aplicadas al caso en análisis, si su contextualización o relación con los argumentos de objeción (Conclusión II.3) .

De la contrastación de los agravios expuestos por el ahora solicitante de tutela, como motivos de la objeción, y los fundamentos de la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022; se advierte que, la autoridad Fiscal ahora demandada no fundamentó debidamente su decisión de confirmar la Resolución Fiscal de Rechazo; toda vez que, omitió explicar las razones de su determinación, respondiendo de manera parcial y de forma general a los argumentos expuestos por la víctima en su objeción; limitándose a señalar que la objeción carecía de técnica jurídica y los argumentos expuestos eran impertinentes, insuficientes subjetivos, abstractos, genéricos y sin fundamento legal, obviando responder si la determinación de rechazo de las actuaciones investigativas por el Fiscal de Materia, era correcta o no y si la falta de actuaciones investigativas, era un fundamento válido que justifique su decisión; en ese entendido, la decisión asumida por la referida autoridad fiscal no fue suficiente ni debidamente motivada, tal como exige la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, el fallo no fue claro, preciso ni lo suficientemente contundente; es decir, que la autoridad demandada no respondió a todos los agravios, en su lugar transcribió los argumentos de la objeción y evadió responderlos, alegando falta de la explicación de trascendencia y pertinencia para su consideración; tampoco, identificó cada uno de los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigaciones, para poder concluir que correspondía confirmar el rechazo; además que, no podía fundar su determinación en la negligencia en las investigaciones; evidenciándose así, la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante, correspondiendo por tanto conceder la tutela impetrada en cuanto a la fundamentación, motivación y congruencia.

Asimismo, al no haberse expuesto un fundamento adecuado que demuestre la vulneración de los principios de acceso a la justicia; a ser oído en todas las fases del proceso; a la tutela jurídica efectiva; a la seguridad jurídica; y, a legalidad y objetividad, con la emisión de la Resolución FDB/RVA/R.-114-2022, pronunciada por el Fiscal Departamental demandado, no corresponde manifestar un criterio jurídico sobre los mismos.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 102/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 388 a 406, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, en los mismos términos del fallo emitido por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0470_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 74d3446d2402e60cebb4f98542eb2acf01bd76e749c6a5ff62313bfc887f7ace

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