Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración probatoria, y al pago de su vacación; alegando que, pese a estar haciendo uso de sus vacaciones programadas y aprobadas conforme al Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, que estableció un total de noventa y un días y medio pendientes a su favor, los demandados le hicieron llegar varias notas suspendiéndolas, cursando llamadas telefónicas a efectos de su reincorporación al BCB; respecto a lo que, presentó bajas médicas por COVID-19, que fueron aceptadas. En forma posterior, ante la insistencia de su restitución laboral y no teniendo ya baja médica, se reincorporó el 8 de febrero de 2021; empero, recibiendo carta de agradecimiento de servicios; en virtud a la que, por notas de 19 y 27 de abril de ese año, solicitó indicarle los días de vacaciones pendientes que tenía, así como la fecha referencial de su cancelación; cuestión respondida por Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 de 20 de mayo, haciendo alusión únicamente a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, sin proporcionarle la información requerida, obviando que el abono se le hizo solo por sesenta días. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 526 a 530, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos por este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2023-S2 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47767-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 60/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 526 a 530, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Sixto Mendoza Patiño contra Roger Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i. y Rubén Gonzalo Ticona Chique, Gerente General, ambos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Por memoriales presentados el 19 de noviembre de 2021 y 7 de febrero de 2022, cursantes de fs. 245 a 256 y 263 a 268 vta., el accionante expresó que:
Desde el 2006 hasta el 8 de febrero de 2021, desempeñó el cargo de Asesor de Política Económica en el BCB; desde la gestión 2006, en virtud a la designación efectuada por Resolución de Directorio 067/2006 de 29 de agosto, y por ese tiempo adquirió el derecho al goce de vacaciones, que fueron debidamente programadas y aprobadas por un total de ciento tres días y medio acumulados, fijándose como inicio el 31 de diciembre de 2020 al 1 de junio de 2021; en forma posterior, con autorización y bajo licencia adelantó doce días de vacación; por lo que, en mérito al Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, se estableció un total de noventa y un días y medio, pendientes a su favor. No obstante de encontrarse haciendo uso de sus vacaciones, los demandados le hicieron llegar cartas notariadas suspendiendo las mismas; a lo que, respondió que se encontraba con COVID-19, a cuyo efecto presentó las bajas médicas respectivas, pidiendo comprensión para que no se proceda a la paralización abrupta de su derecho a la vacación, a efectos del restablecimiento de su salud y el cuidado de su familia, que también fue contagiada; empero, por una nueva carta notariada advirtió que si bien tomaron en cuenta las bajas médicas exhibidas, “…señalaron la suspensión de [sus] vacaciones…” (sic); indicando de su parte que, no obstante las bajas médicas suspendían el plazo del periodo de vacación ya estipulado, este debía reiniciarse a partir de la fecha de alta por el tiempo restante; derecho que fue interrumpido por el Presidente demandado a través de la Carta de Agradecimiento de Servicios BCB-PRES-CI-2021-53 de 8 de febrero, manifestando que el saldo de vacaciones que le incumbían, serían canceladas conforme a la disponibilidad presupuestaria. Mediante notas de 19 y 27 de abril de 2021, pidió se le indique los días de vacaciones pendientes, así como, el pago de las mismas, considerando las suspensiones por bajas médicas a causa del COVID-19; constando como respuesta la emisión de la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 de 20 de mayo, señalando únicamente que el pago fue realizado en el marco de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233 de 13 de diciembre de 2012, que regula el régimen para la compensación económica de la vacación sujetas al régimen del Estatuto del Funcionario Público; siendo evidente que no se le proporcionó la información requerida, indicando solo que el pago fue efectuado en el marco de lo señalado; empero, el abono materializado en su cuenta fue solo por sesenta días de vacación, obviando que se encontraban reconocidos noventa y un días y medio, autorizados a través del Formulario 471/2020; que las fechas de sus bajas médicas comprendieron del 12 al 18 de enero; del 19 al 25 de ese mes; del 26 de igual mes al 1 de febrero; y, del 2 al 5 del mismo mes, todas de 2021, mismas que presentó cuando las autoridades demandadas le enviaron notas suspendiendo sus vacaciones. Contra la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, planteó recurso de revocatoria ante la citada entidad bancaria, cuestionando que la misma denegaba y transgredía el pago total de los días de vacaciones no utilizadas, pidiendo nuevamente se detalle el total de los días de vacaciones no empleados, así como, el de vacaciones pendientes, aludiendo falta de fundamentación y congruencia al respecto. Sobre el particular, el BCB expidió la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 de 24 de junio, declarando no procedente dicho medio de impugnación, afirmando que la Nota cuestionada no se constituía en un acto administrativo de carácter definitivo. Contra esa determinación, formuló a su vez recurso jerárquico, respecto al que el BCB pronunció la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80 de 23 de julio, determinando igualmente la no procedencia del recurso, aduciendo igual fundamento al antes indicado. En ese marco, denunció que los demandados emitieron notas carentes de fundamentación, motivación y congruencia, limitándose a señalar que el acto impugnado o vulneratorio de derechos sería uno de mero trámite, sin considerar que es una actuación firme que determina el no pago de sus vacaciones de forma íntegra; por lo que, la Nota expedida a consecuencia de la interposición de su recurso jerárquico, que sería el último acto ilegal cometido, no consignó el análisis ni la motivación necesaria para declarar la improcedencia de los recursos planteados, no guardando tampoco congruencia con los antecedentes del proceso, al no responder la petición de fondo que sería el pago íntegro de sus vacaciones, que fueron autorizadas por los Formularios 471/2020 de 20 de noviembre y 471/2020 de 14 de diciembre, así como por la Circular Interna General CIG 56/2020 de 4 de diciembre, suscrita por los Gerentes General y de Recursos Humanos (RR.HH.) del BCB, siendo interrumpidas en forma posterior por instrucción de las autoridades demandadas; por otra parte, no se tomó en cuenta la falta de competencia de la autoridad que firmó las notas; por cuanto, el pedido de respuesta como los recursos de revocatoria y jerárquico fueron formulados al Presidente demandado, según jerarquía y normativa; sin embargo, fueron respondidas por el Gerente General codemandado, no resultando competencia de dicha autoridad la atención de ese tipo de peticiones; por lo que, se transgredió su derecho de vacación, sobre el que la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1075/2013 de 16 de julio, estableció que no es un sobre sueldo, sino el derecho a un descanso remunerado; estando por ende, la compensación prohibida por ley, salvo algunas excepciones previstas como en el caso que un trabajador se desvincula del servicio o de su fuente de trabajo por causas ajenas a su voluntad, sin haber gozado de su derecho a la vacación remunerada; resultando aplicable en su asunto, lo dispuesto en el Estatuto del Funcionario Público y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, que determina la compensación económica, también por destitución de funcionario; en ese sentido, al no informarle sobre las vacaciones no utilizadas según requirió en sus solicitudes, se le impidió el ejercicio de su derecho de acceso a la información, lo que fue impugnado en el recurso jerárquico, no mereciendo pronunciamiento alguno al respecto; desconociéndose el saldo a pagarle de veinticinco días y medio de vacación.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; y, al pago de su vacación, citando al efecto los arts. 48.I, II, III y IV; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto las Notas: BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 y BCB-GRH-DCR-CE-2021-126; y, b) Se ordene a los demandados la cancelación total de sus vacaciones correspondientes a veinticinco días y medio.
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 521 a 525 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogadas, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar. A los cuestionamientos de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, precisó que, el 26 de noviembre de 1985, ingresó a trabajar al BCB, institución en la que prestó servicios treinta y dos años, ocho meses y veintisiete días, trabajando como Asesor de Política Económica mediante designación efectuada por Resolución de Directorio 067/2006, cumpliendo catorce años, cinco meses y diez días en ese cargo. Precisó por otro lado que, el objeto de la demanda tutelar es el pago íntegro de sus vacaciones; por cuanto, el BCB solo efectuó el desembolso por sesenta días, sin considerar que la propia entidad reconoció el pago de noventa y un días y medio, no habiéndose tomado en cuenta la suspensión de las bajas médicas.
Roger Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i.; y, Rubén Gonzalo Ticona Chique, Gerente General, ambos del BCB, a través de sus representantes, presentaron informe escrito el 28 de marzo de 2022, cursante de fs. 511 a 520, solicitando se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El accionante identificó como uno de los demandados a Roger Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i. del BCB, autoridad que no suscribió las Notas BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80; BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 y BCB-GRH-DCR-CE-2021-126; por lo que, careció de legitimación pasiva, considerando que la acción de amparo constitucional debe ser dirigida contra la autoridad que expidió el acto o resolución vulneratoria de los derechos reclamados; siendo en el caso de examen, el citado Gerente General, quien es responsable de la gestión y administración interna del BCB, conforme a lo previsto en el art. 65 de la Ley del Banco Central de Bolivia -Ley 1670 de 31 de octubre de 1995-, concordante con el art. 44 del Estatuto de dicha entidad. De otro lado, el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), regula que el recurso de revocatoria debe ser planteado por la o el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció el fallo cuestionado; evidenciando con ello nuevamente la falta de competencia de la citada autoridad para la suscripción de las Notas antes mencionadas; 2) Al momento de emitir la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, el BCB únicamente respondió a la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, en relación a los días de vacación pendientes que tendría a la fecha de su desvinculación y el pago de sus vacaciones, indicándole en relación a la compensación económica de las mismas, que se efectuaría en aplicación a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233; contra dicha determinación, el peticionante de tutela planteó recurso de revocatoria que mereció el pronunciamiento de la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, estableciendo que en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, la decisión cuestionada era de mero trámite, no constituyéndose en un acto administrativo de carácter definitivo, lo que hizo inviable el recurso, debiendo considerarse que la precitada Nota no contempló el pago de sus vacaciones, siendo una respuesta a una petición; en ese marco, el accionante formuló recurso jerárquico el 9 de julio de 2021, fuera del plazo instituido por el art. 66 de la LPA; empero, se dio respuesta al mismo mediante la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80; 3) En virtud al punto antes expuesto, el impetrante de tutela omitió que la fundabilidad de la acción de defensa debe ser de hecho y de derecho, precisando los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales denunciados de transgredidos, compeliendo la existencia de una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada; aspecto que no fue cumplido por el mencionado, en transgresión del art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), al tratarse los actos impugnados de respuestas a pedidos de mero trámite, no así a un acto definitivo que declare o constituya algún derecho; careciendo por ende, de relevancia jurídica, quedando privada de impugnación la emisión de la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, según el art. 57 de la LPA; 4) Las Notas BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80 y BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, que respondieron a su turno los recursos jerárquico y de revocatoria planteados por el peticionante de tutela, fueron emitidas conforme a la lógica jurídica, según el art. 57 de la LPA, que reiteran o establecen su procedencia contra resoluciones o actos administrativos de carácter definitivo. Además de ello, el accionante obvió interponer los recursos a las mismas autoridades que dictaron el acto administrativo, considerando que el recurso de revocatoria fue dirigido al Presidente del BCB, sin considerar que la nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, fue dictada por el Gerente General demandado; 5) El impetrante de tutela pide el pago de sus vacaciones; no obstante, el ente emisor procedió a la cancelación de las mismas, conforme se acreditó en la liquidación de derechos, retribuciones y vacaciones “no utilizadas” de 22 de abril de 2021, recibida por el peticionante de tutela el 2 de junio de ese año, contándose con el comprobante contable S 10005123 de 23 de abril de igual año, acreditando el depósito efectuado a la cuenta 10000021553397, por la suma de Bs45 156.- (cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y seis bolivianos); actos administrativos que extinguieron la relación jurídica con el prenombrado y que no fueron objeto de ningún recurso ulterior, incurriendo en actos consentidos que impiden el reclamo en la vía constitucional, según lo dispuesto en el art. 53 del CPCo. Pago que se efectuó en aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, que prevé excepcionalmente la compensación económica de la vacación; 6) El accionante tenía conocimiento de lo dispuesto en el art. 44.I inc. b) del Reglamento Interno de Personal del BCB, determinando que la vacación no puede ser acumulada por ningún motivo por más de dos gestiones; por lo que, el pago que se le realizó incumbió a las dos últimas gestiones, según determina igualmente el art. 50 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), el cual prevé que no se permite dicha acumulación y como institución pública, la ley prohíbe el pago por más de dos gestiones; 7) En el marco de lo establecido en el art. 109.II de la CPE, los derechos fundamentales no son absolutos; en ese orden, el art. 50 del EFP, en concordancia con el art. 12 de la Ley Financial del Presupuesto General del Estado, gestión 2012 de 23 de diciembre de ese año, modificado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, establece una limitante a la posibilidad de acumulación de vacaciones para servidores públicos, no siendo posible extenderla; en dicho orden, las autoridades del BCB no incurrieron en acción ilegal alguna, mucho menos en omisiones indebidas al adecuar sus obras a las limitaciones determinadas por ley, conforme al principio de legalidad regulado en el art. 232 de la Norma Suprema; 8) En relación a la falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciadas de vulneradas, la limitación a la posibilidad de acumulación de vacaciones, conforme a la normativa antes indicada, no generaría un efecto modificatorio en el fondo, no siendo viable la tutela requerida; y, 9) Respecto a la falta de competencia del Gerente General demandado, para suscribir las comunicaciones externas de respuesta dirigidas al peticionante de tutela, los arts. 65 y 67 inc. a) de la Ley 1670, en coherencia con el art. 44 del Estatuto de dicha entidad financiera, denotaron que la autoridad referida sí cuenta con la debida competencia al ser responsable por la gestión y administración interna. En audiencia de garantías a través de sus representantes, refirieron que mediante la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, el Gerente General demandado respondió a las misivas de 19 de febrero, 20 y 27 de abril de 2021, en las que el impetrante de tutela solicitó respuesta sobre los días de vacaciones pendientes que tendría; siendo una simple petición que fue respondida por la autoridad señalada estableciendo “…cuales serían los días que tendría (…) pendientes desde la fecha de su vacación desde su desvinculación (…) y el pago de las vacaciones comunicándole (…) que se debe aplicar lo establecido en el art. 49 de la Ley No.2027 del Estatuto del Funcionario Público en donde se establece la escala de días de vacaciones con relación a la antigüedad del Servidor Público; así mismo se adjunta una, la solicitud de copia legalizada del formulario 3310 certificación de obligaciones pendientes se le adjunta en la respuesta que se cumple con esa petición y finalmente con relación a la consulta sobre las vacaciones se señala de manera clara y textual que se debe aplicar lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley No. 233…” (sic); no siendo evidente que la misma carezca de fundamentación ya que fue clara en la normativa aplicable. Añadió que, conforme a la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, los actos de mero trámite no son susceptibles de impugnación; constituyendo la respuesta señalada un pronunciamiento de mero trámite, en relación a la consulta de cuántos días le correspondían de vacación; por lo que, no se generó con ello ni con la respuesta a los recursos de revocatoria y jerárquico, la lesión al pago total de su vacación, al no causar estado dichos actos administrativos; al respecto, la liquidación de derechos y atribuciones de vacaciones no utilizadas, el 2 de junio de 2021, fue puesta en conocimiento del solicitante de tutela por parte del BCB, haciendo precisamente el citado cálculo, documentación que sí causaba estado y que no fue objeto de impugnación alguna, pese a que en ella se consignó “…el monto de líquido pagable que le corresponde en virtud a estos derechos y como también el análisis del cálculo de su antigüedad…” (sic).
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 60/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 526 a 530, denegó la tutela solicitada, por no haberse cumplido, según se afirmó, los presupuestos de validez exigidos por la norma constitucional, procesal y la jurisprudencia constitucional, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El pedido efectuado en la demanda tutelar fue dejar sin efecto una serie de notas, considerándose a la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, como la última emitida que respondió al recurso jerárquico administrativo planteado contra el fallo dictado en recurso de revocatoria, en el cual el accionante pidió dejar sin efecto la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, que negó el pago total de sus vacaciones no utilizadas. No obstante, al dar una lectura íntegra a la nota de 20 de mayo de 2021, refirió no haber advertido donde se le negó el pago total, “…lo que se le hace es decir que en apariencia se habría cumplido con el pago entonces la impugnación sería la denegatoria o la modificación del acto que aparentemente fuese administrativo, esta no es una diferencia arbitraria, no es una diferencia sesgada es una diferencia es una observación de contenidos de fondos importante, porque tiene que ver con lo que se pide, el objeto de la pretensión…” (sic); ii) Teniendo en cuenta lo señalado en el punto anterior, si el presumible acto que causó lesión al derecho, no tiene relación con el objeto recursivo, “…en materia jurisdiccional es improponible en materia constitucional es absolutamente denegable, no pueden haber presunciones de que al decir la nota, manifestarse a la Administración con que se ha cumplido con el deber de pagar, esto implica la negativa a pagar, aunque (…) es una técnica de falso contrario, cierto, como refiere esto, pretende negar, no es la técnica más afortunada en materia administrativa y menos en materia Constitucional…” (sic); iii) El impetrante de tutela atacó una nota que aparentemente le hizo conocer que se le pagó conforme a ley, cuando el acto idóneo “…para impugnar el pago no es esta nota, sino es el pago propiamente dicho o el documento donde se advierta cual ha sido el pago, cómo ha sido el pago, el depósito, etc., ese es el acto que se debe impugnar, para que sobre esa determinación, la decisión del pago, le tocaban veinte, le tocó diez e impugnó los restantes diez, ese es el hito impugnatorio, porque ahí el accionante podría haber hablado del principio de igualdad y efectivamente respecto al pago propiamente dicho, la impugnación hubiese sido trascendente…” (sic); y, iv) En el caso, la impugnación realizada es “altamente intrascendente”, máxime en sede constitucional, porque en caso de dejarse “…sin efecto la nota a la que hace referencia el accionante y le obligamos a fundamentar y (…) motivar (…) el resultado va a ser el mismo, porque (…) se está impugnando una nota de un pago ya realizado, que tiene que ver con un acto consentido, (…) la cualidad impugnaticia ya es defectuosa…” (sic); no teniendo mérito conforme al principio de trascendencia, “…la decisión, siempre será la misma y en vez de hacerle a un favor a la Administración de Justicia Constitucional y a las partes y en particular al accionante [se le hará] un grave daño” (sic).
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Circular Interna General CIG 56/2020 de 4 de diciembre, las Gerencias General y de RR.HH. del BCB, recordó a los servidores públicos de esa entidad que conforme al art. 50 del EFP, no está permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas; por lo que, quienes tendrían dicha acumulación debían hacer uso de sus vacaciones a través del Formulario 3350-013, de solicitud de permisos o licencias, como límite máximo un mes antes de la fecha que se genere otra vacación (fs. 4). II.2. Conforme a Formulario 471/2020 de 20 de noviembre, de autorización de vacaciones programadas, suscrito por los entonces Gerentes General a.i. y de RR.HH. a.i. del BCB, se aceptó la vacación de Raúl Sixto Mendoza Patiño, -hoy accionante-, del 31 de diciembre de 2020 al 1 de junio de 2021, consignándose un total de ciento tres días y medio de vacaciones, debiendo reincorporarse en la media jornada de la última fecha señalada (fs. 5). II.3. Consta Formulario de solicitud de permisos o licencias de 11 de diciembre de 2020, signado por las autoridades descritas en la Conclusión precedente, reflejando que se concedió al impetrante de tutela, doce días de licencia del 14 al 30 de ese mes y año. En ese marco, a través de Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, de autorización de vacaciones programadas, se estableció el nuevo cómputo para el uso de noventa y uno días y medio de vacaciones, del 31 de diciembre de 2020 al 14 de mayo de 2021; debiendo reincorporarse el prenombrado, a media jornada de dicha fecha (fs. 7 y 8). II.4. A través de Nota BCB-PRES-CI-2021-53 de 8 de febrero, Roger Edwin Rojas Ulo, Presidente a.i. del BCB -demandado-, comunicó al peticionante de tutela que conforme a decisión en la Resolución de Directorio 026/2021 de esa data, fue destituido del cargo de Asesor Principal de Política Económica, a partir de dicha fecha (fs. 35). II.5. Mediante nota presentada el 19 de febrero de 2021, el solicitante de tutela pidió al Gerente de RR.HH. del BCB, que en virtud a la carta de agradecimiento de servicios y considerando las notas que presentó adjuntando las bajas médicas por COVID-19, del 31 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021; del 12 al 18 y del 19 al 25 de enero; del 26 de enero al 1 de febrero; y, del 2 al 5 de febrero, todos de 2021, se le indiquen los días de vacación pendientes de pago que tendría; asimismo, la fecha referencial de pago para que pueda preparar los descargos de facturas pertinentes (fs. 110). II.6. Por misiva desplegada el 27 de abril de 2021, el accionante pidió dar respuesta a la supra citada nota (fs. 115 a 116). II.7. A través de Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 de 20 de mayo, Rubén Gonzalo Ticona Chique, Gerente General del BCB -codemandado-, respondió a las notas presentadas por el peticionante de tutela, el 19 de febrero, 20 y 27 de abril del señalado año (fs. 217). II.8. Cursa memorial presentado el 11 de junio de 2021, por el cual el impetrante de tutela planteó recurso de revocatoria contra la Nota descrita en la Conclusión anterior, pidiendo sea dejada sin efecto (fs. 222 a 232). II.9. Mediante Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 de 24 de junio, el Gerente General demandado, respondió al recurso de revocatoria, estableciendo que “…la nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 no se constituye en un acto administrativo de carácter definitivo, toda vez que, se limita a dar respuestas a sus notas de fechas 19 de febrero, 20 y 27 de abril de 2021. Consecuentemente, no es procedente la interposición del Recurso de Revocatoria” (sic [fs. 216]). II.10. Por escrito presentado el 9 de julio de 2021, el solicitante de tutela planteó recurso jerárquico contra la Nota detallada en la Conclusión precedente, pidiendo su revocatoria total; y por ende, de la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 (fs. 233 a 244 vta.). II.11. A través de la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80 de 23 de julio, el Gerente General demandado, dio respuesta al recurso jerárquico, con igual contenido a la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, determinando la improcedencia del recurso deducido (fs. 218 a 219). II.12. Mediante Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-349 de 28 de septiembre, la Gerente de RR.HH. y la Jefa del Departamento de Compensaciones y Registro, ambas del BCB, respondieron la nota de 16 de agosto de ese año, cursada por el accionante, adjuntando al efecto el Oficio de Liquidación de Derechos, Retribuciones y Vacaciones no Utilizadas de 22 de abril de 2021, suscrito por el Jefe del indicado departamento, mismo que le fue notificado el 2 de junio del año mencionado; asimismo, cursa Comprobante Contable de abono de Bs41 156.-, a la cuenta del impetrante de tutela, en el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A. [fs. 220 a 221 y 279]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración probatoria, y al pago de su vacación; alegando que, pese a estar haciendo uso de sus vacaciones programadas y aprobadas conforme al Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, que estableció un total de noventa y un días y medio pendientes a su favor, los demandados le hicieron llegar varias notas suspendiéndolas, cursando llamadas telefónicas a efectos de su reincorporación al BCB; respecto a lo que, presentó bajas médicas por COVID-19, que fueron aceptadas. En forma posterior, ante la insistencia de su restitución laboral y no teniendo ya baja médica, se reincorporó el 8 de febrero de 2021; empero, recibiendo carta de agradecimiento de servicios; en virtud a la que, por notas de 19 y 27 de abril de ese año, solicitó indicarle los días de vacaciones pendientes que tenía, así como la fecha referencial de su cancelación; cuestión respondida por Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 de 20 de mayo, haciendo alusión únicamente a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, sin proporcionarle la información requerida, obviando que el abono se le hizo solo por sesenta días. Contra dicha decisión, planteó recursos de revocatoria y jerárquico, que merecieron las Notas BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 de 24 de junio y BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80 de 23 de julio, declarando la improcedencia con igual fundamento referente a que la Nota cuestionada, dado que, no se constituía en un acto administrativo definitivo; lo que lesiona sus derechos, al no tomar en cuenta que sí es un acto firme, que determinó la falta de pago de sus vacaciones de manera íntegra, incurriendo en decisiones sin fundamentación, motivación y congruencia, no resuelta además por las autoridades concernientes, como el Presidente a.i. del BCB -demandado-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0254/2020-S2 de 31 de julio, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’. Asimismo, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, efectuando una distinción entre motivación y fundamentación, señaló lo siguiente: ‘El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa’. Sobre este mismo tema, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, concluyó que: ‘…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita’” (las negrillas son nuestras).
La aludida SCP 0254/2020-S2, refirió que: “…En relación a la congruencia como elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”’.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración probatoria, y al pago de su vacación; aduciendo que, no obstante haber trabajado por varios años en el BCB, y estar haciendo uso de sus vacaciones programadas y aprobadas según el Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, que determinó un total de noventa y un días y medio pendiente a su favor, los demandados le cursaron llamadas telefónicas e hicieron llegar varias notas, constriñéndole a su reincorporación, suspendiendo las mismas; respecto a lo que, presentó bajas médicas, acreditando que se encontraba con COVID-19, que fueron admitidas por el BCB. Ulteriormente, ante la insistencia de su reincorporación laboral y no teniendo ya baja médica, concurrió a su fuente de trabajo el 8 de febrero de 2021, ocasión en la que le entregaron la carta de agradecimiento de servicios BCB-PRES-CI-2021-53 de esa fecha; por lo que, mediante notas de 19 y 27 de abril de ese año, requirió se le indique los días de vacaciones pendientes que tenía, así como precisarle la fecha referencial de cancelación de las mismas; mereciendo respuesta por Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 de 20 de mayo, haciendo solo alusión a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, sin otorgarle la información impetrada con innegable transgresión de su derecho de acceso a la información, sin tomar en cuenta que el abono se le hizo solo por sesenta días, no habiéndose considerado las bajas médicas que comprendieron del 12 al 18 de enero; del 19 al 25 de ese mes; del 26 de enero al 1 de febrero; y, del 2 al 5 de febrero, todas de 2021. Contra esa decisión, formuló recurso de revocatoria y en forma ulterior, recurso jerárquico, resueltos por Notas BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 de 24 de junio y BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80 de 23 de julio, respectivamente, declarando la improcedencia de los medios de impugnación con similar fundamento relativo a que la Nota impugnada, no se constituía en un acto administrativo definitivo; lo que, transgredió sus derechos al no observar que sí es un acto firme, que dispuso el no pago de sus vacaciones de forma íntegra, incidiendo en determinaciones sin fundamentación, motivación y congruencia, no resueltas además por las autoridades concernientes, como resultaba ser el Presidente a.i. del BCB -demandado-. Bajo ese contexto, de los antecedentes cursantes en el expediente se advierte que, por Circular Interna General CIG 56/2020 de 4 de diciembre, las Gerencias General y de RR.HH. del BCB, recordaron a los servidores públicos de esa entidad, que no estaba permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas; en cuyo orden, quienes contaban con dicho derecho acumulado debían hacer uso del mismo como límite máximo un mes antes de la fecha que se genere otra vacación, debiendo a ese efecto los Máximos Ejecutivos de Área asumir las previsiones correspondientes para mantener la continuidad operativa de sus áreas y prever que las servidores o servidores públicos que remplacen durante el uso de vacaciones de jefes de departamento, subgerentes y gerentes, no exceda los quince días hábiles y exista rotación entre sus dependientes hasta el retorno del titular. A cuyo efecto, dispusieron dar cumplimiento estricto a la vacación programada de la gestión 2021 (Conclusión II.1). En ese marco, consta Formulario 471/2020 de 20 de noviembre, de autorización de vacaciones programadas, suscrito por los Gerentes General a.i. y de RR.HH. del BCB, quienes aceptaron la vacación del impetrante de tutela, del 31 de diciembre de 2020, al 1 de junio de 2021, consignándose un total de ciento tres días y medio de vacaciones (Conclusión II.2). De otra parte, por Formulario de solicitud de permisos o licencias de 11 de diciembre del citado año, se acreditó que se concedió al indicado doce días de licencia, del 14 al 30 de igual mes y año; por lo que, mediante Formulario 471/2020 de 14 de diciembre, de autorización de vacaciones programadas, se determinó el nuevo cómputo para el uso de noventa y uno días y medio de vacaciones; es decir, del 31 de diciembre de 2020 al 14 de mayo de 2021, debiendo reincorporarse el peticionante de tutela a media jornada de la última fecha señalada (Conclusión II.3). Por Nota BCB-PRES-CI-2021-53 de 8 de febrero, el Presidente demandado, comunicó al solicitante de tutela que, en el marco de la Resolución de Directorio 026/2021 de esa data, fue destituido del cargo de Asesor Principal de Política Económica, a partir de esa fecha (Conclusión II.4). En forma posterior, el 19 de febrero de 2021, el prenombrado requirió al Gerente de RR.HH. del BCB, que en mérito a la carta de agradecimiento de servicios y considerando las notas que presentó, adjuntando las bajas médicas por COVID-19, del 31 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021; del 12 al 18 y del 19 al 25 de enero; del 26 de enero al 1 de febrero; y, del 2 al 5 de febrero, todas de 2021, se le exterioricen los días de vacación pendientes de pago que tendría; de igual forma, la fecha referencial de pago para que pudiera preparar los descargos de facturas pertinentes (Conclusión II.5); solicitud que reiteró el 27 de abril del señalado año, ante la falta de respuesta sobre el particular, impetrando “…se indique los días de vacaciones no utilizados durante el ejercicio del cargo dentro de la entidad, adjuntando el detalle correspondiente de días de vacaciones utilizados y pendientes, días no considerados por bajas médicas, suspensiones de vacaciones dispuestas por las autoridades, y sobre esto último, las suspensiones dispuestas por su autoridad y el Gerente con el argumento de que [le] requerían debido a la carga laboral, para que asuma [sus] funciones y brinde asesoramiento especializado, a pesar de [sus] reiteradas solicitudes de continuar haciendo uso del derecho a [sus] vacaciones por lo menos hasta haber cumplido con el periodo máximo de acumulación” (sic). En ese orden, solicitó que sus vacaciones sean canalizadas para la cancelación pago respectivo, siendo de pago preferente, dejando constancia que cualquier abono efectuado por la entidad a su cuenta bancaria, no conllevaría reconocimiento de su parte en cuanto al monto hubiera sido calculado adecuadamente (Conclusión II.6). Sobre el particular, mediante Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, Rubén Gonzalo Ticona Chique, Gerente General del BCB -demandado-, respondió a las notas presentadas por el solicitante de tutela, el 19 de febrero, 20 y 27 de abril, del año señalado (Conclusión II.7); indicando: a) En cuanto a la consulta de días de vacaciones, remitirse a la previsión contenida en el art. 49 del EFP, que regula la escala de días de vacaciones respecto a la antigüedad del servidor público; b) En relación al pedido de copia legalizada del Formulario 3310-001, certificado de obligaciones pendientes, se adjuntó la misma; y, c) En referencia a la consulta sobre el pago de vacaciones, fue efectuado en el marco de lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 233, “vigentada” por el inc. h) de la Disposición Final Novena de la Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020 y el art. 26 del Decreto Supremo (DS) 4434 de 30 del mes y año, que establecen el régimen para la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al régimen del Estatuto del Funcionario Público. Contra dicha Nota, el 11 de junio de 2021, el accionante planteó recurso de revocatoria, pidiendo sea dejada sin efecto, al denegar y lesionar el pago total de las vacaciones no utilizadas, certificándole el detalle del total de vacaciones pendientes, considerando las bajas médicas y acumulación generada hasta la fecha de su desvinculación (días usados, pagados y no pagados); pidiendo también, se considere que con carácter previo a una desvinculación, la entidad empleadora debe otorgar las vacaciones acumuladas pendientes de uso a la persona que vaya a ser desvinculada, en virtud al art. 34 del Reglamento Interno de Personal del BCB (Conclusión II.8). En ese sentido, a través de Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, el Gerente General codemandado, respondió al recurso de revocatoria (Conclusión II.9); señalando que, conforme al art. 56.I de la LPA, los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, considerándose según el parágrafo II de dicha norma, que estos son los que ponen fin a una actuación administrativa; no procediendo dichos medios de impugnación según el art. 57 de la indicada Ley, contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se traten de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión; citando al efecto, la SCP 0249/2012 de 29 de mayo. En cuyo orden, estableció que la Nota cuestionada no era un acto administrativo definitivo, al limitarse a dar respuesta a las notas de 19 de febrero, 20 y 27 de abril de 2021; por lo que, no resultaba procedente el recurso de revocatoria formulada. En forma ulterior, el 9 de julio de 2021, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la Nota antes descrita, pidiendo la revocatoria total de las Notas BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 y BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, ambas dictadas por el Gerente General demandado, obviando que la respuesta contenida en la primera emitida, sería una respuesta definitiva que lesionaría sus derechos (Conclusión II.10). En respuesta al recurso jerárquico, el citado Gerente General, emitió la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, con igual contenido a la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, haciendo referencia a los arts. 56 y 57 de la LPA y a la SCP 0249/2012, concluyendo que, la Nota impugnada no constituía un acto administrativo definitivo, determinando la improcedencia del recurso deducido (Conclusión II.11). Finalmente, mediante Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-349 de 28 de septiembre, la Gerente de RR.HH. y la Jefa del Departamento de Compensaciones y Registro, ambos del BCB, respondieron la nota de 16 de agosto de ese año, cursada por el accionante, adjuntando al efecto el Oficio Liquidación de Derechos, Retribuciones y Vacaciones no Utilizadas de 22 de abril de 2021, suscrito por el Jefe del indicado departamento, mismo que le fue notificado el 2 de junio del año mencionado; cursando Comprobante Contable de abono de Bs41 156.-, a la cuenta del impetrante de tutela, en el Banco Unión S.A. (Conclusión II.12).
Con carácter previo a resolver la problemática planteada, cabe aclarar que si bien el peticionante de tutela identificó a las Notas: BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 y BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, como las que presumiblemente lesionaron sus derechos alegados en esta acción tutelar; sin embargo, el presente caso se analizará a partir del último fallo descrito, emitido por el Gerente General demandado, al ser la última decisión emitida en la vía administrativa, que ante la eventualidad de concederse la tutela, reabrirá su competencia para pronunciarse nuevamente sobre lo resuelto en la primera resolución; ello en estricta observancia del principio de subsidiariedad que informa la acción de amparo constitucional. Bajo ese contexto, de acuerdo con el problema jurídico presentado, preciso aclarar que la génesis de la problemática planteada surge como consecuencia de la emisión de la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, mediante la cual, en citado Gerente General, otorgó respuesta a las notas presentadas por el impetrante de tutela, el 19 de febrero y 20 y 27 de abril de 2021, señalando que: “…Referente a su consulta de días de vacaciones, agradeceré remitirse a la previsión contenida en el artículo 49 de la Ley N° 2027, del Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999, que establece la escala de días de vacaciones en relación a la antigüedad del servidor público. (...) A su solicitud de copia legalizada del formulario 3310-001 ‘Certificación de Obligaciones Pendientes’, sírvase encontrar adjunto a la presente. (…) respecto a su consulta sobre el pago de sus vacaciones enfatizar que el mismo ha sido efectuado en el marco de lo previsto por la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 233 de 13 de diciembre de 2012, vigente por el inciso h, Disposición Final Novena de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, y el art. 26 del Decreto Supremo N° 4434 de 30 de diciembre de 2020, que establecen el régimen para la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al Régimen del Estatuto del Funcionario Público. Finalmente, (…) la normativa (…) contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, es de cumplimiento obligatorio, y su aplicabilidad no está sujeta a la discrecionalidad de las personas o la libertad de interpretación que se le pudiera dar convenientemente como aparentemente pretende hacer su persona” (sic), en virtud a lo cual, el accionante, activo los recursos de revocatoria y consiguiente jerárquico; el primero; resuelto por Gerente General del BCB mediante Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15 de 24 de junio, que respondió al recurso de revocatoria interpuesto, estableciendo que: “…la nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126 no se constituye en un acto administrativo de carácter definitivo, toda vez que se limita a dar respuestas a sus notas de fechas 19 de febrero, 20 y 27 de abril de 2021.
Consecuentemente no es procedente la interposición del Recurso de Revocatoria” (sic [Conclusión II.9]); contra la cual, el solicitante de tutela formuló el recurso jerárquico, pidiendo la revocatoria total de las Notas referidas, ambas dictadas por la indicada autoridad; en su mérito dicho Gerente General, emitió la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, de respuesta a la interposición del referido acto impugnatorio, con igual contenido que a la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, determinando la improcedencia del recurso deducido; ahora bien, precisado lo anterior, impele señalar que de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional “...la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, (…), y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-” (énfasis añadido [SCP 0254/2020-S2]). En el caso concreto, el Gerente General demandado a tiempo de pronunciar la Nota BCB-GAL-SANO-DLABS-CE-2021-80, lo hizo con base en normativa inherente a los actos y recursos administrativos, así como jurisprudencia constitucional relativa a la impugnación de actos administrativos; en consecuencia, justificó plenamente las razones determinativas por la cual no sería procedente el recurso jerárquico formulado por el accionante, estableciendo concretamente que la Nota BCB-GAL-SANO-CE-2021-15, no constituyó un acto administrativo de carácter definitivo; para lo cual, no se requiere que la misma sea exhaustiva y ampulosa, o regida por una particular estructura; pues, -la motivación- se tendrá por satisfecha aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma incuestionable las razones que conllevaron a una determinación; por lo que, al ser clara la contestación exteriorizada por la citada autoridad, en la aludida Nota de respuesta al recurso jerárquico formulado por el impetrante de tutela contra la Nota BCB-GRH-DCR-CE-2021-126, no se advierte transgresión a los derechos alegados por el prenombrado. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 60/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 526 a 530, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos por este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0470_2023-S2.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): a4a0e968f47d670115090710f6e46abe23ec934a47cfe00f5941bf2958bff10a
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