B.IA.LEGAL

SCP 0469/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52226-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilación; así como a los principios de celeridad, legalidad y “objetividad”; y, a los principios ético-morales ama qhilla, ama llulla y ama suwa, en razón a que, pese a que transcurrieron más de veinticuatro horas desde la remisión del legajo de la apelación incidental a su despacho, la Jueza accionada no emitió el decreto ordenando el cumplimiento de las medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva dispuestas en su favor por instancia superior, cuando además se intentó coordinar con su personal subalterno la emisión de oficios y otros para el cumplimiento de las mismas, quienes refirieron que los decretos se emiten por orden de llegada, lo que provoca dilación en su cumplimiento, máxime tratándose de una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Ante estas denuncias, la autoridad judicial accionada refirió que: a) Considerando la tolerancia laboral de media jornada y el feriado nacional del 1 y 2 de noviembre de 2022 -respectivamente-, habiéndose reincorporado a sus funciones el 3 del indicado mes y año, emitió el decreto dentro de la veinticuatro horas conforme a procedimiento; y, b) La accionante no cumplió con las condiciones impuestas por el Auto de Vista 766/2022 para tramitar el mandamiento de detención domiciliaria y las restantes medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evident…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve, CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 14 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0469/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 52226-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 14 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Julio Ignacio Angles Quisbert en representación sin mandato de Gladys Nina Chambi contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 a 3, la accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, se dispuso su detención preventiva, que luego de una ardua defensa, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 766/2022 de 21 de octubre, dispuso medidas -cautelares personales- menos gravosas a ser cumplidas de manera obligatoria e inmediata ante el Juez de la causa, siendo inicialmente remitido el legajo correspondiente ante el “...Juzgado 6to De Instrucción Penal De La Ciudad de El Alto...” (sic) y posteriormente al despacho de Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada-. No obstante, hasta la interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron más de veinticuatro horas sin que la autoridad judicial -ahora accionada- emita el decreto ordenando el cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas por el superior en grado, cuando además intentó coordinar los oficios con su personal subalterno, quienes simplemente refirieron que los decretos se emiten por orden de llegada y que tenía que esperar.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional o convencional que los contenga. En audiencia de acción de libertad, alegó la vulneración de los principios ético-morales ama qhilla, ama llulla y ama suwa así como de los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilación; y, a los principios de legalidad y “objetividad”, previstos en los arts. 23, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza accionada ordene a su personal la entrega de los oficios y mandamientos señalados en el Auto de Vista 766/2022; y, b) Sea bajo los principios de celeridad y gratuidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia refirió que: 1) El Auto de Vista 766/2022, en aplicación del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) impuso las medidas cautelares personales de detención domiciliaria, fianza económica, arraigo y la obligación de presentarse ante el Juez o autoridad que se designe, remitiéndose la causa ante el despacho de la Jueza accionada el 1 de noviembre de 2022 a horas 12:14 aproximadamente; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no quiere dar cumplimiento a lo ordenado por el superior en grado; 2) Esta omisión atenta contra los principios ético-morales ama qhilla, ama llulla y ama suwa que rigen la actividad de los operadores de justicia, lo cual repercute en la entrega del mandamiento de arraigo y la fianza económica; asimismo, conculca su derecho a la libertad, al debido proceso, a una defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilación, así como a los principios de legalidad y “objetividad”, previstos en los arts. 23, 115.II y 117 de la CPE, además del bloque de constitucionalidad; y, 3) La jurisdicción constitucional estableció que cuando existe una resolución que establece medidas menos gravosas, ésta debe aplicarse inmediatamente, máxime tratándose de una persona perteneciente a un grupo vulnerable.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante a fs. 11 y vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que: i) El legajo de la apelación incidental resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fue remitida al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del mismo departamento el 31 de octubre de igual año y de éste a su Juzgado el 1 de noviembre también de igual año, a horas 12:23; ii) En virtud a la Circular CM-LP/R.D. 08/2022 de 31 de octubre, Presidencia del mencionado Tribunal Departamental de Justicia comunicó a los funcionarios judiciales la tolerancia de media jornada y el feriado nacional de los días martes 1 y miércoles 2 de noviembre de la misma gestión, refrendado por el Comunicado 029/2022 de 31 de octubre emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, razón por la que se retiró de su fuente laboral el día martes a horas 15:30, para retornar el jueves 3 de noviembre de 2022 y atender el despacho correspondiente a la jornada anterior -debido a la acumulación de audiencias- recién a horas 18:00, es decir, dentro del plazo de las veinticuatro horas conforme a procedimiento; iii) La parte accionante no cumplió con las condiciones impuestas por el Auto de Vista 766/2022 para tramitar el mandamiento de detención domiciliaria; y, iv) El proceso penal seguido contra la impetrante de tutela no es el único que se sustancia, máxime si la apelación incidental no se originó en su Juzgado, sino en el citado Juzgado de Instrucción Penal, que fue devuelto en siete días por las autoridades de alzada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 14 a 17, denegó la tutela solicitada; fundamentando que: a) No se tiene conocimiento íntegro del Auto de Vista 766/2022, desconociéndose si éste debe ser cumplido por el Juez que emitió la Resolución apelada, que también se desconoce, o la Jueza que actualmente conoce la causa, toda vez que esta autoridad en su informe refirió que no emitió la Resolución inicial; b) No existe una petición precisa y directa que haya sido omitida por la autoridad judicial ahora accionada, constando únicamente la remisión del legajo de apelación por parte del Juez de Instrucción Penal Sexto al Juzgado de la ahora accionada, señalando que culminado el turno de fin de semana se remitió el cuaderno de control jurisdiccional en cumplimiento al decreto de 31 de octubre de 2022; c) Considerando que, las devoluciones deben ser sustanciadas por los juzgadores en el plazo de veinticuatro horas, al haber llegado la causa a su despacho el 1 de noviembre del referido año y tomando en cuenta el feriado nacional del día siguiente, la Jueza accionada tenía plazo hasta el 3 de igual mes y año para emitir su proveído; consiguientemente, al haberse presentado la acción de defensa en esta última fecha, no se encuentra dentro de los alcances del art. 125 de la CPE, pues la referida autoridad judicial se encuentra en plazo para emitir su proveído; y, d) La Secretaría del Juzgado es quien llena los formularios y realiza el trámite de las medidas cautelares de carácter personal dispuestas -se entiende por el Tribunal de alzada-, sobre lo cual no se hizo referencia en la presente acción de libertad. En la vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado refirió que: 1) Ante la afirmación de que, sobre el plazo pertinente existe una circular, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 0041/202-CA de 16 de febrero, estableció que una circular no es una norma jurídica; por lo que, al no ser obligatoria no puede estar por encima de una ley, si esta establece plazos perentorios; y, 2) En qué momento se deben efectivizar las medidas como la detención domiciliaria dispuesta en su favor; y, “…solicito establezca si se sigue conculcando derechos y garantías cuando no se está dando cumplimiento a un auto de vista, solcito complemente si la autoridad accionada (...) debe dar cumplimiento a la determinación del tribunal de alzada...” (sic). Mediante Auto Complementario dictado en la misma fecha, el Juez de garantías manifestó que: i) Quien plantea la complementación y enmienda es el abogado y no así Juan Julio Ignacio Angles Quisbert, quien es el representante sin mandato de la privada de libertad en el caso concreto; consiguientemente, es este quien tiene que hacerse presente en audiencia, pues el primero ni siquiera firmó la acción de libertad; ii) No obstante, en el marco del informalismo que caracteriza a este mecanismo de defensa, por la documental arrimada se tiene que, la causa llegó el 1 de noviembre de 2022, teniendo un plazo de veinticuatro horas para la emisión del proveído; por lo que, en atención al feriado del día siguiente y al proveído emitido el 3 del mismo mes y año, no existe la vulneración denunciada; y, iii) En cuanto a que, una circular se encontraría por encima de la ley, el art. 410 de la CPE establece la jerarquía normativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la nota de 1 de noviembre de 2022 de Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dirigida al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del referido departamento, remitiendo el legajo de apelación y el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gladys Nina Chambi -accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, nota con cargo de recepción de la misma fecha a horas 12:23 (fs. 7 y vta.).

II.2. Consta decreto de 3 de noviembre de 2022, dictado por Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada-, disponiendo que el legajo de apelación remitido se arrime a sus antecedentes (fs. 8). II.3. Se tiene Informe de 3 de noviembre de 2022, por el que Maribel Calisaya Callizaya, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, hizo conocer a la Juez titular de su Juzgado -accionada- que el legajo de apelación caratulado “…MINISTERIO PUBLICO C/ NINA GLADIS…” (sic), con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201502022205448, ingresó a despacho en la misma fecha, debido a la carga procesal existente en el Juzgado; asimismo, informó que en el día se apersonaron los procuradores del “Dr. Chambilla” en tres oportunidades, pero sin indicar que querían coordinar las cuestiones emergentes del Auto de Vista 766/2022, indicándoles que la causa fue remitida recién el día martes -1 de noviembre del señalado año-, teniendo veinticuatro horas para la emisión de la respectiva providencia (fs. 9). II.4. Cursa el Informe de 3 de noviembre de 2022, según el cual Anahi Lizett Coronel Claure, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, hizo conocer a la autoridad judicial accionada que, el legajo de apelación dentro de la causa seguida por el Ministerio Público contra Gladys Nina Chambi y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fue recibido el 1 del referido mes y año a horas “12:25”, razón por la que todos los cuadernos de control jurisdiccional y los memoriales de esta fecha ingresaron a despacho el 3 de ese mes y año en horas de la mañana; asimismo, refirió que a pesar de las audiencias presenciales celebradas desde horas de la mañana, el despacho decretado y firmado le fue entregado por la tarde; y, que ningún abogado o procurador la buscó a efectos de tramitar los depósitos judiciales, ni la presentación de garantes (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilación; así como a los principios de celeridad, legalidad y “objetividad”; y, a los principios ético-morales ama qhilla, ama llulla y ama suwa, en razón a que, pese a que transcurrieron más de veinticuatro horas desde la remisión del legajo de la apelación incidental a su despacho, la Jueza accionada no emitió el decreto ordenando el cumplimiento de las medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva dispuestas en su favor por instancia superior, cuando además se intentó coordinar con su personal subalterno la emisión de oficios y otros para el cumplimiento de las mismas, quienes refirieron que los decretos se emiten por orden de llegada, lo que provoca dilación en su cumplimiento, máxime tratándose de una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Ante estas denuncias, la autoridad judicial accionada refirió que: a) Considerando la tolerancia laboral de media jornada y el feriado nacional del 1 y 2 de noviembre de 2022 -respectivamente-, habiéndose reincorporado a sus funciones el 3 del indicado mes y año, emitió el decreto dentro de la veinticuatro horas conforme a procedimiento; y, b) La accionante no cumplió con las condiciones impuestas por el Auto de Vista 766/2022 para tramitar el mandamiento de detención domiciliaria y las restantes medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Con relación a esta temática, la SCP 0555/2023-S3 de 13 de junio, citando a la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, estableció que: […la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: «…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus – actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”.

(…)

De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)»

La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad] (el resaltado pertenece al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal sobre el que se pronunciará este Tribunal, es pertinente contextualizar la situación fáctica que sustenta la pretensión procesal de la accionante. Así de la revisión de antecedentes cursantes en el expediente se tiene que, según nota de 1 de noviembre de 2022, Marco Antonio Amaru Flores, Juez de instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, remitió al Juzgado de Sentencia Penal de El Alto del referido departamento, el legajo de apelación y el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gladys Nina Chambi -accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, constando cargo de recepción de la misma fecha a horas 12:23 (Conclusión II.1); cursando, decreto de 3 de igual mes y año, dictado por Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -accionada-disponiendo que el legajo remitido se arrime a sus antecedentes (Conclusión II.2). Teniéndose también informes de 3 de noviembre de 2022 correspondientes a Maribel Calisaya Callizaya, Auxiliar y Anahi Lizett Coronel Claure, Secretaria; ambas del mencionado Juzgado de Sentencia Penal, quienes, en lo pertinente, señalaron que el legajo fue recibido el 1 del indicado mes y año a horas “12:25”, es decir, cinco minutos antes que se retire todo el personal, en virtud de la tolerancia comunicada por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ingresando a despacho el 3 del mismo mes y año en horas de la mañana para ser despachada por la tarde; asimismo, informaron que los abogados o procuradores de la accionante, no se apersonaron para coordinar las cuestiones emergentes del Auto de Vista 766/2022 de 21 de octubre (Conclusiones II.3 y II.4). En contexto y como se tiene precisado precedentemente, la accionante alega que, encontrándose detenida preventivamente dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, pese a que transcurrieron más de veinticuatro horas desde la remisión del legajo de la apelación incidental a su despacho, la Jueza accionada no emitió el decreto ordenando el cumplimiento de las medidas cautelares personales menos gravosas a la detención preventiva dispuestas en su favor por instancia superior, cuando además se intentó coordinar con su personal subalterno la emisión de oficios y otros para el cumplimiento de las mismas, quienes refirieron que los decretos se emiten por orden de llegada, lo que provoca dilación en su cumplimiento, máxime tratándose de una persona perteneciente a un grupo vulnerable. Ahora bien, a partir de los antecedentes procesales antes descritos, se advierte que, el legajo de apelación incidental proveniente -de forma inicial- de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, evidentemente tiene cargo de recepción en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del mencionado departamento, de 1 de noviembre de 2022 a horas 12:23; sin embargo, los informes tanto de la Auxiliar como de la Secretaria del referido Juzgado -no controvertidos-, dan cuenta que el señalado legajo pasó a despacho de la Jueza accionada el 3 del mismo mes y año, fecha en la cual fue emitido el decreto extrañado a horas 18:00. Al respecto, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional establece que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En el marco de este lineamiento constitucional, en el caso de análisis, no se constata que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en la dilación denunciada, puesto que, como se tiene advertido del decreto extrañado, fue emitido dentro del plazo previsto por la normativa penal aplicable, siendo claro el art. 132 del CPP al establecer que, todo juez o tribunal: “Dictará las providencias de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan”, por lo que, no se evidencia la lesión de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad vinculados a la libertad de la accionante, dado que, si bien la dinámica jurisdiccional cuya aceleración es pretendida fue efectuada con posterioridad a la interposición y consecuente citación a la Jueza accionada con esta acción tutelar -lo que imposibilita asumir una eventual insubsistencia de la motivación constitucional-, la misma fue desarrollada dentro del plazo establecido en el precitado precepto procesal penal; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. En el ámbito del examen constitucional efectuado, la pretensión deducida por la peticionante de tutela, en sentido que la Jueza accionada ordene a su personal la entrega de los oficios y mandamientos señalados en el Auto de Vista 766/2022, no puede ser acogida, en razón a que, el contenido sustancial de la reclamación constitucional tiene implicancia con la alegada dilación en la emisión del decreto derivado de la devolución de antecedentes por instancia superior, mismo que como se tiene denotado fue emitido oportunamente, consecuentemente, es a partir de ese despliegue jurisdiccional que la parte procesada debe asumir acción a fin de efectivizar las medidas cautelares personales que le fueran impuestas a través del referido fallo de alzada, no pudiéndose presuponer en una interrelación derivativa que la considerada demora de emisión del referido decreto implique una eventual conducta dilatoria por el personal de apoyo judicial, que pudiese impeler dar curso a tal petitorio. Por otra parte, respecto a la denunciada vulneración del derecho a la defensa y a los principios ético-morales ama qhilla, ama llulla y ama suwa; así como de legalidad y “objetividad”, los mismos fueron mencionados referencialmente sin establecer con precisión donde incidiría su lesión en conexión con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito de protección de esta acción de defensa, por lo que, de igual manera corresponde la denegatoria de la protección tutelar requerida. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con otros fundamentos, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve, CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 14 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0469_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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