Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la seguridad personal; toda vez que: i) Sin una orden de allanamiento, emitida por autoridad competente, los funcionarios policiales codemandados, intervinieron su librería, y sin ser partícipe de los hechos suscitados, junto a otras fue aprehendida, encontrándose detenida, y privada de libertad, más del plazo de ocho horas establecidas, hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (26 de enero de 2022); y, ii) La Fiscal de Materia demandada, mediante imputación formal, le hubiera atribuido delitos, que no se adecuarían de ninguna manera con su accionar; a raíz de lo que, estaría hasta la fecha, indebidamente privada de su libertad. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0469/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46020-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Helming Luis Salazar Sossa en representación sin mandato de Roxana Magin Ugalde Rosales contra Lilian Calderón Mariaca, Fiscal de Materia; Héctor Aquino Huanca, Hortencia Ferrano Quispe, y Juan Carlos Daza Zenteno, Funcionarios Policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Por memorial presentado el 26 de enero de 2022, cursante de fs. 1; y, 2 a 4; la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra y otras, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, y abuso de firma en blanco; el 24 de enero de 2022, a las 16:00, Héctor Aquino Huanca, Hortencia Ferrano Quispe y Juan Carlos Daza Zenteno, funcionarios policiales de la FELCC –ahora codemandados–, conjuntamente con el personal de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), y Jimmy Choquehuanca Choque, Director de la referida institución, se constituyeron a su librería situada en la zona Paraíso, donde se encontraba con Sandra Viviana Vargas Mamani; Notaria de Fe Pública y Maribel Lourdes Vargas Mamani, hermana de la referida, quienes al encontrarles con diferentes formularios, que hasta ese momento desconocía de los mismos; las prenombradas, y ella fueron aprehendidas; sin embargo, que al referirle que solo sería arrestada y después de su declaración la dejarían en libertad, posteriormente le remitieron a las “celdas de Juzgados de El Alto” (sic); y después, imputándole formalmente por los aludidos delitos; mismos que fueron erróneamente tipificados por la Fiscal de Materia –hoy demandada–; porque no se adecuarían de ninguna manera con su accionar; toda vez que, nunca trabajo con la mencionada Notaria; no obstante, si ocupaba una espacio para el ejercicio de su profesión como abogada en la oficina de la citada Notaria. Por los hechos suscitados, fue privada de su libertad, mediante una aprehensión efectuada por los funcionarios de DIRNOPLU, por los presuntos delitos señalados; que conforme al art. 225 del Código de Procedimiento Penal (CPP), implicaría que su arresto solo sea de ocho horas; empero, desde el momento de su aprehensión, transcurrieron treinta horas; por lo que, sus derechos de libertad de circulación y dignidad, fueron vulnerados; puesto que, hasta ese momento se encontraría privada de su libertad, más del tiempo establecido para su arresto.
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la seguridad personal; citando al efecto el art. 21.7; 22, 23.II y III, y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se dispongan su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 23, presentes la accionante, asistida por su abogado, la Fiscal de Materia demandada, los funcionarios policiales codemandados; y, ausente Hortencia Ferrano Quispe –codemandada–; se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela, a través de su abogado defensor, en audiencia, ratificó su memorial de acción tutelar, y ampliándola manifestó que: a) El 24 de enero de 2022, aproximadamente a las 16:00, ingresaron a su domicilio y lugar de trabajo “librería” –ubicada en la zona Paraíso II, calle sin número, frente a la “FACETIPOL” siendo lo correcto FATESCIPOL de la ciudad de El Alto–, miembros de la DIRNOPLU, Nicolás Urquidi Chávez, Jimmy Choquehuanca Choque, y los funcionarios policiales codemandados; sin una orden de allanamiento, emitida por autoridad competente; porque, supuestamente en dicho lugar, se estarían confeccionando contratos y algunos documentos, para el ingreso a la “ex ESBAPOL” (sic); b) Ante dicha intervención, y como propietaria de su librería, tanto los funcionarios de la DIRNOPLU, y los efectivos policiales codemandados, de forma prepotente, y sin entender razones, secuestraron sus computadoras y otros objetos; sin embargo, al aprehender a Sandra Viviana Vargas Mamani, Notaria de Fe Pública, y Maribel Lourdes Vargas Mamani, hermana de la referida; también aprehendida, que además de ser propietaria de la citada librería, no tendría nada que ver con la función pública; y, c) Ante su aprehensión, vulneraron sus derechos constitucionales; al indicarle que solo sería un arresto, y que al realizar su declaración informativa, quedaría libre; empero, fue remitida a celdas del “juzgado de El Alto”, donde se encontraría detenida desde las 18:00 del 24 de enero de 2022, hasta la fecha (27 de igual mes y año); es decir, estaría tres días detenida en celdas judiciales.
Lilian Calderón Mariaca, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: 1) El caso fue atendido por estar de turno, y evidentemente los funcionarios policiales, ante la denuncia realizada por la víctima en DIRNOPLU, intervinieron la librería donde también funcionaba la Notaria de Fe Pública; es así que, sin existir una resolución de atención; sino una acción directa, fueron aprehendidas (Sandra Viviana Vargas Mamani, Maribel Lourdes Vargas Mamani, y la accionante) por haber sido encontradas en flagrancia, en el lugar de los hechos; una cometiendo incumplimiento de deberes, y las otras dos, abuso de firma en blanco y ejercicio indebido de la profesión; además, dicho lugar no estaba destinado para el funcionamiento de la Notaria; misma que, tendría como domicilio frente al “CEIBO”; 2) La impetrante de tutela, refirió que no tenía nada que ver en los hechos suscitados; empero, conforme al cuaderno de investigaciones, se evidencia la flagrancia en la que fueron encontradas las mismas, quienes fueron aprehendidas; 3) No fue un allanamiento de lugar; toda vez que, el mismo sería público, al encontrarse las víctimas para su declaración voluntaria, y donde se cobraban montos exorbitantes para la realización de dichos documentos; 4) La solicitante de tutela, desconoce el principio de subsidiariedad; puesto que, solicitó la aplicación de medidas cautelares contra la referida, mediante una resolución de imputación formal; momento en el cual, podría la misma, intervenir y exponer su fundamento, y luego al contar o no con otro recurso ulterior, interponer la acción de amparo constitucional; por lo que, se vulneró el principio de subsidiariedad; y, 5) La accionante, no demostró cual sería el agravio que habría sufrido; toda vez que, se actuó de manera legítima y legal, al haber sido encontrada en flagrancias; y, teniendo todo el derecho de asumir las acciones que corresponda, más no mediante esta acción tutelar, cuando existen otros recursos pendientes, para hacer valer sus derechos. En su derecho a la réplica; refirió que, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2022, y se puso en su conocimiento el caso a las 23:00 de la citada fecha; y, la Imputación Formal 001/2022, presentó el 25 del referido mes y año, ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz. Juan Carlos Daza Zenteno, Funcionario Policial de la FELCC, mediante informe presentado el 27 de enero de 2022, cursante a fs. 7, refirió que: i) El 24 de igual mes y año, a las 14:00, se constituyó en dependencias de la FELCC, Nicolás Urquidi Chávez, Director Departamental del Notariado La Paz, quien al entrevistarse con el Jefe de División, interpuso una denuncia, por la venta ilegal de formularios notariados en blanco, realizada por Sandra Viviana Vargas Mamani, Notaria de Fe Pública; mismos que, estaban siendo llenados y comercializados a postulantes de FATESCIPOL, en el interior de la librería “EMILY”, de propiedad de la accionante; ii) Ante dicha denuncia, inmediatamente con el personal de la división ECOFIN, se constituyeron a la calle sin nombre, número 1234, esquina Manuel Pando, frente a FATESCIPOL, de la zona Paraíso de la ciudad del El Alto; que al contactarse en el lugar con Jhimmy Choquehuanca Choque, funcionario de la DIRNOPLU, el mismo encontró veinte formularios notariados en blanco, firmados y sellados por la referida Notaria; motivo por el cual, inmediatamente junto al personal especial de escena de crimen, se procedió al secuestro de los mencionados documentos, una Unidad Central de Procesamiento (CPU), y la aprehensión en flagrancia de la aludida Notaria y la accionante, esta última por dar consentimiento y autorización, para la realización del hecho ilícito y antijurídico; iii) Las prenombradas, fueron conducidas a dependencias de la FELCC de El Alto, que haber realizado la acción directa, junto al Jefe de División, dentro de los alcances que establece el art. 293 del CPP, dejaron a las aprehendidas a cargo de Hector Aquino Huanca, y Hortencia Ferrano Quispe, funcionarios policiales de la FELCC; y, iv) Como funcionario policial, realizó la acción directa, por existir un delito flagrante, conforme a los arts. 227.1 y 230 de la CPP; por lo que, no cometió ninguna vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de la parte accionante; y, solicitó de deniegue la tutela impetrada. En audiencia, se ratificó en su informe presentado. Hector Aquino Huanca, y Hortencia Ferrano Quispe, Funcionarios Policiales de la FELCC, mediante informe presentado el 27 de enero de 2022, cursante a fs. 9 y vta., señalaron que: a) Emergente de dichos hechos ilícitos, al ser remitidas las aprehendidas a dependencias de la FELCC de El Alto; las mismas, quedaron a su cargo, y como investigadores adscritos en el presente caso, dentro de los términos que señala el Código de Procedimiento Penal, fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, donde se dispuso la apertura del caso, a cargo de la Fiscal de Materia demandada; b) La presente causa, también tiene una autoridad jurisdiccional, como es el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, donde el Ministerio Público formuló y presentó la imputación formal, en base a los indicios acumulados en la investigación; c) Siendo que la citada autoridad jurisdiccional, contralora de garantías constitucionales, conforme al art. 54 del CPP, y considerando que la impetrante de tutela fue conducida en calidad de aprehendida por determinación del art. 228 del referido Código; en ningún caso, tanto la Fiscal de Materia demandada, como la policía, podrían disponer la libertad de las aprehendidas, que al ser puestas a disposición del aludido Juez, este definirá sus situaciones legales; y, d) En el presente caso, se debería tener presente el carácter subsidiario de la acción de libertad, donde antes de acudir a la vía constitucional, la parte solicitante de tutela, tendría los mecanismos legales en la vía ordinaria; por lo que, ante lo expuesto, solicitaron se deniegue la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 11/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso; se tiene que, la aprehensión realizada en una acción directa el 24 de igual mes y año, a las 18:00, contra la accionante, en la misma fecha a las 23:00, fue puesta en conocimiento del Ministerio Público; por lo que, significaría que ocurrió dentro de las ocho horas; 2) Una vez puesto en conocimiento del Ministerio Público, la presente causa, conforme al art. 303 del CPP, el mismo tenía veinticuatro horas para remitir al juez de control de jurisdiccional; es así que, la Fiscal de Materia demandada, al manifestar que puso en conocimiento de dicha autoridad a las 8:00 del 26 de enero de 2022; y tomando en cuenta que la misma, tuvo conocimiento el 24 de igual mes y año, a las 23:00, el plazo vencía el 25 del aludido mes y año, a las 23:00; empero, siendo que el horario de atención en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sería hasta las 16:30; por lo que, no sería posible presentar a las 23:00, si no corresponde ser presentado a las primeras horas hábiles siguientes; acto que ocurrió de esa manera, al haber sido presentado la Imputación Formal 001/2022, a las 8:00, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, no se tendría vulneración con relación a los términos procesales; además, el juez de control jurisdiccional, tendría otras veinticuatro horas, para determinar la situación procesal; por lo que, no se encontraría lesión de derechos referente al tiempo de duración de la “detención preventiva”; 3) Sobre la intervención sin una orden de allanamiento, o los tipos penales que fue atribuida a la impetrante de tutela; dichos aspectos, deben ser conocidos por el juez de control jurisdiccional; toda vez que, las investigaciones determinarán si evidentemente concurren o no los tipos penales, que provisionalmente fueron imputados a las aprehendidas, entre ellas a la accionante; y, 4) En el presente caso, existiría una imputación formal, presentada ante una autoridad jurisdiccional, que al tener conocimiento la solicitante de tutela de la misma, dicha autoridad, estaría a cargo de velar por las garantías procesales y constitucionales; por lo que, conforme al principio de subsidiariedad, no se ingresó en el fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 24 de enero de 2022, realizado por Juan Carlos Daza Zenteno, funcionario policial de la FELCC de El Alto –ahora codemandado– y otro; por el que, informa que en la citada fecha a las 14:00, ante la denuncia de Nicolás Urquidi Chávez, Director Departamental del Notariado La Paz, se constituyeron a la calle sin nombre, número 1234, esquina Manuel Pando, frente a FATESCIPOL, de la zona Paraíso de la ciudad del El Alto, librería “EMILY” de propiedad de la accionante, que al contactarse en el lugar con Jhimmy Choquehuanca Choque, funcionario de la DIRNOPLU, el mismo advirtió que encontró veinte formularios notariados en blanco, firmados y rubricados por Sandra Viviana Vargas Mamani, Notaria de Fe Pública, y en manos de su hermana; motivo por el cual, inmediatamente junto al personal especial de escena de crimen, se procedió al secuestro de los mencionado documentos, un CPU, y la aprehensión en flagrancia de la aludida Notaria, su hermana y la impetrante de tutela, estas últimas por grado de autoría por los delitos de ejercicio indebido de la profesión (fs. 8 y vta.). II.2. Mediante Resolución de Imputación Formal 001/2022 de 25 de enero, dirigida al Juez de Instrucción Penal de turno de El Alto del departamento de La Paz; la Fiscal de Materia –ahora demandada–, imputó entre otras, a Roxana Magin Ugalde Rosales –hoy accionante–, por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y abuso de firma en blanco, solicitando la detención preventiva de la misma, por cuatros meses (fs. 10 a 13 vta.). II.3. Por escrito de 25 de enero de “2021”, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; la Fiscal de Materia demandada, complementó la Resolución de Imputación Formal 001/2022, atribuyéndole además, a la solicitante de tutela y otra, los delitos de concurso real y complicidad (fs. 14 y vta.).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la seguridad personal; toda vez que: i) Sin una orden de allanamiento, emitida por autoridad competente, los funcionarios policiales codemandados, intervinieron su librería, y sin ser partícipe de los hechos suscitados, junto a otras fue aprehendida, encontrándose detenida, y privada de libertad, más del plazo de ocho horas establecidas, hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (26 de enero de 2022); y, ii) La Fiscal de Materia demandada, mediante imputación formal, le hubiera atribuido delitos, que no se adecuarían de ninguna manera con su accionar; a raíz de lo que, estaría hasta la fecha, indebidamente privada de su libertad. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0944/2019-S4 de 22 de octubre, señaló lo siguiente: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de éste derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías. Sobre el principio de subsidiariedad excepcional del hábeas corpus –ahora acción de libertad– la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, concluyó lo siguiente: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’. En el mismo sentido, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, referido a la acción de libertad determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicasʼ.
De lo expresado, se infiere que si bien la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de existir medios procesales específicos tendientes a su defensa que sean idóneos y oportunos, para restituir el derecho a la libertad, la persecución o procesamiento indebido, corresponde ser utilizados antes de activar esta acción de defensa; lo que implica que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad, debe inexcusablemente, con carácter previo, activar estos medios de impugnación antes de acudir a la tutela constitucional” (las negrillas son del texto original).
Al respecto la SCP 1309/2022-S4 de 26 de septiembre, haciendo alusión a la SCP 1888/2013, de 29 de octubre, señaló lo siguiente: “Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que ‘…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria’. Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que ‘i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito’. La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: ‘1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. En consecuencia se concluye que la acción de libertad es la garantía constitucionalmente establecida, a través de la cual el accionante puede impetrar de manera inmediata la concesión de tutela, de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección, sin embargo, para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla con su objeto, es necesario tener presente que antes de plantearla, se debe agotar instancia ante la autoridad jurisdiccional que ejerce control en el caso” (las negrillas corresponden al texto original).
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la seguridad personal; toda vez que: a) Sin una orden de allanamiento, emitida por autoridad competente, los funcionarios policiales codemandados, intervinieron su librería, y sin ser partícipe de los hechos suscitados, junto a otras fue aprehendida, encontrándose detenida, y privada de libertad, más del plazo de ocho horas establecidas, hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (26 de enero de 2022); y, b) La Fiscal de Materia demandada, mediante imputación formal, le hubiera atribuido delitos, que no se adecuarían de ninguna manera con su accionar; a raíz de lo que, estaría hasta la fecha, indebidamente privada de su libertad.
Precisada la problemática planteada, del desarrollo efectuado en Conclusiones del presente fallo constitucional, y lo manifestado por las partes procesales en la audiencia de esta acción tutelar; se tiene que, según Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 24 de enero de 2022, realizado por Juan Carlos Daza Zenteno, funcionario policial de la FELCC de El Alto –ahora codemandado– y otro; en la citada fecha a las 14:00, ante la denuncia de Nicolás Urquidi Chávez, Director Departamental del Notariado La Paz, se constituyeron a la calle sin nombre, número 1234, esquina Manuel Pando, frente a FATESCIPOL, de la zona Paraíso de la ciudad del El Alto, librería “EMILY” de propiedad de Roxana Magin Ugalde Rosales –ahora accionante–, que al contactarse en el lugar con Jhimmy Choquehuanca Choque, funcionario de DIRNOPLU, el mismo advirtió que se encontró veinte formularios notariados en blanco, firmados y rubricados por Sandra Viviana Vargas Mamani, Notaria de Fe Pública, y en manos de su hermana; motivo por el cual, inmediatamente junto al personal especial de escena de crimen, se procedió al secuestro de los mencionados documentos, un CPU, y la aprehensión en flagrancia de la aludida Notaria, su hermana y la impetrante de tutela, estas últimas por grado de autoría por los delitos de ejercicio indebido de la profesión; motivo por el cual, mediante Resolución de Imputación Formal 001/2022 de 25 de enero, dirigida al Juez de Instrucción Penal de turno de El Alto del departamento de La Paz; la Fiscal de Materia –ahora demandada–, imputó entre otras, a la solicitante de tutela, por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y abuso de firma en blanco, solicitando la detención preventiva de la misma, por cuatros meses; y, por escrito de 25 de enero de “2021”, dirigida al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; la Fiscal de Materia demandada, complementó la Resolución de Imputación Formal 001/2022, atribuyéndole además, a la accionante y otra, los delitos de concurso real y complicidad (Conclusiones II.1, II.2, y II.3).
Ahora bien, considerando que en el caso presente, la impetrante de tutela denuncia la actuación, por un lado, de los funcionarios policiales de la FELCC –ahora codemandados–, que sin una orden de allanamiento, emitida por autoridad competente, intervinieron su librería, y sin ser partícipe de los hechos suscitados, junto a otras fue aprehendida; de lo cual, estaría detenida, y privada de libertad, más del plazo de ocho horas establecidas, hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (26 de enero de 2022); y, por otro, que la Fiscal de Materia demandada, mediante imputación formal, hubiera atribuido delitos, que no se adecuarían de ninguna manera con su accionar, provocando que se encontraría indebida e ilegalmente aprehendida; al respecto, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuyos fundamentos establece que, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; y, cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el solicitante de tutela, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional; es decir, tanto los funcionarios policiales, como la Fiscal de Materia –ahora demandados–, cada quien en su informe, adujeron que el presente caso, estaba bajo el conocimiento del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; extremo corroborado por la Resolución de Imputación Formal 001/2022, y escrito de 25 de enero de “2021”, de complementación, dirigida a dicha autoridad; misma que, es la encargada de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y de la actuación, no solo de los efectivos policiales codemandados, si no del representante del Ministerio Público, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, ello en el marco de lo previsto en los arts. 54.1 y 279 del CPP; bajo ese entendido, es a dicha autoridad judicial a la que corresponde resolver las cuestiones que devengan en la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso penal, resolviendo las mismas conforme a derecho, y solo en caso de persistir esas lesiones, recién quedará expedita la vía constitucional. Por lo que, la accionante, sin considerar que al momento de presentar la merituada acción tutelar, ya contaba con control jurisdiccional; activando de forma directa esta jurisdicción constitucional, para denunciar los actos de las autoridades demandadas que consideraba lesivos a sus derechos; e, inobservó el principio de subsidiariedad, cuando le correspondía con carácter previo agotar los mecanismos y recursos intraprocesales existentes e idóneos en la vía ordinaria, acudiendo a dicha autoridad judicial contralora de derechos fundamentales y garantías constitucionales en la fase en la que se encuentra la tramitación del proceso penal seguido en su contra, que en el caso concreto, se tiene debidamente identificada, para reclamar ante ésta los hechos ahora denunciados, conforme se extrae de la aseveración de los funcionarios policiales y la autoridad fiscal demandada, mediante informe y en audiencia de esta acción tutelar, y no controvertida por el impetrante de tutela. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada, por cuanto los actos arbitrarios alegados por la solicitante de tutela, en lo que hubiesen incurrido, los efectivos policiales de la FELCCC y la autoridad fiscal hoy demandados, debieron ser de previo conocimiento de la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional de la causa, en atención al principio de subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de libertad; en consecuencia, al no haber obrado de esa manera, este Tribunal se encuentra impedido de poder ingresar al análisis de la problemática planteada.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes y de los alcances de la presente acción de defensa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0469_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 96ef0a854e842bdbc648d3536fdb96ce781345d4c5e095c6b61a55b7b68f3d25
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