B.IA.LEGAL

SCP 0469/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45370-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, reclama que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión de “ilícitos de orden público”, estando bajo la aplicación de medida cautelar de detención preventiva en mérito a la Resolución 379/2017 de 2 de diciembre, los Jueces accionados, omitieron cumplir lo determinado por la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la cual establece que dentro del plazo de quince días calendario posteriores a su entrada en vigencia, los Jueces de oficio deben conminar al Fiscal del caso, a la víctima y los coadyuvantes si existieran, para que dentro del plazo de noventa días calendario siguientes se pronuncien, sobre la necesidad de mantener dicha medida cautelar o disponer su cesación, por lo que en su caso no existe un pronunciamiento sobre la -necesidad-de mantener la medida extrema que sufre; además, la mencionada Ley estableció que las causas que contaban con acusación de forma anterior a su entrada en vigor, debían concluir en el plazo de nueve meses, situación que tampoco ocurrió, por lo que se está prolongando indebidamente su detención fuera de los marcos legales y procedimentales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 305/2021 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Llamar la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 precedente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0469/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45370-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 305/2021 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Ticona Tamayo contra Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 8 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue imputado por la comisión de ilícitos de orden público, a emergencia de ello mediante Resolución 379/2017 de 2 de diciembre, se determinó su detención preventiva por la concurrencia de riesgos de fuga y de obstaculización; posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, el Ministerio Público presentó acusación formal que fue remitida ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conformado por los Jueces ahora accionados, quienes una vez radicada la causa, no dieron cumplimiento a lo determinado por la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -modificada por la Ley 1226-, normativa que a su vez establece que las causas que ya contaban con acusación de forma anterior a su vigencia, debían culminar en el plazo de nueve meses, bajo responsabilidad disciplinaria como penal; sin embargo, en su caso no se dictó sentencia, mucho menos existe un pronunciamiento sobre -la necesidad de- mantener la medida extrema que sufre conforme los alcances de la Disposición Transitoria mencionada, por lo que se está prolongando indebidamente su detención preventiva fuera de los marcos legales y procedimentales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, no identifica el derecho que considera lesionado, ni la disposición constitucional que estima infringida; sin embargo, tomando en cuenta lo alegado en su memorial de presentación de esta acción tutelar, se establece que su reclamación está relacionada al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad.

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada y consecuentemente se ordene a los Jueces accionados dispongan su inmediata libertad, por haberse demostrado que la medida cautelar que sufre ha superado el plazo establecido por la norma.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 18, presente el peticionante de tutela acompañado de su abogado y ausentes las autoridades accionadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar y ampliando en audiencia manifestó lo siguiente: a) La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres no está sujeta a una aplicación subjetiva de las autoridades jurisdiccionales, pues en su disposición transitoria “2da” establece que: ‘“…Juicios orales en curso, las causas de ha momento de la vigencia plena de esta Ley se encuentra en audiencia de juicio oral o en curso sea en Tribunales o Juzgados de Sentencia continuarán tramitándose ante los mismos Tribunales o Juzgados debiendo ser concluidas bajo responsabilidad disciplinaria o penal dentro del plazo máximo de 9 meses siguientes desde la vigencia plena de la presente ley…”’ (sic), y conforme a esa disposición transitoria también se reformó el sistema de medidas cautelares en lo que concierne a la revisabilidad bajo el principio de jurisdiccionalidad, que debe ser realizada de forma periódica en función a los principios de excepcionalidad, instrumentalidad, necesidad y revisabilidad; sin embargo, en el caso existe “ausencia periódica” y falta de control jurisdiccional de los Jueces accionados; en ese contexto, presenta como prueba el Certificado de Permanencia y Conducta 2026/2021, donde se establece que está detenido desde el 4 de diciembre de 2017, por la presunta comisión del delito de “homicidio y suicidio”, si bien en un principio se emitió acusación por el delito de feminicidio, el mismo fue anulado, permaneciendo recluido al 8 de octubre de 2021, un tiempo de tres años, diez meses y cuatro días, elemento sustancial para aplicar el test de razonabilidad en observancia a la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente a que la prisión preventiva únicamente puede ser limitativa y no prolongada en uso y abuso de la Ley; b) Mediante esta acción tutelar, reclama una detención prolongada fuera de los marcos legales, no habiendo sido aplicadas en su favor las disposiciones transitorias de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, específicamente la Disposición Transitoria Decima Segunda, que determina la conminatoria al Ministerio Público y a la parte querellante, para que dentro del plazo de noventa días calendario se pronuncien sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, de solicitarse la continuidad de la detención deberá establecerse el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar, si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad del Fiscal asignado; y, c) Conforme al Informe Social con Cite 141/2021 de 11 de noviembre, emitido por el área de trabajo social del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, se encuentra en la sección “Posta 12” y que desde el inicio daba clases de gimnasio, realizaba la limpieza de celdas de sus compañeros, apoyaba en la cocina y actualmente trabaja como jefe de seguridad de la sección “Posta” con un ingreso mínimo destinado al bienestar de su esposa que está desempleada, alimentación complementaria, así como material de aseo. Consecuentemente, existiendo una prolongación de su detención preventiva sin que cuente con sentencia, ante la inobservancia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, solicita se le conceda la tutela y se ordene a los Jueces accionados, que en el plazo de setenta y dos horas emitan una resolución tomando en cuenta los principios que rigen las medidas cautelares y apliquen los alcances del art. 231 bis -del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, modificado por la mencionada Ley, considerando otras medidas que pueden cumplir la misma finalidad que la detención preventiva.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Omar Dante Rocabado Imaña y Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 11 y vta., manifestaron lo siguiente: 1) El 4 de diciembre de 2020, se dictó Auto de radicatoria dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de homicidio-suicidio y allanamiento de domicilio y sus dependencias, previstos y sancionados por los arts. 256 y 198 -siendo lo correcto 298- del Código Penal (CP), y según la acusación particular por los delitos de feminicidio y robo, previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1 y 331 del citado Código, cumplidos los trámites de ley se dictó auto de apertura de juicio oral, señalándose audiencia de juicio para el “…30 de noviembre a horas 14:00…” (sic); y, 2) El peticionante de tutela, reclama que el Tribunal que conforman no hubiere adecuado sus actuaciones a lo establecido por el art. 239.2 y 3 del CPP; bajo ese entendido, si bien el Ministerio Público acusa al prenombrado por la supuesta comisión de los delitos de homicidio-suicidio y allanamiento de domicilio o sus dependencias; sin embargo, la progenitora de la víctima presentó acusación particular por los delitos de feminicidio y robo, por lo que en el caso se debe tomar en cuenta lo establecido en el numeral 3 del indicado artículo, el cual establece que la detención -preventiva- cesará cuando la duración exceda de doce meses sin que se hubiere dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio y asesinato, por lo que al haber la acusadora particular atribuido al accionante el delito de feminicidio no corresponde la cesación de la detención preventiva. Con tales argumentos solicitaron se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 305/2021 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela solicitada; sin embargo, recomendó a los Jueces accionados puedan convocar a audiencia para verificar la pertinencia, necesidad y proporcionalidad en cuanto a mantener la detención preventiva; asimismo se le dé al impetrante de tutela la oportunidad de saber cuál será su situación jurídica, ya que las personas detenidas se rigen por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, teniendo fecha y día para que se resuelva su situación jurídica; decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela, está privado de su libertad en mérito a la Resolución 379/2017, permaneciendo en esa condición hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, cerca de cuatro años; por otro lado, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres fue promulgada el 3 de mayo de 2019, en cuya Disposición Transitoria Decima Segunda, claramente estableció la conminatoria al Ministerio Público y la parte querellante dentro del plazo de quince días calendario desde su entrada en vigencia, para que dentro de los noventa días calendario se pronuncien sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, también señala que en caso de solicitarse su continuidad, debe establecerse el plazo de su duración y los actos investigativos a realizarse, correspondiendo al Juez fijar un plazo atendiendo la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento, si vencido el plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva bajo responsabilidad del Fiscal asignado al caso; ii) De la revisión de antecedentes, se establece que la Resolución 3/2020 de 13 de enero, no cumple en su art. 233 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, referido al plazo de la duración de la detención preventiva, porque es lógico que en la audiencia de cesación de la misma seguramente no se desvirtuaron los riesgos procesales, pero también la referida norma procesal señala que el plazo de dicha medida cautelar puede ser ampliado a petición fundada del Fiscal cuando exista complejidad del caso y por la querellante cuando existan actos investigativos solicitados oportunamente al Fiscal y no respondidos por este; iii) El accionante, reclama que no está debidamente juzgado porque no se ha cumplido la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, ya que no tuvo un juzgamiento igual que otros casos, donde los Jueces y Tribunales en su resolución de rechazo de la cesación de la detención preventiva señalan audiencia para la revisión de la situación jurídica, extremo que no aconteció desde el 2020; en ese entendido, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se tiene el control establecido por la mencionada Disposición Transitoria, entonces esta acción de libertad se adecuaría a la modalidad de pronto despacho que permite realizar recomendaciones en cuanto a la proporcionalidad del plazo de las investigaciones solicitada por el Ministerio Público; iv) El impetrante de tutela, se ve limitado de ejercer la normativa bajo el principio de legalidad, por ello se debe considerar que el tiempo que solicita el Ministerio Público es justamente para investigar y el investigado no pueda darse a la fuga o entorpecer los actos investigativos, pero en el caso analizado el proceso ya cuenta con acusación, lo que implica que los actos investigativos están concluidos, debiendo tomarse en cuenta la proporcionalidad de restricción de los derechos en la aplicación de la medida cautelar, en la medida que sea menos gravosa para el encausado y pueda garantizar su presencia en todos los actos de juicio, todo esto en observancia a la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; y, v) Se establece la prórroga innecesaria de la detención preventiva, porque en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, se verificó que -el proceso- fue radicado el 2020, lo que implica que el peticionante de tutela estaría indebida e ilegalmente procesado, pero no ha cumplido con el principio de subsidiariedad.

Seguidamente, el accionante a través de su abogado, solicitó se complemente y enmiende la resolución emitida, respecto a los principios de instrumentalidad, temporalidad y necesidad de las medidas cautelares, considerando que el Juez de garantías advirtió una detención prolongada, esto a efectos de hacer valer ante instancias correspondientes.

Al efecto, el Juez de garantías precisó que en la parte dispositiva de la resolución emitida, claramente se señaló que se están vulnerado los derechos y garantías del impetrante de tutela, porque el mismo no tiene certeza, al igual que los demás privados de libertad, no tiene una fecha para que se pueda revisar su situación jurídica, por ello es que se ha mencionado los principios de necesidad, proporcionalidad e instrumentalidad, y que se señale día y hora para resolver su situación jurídica y que la misma sea resuelta conforme la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, porque la misma prohíbe la detención preventiva innecesaria y prolongada, además se señaló que la causa radicó ante el “Tribunal de Sentencia” el 2020 extrañándose en ese contexto la necesidad y la proporcionalidad; con tales argumentos, declaró no ha lugar la complementación y enmienda solicitada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. No se aparejó al expediente constitucional ninguna documentación como elemento probatorio, tampoco los antecedentes del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela; por lo que, la presente acción tutelar será resuelta en consideración a las exposiciones realizadas por el accionante, las autoridades accionadas y lo resuelto por el Juez de garantías, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, reclama que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la comisión de “ilícitos de orden público”, estando bajo la aplicación de medida cautelar de detención preventiva en mérito a la Resolución 379/2017 de 2 de diciembre, los Jueces accionados, omitieron cumplir lo determinado por la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la cual establece que dentro del plazo de quince días calendario posteriores a su entrada en vigencia, los Jueces de oficio deben conminar al Fiscal del caso, a la víctima y los coadyuvantes si existieran, para que dentro del plazo de noventa días calendario siguientes se pronuncien, sobre la necesidad de mantener dicha medida cautelar o disponer su cesación, por lo que en su caso no existe un pronunciamiento sobre la -necesidad-de mantener la medida extrema que sufre; además, la mencionada Ley estableció que las causas que contaban con acusación de forma anterior a su entrada en vigor, debían concluir en el plazo de nueve meses, situación que tampoco ocurrió, por lo que se está prolongando indebidamente su detención fuera de los marcos legales y procedimentales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales establecidos sobre el particular, señaló que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas son del texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Como se tiene precisado ut supra, el peticionante de tutela, reclama que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la comisión de “ilícitos de orden público”, estando bajo la aplicación de medida cautelar de detención preventiva en mérito a la Resolución 379/2017 de 2 de diciembre, los Jueces accionados, omitieron cumplir lo determinado por la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la cual establece que dentro del plazo de quince días calendario posteriores a su entrada en vigencia, los Jueces de oficio deben conminar al Fiscal del caso , a la víctima y los coadyuvantes si existieran, para que dentro del plazo de noventa días calendario siguientes se pronuncien, sobre la necesidad de mantener dicha medida cautelar o disponer su cesación, por lo que en su caso no existe un pronunciamiento sobre la -necesidad- de mantener la medida extrema que sufre; además, la mencionada Ley estableció que las causas que contaban con acusación de forma anterior a su entrada en vigor, deben concluir en el plazo de nueve meses, situación que tampoco ocurrió, por lo que se está prolongando indebidamente su detención fuera de los marcos legales y procedimentales.

Identificado el objeto procesal de ésta acción tutelar, corresponde contextualizar los antecedentes de los cuales deviene la problemática planteada; en ese entendido, de lo expuesto por el accionante, lo informado por los Jueces accionados y lo descrito por el Juez de garantías en su resolución, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de homicidio-suicidio y allanamiento de domicilio y sus dependencias, previstos y sancionados por los arts. 256 y 298 del CP -según la acusación fiscal-, y los delitos de feminicidio y robo previstos y sancionados por los arts. 252 bis.1 y 331 del citado Código sustantivo -conforme la acusación particular-, causa dentro la cual, mediante Resolución 379/2017, se determinó como medida cautelar personal su detención preventiva, posteriormente el Ministerio Público el 21 de septiembre de 2020, hubiere presentado acusación formal, remitiéndose la misma ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, conformado por los Jueces accionados, instancia colegiada que, luego de radicar la acusación y notificar a los sujetos procesales para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, hubiere dictado Auto de Apertura de Juicio, señalándose audiencia de juicio oral para el “…30 de noviembre a horas 14:00…” (sic).

Bajo tales antecedentes, el peticionante de tutela activó esta acción tutelar denunciando una indebida prolongación de su detención preventiva, fuera de los marcos legales y procedimentales, ya que los Jueces accionados no hubieren conminado al Ministerio Público y la parte acusadora particular en sujeción de la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, a objeto de que se pronuncien sobre la necesidad de mantener su detención preventiva o disponer su cesación, con la agravante de que además hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa tampoco cuenta con sentencia condenatoria, cuando la mencionada Ley -en su Disposición Transitoria Segunda-, estableció que las causas que al momento de su vigencia plena, se encuentren con acusación, sea en Tribunales o Juzgados de Sentencia, continuarán tramitándose ante los mismos Tribunales o Juzgados, debiendo ser concluidas, bajo responsabilidad disciplinaria o penal, dentro del plazo máximo de los nueve meses siguientes.

Al respecto, corresponde referir que conforme el lineamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no es posible acudir de manera directa a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, en procura del restablecimiento de aspectos que no fueron denunciados en la instancia ordinaria donde se tramita la causa y dentro de la cual supuestamente se generó la presunta acción u omisión considerada de lesiva a los derechos que resguarda esta acción de defensa, ya que se requiere el agotamiento previo de los medios de defensa idóneos, eficaces y oportunos establecidos por la norma procesal ordinaria con la cual se tramita el proceso judicial, aperturándose la competencia de la jurisdicción constitucional, sólo en caso de no haberse producido la restitución de los derechos y garantías afectados con las actuaciones u omisiones denunciadas, pese al agotamiento de los medios intraprocesales.

En ese contexto, tomando en cuenta que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante ya cuenta con acusación fiscal y particular, encontrándose en etapa de juicio oral; el impetrante de tutela, de considerar que en esa etapa procesal corresponde la aplicación de lo previsto por la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la cual prevé: “(CONMINATORIA AL MINISTERIO PÚBLICO). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales. En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante. En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente. Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso” (el énfasis es añadido), así como de estimar que los Jueces accionados incurrieron en un incumplimiento de dicha previsión legal, derivando en una supuesta indebida privación de libertad situación por el hecho de que tampoco cuenta con sentencia en su contra pese de estar superado el plazo establecido por la Disposición Transitoria Segunda de la mencionada Ley, tenía expedita la posibilidad de acudir ante dichas autoridades reclamando esta situación, para que los mismos en el marco del control jurisdiccional que les incumbe en su condición de directores del proceso, asuman la decisión que corresponda vinculada al régimen de medidas cautelares personales.

Sin embargo, contrario a ello, el peticionante de tutela decidió activar de forma directa la presente acción de libertad, alegando una acción omisiva del debido proceso con afectación a su derecho a la libertad por su condición de detenido preventivo, pretendiendo que este Tribunal asumiendo por cierto el incumplimiento de la mencionada Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -en sus Disposiciones Transitorias identificadas-, ordene a los Jueces accionados emitan resolución disponiendo su libertad -dice- por haberse demostrado que la medida cautelar que sufre ha superado el plazo establecido por la norma, y se le aplique otras medidas previstas por el art. 231 bis del CPP que cumplan igual finalidad que la detención preventiva; cuando la verificación de las circunstancias fáctico-jurídico-procesales que puedan derivar en la modificación o cesación de las medidas cautelares personales aplicadas en el marco de un proceso penal, es una atribución inherente a la labor propia de la autoridad judicial que se encuentre en conocimiento de la causa, y está sujeto a un despliegue en sede ordinaria, acorde al marco procedimental de la materia, y en específico del régimen de medidas cautelares, no pudiendo pretender el accionante que la justicia constitucional supla esa tarea, pues es en la instancia judicial, es decir, intraproceso penal, donde se debe definir si resulta evidente el vencimiento de plazos procesales que deriven en la cesación de su detención preventiva, en base a los elementos fácticos concurrentes en el caso, etapa probatoria amplia y aplicación de la norma al caso particular.

Consecuentemente, al no haber el impetrante de tutela acudido previamente ante el Tribunal de Sentencia Penal donde se está sustanciando el proceso penal que se le sigue, reclamando los aspectos expuestos en esta acción de defensa, se debe aplicar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en el contexto del razonamiento desarrollado por la jurisprudencia y que se encuentra glosado en el Fundamento Jurídico III.1, lo que deviene en que se deba denegar la tutela solicitada.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la presente acción tutelar, este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre la actuación del Juez de garantías, advirtiéndose los siguientes aspectos:

a) Si bien en la Resolución 305/2021 de 15 de noviembre se denegó la tutela por subsidiariedad; sin embargo, el Juez de garantías decidió exhortar a los Jueces accionados a que convoquen a audiencia para revisar la situación jurídica del peticionante de tutela, forma de resolución que deviene de un trabajo intelectivo contradictorio realizado por dicha autoridad en la citada Resolución, por cuanto en la misma emitiendo un criterio de fondo de la problemática planteada concluyó que dentro del proceso penal seguido contra el accionante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no existiría el control establecido por la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, por lo que la presente acción de defensa se adecuaría a la modalidad de pronto despacho que permite realizar recomendaciones en cuanto a la proporcionalidad del plazo de la investigación solicitada por el Ministerio Público, pues la causa seguida contra el impetrante de tutela ya cuenta con acusación lo que implica que los actos investigativos están concluidos, debiendo tomarse en cuenta -señaló la autoridad de garantías- la proporcionalidad de restricción de derechos en aplicación de medidas cautelares, concluyendo que el peticionante de tutela estaría indebida e ilegalmente procesado; de donde se advierte, que no existe concordancia entre la parte considerativa y dispositiva de la mencionada resolución, siendo que la denegatoria de tutela descansa en el escueto argumento que “…el ahora imputado estuviese indebida e ilegalmente procesado pero de ello no se han cumplido con los principios de subsidiariedad” (sic), no obstante de forma contradictoria a tal afirmación los argumentos precedentes esbozados por dicha autoridad versan sobre el fondo de la reclamación y sirven de sustento a la exhortación realizada, no habiendo tomado en cuenta el Juez de garantías, que de concurrir en el caso la inobservancia de la excepcional subsidiariedad, resulta un contrasentido exponer argumentos donde implícitamente se da mérito a la reclamación del accionante en sede constitucional, contradicción que se hace más evidente, cuando el nombrado Juez a tiempo de responder a la solicitud de complementación y enmienda por el impetrante de tutela, manifestó que: “…se aclara al accionante que en el por tanto, en la parte dispositiva claramente se ha señalado que se están vulnerando los derechos y garantías de Rolando Ticona Tamayo toda vez que el mismo no tiene certeza al igual que todos los privados de libertad no tiene una fecha, un día a efectos de que se pueda resolver su situación jurídica por ello es que se ha mencionado bajo los principios de necesidad, proporcionalidad instrumentalidad que señalen de oficio día y hora para resolver la situación jurídica y que la misma se resuelva conforme a la Ley 1173…” (sic); consecuentemente, el Juez de garantías incumplió el principio procesal de motivación establecido por el art. 3.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que obliga a fundamentar y argumentar un fallo constitucional de forma jurídicamente razonable, debiendo en ese contexto la resolución guardar coherencia interna y externa; b) Conforme se tiene del acta de la presente acción de defensa, la Secretaría del Juzgado de garantías informó que los Jueces del Tribunal accionado, a más de su informe, remitieron el cuaderno “de control jurisdiccional”, entendiéndose que es sobre la base de dicha documental que el Juez de garantías se pronunció; sin embargo, a momento de la remisión del legajo ante esta instancia constitucional, no se adjuntó documental alguna inherente al reclamo constitucional y el proceso penal de origen, siendo que la norma prevista por el art. 38 del CPCo, establece que la resolución y antecedentes de la acción de defensa se elevará de oficio, en revisión ante este Tribunal, lo que no ocurrió en el presente caso y que eventualmente pudo ocasionar una dilación indebida si es que hubiese sido necesario solicitar documentación para resolver la presente acción; empero, al estarse denegando la tutela solicitada por una cuestión procesal sin ingresar al fondo, por economía y celeridad procesal, no se procedió con dicha solicitud, lo cual no inhibe de llamar la atención al Juez de garantías sobre el citado incumplimiento de la norma procesal; y, c) Habiendo sido resuelta esta acción de defensa el 15 de noviembre de 2021, los antecedentes de la misma recién fueron remitidos ante este Tribunal el 24 de enero de 2022, conforme se puede colegir de fs. 23 del expediente constitucional, lo que demuestra un evidente incumplimiento del art. 126.IV de la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé: “…la decisión se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de veinticuatro horas siguientes a su emisión” (el énfasis es agregado). Por lo expuesto, corresponde llamar la atención al Juez de garantías, por inobservancia del debido proceso en acciones de defensa, al no haber cumplido las normas y plazos procesales inherentes a la tramitación y resolución de procesos constitucionales. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 305/2021 de 15 de noviembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, y con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

2° Llamar la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 precedente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0469_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): acb1eed0253adddd70484f9d3f39fca8a0fde16d8899c92afdb6ff9f1f484ca8

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