Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho a la libertad personal, alegando ser objeto de una persecución indebida, en razón a que: i) El Juez codemandado omitió pronunciarse sobre la concesión del perdón judicial previsto en el art. 368 del CPP, pese a que dicha solicitud fue formulada de manera expresa durante la audiencia de juicio oral de 1 de junio de 2022; asimismo, emitió mandamientos de condena en su contra, inobservando la prohibición contenida en el art. 232.I.1 del citado cuerpo normativo; y, ii) El Juez demandado emitió mandamientos de captura en su contra con errores de carácter formal, con la finalidad de hacer efectiva la condena de privación de libertad impuesta mediante Sentencia 27/2022. Ante ello, el Juez demandado sostiene que los mandamientos de captura cuestionados por los impetrantes de tutela fueron emitidos en cumplimiento de la Sentencia 27/2022, observando todas las formalidades legales exigidas. Asimismo, si bien los prenombrados solicitaron el beneficio del perdón judicial, no dio curso a dicha petición por considerar que carecía de competencia para resolverla. Ante ello, el Juez codemandado refiere que, los accionantes no aportaron, en su oportunidad, documentación idónea que acredite que la condena impuesta constituía la primera en su contra, presupuesto necesario para la eventual concesión del perdón judicial; además, no resulta aplicable el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Irene Viviana Alanoca Acapari, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54829-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juanito Quiuchaca y Gonzalo Paucara Landaviri contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto; y, Óscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi, ambos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 13 a 15, los accionantes manifestaron lo siguiente:
En audiencia de 1 de junio de 2022, Óscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz -ahora codemandado-, dictó la Sentencia 27/2022 de la misma fecha, declarándolos culpables de la comisión del delito de daño simple y condenándolos a cumplir una pena privativa de libertad de un año para Juanito Quiuchaca y seis meses para Gonzalo Paucara Landaviri; por lo que, en atención al art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitaron verbalmente el beneficio del perdón judicial; no obstante, la indicada autoridad judicial no se pronunció al respecto, al igual que en la audiencia de lectura de dicho fallo de 23 de igual mes y año.
Habiéndose ejecutoriado aquella Sentencia, no fueron notificados con ningún mandamiento de condena; sin embargo, el 10 de febrero de 2023, se enteraron que Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, el 25 de octubre de 2022, emitió mandamientos de captura en su contra, a objeto de hacer efectiva la condena a la que fueron impuestos, en los cuales se consignó erróneamente al Ministerio Público como parte acusadora, sin considerar que esa repartición no fue parte del proceso penal, porque el mismo fue instaurado por la comisión de un delito de acción privada; además, la indicada autoridad judicial no tomó en cuenta que el Juez codemandado que dictó la Sentencia omitió aplicar el art. 368 del CPP, que le obliga a conceder el perdón judicial cuando la pena no excede los dos años de privación de libertad, pese a que le solicitaron expresamente; en ese sentido, se encuentran indebidamente perseguidos.
Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad personal, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene: a) Dejar sin efecto los mandamientos de captura de 25 de octubre de 2022 emitidos en su contra por el Juez demandado, b) El cese de la persecución indebida; y, c) Disponer el perdón judicial en su favor, conforme lo establecido en el art. 368 del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 47, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia de garantías, manifestaron que: 1) El 22 de febrero de 2023, solicitaron al Juez demandado fotocopias legalizadas de los antecedentes, a objeto de interponer la acción de libertad, debido a que en los mandamientos de condena se consignó erróneamente al Ministerio Público como parte acusadora en el proceso penal de referencia; a ese efecto, la citada autoridad judicial, mediante providencia de 23 del mismo mes y año, dispuso la corrección de dicha observación, dejó sin efecto los indicados mandamientos y ordenó la emisión de otros; no obstante, aquella determinación fue “situada” en el expediente antes del indicado memorial, alterando de esa forma la secuencia de los actuados procesales; 2) El Juez codemandado cometió una torpeza al emitir y remitir el mandamiento de condena ante el Juez demandado, sin antes haber resuelto su solicitud de perdón judicial; y, 3) El art. 232 -I.1- del CPP, establece la improcedencia de la detención preventiva en procesos penales por la presunta comisión de delitos de acción penal privada; no obstante, a pesar de esa prohibición, el precitado Juez demandado emitió el mandamiento de condena en su contra, sin considerar que fueron sentenciados por la comisión del delito de daño simple.
Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 35 a 36, refirió que: i) El 14 de octubre de 2022, recibió del Juez codemandado los antecedentes de control de sentencia de los accionantes, consistentes en la Sentencia 27/2022 y los mandamientos de condena; en ese sentido, mediante providencia de 17 del mismo mes y año, dispuso la radicatoria de dichos antecedentes y la emisión de los mandamientos de captura, para hacer efectivo el cumplimiento de la pena impuesta; ii) El 13 de febrero de 2023, los impetrantes de tutela presentaron su solicitud de perdón judicial; no obstante, dicha petición fue rechazada, debido a que carecía de competencia para sustanciar ese tipo de beneficio excarcelario; y, iii) Advertido de la errónea consignación del Ministerio Público como parte acusadora, en la providencia de radicatoria y los mandamientos de captura, mediante providencia de 23 de igual mes y año, corrigió dicho dato, señalándose a la acusadora particular; además, dispuso la emisión de otros con la corrección señalada, los cuales fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto para su cumplimiento. Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, informó que: a) A la conclusión de la última audiencia de juicio oral de 1 de junio de 2022, donde dio lectura a la parte resolutiva de la Sentencia 27/2022, que dispuso la pena privativa de libertad de los accionantes, el abogado de los prenombrados solicitó la aplicación del benefició del perdón judicial; no obstante, dicha petición fue rechazada porque no presentaron documentación alguna para acreditar la condición exigida en el art. 368 del CPP; es decir, que se trataba de una primera condena; y, b) No es posible aplicar la previsión contenida en el art. 232 del referido Código, debido a que los peticionantes de tutela no fueron detenidos preventivamente.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 23/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 51, denegó la tutela impetrada, con base los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes, a tiempo de solicitar el perdón judicial, no presentaron documentación para acreditar que se trataba del primer delito en el que incursionaban, por lo que incumplieron uno de los requisitos exigidos en el art. 368 del CPP; en ese sentido, no fue evidente la denuncia de indebida persecución, pues los mandamientos de captura emitidos en su contra tenían por objeto el cumplimiento de la Sentencia 27/2022; además, habiéndose en una primera oportunidad rechazado dicha solicitud, no interpusieron recurso alguno contra esa negativa; y, 2) No correspondía aplicar el art. 232 del CPP, en razón a que no estaba en discusión la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva, sino el cumplimiento de una condena.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 57 a 59); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 27/2022 de 1 de junio, Óscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz -hoy codemandado-, declaró a Juanito Quiuchaca y Gonzalo Paucara Landaviri -ahora accionantes- culpables de la comisión del delito de daño simple, imponiéndoles la condena de pena privativa de libertad de un año para el primero, y seis meses para el segundo (fs. 2 a 7). II.2. Por memorial presentado el 21 de julio de 2022, los impetrantes de tutela, solicitaron al Juez codemandado el beneficio del perdón judicial (fs. 8 y vta.). II.3. Cursa Mandamiento de Captura de 25 de octubre de 2022, emitido por Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado- para la aprehensión y conducción del peticionante de tutela -Juanito Quiuchaca- al Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento, para el cumplimiento de su condena dispuesta en la Sentencia 27/2022, pronunciada por el Juez codemandado (fs. 9). II.4. A través de escrito presentado el 13 de febrero de 2023, el señalado accionante pidió al citado Juez demandado el beneficio del perdón judicial; no obstante, mediante Auto Interlocutorio de 14 del mismo mes y año, dicha autoridad rechazó esa petición, alegando incompetencia (fs. 10 a 11). II.5. Se tiene Mandamiento de Captura de 27 de febrero de 2023 emitido por el Juez codemandado para la aprehensión y conducción del impetrante de tutela Juanito Quiuchaca, al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para el cumplimiento de su condena dispuesta en la Sentencia 27/2022, pronunciada por el Juez codemandado (fs. 44).
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho a la libertad personal, alegando ser objeto de una persecución indebida, en razón a que: i) El Juez codemandado omitió pronunciarse sobre la concesión del perdón judicial previsto en el art. 368 del CPP, pese a que dicha solicitud fue formulada de manera expresa durante la audiencia de juicio oral de 1 de junio de 2022; asimismo, emitió mandamientos de condena en su contra, inobservando la prohibición contenida en el art. 232.I.1 del citado cuerpo normativo; y, ii) El Juez demandado emitió mandamientos de captura en su contra con errores de carácter formal, con la finalidad de hacer efectiva la condena de privación de libertad impuesta mediante Sentencia 27/2022. Ante ello, el Juez demandado sostiene que los mandamientos de captura cuestionados por los impetrantes de tutela fueron emitidos en cumplimiento de la Sentencia 27/2022, observando todas las formalidades legales exigidas. Asimismo, si bien los prenombrados solicitaron el beneficio del perdón judicial, no dio curso a dicha petición por considerar que carecía de competencia para resolverla. Ante ello, el Juez codemandado refiere que, los accionantes no aportaron, en su oportunidad, documentación idónea que acredite que la condena impuesta constituía la primera en su contra, presupuesto necesario para la eventual concesión del perdón judicial; además, no resulta aplicable el art. 232.I.1 del CPP, en la medida en que no se están ante un supuesto de detención preventiva, sino frente a la ejecución de una sentencia condenatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0053/2025-S2 de 25 de febrero, estableció que: “El perdón judicial y la suspensión condicional de la pena son instituciones procesales penales que tienen como objetivo principal evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; y, dada su vinculación directa con el derecho a la libertad personal, corresponde analizar su naturaleza jurídica y las obligaciones que implican para las autoridades judiciales. La SC 0871/2006-R de 4 de septiembre, respecto al perdón judicial, estableció: '…teniendo en cuenta que el instituto del perdón judicial se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad, para el análisis de la problemática planteada, corresponde precisar que el perdón judicial constituye una medida de política criminal adoptada por el legislador, que encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, cuya concesión es facultad única del juez de la causa, es por ello que dicho beneficio se concede al autor o partícipe, que por un primer delito sea condenado a la pena privativa de libertad no mayor de dos años, medida que podrá ser concedida a tiempo de dictarse la sentencia condenatoria, conforme lo dispone el art. 368 del CPP vigente'. Ahora bien, un aspecto fundamental fue establecido por la SCP 0767/2013 de 7 de junio, que determinó: '…si bien no se consideró en su momento procesal el perdón judicial se tiene que tras la ejecutoria de la sentencia condenatoria y antes de librarse el mandamiento de condena de oficio debió valorarse la procedencia del perdón judicial, al no haberse hecho dicha consideración con anterioridad, ello en virtud a que su otorgación es un mandato imperativo para las autoridades demandadas ello se reitera para evitar que aquellos condenados por primera vez con una pena menor a dos años sean sometidos a los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por lo que tampoco era aceptable que se tenga que esperar la solicitud del condenado a objeto de sujetarla a una tramitación, máxime si se encontraba de por medio su libertad'. Estos beneficios procesales no son meras facultades discrecionales del juzgador, sino que constituyen derechos del condenado que deben ser necesariamente considerados cuando se cumplen sus requisitos; al respecto, el art. 365 del CPP establece claramente al disponer que la sentencia '…determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado…'. La omisión de pronunciamiento sobre estos beneficios, especialmente cuando las características de la condena los hacen potencialmente aplicables, constituye una vulneración al debido proceso que afecta directamente el derecho a la libertad personal, ya que restringe al condenado de la posibilidad de evitar la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad de corta duración, cuya finalidad resocializadora ha sido cuestionada por la política criminal contemporánea y la propia jurisprudencia constitucional” (las negrillas son añadidas).
Delimitado el ámbito de análisis, de la revisión integral de los antecedentes procesales y de las alegaciones vertidas por los sujetos procesales, se establece que el Juez codemandado dictó la Sentencia 27/2022 de 1 de junio, mediante la cual declaró a los accionantes culpables de la comisión del delito de daño simple, imponiéndoles las penas privativas de libertad de un año y seis meses, respectivamente (Conclusión II.1). En ejecución de dicho fallo, el 25 de octubre de 2022, la autoridad demandada libró mandamiento de captura contra Juanito Quiuchaca, disponiendo su aprehensión y conducción al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a efectos del cumplimiento de la condena impuesta (Conclusión II.3), medida que -según refieren los accionantes-, también fue emitida respecto de Gonzalo Paucara Landaviri. Posteriormente, el 13 de febrero de 2023, Juanito Quiuchaca solicitó ante la misma autoridad la concesión del beneficio del perdón judicial, petición que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 14 del mismo mes y año (Conclusión II.4).
En cuanto al punto i) del objeto procesal, referido a la supuesta omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de perdón judicial, de la compulsa de antecedentes y, particularmente, del informe oral brindado por el Juez codemandado en audiencia de garantías, se establece que la indicada autoridad reconoció que los accionantes formularon efectivamente la solicitud de concesión de dicho beneficio en audiencia de juicio oral de 1 de junio de 2022; empero, precisó que la misma fue rechazada en ese mismo acto procesal debido a que los solicitantes de tutela no acreditaron documentalmente el cumplimiento de uno de los requisitos esenciales previstos por el art. 368 del CPP, cual es que la pena impuesta constituya la primera condena. Este aspecto reviste especial relevancia, toda vez que el perdón judicial no opera de manera automática por la sola imposición de una pena privativa de libertad inferior a dos años, sino que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, exige la concurrencia cumulativa de presupuestos legales que deben ser acreditados por quien pretende su concesión. En ese sentido, la afirmación efectuada por la autoridad codemandada no fue desvirtuada por los accionantes en la audiencia de garantías, quienes no aportaron elemento alguno que permita cuestionar la veracidad de lo señalado ni acreditaron haber cumplido con el requisito omitido al momento de solicitar el beneficio. Bajo este entendido, no resulta atendible la alegación de falta de pronunciamiento, puesto que de los propios antecedentes se infiere que sí existió una decisión -aunque desfavorable- respecto a la solicitud formulada. A mayor abundamiento, se tiene que, los accionantes, mediante memorial presentado el 21 de julio de 2022, así como a través de escrito de 13 de febrero de 2023, reiteraron su solicitud de concesión del perdón judicial, lo que evidencia de manera inequívoca que tenían pleno conocimiento del rechazo previo de dicha pretensión, desvirtuándose así cualquier alegación de desconocimiento. En consecuencia, al no ser evidente lo manifestado por los impetrantes de tutela, corresponde denegar la tutela impetrada. Por otra parte, en lo que respecta a la denuncia relativa a la inobservancia de la prohibición contenida en el art. 232.I.1 del CPP, se constata que los accionantes no acreditaron haber reclamado oportunamente dicho extremo ante la autoridad jurisdiccional competente ni haber activado los mecanismos procesales idóneos previstos por la normativa adjetiva penal para cuestionar la supuesta irregularidad denunciada. En este sentido, conforme al entendimiento asumido por la SC 0008/2010-R de 6 de abril, la acción de libertad se rige por el principio de subsidiariedad excepcional, en virtud del cual este mecanismo constitucional únicamente resulta procedente cuando, pese a la existencia de vías procesales específicas, éstas resultan ineficaces o han sido agotadas sin lograr la restitución del derecho afectado, situación que no concurre en el presente caso. Por consiguiente, esta instancia se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de este agravio. Finalmente, en relación al punto ii) del objeto procesal, en cuanto a la indebida consignación del Ministerio Público como parte del proceso al momento de emitir los mandamientos de captura, de la revisión de antecedentes se establece que, mediante providencia de 23 de febrero de 2023, la autoridad demandada procedió a corregir dichos defectos, lo que derivó en la emisión de nuevos mandamientos el 27 de ese mes y año (Conclusión II.5). Este aspecto resulta determinante, toda vez que, la presente acción de libertad fue interpuesta el 24 del mismo mes y año, y notificada el 27 de igual mes y año a la autoridad demandada; es decir, con posterioridad a la subsanación del acto cuestionado. En ese contexto, resulta aplicable la doctrina constitucional relativa a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en acciones de libertad, desarrollada por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, conforme a la cual esta figura se configura cuando cesa la vulneración o amenaza del derecho denunciado, debido al cumplimiento del acto reclamado y la consiguiente restitución del derecho, lo que torna innecesario e ineficaz un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional. En el presente caso, al haber sido corregidos los errores formales denunciados con anterioridad a la interposición de la acción tutelar, el supuesto acto lesivo dejó de producir efectos, desapareciendo el objeto sobre el cual podría recaer un eventual pronunciamiento constitucional. Por lo tanto, corresponde denegar la tutela respecto a este punto.
Este Tribunal advierte que la presente acción de defensa, resuelta el 28 de febrero de 2023, fue remitida en revisión recién el 6 de abril del mismo año -conforme consta en la guía de courier cursante a fs. 54-; esto es, con manifiesta inobservancia del plazo perentorio de veinticuatro horas previsto en los arts. 126.IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En ese entendido, corresponde llamar la atención a la Jueza de garantías, en su calidad de directora del proceso tutelar, exhortándole a que, en lo sucesivo, observe con estricta diligencia y sujeción los plazos constitucionales y legales que rigen la tramitación de las acciones de defensa, cuya naturaleza exige celeridad y prontitud en resguardo efectivo de los derechos fundamentales. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 28 de febrero, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Irene Viviana Alanoca Acapari, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0467_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 18951b6a63870ee32581ba1e80f06a174b9d863b247c89d8cebe4e3fd7a36198
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