B.IA.LEGAL

SCP 0467/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52435-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada dejó subsistente su detención preventiva, con argumentos arbitrarios, desproporcionados y carentes de razonabilidad, omitiendo exponer las razones de su determinación, incurriendo en un procesamiento indebido: a) Al no responder a su agravio referido a la probabilidad de autoría y calificación del hecho, el cual se habría cometido el 28 de noviembre de 2019, pero se le imputó con la Ley 1390 de 2021, la cual es posterior e introduce agravantes; limitándose a señalar que la calificación es provisional; y, que el Juez resolvió en base a la imputación, que estaba bien hecha; b) Respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, invocó la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio; aspecto sobre el cual no dijo absolutamente nada; y, c) En relación al art. 233.3 del CPP, la Vocal respondió que sí existía necesidad de detenerlo porque había que averiguar la verdad, expresando además, que su abogado debió explicar porque otra medida diferente a la detención preventiva sería más adecuada; sin fundamentar en relación a la proporcionalidad y necesidad de aplicar esta medida.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 483/2022 de 05 de diciembre, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y: 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 840/2022 de 2 de diciembre, emitido por la demandada, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2025-S3 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52435-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 483/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 48 a 49 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yvan Noel Córdova Castillo en representación sin mandato de Emilio Flavio Vaca Vaca contra Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2022, cursante de fs. 38 a 39 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO R.L.), en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 1046/2022 de 25 de noviembre, disponiendo su detención preventiva, por el lapso de cuatro meses, ante la concurrencia de los presupuestos descritos en los arts. 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Habiendo interpuesto el Recurso de Apelación Incidental, la Sala Penal “Cuarta” siendo lo correcto Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 840/2022 de 2 de diciembre, revocó en parte el Auto Interlocutorio 1046/2022, por lo que, luego de ingresar en el fondo, resolvió mantener su detención preventiva ante la vigencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización establecida en art. 235.2 del CPP. El Auto de Vista referido, se constituyó en el acto lesivo que vulneró sus derechos y garantías constitucionales, afectando en consecuencia su derecho a la libertad, por cuanto quebrantó la obligación que tienen las autoridades judiciales de motivar y fundamentar sus decisiones, debido a que, los argumentos de la autoridad -demandada- resultaron arbitrarios, desproporcionados y están fuera del marco de razonabilidad, al no haber expuesto las razones y motivos de su determinación, ingresando en un procesamiento indebido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, y el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La parte accionante no precisó su petitorio, limitándose a solicitar se señale día y hora audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 47, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) En el memorial de acción de libertad, se denunció indebida privación de libertad e indebido procesamiento, y el petitorio concreto es que se conceda la tutela y se disponga que la accionada emita nueva resolución debidamente motivada y fundamentada; b) En cuanto al art. 233.1 del CPP, en base a la SCP 0072/2014 de 3 de enero, agravió que el hecho se habría cometido el 28 de noviembre de 2019, pero se le imputó con Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021- , la cual es posterior e introduce agravantes; al respecto la autoridad accionada, al igual que el Juez a quo, señaló que la calificación es provisional, sin dar una respuesta de fondo; lo cual constituye una incongruencia omisiva; c) En relación a la probabilidad de autoría, la Vocal no respondió si la Resolución de primera instancia está o no fundamentada conforme al art. 124 del CPP, sólo señaló que el Juez resolvió en base a la imputación, y de forma extra petita señaló que la imputación estaba bien hecha; d) Respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio, estableció lineamientos respecto a no sólo identificar a las personas, sino cómo van a influir; aspecto sobre el cual la Vocal no dijo absolutamente nada; y, e) El cuarto reclamo, versó en relación a si se cumplió el art. 233.3 del CPP, al cual la Vocal respondió que sí existía necesidad de detenerlo porque había que averiguar la verdad, y sobre el cual, la conclusión resultó arbitraria, porque expresó que su abogado debió explicar porque otra medida diferente a la detención preventiva sería más adecuada; es decir, no fundamentó en relación a la proporcionalidad y necesidad de aplicar esta medida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado vía WhatsApp según consta en el Acta de audiencia tutelar, cursante a fs. 43 y vta., señaló que: 1) El accionante no señaló por cual causal interpuso su acción tutelar, lo cual ameritaría la denegatoria, más aun cuando no planteó su pretensión; 2) Resolvió de forma oportuna los agravios planteados por el impetrante de tutela; y, 3) El solicitante de tutela no cumplió la carga argumentativa en señalar de qué forma se vulneró lo referido, ni estableció vinculación entre lo denunciado con la resolución que emitió.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 483/2022 de 05 de diciembre, cursante de fs. 48 a 49 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos; i) En relación al reclamo que, el hecho atribuido, fue determinado en el marco de la Ley 1390, cuando el mismo se suscitó el 2019; conforme al Auto de Vista no habría sido señalado por el accionante; de las conclusiones arribadas se consideró únicamente que no se hubiera tomado en cuenta que no intervino ninguna empresa estatal y que no se hubiera realizado la valoración de los elementos de convicción; aspectos que no se habrían determinado en la audiencia de apelación-, toda vez que el Auto de Vista se resolvió conforme a los agravios interpuestos; ii) En relación a la invocación del accionante en audiencia de apelación, de la SCP 0072/2014 de 13 de enero, la autoridad accionada señaló que la calificación de los hechos es provisional, pero en la pág. 11 del referido Auto de Vista, agregó que mínimamente deben estar sustentados en elementos de convicción que brinden suficiente información a la fiscal y autoridad jurisdiccional en relación a la probable participación del imputado; en audiencia tutelar se cuestionó que el accionante no hubiera participado en el hecho porque no suscribió un Contrato Administrativo con una entidad estatal; elementos que se encuentran dentro de los marcos de razonabilidad; en cuanto a la SCP invocada, la autoridad jurisdiccional de ninguna manera especificó que la identidad de los supuestos fácticos no habrían sido acreditados por parte del recurrente; iii) Con relación a los alcances del art. 235.2 del CPP y la SCP 0276/2018-S2, fue considerada por la accionada en la pág. 4 del Auto de Vista, quien no tomó en cuenta criterios subjetivos, cuando identifica a las diez personas que habrían trabajado con el solicitante de tutela; en tal sentido estos elementos se encuentran dentro del marco de razonabilidad; y, iv) Respecto a la falta de necesidad de aplicar la medida cautelar, en la pág. 15 del Auto de Vista, la autoridad demandada en cuanto al art. 221 del CPP, señaló los elementos de la finalidad de la medida cautelar, y sobre la necesidad hizo referencia a que estos elementos estarían relacionado a que el Ministerio Público tiene que realizar actos investigativos; en ese sentido se tiene que la averiguación de la verdad necesariamente debe cumplirse; la respuesta dada no resulta arbitraria, desproporcionada ni fuera del marzo de razonabilidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso seguido contra Emilio Flavio Vaca Vaca, hoy accionante, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de contratos, a través de Auto Interlocutorio 1046/2022 de 25 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en base a lo dispuesto en los arts. 233, y 235.1 y 2 del CPP, resolvió su detención preventiva, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de cuatro meses; Resolución contra la cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental (fs. 28 a 37). II.2. Mediante Auto de Vista 840/2022 de 2 de diciembre, Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy demandada, admitió el recurso de apelación referido en el acápite anterior, en el fondo declaró procedente en parte el mismo, y en consecuencia revocó en parte la Resolución apelada, dejando sin efecto la concurrencia del num. 1 del art. 235 del CPP, y subsistente en todo lo demás al igual que la situación jurídica del imputado (fs. 18 a 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, y debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la Vocal demandada dejó subsistente su detención preventiva, con argumentos arbitrarios, desproporcionados y carentes de razonabilidad, omitiendo exponer las razones de su determinación, incurriendo en un procesamiento indebido: a) Al no responder a su agravio referido a la probabilidad de autoría y calificación del hecho, el cual se habría cometido el 28 de noviembre de 2019, pero se le imputó con la Ley 1390 de 2021, la cual es posterior e introduce agravantes; limitándose a señalar que la calificación es provisional; y, que el Juez resolvió en base a la imputación, que estaba bien hecha; b) Respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, invocó la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio; aspecto sobre el cual no dijo absolutamente nada; y, c) En relación al art. 233.3 del CPP, la Vocal respondió que sí existía necesidad de detenerlo porque había que averiguar la verdad, expresando además, que su abogado debió explicar porque otra medida diferente a la detención preventiva sería más adecuada; sin fundamentar en relación a la proporcionalidad y necesidad de aplicar esta medida.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional. Así, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, que fue pronunciada en una acción de libertad, determinó lo siguiente:

[Es] la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii)

1La citada Sentencia, recoge la sistematización jurisprudencial desarrollada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero. La sistematización completa se encuentra en el Fundamento Jurídico III.1. 2El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las 3El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 4El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 5El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 6El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado.

Ahora bien, la citada SCP 0353/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2, reafirmó que los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; sin embargo, precisó que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, relativa a la relevancia constitucional para disponer la nulidad de las resoluciones judiciales pronunciadas sin motivación, con motivación insuficiente y/o motivación arbitraria no alcanza a la resolución judiciales relacionadas con medidas cautelares. Así expuso el siguiente razonamiento:

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 7El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

«Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. […] Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. […] Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» [el resaltado es añadido].

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de contratos; la Vocal demandada declaró procedente en parte el recurso de apelación que interpuso, y en consecuencia revocó parcialmente la Resolución apelada, pero dejando subsistente el peligro de obstaculización que prevé el art. 235.2 del CPP, al igual que su detención preventiva. Esta decisión se fundó en argumentos arbitrarios, desproporcionados y carentes de razonabilidad, omitiendo exponer las razones de su determinación, incurriendo en un procesamiento indebido: a) Al no responder a su agravio referido a la probabilidad de autoría y calificación del hecho, el cual se habría cometido el 28 de noviembre de 2029, pero se le imputó con la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, la cual es posterior e introduce agravantes; limitándose a señalar que la calificación es provisional; y, que el Juez resolvió en base a la imputación, que estaba bien hecha; b) Respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, invocó la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio; aspecto sobre el cual no dijo absolutamente nada; y, c) En relación al art. 233.3 del CPP, la Vocal respondió que sí existía necesidad de detenerlo porque había que averiguar la verdad, expresando además, que su abogado debió explicar porque otra medida diferente a la detención preventiva sería más adecuada; sin fundamentar en relación a la proporcionalidad y necesidad de aplicar esta medida

En principio es necesario inquirir los antecedentes que hacen a la presente causa; en la cual, en el proceso penal seguido contra el hoy accionante, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de contratos, a través de Auto Interlocutorio 1046/2022 de 25 de noviembre, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en base a lo dispuesto en los arts. 233, y 235.1 y 2 del CPP, resolvió su detención preventiva, en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el plazo de cuatro meses.

La Resolución referida en el párrafo anterior, fue apelada en la vía incidental por el accionante; recurso que fue resuelto por la Vocal demandada en el Auto de Vista 840/2022 de 2 de diciembre; ahora bien, de la revisión del contenido de la acción de defensa presentada por el accionante, y antecedentes de la presente acción tutelar, se advierte que, su reclamo ante la jurisdicción constitucional se basa en cuestionar esta Resolución de alzada; cabe aclarar que, si bien en el memorial de demanda no efectuó ningún petitorio, el mismo se extrae del desarrollo de la audiencia de la presente acción tutelar, en la cual solicitó se conceda la tutela y se disponga que la accionada emita nueva resolución debidamente motivada y fundamentada.

Es necesario resaltar que la acción de libertad es el mecanismo idóneo para proteger el derecho a la libertad cuando esta es vulnerada por un procesamiento indebido, siempre que se afecte directamente el mismo y se hayan agotado los mecanismos intraprocesales de impugnación; lo cual ocurrió en el presente asunto, por cuanto el accionante impugnó la detención preventiva mediante el recurso de apelación incidental, y el Auto de Vista 840/2022, constituye el último acto procesal ordinario que resolvió la restricción de su libertad; en ese contexto, a continuación, revisaremos los planteamientos del accionante, contrastando los agravios del recurso de apelación que interpuso, con la resolución cuestionada:

III.3.1. En relación a la falta de pronunciamiento respecto a la probabilidad de autoría y calificación del hecho

Sobre el particular, se advierte del Auto de Vista 840/2022, que entre los agravios el accionante, denunció que en la suscripción del contrato no tendría participación e intervención ninguna autoridad ni empresa estatal, únicamente hubieran intervenido FERRECO y la empresa de la cual sería su gerente, la cual no es estatal sino es una empresa sin fines de lucro; aspectos sobre los cuales la autoridad a quo no hubiera realizado un análisis intelectivo, apartándose de la SC “072/2014” en relación a que si bien la calificación en la imputación formal es provisional esta no debe ser grosera.

En relación a este agravio, la Vocal demandada, comenzó a absolver los agravios, con el cuestionamiento que en la suscripción del contrato no intervino ninguna empresa estatal; así, de la lectura a la Resolución de imputación estableció que el Juez de la causa para fundamentar la probabilidad de autoría se basó en la fundamentación realizada en la imputación formal y el Contrato Administrativo 02/2019 de 28 de noviembre suscrito entre FERRECO y HEBBE CONSTRUCCIONES, y estableció un razonamiento vinculado con el análisis y valoración de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, de los cuales extrajo un nexo de causalidad, para posteriormente establecer un criterio al respecto.

En cuanto a la calificación y que el apelante no hubiera participado en el ilícito porque no hubiera suscrito el contrato administrativo referido, señaló que la Resolución apelada va con el criterio de la calificación establecida por el fiscal, quien no únicamente la fundó en dicho contrato sino en una serie de elementos de convicción que entiende generaron en el fiscal y el a quo, la vinculación en relación a la probable participación del imputado; que en el momento procesal lo que se busca es garantizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos; aspectos sobre los cuales consideró que el razonamiento de la Resolución apelada de ninguna manera puede resultar agraviante; más aún cuando se estableció cuál fue el origen y los antecedentes de la suscripción del contrato motivo de reclamo.

De lo expuesto, no obstante que la Vocal demandada abordó el análisis sobre el contrato administrativo referido anteriormente, no respondió al agravio sobre la probabilidad de autoría y calificación del hecho, por cuanto se corrobora que no realizó un análisis lógico y razonable de lo reclamado por el apelante; al contrario, utilizó argumentos evasivos, sin explicar sobre el reclamo que en la suscripción del contrato no intervino ninguna empresa estatal; limitándose a copiar fragmentos de la imputación formal presentada por el Ministerio Público. Del mismo modo, en cuanto a la calificación del hecho y que el apelante no hubiera participado en el ilícito porque no hubiera suscrito el contrato administrativo referido, únicamente refirió, que en el momento procesal en el cual se encontraba el proceso lo que se buscaba es garantizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos; limitándose a señalar que la calificación es provisional. Los argumentos así vertidos por la demandada, en principio, constituye una incongruencia omisiva en el marco del debido proceso, toda vez que no absolvió los reclamos puestos a su consideración; que en lo sustancial agravió falta de fundamentación y motivación en la resolución apelada, motivo por el cual la Vocal no se pronunció de ninguna forma.

En relación al cuestionamiento del accionante que el hecho se habría cometido el 28 de noviembre de 2019, pero se le imputó con la Ley 1390 de 2021, la cual es posterior e introduce agravantes; se advierte del Auto de Vista revisado que, no obstante que éste fue reclamado expresamente, la demandada eludió responder al mismo y efectuar el análisis sobre la irretroactividad de la ley penal, como fue reclamado por el accionante.

III.3.2. En cuanto a la determinación del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, con argumentos genéricos

En este agravio, el recurrente denuncia que el a quo hubiera emitido una conclusión genérica, fundamentando su decisión sólo en presunciones, limitándose a señalar que ”va a influir sobre testigos…” (sic); además señaló que se “influenciará sobre peritos” (sic), cuando ni siquiera fueron designados, sin explicar cómo influiría sobre estas personas; simplemente consideró que en la obra participaron varias personas.

Al efecto, la demandada mencionó a la SCP “276/2018-S2” y la modulación introducida por la Ley 1173, y estableció que el criterio del Juez a quo surge de los antecedentes que informan la causa que “tuviera” a varias personas que hubieran trabajado con el ahora accionante, lo cual no sería un criterio subjetivo.

En relación a éste peligro de obstaculización, la demandada si bien citó a la SCP 0276/2018-S2 y la modulación introducida por la Ley 1173, no efectuó ninguna vinculación fáctica al caso concreto; menos emitió pronunciamiento alguno sobre el agravio que el a quo hubiera establecido la concurrencia de este riesgo fundamentando su decisión sólo en conclusiones genéricas y presunciones; se corrobora que el argumento central de la demandada para dejar subsistente este riesgo procesal, se basa en argumentos generales que no fueron respaldados por ningún elemento que denote un peligro de obstaculización materialmente verificable, limitándose a señalar que el a quo asumió criterio por la existencia de varias personas que trabajaron con el apelante; conclusión que resulta arbitraria por cuanto resulta ser subjetiva, la cual es contraria a lo que prevé el art. 235 ter del CPP, debido a que se evidencia que no explicó cómo el apelante influiría negativamente sobre estas personas; es más, se señaló también que existirían peritos; sin embargo, no aclaró, si estos ya hubieran sido designados y tampoco como se influiría sobre estos.

III.3.3. Respecto a la necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva

Sobre este agravio, el accionante, reclamó que el a quo no explicó bajo criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad por qué existe la necesidad de la aplicación de la detención preventiva frente a las otras medidas menos lesivas. En el Auto de Vista impugnado, la autoridad demandada estableció que la aplicación de una medida cautelar personal se encuentra vinculada al art. 221 del CPP; sobre el cual el Juez a quo estableció una vinculación específica respecto a las finalidades que debe cumplir la detención preventiva, como la averiguación de la verdad; y en relación al reclamo que por qué no se podía aplicar otra medida, refirió que el apelante no mostró por que el Juez debería aplicar una medida distinta a la detención preventiva, como la detención domiciliaria; y, concluyó que la detención del accionante no resulta exagerada sino es proporcional a la etapa preparatoria en la que se encontraba la causa. De lo expresado por la demandada, se corrobora que, se limitó a señalar que, la aplicación de las medidas cautelares se encuentran vinculadas a la finalidad que deben cumplir estas, como la averiguación de la verdad, y es proporcional a la etapa preparatoria en la que se encontraba el proceso; esta respuesta no constituye un pronunciamiento puntual sobre el agravio interpuesto, al contrario es evasiva y hasta invierte la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público en la solicitud de aplicación de medidas cautelares, al exigir al apelante demostrar por qué el Juez debió aplicar una medida distinta a la detención preventiva, es decir, exigió que el recurrente pruebe la idoneidad de otras medidas, como la detención domiciliaria, lo cual es contrario a lo establecido en el CPP y al bloque de constitucionalidad. La Resolución confutada, se limitó a realizar una simple enunciación de generalidades, empero, no efectuó ninguna explicación sobre los agravios concretos del apelante, y no suple la fundamentación y motivación exigidos por el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación de las resoluciones, es un componente esencial que garantiza que toda restricción a la libertad se base en razones de hecho y de derecho, esta exigencia cobra mayor trascendencia en resoluciones que imponen, mantienen o modifican la detención preventiva. El Auto de Vista cuestionado, tampoco cumple con la congruencia externa, que en los Fundamentos Jurídicos señalados precedentemente, se entendió que es el principio rector de toda determinación judicial que exige plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades, existiendo entre otras prohibiciones, las de incurrir en incongruencias citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes, como ocurrió en la causa, en la cual la Vocal omitió pronunciarse sobre los agravios del accionante, por lo tanto, ignoró la función revisora integral de la segunda instancia máxime si los defectos se generaron en la resolución de primera instancia; toda vez que, no expresó convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión; por el contrario, debió realizar una revisión del fallo del Juez a quo, considerando los motivos de agravio y expresando las circunstancias concretas que le permiten presumir razonadamente la existencia de riesgos procesales, más aún cuando no emitió pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado.

Los Tribunales de apelación están impelidos a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones; y, poseen suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación de medidas cautelares, toda vez que el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, establece que, tanto la Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por todo lo examinado, se corrobora que la arbitrariedad del Auto de Vista impugnado reside en que el mismo carece de una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; incumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió; y que, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere, que se halla interrelacionado con el principio de congruencia. Por todo lo hasta aquí expuesto, se evidencia un desarrollo intelectivo insuficiente por parte de la Vocal demandada a tiempo de confirmar el Auto Interlocutorio apelado y por ende justificar la subsistencia de la detención preventiva del accionante, lo cual vulnera los derechos denunciados en la presente acción tutelar; por consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 483/2022 de 05 de diciembre, cursante de fs. 48 a 49 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y: 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 840/2022 de 2 de diciembre, emitido por la demandada, ordenando que la autoridad que se encuentre en ejercicio en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita uno nuevo, salvo que la situación jurídica del accionante, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0467_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): afe931d2774d34b5800736aba6c2880e64b30aae82f448e4af6fb361f3549245

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