Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 20 de agosto de 2024
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración del derecho a la seguridad jurídica; puesto que, la autoridad demandada pretende cobrar impuestos por un bien inmueble, que primero, se encuentra en zona de conflicto de límites; y segundo, los impuestos del referido lote se encuentran cancelados en el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca del departamento de La Paz; emitiendo en su contra la Solicitud de Retención de Fondos CITE: GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022, alegando supuestas deudas tributarias, con la que nunca fue notificado. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: CONFIRMAR la Resolución 225/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2024 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51345-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 225/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 137 a 140 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ricardo Alejandro Costas Rocabado contra Noemi Miriam Lastra Via, Directora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de julio de 2022, cursantes de fs. 45 a 50, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Por Testimonio de Propiedad 171/2010 (no indica fecha), adquirió un lote de terreno ubicado en la zona de Mallasilla Alto de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 849 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2.01.0.99.0159089; asimismo, por Testimonio de propiedad 119/2011 (tampoco señala fecha), se adjudicó otra propiedad ubicada en la indicada zona con una superficie de 516 m², con folio real signado con la matrícula computarizada 2.01.0.99.0088013. Señaló que posteriormente, mediante proceso judicial de fusión seguido en el Juzgado de Instrucción Civil Tercero del departamento de La Paz, logró la consolidación de una sola escritura pública de 3 de abril 2014, registrada bajo la matricula computarizada 2.01.2.01.0015220.
Consecuentemente, empezó la construcción de su vivienda; sin embargo, a medida que ejecutaba la misma, el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca del departamento de La Paz, realizó inspecciones en el predio, indicándole que debería realizar todos los trámites administrativos ante dicha instancia; ya que, el lugar donde estaba emplazado el lote, pertenecía a su jurisdicción; por ello, a fin de no verse perjudicado realizó cuanto trámite fuera necesario en la referida municipalidad. Posteriormente; se apersonó a la obra, personal dependiente del Gobierno autónomo Municipal de La Paz, refiriendo que debía realizar los trámites de regulación de construcción y aprobación de planos en la mencionada entidad municipal, alegando que el terreno era parte de su jurisdicción. A fin de salir de toda duda respecto a la jurisdicción a la que pertenece el indicado lote, solicitó certificaciones (no indica en que instancia); las cuales, arrojaron los siguientes datos: “Del lote N° 1, Manzano B (mismo que ya se encuentra fusionado), El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante su Unidad de Límites me extiende la Certificación Jurisdiccional N° 226/2017 en la cual me indica que mi lote de terreno está dentro de la jurisdicción del Municipio de La Paz. De la misma manera el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, mediante Certificación N° GAMM-OMT-UCC-CERT-N°0212-2/2013, indica que mi propiedad ‘SE ENCUENTRA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA’ -Del lote N°2, Manzano B (mismo que ya se encuentra fusionado), el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante la Unidad de Limites me extiende la Certificación Jurisdiccional N° 273/2017 en la cual me indica que mi lote de terreno está ‘dentro de la jurisdicción del Municipio de La Paz’. De la misma manera el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, mediante Certificación N° GAMM-OMT-UCC-CERT-N°0213-2/2013, indica que mi propiedad ‘SE ENCUENTRA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA’ˮ (sic). Indicó que, los municipios de La Paz y Mecapaca, desde hace muchos años atrás, atraviesan por un conflicto de límites, que a la fecha no habrían sido resueltos, generando incertidumbre a los moradores, habitantes y pobladores de la zona, “…ya que nos vemos, como es en caso, en la situación de ser exigidos tributaria, administrativa y socialmente, por ambos municipios generando inseguridad jurídica” (sic). Refiere que no puede ser obligado a tributar dos veces por un mismo hecho generador; que, en su caso vendría siendo el derecho de propiedad de su lote de terreno.
La pretensión de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de querer cobrar impuestos por un bien inmueble, que primero, se encuentra en zona de conflicto de límites y segundo, los impuestos del referido lote se encuentran cancelados en el GAMM, atenta contra su derecho a la seguridad jurídica. En ese marco, indica que la instancia ahora demandada emitió la Solicitud de Retención de Fondos CITE: GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022 de 25 de febrero, en razón de supuestas deudas tributarias, con la que nunca fue notificado; “si bien existe publicaciones, mi persona al estar cumpliendo con las obligaciones tributarias en el Municipio de Mecapaca, no tomó importancia” (sic). Finalmente menciona que, se encuentra a su cargo su madre, su esposa e hijas, “por lo que de esperar una respuesta a solicitudes que pudiera realizar, la protección de amparo que impetramos puede resultar tardía, ya que tener una retención de fondos, por deudas tributarias que no son justificables, resulta un grave perjuicio a mi economía” (sic); razón por la que, invoca la excepción a la subsidiariedad en su caso.
El impetrante de tutela, alegó la lesión de su derecho a la seguridad jurídica; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la nulidad de la Solicitud de Retención de Fondos CITE: GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022 de 25 de febrero, y se disponga el levantamiento de todas las medidas coactivas y cautelares en el caso.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 132 a 136 vta., en presencia del accionante acompañado de su abogado; y, de la autoridad demandada a través de sus representantes legales; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, a tiempo de ratificar el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional, amplió la misma señalando que: a) Se vio sorprendido con la noticia de una retención de fondos por cobro de impuestos municipales de las gestiones 2013 al 2016, cuando ya se cumplió con el pago de éstos en el Gobierno Autónomo Municipal de Mepaca; por lo que, no podría ser pasible de un doble cobro; y, b) Durante la gestión 2010 realizó pagos en el municipio de La Paz, esto para la realización del trámite de fusión de sus propiedades.
Noemí Miriam Lastra Via, Directora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de sus representantes legales; y, mediante informe escrito presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 103 a 111, manifestó que: 1) Las alegaciones expuestas, objetando la competencia territorial de la municipalidad de La Paz carecen en absoluto de fundamento legal; puesto que, el bien inmueble objeto de la presente acción tutelar tiene registro catastral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; 2) Sobre las diligencias de las determinaciones mixtas por el no pago del Impuesto Nacional a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente, fueron notificadas de forma masiva en fecha 7 de noviembre de 2017 y 30 de octubre de 2018, cada una en periódico de circulación nacional “Pagina Siete”; 3) “el accionante alega de manera lacónica que la emisión de la Solicitud de Retención de Fondos de 25 de febrero de 2022, con CITE: GAMLP/ATM/UFCC/SCC/NOT. N° 176/2022, usurpa la jurisdicción del Gobierno Municipal de Mecapaca, (…) el proceso administrativo fue desarrollado dentro de todos los marcos de la legalidad establecidos por las Leyes Municipales Tributarias (…) contó con la participación activa del ahora accionante, quien tuvo la oportunidad de rebatir todas las determinaciones asumidas en sede administrativa” (sic); 4) El solicitante de tutela no interpuso los recursos que la ley le franquea en tiempo hábil y oportuno, la liquidaciones mixtas adquirieron calidad de Título de Ejecución Tributaria; y, 5) La presente acción tutelar no cumple con el principio de subsidiariedad; por lo que, debe ser declarada improcedente. La parte demandada, a través de sus representantes legales, en audiencia manifestó que: i) La retención de fondos objeto de esta acción tutelar, tiene su asidero legal en lo dispuesto por el art. 110 del Código Tributario Boliviano (CTB); proviene de dos procesos de liquidación por determinación mixta, signados con los número 15678/2017 por las gestiones 2013, 2014 y 2015; y, el 37260/2018 por la gestión 2016; ambos trámites notificados el 7 de noviembre de 2017 y el 30 de octubre de 2018, respectivamente; ii) El accionante no utilizó los mecanismos que le franquea la ley para impugnar lo determinado en los mismos; y tampoco desvirtuó ,el no pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles que fueron objeto de los indicados procesos; iii) Como consecuencia del trámite judicial de fusión mencionado por el impetrante de tutela, se emitió un certificado de registro catastral emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual permitió su registro público; iv) El solicitante de tutela pretende evadir el pago de sus impuestos, con el pretexto de un conflicto de límites con el municipio de Mecapaca, teniendo pleno conocimiento que el predio en cuestión, conforme “Ley 453 de 27 de noviembre de 1968”, se encuentra dentro del radio urbano y sub urbano de la ciudad de La Paz; y, v) “la solicitud de la parte accionante del señor Ricardo Alejandro Costa Rocabado, es un trámite administrativo vigente, es un trámite que tiene curso legal, es un trámite que se encuentra administrado y que se encuentra tutelado por el Municipio de La Paz, por consiguiente no cumple con los preceptos procesales que señalan los artículos 121, 129 de la CPE, al ser un tramite vigente que se encuentra solamente con la solicitud del cobro coactivo correspondiente” (sic).
Enrique de la Cruz Mendoza, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, a través de su asesor legal en audiencia, manifestó que no existe ninguna demanda de delimitación en trámite entre los municipios de La Paz y de Mecapaca, si bien en determinado momento se inició bajo la “Ley 339”, éste fue archivado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 225/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 137 a 140 denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: a) La Liquidación por Determinación Mixta, fue debidamente notificada al contribuyente –ahora solicitante de tutela– el 21 de octubre de 2018 a través de la publicación de un periódico de circulación nacional “Página Siete”, conforme establece el art. 83 del CBT; b) Las Determinaciones Mixtas 15578/2017 y 37260/2018 no fueron objeto de impugnación por parte del hoy accionante, de acuerdo a normativa tributaria vigente, precluyendo así, su derecho a la impugnación; y; c) Consiguientemente, la parte demandada ejecutó las medidas coactivas entre la solicitud de retención de fondos, por lo que no corresponde ingresar al fondo de la causa.
De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificación GAMM-OMT-UCC-CERT-N° 0213-2/2013 de 15 de mayo, emitida por la Oficialía Mayor Técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, en la que se indica: “CERTIFICA: Que la propiedad del Sr. RICARDO ALEJANDRO COSTA ROCABADO (…) propiedad ubicado en Mallasilla (…) REVISADO LA INFORMACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPL, LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA DENTRO LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MECAPACA” ([sic fs. 31]). II.2. Mediante Testimonio de 3 de abril de 2014, emitido por el Juzgado de Instrucción Civil Tercero del departamento de La Paz, consta que Ricardo Alejandro Costa Rocabado –ahora accionante– inició un proceso civil voluntario sobre fusión de partidas en el registro de DD.RR., respecto a una propiedad con registro catastral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; emitiéndose en consecuencia la Resolución 83/2014 de 13 de febrero ;por la que, se dispuso la fusión de partidas respecto al inmueble indicado (fs. 32 a 38). II.3. Por CERTIFICACIÓN JURISDICCIONAL 273/2017 de 10 de agosto, el Jefe de la Unidad de Límites de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, certificó que: “1. El predio perteneciente a RICARDO ALEJANDRO COSTAS ROCABADO (…) se encuentra dentro de la Jurisdicción del Municipio de La Paz” ([sic fs. 29]). II.4. Mediante publicación del periódico de circulación nacional “Página Siete” de 14 y 29 de octubre de 2017; por las que, se notifica a Ricardo Alejandro Costas Rocabado –ahora accionante– con las Liquidaciones por Determinación Mixta 15577/2017; 15578/2017; y, 15579/2017, todas emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en razón del incumplimiento de pago de impuestos a la propiedad 2013, 2014, 2015 y 2016 (fs. 59 a 60). II.5. Consta por Comprobantes de Pago – Formulario Único de Recaudaciones del Gobierno Autónomo de Mecapaca, signados con los números 9837253, 9837252 y 9837251 todos de 24 de noviembre de 2017, el pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 2014, 2015 y 2016, correspondientes al predio del ahora solicitante de tutela (fs. 7 a 9). II.6. Por Comprobante de Pago 3442866 GAM- MECAPACA de 9 de agosto de 2018, consta el pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 2017, efectuada por el solicitante de tutela (fs. 10). II.7. A través de publicación del periódico de circulación nacional “Página Siete”, en fecha 21 de octubre de 2018, se notifica al hoy accionante con las Liquidaciones por Determinación Mixta 37259/2018 y 37260/2018 emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 61). II.8. Consta Comprobante de Pago de 24 de enero de 2019, emitido por el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca del departamento de La Paz, que el hoy solicitante de tutela procedió al pago impuesto la propiedad gestión 2013, el 21 de agosto de 2014 (fs. 93). II.9. Mediante notificaciones masivas de 23 de noviembre y 8 de diciembre ambos de 2019, publicitadas en el periódico de circulación nacional “Página Siete”, se dio a conocer al hoy accionante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 11501/2019; 11502/2019; 11503/2019; y, 11504/20129 (fs. 57 a 58). II.10. A través de Proveído 341/2020 de 29 de junio, emitido por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se tiene que: “Mediante Nota adjunta a la Hoja de Ruta 448, el señor Ricardo Alejando Costas Rocabado, solicitar relizar la baja por doble registro (…) y que las gestiones que supuestamente adeudo se pagaron en el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca (…) …se tiene que a nombre de Ricardo Alejandro Costas Rocabado (…) se encuentra inscrito el inmueble con registro tributario N° 194079, (…) el cual registra pago por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (…) denotando que el inmueble fiscalizado ya se encontraba empadronado, con año de inicio tributario la gestión 2000 en el Municipio de La Paz” ([sic fs. 70]). II.11. Por Nota CITE GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022 presentada el 20 de abril de 2022, ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Directora Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitó se instruya la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos del ahora impetrante de tutela, hasta el pago total de su deuda tributaria; detallando los proveídos de inicio de ejecución tributaria 11502/2019 y 11504/2019, correspondientes a las Liquidaciones por Determinación Mixta 15578/2017 y 37260/2018 (fs. 41 a 42). II.12. Cursan Comprobantes de pago GAM-MECAPACA 30983648, 30983650, 30983652 y 30983653 de 7 de mayo de 2022; por los que, se evidencia el pago de impuesto a la propiedad de las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021 efectuado por el hoy solicitante de tutela (fs. 11 a 14).
El accionante denunció la vulneración del derecho a la seguridad jurídica; puesto que, la autoridad demandada pretende cobrar impuestos por un bien inmueble, que primero, se encuentra en zona de conflicto de límites; y segundo, los impuestos del referido lote se encuentran cancelados en el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca del departamento de La Paz; emitiendo en su contra la Solicitud de Retención de Fondos CITE: GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022, alegando supuestas deudas tributarias, con la que nunca fue notificado. Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0206/2018-S4 de 21 de mayo, al respecto argumentó: “‘El Código Procesal Constitucional (CPCo) en su art. 54, sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y los supuestos de excepción que posibilitan su interposición directa, señala: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. El extinto Tribunal Constitucional, a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional “…constituye un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”. La citada Sentencia Constitucional, estableció reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por su carácter subsidiario, por el que no procederá cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”. En tal sentido, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional establece que ésta no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona imperante de tutela, conforme disponen los arts. 129.I de la CPE; y, 54 del CPCo‴ (las negrillas son nuestras).
Cabe señalar en referencia al tema, el art. 131 del CTB, establece que, las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa, dentro de los veinte días de publicadas. Asimismo, el art. 143 del citado código, que prevé el sistema de impugnación recursiva, indica que el recurso de alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: “1. Las resoluciones determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.” Recurso que deberá interponerse en el plazo improrrogable de veinte días de haber sido notificada la resolución contra la que se está impugnando, cumpliendo con los alcances del art. 198 del CTB, previsión complementada por el art. 4 de la Ley 3092 – Ley de 7 de julio de 2005–, la cual determina que el recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: “1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias.
2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación.
4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria." Recurso de alzada que se sustancia de acuerdo al procedimiento previsto por el art. 218 del mencionado código. Con relación al recurso jerárquico el art. 144 del precitado código, establece que: “Quién considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución…’, por su parte el art. 195.III del mismo cuerpo legal señala: ‘El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada”. Recurso jerárquico que es sustanciado y resuelto conforme al procedimiento establecido en los arts. 198 y 219 del CTB”. En ese marco, considerando lo estipulado en el art. 97 del CTB, respecto a que la liquidación que resulte de la determinación mixta tendrá el carácter de una Resolución Determinativa, esta podrá ser recurrida en alzada y jerárquico.
El impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la seguridad jurídica; puesto que, la autoridad ahora demandada pretende cobrar impuestos por un bien inmueble, que primero, se encuentra en zona de conflicto de límites y segundo, los impuestos del referido lote se encuentran cancelados en el Gobierno Autónomo de Mecapaca; emitiendo en su contra, la Solicitud de Retención de Fondos CITE: GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022, alegando supuestas deudas tributarias, con la que nunca fue notificado. Ahora bien, de la revisión de antecedentes insertos en el caso, así como de lo descrito por el accionante en el memorial de acción de amparo constitucional; se tiene que, cursa certificación GAMM-OMT-UCC-CERT-0213-2/2013 de 15 de mayo, emitida por la Oficialía Mayor Técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, estableciendo que “la propiedad de Ricardo Alejandro Costa Rocabado –ahora accionante– se encontraría dentro la jurisdicción municipal del Gobierno Autónomo Municipal De Mecapaca; no obstante ello, el referido hoy accionante, inició un proceso civil voluntario sobre fusión de partidas en el registro de DD.RR. correspondientes a su propiedad, demostrando que la misma contaba con registro catastral en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; emitiéndose en consecuencia, la Resolución 83/2014; por la que, se dispuso la fusión de partidas respecto al inmueble indicado. El accionante alegó que personal del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, instó al mismo a regularizar el pago de impuestos en dicha instancia; en vista de que su propiedad se encontraba dentro de su jurisdicción; razón por la que, procedió a efectuar el pago requerido en el indicado municipio; constando por el RUAT del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca que el 21 de agosto de 2014, este procedió al pago impuesto la propiedad gestión 2013 (Conclusión II.7). Posteriormente, el impetrante de tutela solicitó a la Unidad de Límites de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, certifique cual la ubicación de su propiedad, emitiéndose por ello la CERTIFICACIÓN JURISDICCIONAL 273/2017 de 10 de agosto, en la que se detalla que “El predio perteneciente a RICARDO ALEJANDRO COSTAS ROCABADO (…) se encuentra dentro de la Jurisdicción del Municipio de La Paz” (sic). Dicha instancia municipal –ahora demandada– mediante publicación del periódico de circulación nacional “Página Siete” de 14 y 29 de octubre de 2017, notificó al hoy solicitante de tutela con las Liquidaciones por Determinación Mixta 15577/2017; 15578/2017; y, 15579/2017, todas emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en razón del incumplimiento de pago de impuestos a la propiedad; las cuales, el hoy accionante “no tomó importancia” (sic), al estar cumpliendo con las obligaciones tributarias en el Municipio de Mecapaca. Empero, constan Comprobantes de Pago – Formulario Único de Recaudaciones del Gobierno Autónomo de Mecapaca, signados con los números 9837253, 9837252 y 9837251, que el pago de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 2014, 2015 y 2016, fue realizado el 24 de noviembre de 2017; es decir, posterior a las mencionadas notificaciones.
Seguidamente, a través de publicación del periódico de circulación nacional “Página Siete”, en fecha 21 de octubre de 2018, se notifica al hoy impetrante de tutela con las Liquidaciones por Determinación Mixta 37259/2018 y 37260/2018 emitidas por la entidad municipal de La Paz y por notificaciones masivas de 23 de noviembre y 8 de diciembre ambos de 2019, publicitadas en el periódico de circulación nacional mencionado se dio a conocer Proveídos de Inicio De Ejecución Tributaria 11501/2019; 11502/2019; 11503/2019; y, 11504/20129. Consecuentemente, el hoy accionante solicitó a la instancia ahora demandada, “realizar la baja por doble registro (…) y que las gestiones que supuestamente adeudo se pagaron en el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca (sic); de tal forma que, a través de Proveído N° 341/2020 de 29 de junio, la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, negó lo impetrado, refiriendo que: “…se tiene que a nombre de Ricardo Alejandro Costas Rocabado (…) se encuentra inscrito el inmueble con registro tributario N° 194079, (…) el cual registra pago por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (…) denotando que el inmueble fiscalizado ya se encontraba empadronado, con año de inicio tributario la gestión 2000 en el Municipio de La Paz” (sic). Así, mediante Nota CITE GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022 presentada el 20 de abril, remitida ante la ASFI, la Directora Tributaria Municipal del mencionado municipio de La Paz, solicitó se instruya la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos del ahora impetrante de tutela, hasta el pago total de su deuda tributaria; detallando los proveídos de inicio de ejecución tributaria 11502/2019 y 11504/2019, correspondientes a las Liquidaciones por Determinación Mixta 15578/2017 y 37260/2018. Posterior a ello, consta por Comprobantes de pago GAM-MECAPACA 30983648, 30983650, 30983652 y 30983653 de 7 de mayo de 2022, el pago de impuesto a la propiedad de las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021 efectuado por el solicitante de tutela.
Con carácter previo a resolver la problemática jurídico constitucional antes expuesta, corresponde pronunciarnos en cuanto a los argumentos expuestos por los demandados, entre ellos, el referido al incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige esta acción de garantía, que de ser evidente conllevaría a denegar la tutela impetrada a través de esta acción de amparo constitucional; dado que, al haberse superado la etapa de admisibilidad, sin haberse advertido dicho extremo, ya no puede ser declarada su improcedencia. En ese sentido, conforme quedó de lo anteriormente desarrollado, por publicación del periódico de circulación nacional “Página Siete”, se notificó a Ricardo Alejandro Costas Rocabado –ahora accionante– con: - Liquidaciones por Determinación Mixta 15577/2017; 15578/2017; y, 15579/2017; Publicación de 14 y 29 de octubre de 2017. - Liquidaciones por Determinación Mixta 37259/2018 y 37260/2018; Publicación de 21 de octubre de 2018. - Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 11501/2019; 11502/2019; 11503/2019; y, 11504/20129; Publicaciones de 23 de noviembre y 8 de diciembre ambos de 2019. No obstante su notificación, de acuerdo a lo expuesto por el solicitante de tutela, no les hubiera dado importancia al estar cumpliendo con las obligaciones tributarias en el Municipio de Mecapaca; sin embargo, consta que el pago de impuesto a la propiedad gestión 2014, 2015 y 2016 fueron realizados de forma posterior a la notificación de las Liquidaciones por Determinación Mixta 15577/2017; 15578/2017; y, 15579/2017; dejando entrever que, no tuvo intención de objetar las mismas en tiempo oportuno, permitiendo así que los procesos tributarios en su contra continuaran. Además de ello, no puede alegar desconocimiento de la problemática, cuando el 12 de febrero de 2019, procedió a solicitar ante la instancia ahora demandada la baja por doble registro propietario –primero en el municipio de La Paz y luego en el de Mecapaca; controversia que deviene desde la gestión 2014 (Conclusiones II.2 y II.8)–, haciendo referencia textual de los adeudos notificados en su momento (Conclusión II.10); los cuales no objetó, dejando así que, las determinaciones mixtas referidas adquirieran la calidad de Título de Ejecución Tributaria. Por ello, mediante Nota CITE GAMLP/ATM/UFCCF/SCC/NOT.176/2022 presentada ante la ASFI la Directora Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz –ahora demandada–, solicitó se instruya la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos del hoy solicitante de tutela, hasta el pago total de su deuda tributaria; detallando los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 11502/2019 y 11504/20129. De lo expuesto; y considerando que, el solicitante de tutela, recurrió directamente a esta instancia constitucional, para la consideración de su problemática, sin haber acudido y reclamado de forma oportuna ante el ente emisor, dando lugar a la emisión del acto ahora objetado, no agotó los mecanismos administrativos idóneos puestos a su alcance, esto teniendo presente lo establecido por los arts. 143 del CTB y 4 de la Ley 3092; mismos que, fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a tiempo de establecer las resoluciones y actos administrativos, contra los cuales se puede plantear recurso de alzada y jerárquico inclusive; puesto que, al considerar que dichos cobros de impuestos resultaban irregulares, podía recurrir a la instancia municipal ahora demandada, con la finalidad de exponer lo ahora reclamado y hacer efectivo su derecho de impugnación.
En tal sentido, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de amparo constitucional es una acción de garantía de carácter jurisdiccional, que tiene como objeto la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando éstos se encuentran amenazados o fueron lesionados por acciones u omisiones de los servidores públicos o personas particulares; y a la cual, es posible acceder como regla, solo si no existen otros medios de defensa judicial o administrativos previstos por la norma jurídica correspondiente; y siendo que en el caso concreto, existen mecanismos de impugnación que pueden ser utilizados por los accionantes, no corresponde que sea la jurisdicción constitucional la que realice dicho análisis de fondo de la problemática; por lo cual, al haberse formulado directamente la presente acción de amparo constitucional, se inobservó el principio de subsidiariedad previsto en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), haciendo inviable el análisis de fondo de lo demandado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: CONFIRMAR la Resolución 225/2022 de 12 de septiembre, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0467_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): eceedb6d49f21a578e753ffbcbd16876775b08dd3f11dcecb04b6673808c4cde
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