B.IA.LEGAL

SCP 0465/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 26 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49138-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso; toda vez que ni la Jueza ni la representante del Ministerio Público han motivado adecuadamente las decisiones relacionadas con la anotación preventiva sobre el vehículo, que sigue vigente más allá del plazo permitido por ley, sin que se haya utilizado como prueba en el proceso penal, siendo que sus solicitudes de devolución del vehículo han sido desatendidas injustificadamente, lo que causó una dilación indebida exigiéndosele la presentación de documentación original a pesar de que ya se encontraba en el expediente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La reconducción procesal de acciones; ii) La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal; iii) Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 54/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La reconducción procesal de acciones
  2. III.2. La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2024-S1 Sucre, 26 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49138-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 54/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurtado en representación sin mandato de Roxana Marisol Lazarte Soliz contra Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz y Jhannett Shantal Copaja Choque, Fiscal de Materia .

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de junio de 2022, cursantes de fs. 54 a 58 vta., la accionante a través de su representante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Franklin Antonio Alborta Alandia contra Edy Huanca Choquehuanca y Rigoberto Paredes Amestoy por la presunta comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), su persona es propietaria legítima de una vagoneta Suzuki Grand Vitara (modelo 2010, color negro, chasis JS3TE0D11A0035, motor J24B1091528 y número de placa 3044YAK), que fue secuestrada dentro del Caso LPZ1904749 debido a su presunta implicación en el referido hecho ilícito, siendo víctima de abuso de confianza con afectación a su derecho a la propiedad privada. Bajo esa circunstancia, solicitó en varias oportunidades la devolución del vehículo, debido a su deterioro por el abandono; empero, la representante del Ministerio Público, Isabel Rivas, no atendió debidamente sus solicitudes y que la anotación preventiva sobre el vehículo no fue inscrita en el término de dos años permitido por ley conforme lo establece el art. 252 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el Auto Supremo 223/2018 de 4 de abril, que establece la caducidad de las medidas cautelares reales, como la anotación preventiva, cuando no se cumple con los plazos legales. Por otro lado, mediante proveído de 14 de junio de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz ahora demandada, a quien se dirigió para solicitar el levantamiento de la anotación preventiva, le indicó que debía adjuntar prueba que acredite las respuestas negativas del Ministerio Público; empero, luego mediante providencia de 20 del mismo mes y año contradictoriamente, la misma Jueza -ahora demandada- le solicitó que presente "…documentación original e idónea…" (sic) que respalde su derecho propietario, pese a que ya había informado que dicha documentación se encontraba en el cuaderno de investigaciones; así desde el 18 de marzo de 2022 comunicó que la documentación relativa a su derecho propietario, incluida la información del Registro Único de Administración Tributaria (RUAT), ya estaba incorporada en el expediente, como consta en el informe de 21 de agosto de 2019 emitido por la oficina de tránsito de Oruro que certifica que el vehículo está registrado a su nombre. De todo lo expresado, se colige que el Ministerio Público no fundamentó ni motivó adecuadamente sus decisiones y que no ofreció el vehículo como prueba en el pliego acusatorio, lo que demuestra su falta de interés en el caso, vulnerando su derecho a la propiedad privada y al debido proceso, al mantener la anotación preventiva sin sustento legal ni diligencia.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad y “…VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA…” (sic); citando al efecto, el art. 15.ll de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga “…QUE LA JUEZ DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA EN LO PENAL ASIMISMO LA FISCAL DE MATERIA PROCEDAN DE FORMA INMEDIATA AL CESE A LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA MIA TODA VEZ QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA NO PUEDE ESTAR DE FORMA INDEFINIDA, MÁXIME SI LA MISMA NO ESTA CONVERTIDA EN INSCRIPCIÓN, SE PROCEDA AL LEVANTAR Y/O REVOCAR LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA ante la oficinas de Transito de la ciudad de Oruro, de la movilidad clase vagoneta marca suzuki tipo grand vitara modelo 2010 color negro chasis No. JS3TEOD11A0035, MOTOR J24B1091528 con placa de circulación No. 3044YAK, de la que soy legitima y única propietaria…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 30 de junio de 2022, según acta de fs. 77 a 80 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado patrocinante, en audiencia procedió a ratificar los términos de la acción tutelar y ampliando los fundamentos señaló que: a) Su persona además de ser mujer, pertenece al sector de la tercera edad, en consecuencia goza de una doble protección y el Ministerio Público bajo el sustento de respetar los derechos de una víctima establece que el vehículo es para la reparación de daños, empero, ni la Sentencia a la que se hace referencia adquirió calidad de cosa Juzgada debido a que fue apelada; b) Transcurrieron tres años desde la Resolución emitida por el Fiscal de Materia de la causa que ordena el secuestro del vehículo, y aún no es puesta a conocimiento de la autoridad judicial, existiendo un incumplimiento de deberes; c) La autoridad jurisdiccional se apartó de lo establecido en el “art. 252” -no especifica cuerpo normativo-, bajo los principios de la provisionalidad y del carácter instrumental que tiene una medida cautelar de carácter real, además que como ya se señaló se está afectando los derechos de una tercera persona que no es ni parte en el proceso penal; d) Se pide los documentos de propiedad, empero como anotaron preventivamente un bien sin saber quién es el propietario documentalmente, además de ello los papeles del motorizado cursa en antecedentes, además en la Resolución de anotación preventiva se identifica concretamente quien es la propietaria; y e) Bajo el principio del ius variandi el Tribunal Constitucional ha establecido la excepción de la aplicación del principio de inmediatez y el principio de la excepción de subsidiariedad, cuando las mujeres tienen un derecho vulnerado, como en el presente caso en el que se está limitando el derecho a la propiedad a una persona de la tercera edad.

I.2.2. Informes de las autoridades demandadas

Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 71 a 72, señaló que: 1) El proceso penal al que se hace referencia concluyó con una sentencia condenatoria contra Tatiana Gutiérrez Valverde por el delito de encubrimiento en robo agravado; 2) Durante el juicio se determinó que el vehículo cuya anotación preventiva se solicita levantar fue destinado para la reparación del daño a las víctimas, aunque esa instancia no fue la que ordenó la anotación preventiva, sí atendió los memoriales presentados por Marisol Lazarte Soliz solicitando su revocatoria, mediante providencias de 14 y 22 de junio de 2022; en estas, se ordenó a la ahora peticionante de tutela que adjunte los decretos negativos del Ministerio Público y la documentación original e idónea del vehículo, lo cual no fue cumplido hasta esa fecha; y, 3) Se argumenta que la situación no debe ser tratada en una acción de libertad, ya que no está en juego el derecho a la vida o la libertad, además, la acción fue presentada por Luis Enrique Altamirano Hurtado sin indicar que lo hace en representación de Roxana Marisol Lazarte Soliz, quien fue la que realizó la solicitud inicial, máxime si se presenta una contradicción, ya que la prenombrada afirma ser la propietaria del vehículo con placa 3044-YAK, mientras que en los antecedentes Marisol Lazarte Soliz se identificó como la propietaria. Jhannett Shantal Copaja Choque, Fiscal de Materia presentó informe escrito cursante de fs. 75 a 76, señalando que: i) En el caso ya se emitió la Sentencia 86/2022, condenando a Tatiana Gutiérrez Valverde, pero dicha sentencia fue apelada por el Ministerio Público; asimismo, la medida de anotación preventiva responde a la necesidad de reparar el daño a las víctimas; y, ii) La jueza demandada no rechazó la solicitud, sino que únicamente solicitó la presentación de documentación que acredite la pretensión, además, se señaló que la anotación preventiva es una medida real accesoria que no afecta la libertad de la accionante, más bien en la revisión del cuaderno procesal, no se encontró documentación que acredite el derecho propietario del vehículo en cuestión, finalmente, si la accionante realmente fuera la propietaria, podría haber acudido a la Unidad de Tránsito para obtener la documentación necesaria del vehículo.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, mediante la Resolución 54/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 81 a 85 vta., concedió la tutela en relación a la autoridad judicial demandada, ordenando la emisión de una resolución fundamentada y debidamente motivada, dejando a su potestad la procedencia o no del levantamiento del gravamen sobre el señalado vehículo secuestrado; sin embargo, denegó la tutela respecto a la Fiscal de Materia, Jhannett Shantal Copaja Choque, dado que esta autoridad cumplió con sus funciones, y es el juez de instancia quien debe resolver la situación del vehículo bajo los siguientes fundamentos: a) No se evidenció que la jueza hubiera ratificado, modificado o revocado la medida en el plazo legal, y ante las solicitudes presentadas, debió emitir un Auto interlocutorio fundamentado sobre la situación jurídica del vehículo; b) Tanto la ley procesal penal como el Código Civil, que sustentan la Resolución de secuestro, establecen que estas medidas no pueden ser indefinidas y respecto a la solicitud de presentar documentación original que respalde el derecho propietario, los jueces deben aceptar fotocopias simples mientras no se demuestre su falsedad; c) Aunque la parte accionante no es parte en el proceso penal, ha demostrado un interés legítimo, y al haberse apersonado al juzgado para solicitar un derecho, los operadores de justicia están obligados a responder de manera fundamentada; y, d) Las fotocopias simples presentadas (fs. 2230), que incluyen un RUAT y documentación que identifica el vehículo como una vagoneta Suzuki Grand Vitara con placa 3044YAK, reconociendo a Roxana Marisol Lazarte Soliz -ahora accionante- como propietaria, constituyen prueba suficiente para acreditar el derecho reclamado debiéndose aplicar las disposiciones de la Ley General de las Personas Adultas Mayores (arts. 1, 3. 1 y 2; arts. 4 y 5 incs. b), c) y g)), así como los derechos protegidos por la Ley 348 (art. 4. 4 y 11), en relación con el art. 9 de la misma Ley, ya que el art. 252 del CPP establece que las medidas cautelares, como la anotación preventiva, deben recaer sobre bienes de los imputados y no de terceros ajenos al proceso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de “Desecuestro” de Vehículo de 21 de julio de 2021 emitida por el Ministerio Público, por el que se dispone nombrar a Roxana Marisol Lazarte Soliz -hoy accionante- como depositaria del motorizado clase vagoneta marca Suzuki, tipo Grand Vitara, modelo 2010, color negro, chasis JS3TE0D11A0035, motor J24B1091528 y número de placa 3044YAK (fs. 14 a 15). II.2. Consta memorial presentado el 17 de marzo de 2022 ante la Fiscal de Materia de la División Patrimoniales por Roxana Marisol Lazarte Soliz -ahora accionante-, indicando que en mérito a la caducidad de la anotación preventiva solicita levantamiento y/o cancelación de dicha medida procesal, a cuyo mérito se dictó la providencia de 18 de igual mes y año que ordena se acredite documentalmente el derecho propietario sobre el referido vehículo (fs. 17 a 19). II.3. Figura memorial presentado el 13 de junio de 2022, por Roxana Marisol Lazarte Soliz -ahora accionante-, solicitando a la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada-, “…BAJO CONTROL JURISDICCIONAL PIDO REVOCAR LA MEDIDA CAUTELAR DE CATACTER REAL DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR SER LESIVA A DERECGOS TERCRAS PERSONAS CONFOME EL ART. 252 DEL CPP…” (sic), el cual mereció como respuesta la providencia de 14 de ese mismo mes y año, por el que la citada autoridad judicial dispone que se adjunte prueba respaldatoria que acredite la respuesta negativa por parte del Ministerio Público (fs. 30 y 31 vta.; y 53). II.4. Por memoriales presentados el 7, 13 y 17 de junio de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la Jueza ahora codemandada la revocatoria de “…MEDIDA CAUTELAR DE CATACTER REAL DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR SER LESIVA A DERECGOS TERCERAS PERSONAS CONFORME EL ART. 252 DEL CPP…” [(sic) fs. 28 a 35 vta. y 52)]. II.5. Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2022, Roxana Marisol Lazarte Soliz -ahora accionante-, reitera su pedido de levantamiento de anotación preventiva ante la Fiscal de Materia de la causa (fs. 23 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso; toda vez que ni la Jueza ni la representante del Ministerio Público han motivado adecuadamente las decisiones relacionadas con la anotación preventiva sobre el vehículo, que sigue vigente más allá del plazo permitido por ley, sin que se haya utilizado como prueba en el proceso penal, siendo que sus solicitudes de devolución del vehículo han sido desatendidas injustificadamente, lo que causó una dilación indebida exigiéndosele la presentación de documentación original a pesar de que ya se encontraba en el expediente. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La reconducción procesal de acciones; ii) La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal; iii) Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La reconducción procesal de acciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0862/2018-S2 de 20 de diciembre emitió el siguiente criterio jurisprudencial: A través de la reconducción procesal de acciones, es posible que una acción de defensa erróneamente planteada, pueda ser convertida, de oficio, a la acción de defensa que corresponde. La jurisprudencia constitucional, desarrolló este mecanismo en las siguientes Sentencias Constitucionales: Así, la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, generó un entendimiento aplicable a la acción de cumplimiento, por su novedosa incorporación a la Constitución Política del Estado, constituyéndose en el primer antecedente jurisprudencial. Posteriormente, la SCP 0347/2012 de 22 de junio, recondujo excepcionalmente un recurso directo de nulidad a una acción de amparo constitucional, a partir del principio pro actione, sin establecer subreglas aplicables a futuros casos. Luego, la SCP 0645/2012 de 23 de julio, por primera vez recondujo una acción de cumplimiento a una acción popular interpuesta por pueblos indígenas, señalando requisitos expresos para el efecto. Asimismo, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, verificando previamente el cumplimiento de los requisitos de este último mecanismo de defensa y de la inexistencia de las causales de improcedencia. En igual sentido, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, extendió de manera expresa la posibilidad de efectuar la reconducción procesal en todas las acciones de defensa, señalando en su Fundamento Jurídico III.3, que:

…la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. La referida SCP 0210/2013 de 5 de marzo, estableció que la reconducción de acciones no solo alcanza al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también, a los jueces y tribunales de garantías. Entendimiento que se reiteró en la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, sostuvo:

…es posible reconducir procesalmente las acciones tutelares cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, como lo ha venido haciendo este tribunal en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, como las SSCCPP 0645/2012, 2271/2012, 210/2013, 897/2013, entre otras; reconducción que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos (…). Por otra parte, la SCP 0778/2014 de 21 de abril, desarrolla la figura de la reconducción procesal, sin establecer requisitos para su aplicación, con el siguiente entendimiento: …de acuerdo a circunstancias concretas y en aplicación del método de ponderación para cada caso, la activación del control tutelar de constitucionalidad a través de cualquiera de las acciones de defensa, en mérito a la naturaleza de derechos a ser tutelados, podrá ser reconducida procesalmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional a la acción idónea para el resguardo de los derechos denunciados como vulnerados, labor que tiene la finalidad de consolidar una verdadera materialización del orden constitucional imperante, resguardar el principio de justicia material y asegurar un real acceso a la justicia constitucional, resguardando así la vigencia de valores plurales supremos como ser el “vivir bien” en el marco de los lineamientos propios del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, postulado que se configura como un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente fallo constitucional. Conforme a dicho entendimiento, jueces y tribunales de garantía, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden reconducir las acciones de defensa, de oficio, a la acción idónea, para el resguardo de los derechos alegados como vulnerados, efectuando una ponderación en cada caso. No obstante, lo anotado, posteriormente, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.3, moduló el entendimiento anotado, estableciendo que la reconducción de acciones no opera en todos los casos, sino, que está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada, conforme a los siguientes entendimientos:

Ahora bien, en consideración a que la reconducción o conversión de acciones constitucionales se efectúa en favor del accionante, es menester fijar parámetros claros a efectos de su aplicación y a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales; en consecuencia, el razonamiento o doctrina constitucional precedentemente referido (reconducción o conversión de acciones) no opera ni es aplicable en todos los casos, sino que, dicha pauta de interpretación es de aplicación exclusiva y reservada para determinadas circunstancias y sujetos procesales en particular; es decir, si la justicia constitucional, a tiempo de examinar la acción de cumplimiento, advierte que el contenido de la demanda permite adecuar y reconducir a otra acción tutelar, además de constatar una evidente lesión de derechos, previamente deberá tener certeza y convicción que la protección constitucional que se pretende otorgar será favorable y beneficioso para grupos que requieren una protección constitucional reforzada (…)

…Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones. Como se observa, la SCP 0617/2016-S2 contiene un entendimiento regresivo con relación a la anterior jurisprudencia constitucional; sin embargo, debe recordarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional generó la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE; en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél, que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. A partir de dicha doctrina, en el caso de la reconducción procesal de acciones, el precedente en vigor se encuentra en la SCP 0778/2014, al ser más favorable para el acceso a la justicia constitucional; por cuanto, no establece condiciones para la reconducción procesal de acciones, pues ésta opera, con la finalidad de proteger de manera inmediata los derechos vulnerados y materializar el orden constitucional imperante, resguardando el principio de justicia material.

III.2. La anotación preventiva como medida cautelar de carácter real prevista en el Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0933/2019-S2 de 4 de octubre emitió el siguiente criterio:

El Código de Procedimiento Penal, además de las medidas cautelares de carácter personal, tiene previstas las de carácter real, así el art. 252 del CPP, establece:

Artículo 252. (Medidas Cautelares Reales). Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado.

El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contra cautela a la víctima en ningún caso.

La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma.

En las investigaciones por delitos de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas; el Fiscal dispondrá la anotación preventiva de todos los bienes vinculados a la investigación mediante resolución fundamentada, la cual se pondrá en conocimiento de la Jueza o Juez de control jurisdiccional para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas lo ratifique, modifique o revoque (las negrillas nos pertenecen). Ahora bien, dentro de las medidas cautelares reales, encontramos a la anotación preventiva, que resulta una medida de carácter provisional distinta a la inscripción, que se realiza en el registro de DD.RR., a efectos de cautelar el resarcimiento del posible daño generado por la comisión de un hecho delictivo; y, conforme a la norma precedentemente señalada, puede ser dispuesta directamente por el Ministerio Público.

De lo que se tiene, que para esta medida en concreto, la norma no solo le faculta al juez de la causa, sino también al fiscal de materia; quien deberá dentro de las veinticuatro horas informar a la autoridad jurisdiccional a efectos que ratifique, modifique o revoque la medida en el término de tres días; en este sentido, la anotación preventiva puede ser dispuesta por ambas autoridades, pero, en definitiva, la autoridad judicial competente es quien, en última instancia, define si la medida cautelar de carácter real es aplicada y de qué manera debe serlo. Por lo tanto, no queda duda que una vez dispuesta la anotación preventiva, toda cuestión incidental referida a ésta, debe ser conocida y resuelta por el juez o tribunal que lleva la causa, máxime si consideramos que el art. 44 del CPP, establece que: “El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. Por otra parte y toda vez que, el Código de Procedimiento Penal, se remite al Código Civil para el trámite de aplicación de las medidas cautelares de carácter real; debe considerarse que para el caso en específico de la anotación preventiva y su solicitud de caducidad; los jueces y tribunales que llevan adelante el proceso penal, están compelidos a conocer y resolver ésta, analizando las previsiones inmersas en el 1553 del CC; por cuanto, de no hacerlo, vulnerarían los derechos al debido proceso, a la tutela 2Así, la SCP 0303/2017-S3 de 12 de abril, en el FJ III.2 manifestó: “A ese efecto, los Vocales demandados tendrían que tener presente los alcances de la participación en el proceso penal por parte de terceros con interés legítimo, respecto de lo cual, la jurisprudencia de manera reiterada ha reconocido la competencia del Juez que tiene el conocimiento de la causa, para conocer los reclamos provenientes de terceros, indicando que: “…el art. 44 del Código de Procedimiento Penal establece que: ‘El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas’ sea que estas provengan de las partes procesales o de terceros, es decir, el juez que tiene la competencia para conocer lo principal, también tiene la competencia para conocer lo accesorio, en este sentido el control jurisdiccional sobre la investigación de un delito, provoca que también tenga competencia para conocer todos los actos relacionados a esa investigación, que afecten directamente a terceras personas ajenas a la investigación o que sean parte de ella sin importar su calidad dentro de la misma” (SCP 1128/2014 de 10 de junio) reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0164/2014-S3, 0096/2015-S3 y 0307/2015-S3). En base a lo anotado, se denota la ausencia de análisis por parte de los Vocales demandados, en lo que respecta al alcance de las facultades jurisdiccionales tanto de primera instancia como de alzada en relación a los reclamos provenientes de terceros que se ven afectados con las Resoluciones emitidas dentro del proceso penal; advirtiéndose que el Tribunal de alzada le devuelve como argumento de su negativa a considerar el recurso, el mismo argumento planteado por el ahora accionante, pues de la revisión de todas sus peticiones dentro del proceso con relación al levantamiento de la anotación preventiva de su inmueble e incluso en esta acción tutelar, sostiene enfáticamente no ser parte del proceso penal en el que se dispuso dicha medida, siendo este el argumento que utilizan los Vocales ahora demandados para negarle el recurso, sumando con ello, más incoherencia a su decisión. Ello sin contar, la contradicción advertida por la Jueza de garantías, respecto de uno de los Vocales suscribientes del referido Auto de Vista 210/2016, que en este mismo proceso penal resolvió en el fondo la petición del ahora accionante con relación al levantamiento de la anotación preventiva, a través de Auto de Vista 304/15 citado en la parte considerativa del Auto de Vista ahora impugnado como aquel que dio lugar al Auto de 6 de septiembre de 2015, cuya apelación niegan considerar sin esgrimir justificación alguna para el cambio de criterio de unos de los Vocales demandados. Por estas razones, este Tribunal considera que el Auto de Vista 210/2016 vulneró los derechos del ahora accionante a contar con una Resolución debidamente motivada y fundamentada, así como a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, lo que hace necesario que las autoridades demandadas emitan nueva Resolución, considerando lo aquí extrañado”.

judicial efectiva y al acceso a la justicia, conforme lo entendió este Tribunal en la SCP 0982/2016-S1 de 19 de octubre. Este entendimiento ya fue asumido por esta Sala en la SCP 0847/2018-S2 de 20 de diciembre. Finalmente cabe precisar que conforme dispone el art. 325.II del Código Procesal Civil (CPC): “La anotación preventiva en un registro público constituye un acto de publicidad y no impide a su titular el ejercicio del contenido de su derecho ni otorga al que obtuvo la preferencia”.

III.3. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0250/2018-S2 de 12 de junio emitió el siguiente razonamiento: Con relación a este derecho fundamental, debemos señalar que la tutela judicial efectiva como elemento de la garantía del debido proceso, se encuentra reconocida por el art. 115.I de la CPE, que a la letra dice: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” (las negrillas son introducidas).

En sintonía con esta norma constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establece en su art. 8.1, que:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (las negrillas son agregadas).

3El FJ III.4, manifiesta: “En el caso concreto se advierte que la presente acción tutelar versa sobre la falta de motivación e incongruencia, al emitirse el Auto de Vista cuestionado, denunciando que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se pronunciaron sobre la caducidad de la anotación preventiva, ni mencionaron en qué se basaron para no dejar caducar la misma y mantener vigente dicha medida precautoria. De la revisión del Auto en cuestión se establece en la parte in fine: ‘Que, de la revisión y lectura del auto interlocutorio de fs. 168 y vta., se evidencia que no se encuentra debidamente fundamentado conforme a las exigencias del art. 124 del Código de Procedimiento Penal, ya que el Juez inferior en la parte resolutiva del fallo no ha citado ninguna disposición legal en la cual se ampare su resolución, es decir no ha dado razones jurídicas del porque esta ordenando la cancelación de la anotación preventiva; en definitiva, corresponde declarar la procedencia de las apelaciones incidentales’ (sic); de lo cual, se evidencia que no existe una fundamentación jurídico legal, que dé respuesta clara a las pretensiones de las partes, si bien se hace referencia a la reparación del daño civil, en ninguna parte de la Resolución hace mención a la caducidad de la anotación preventiva, que fue expuesta por los accionantes, no identifica la norma jurídico legal del porque tiene que permanecer vigente la anotación preventiva del bien inmueble, considerando la normativa efectiva aplicable al caso; por otro lado, se observa que el Juez a quo, en el Auto Interlocutorio de 15 de diciembre de 2015, que dispuso declarar procedente la solicitud de levantamiento de la anotación preventiva ordenada contra el bien inmueble, en la parte final dando respuesta al otrosí 2do.- refiere: ‘Tiene expedita la vía para solicitar cualquier responsabilidad civil’ (sic); de lo que se colige, que no se está afectando a la pretensión de los ahora terceros interesados, quienes tiene la vía expedita para interponer la reparación del daño, resolviéndose la cancelación de la anotación preventiva por caducidad, no impidiendo a las partes interponer lo que en derecho les corresponda, consecuentemente, al evidenciarse la falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista impugnado, corresponde conceder la tutela solicitada”.

En ese marco normativo, la jurisprudencia constitucional se pronunció al respecto, expresando que el derecho a la tutela judicial efectiva es la facultad que tiene toda persona de acudir ante el Órgano de administración de justicia -en sus diferentes jurisdicciones- o instancia administrativa, para formular peticiones o asumir defensa y obtener un pronunciamiento expreso en un tiempo razonable, en procura de la tutela real de sus derechos e intereses, promoviendo certidumbre a las pretensiones en pugna, constituyendo una garantía para la prevalencia de los derechos e intereses.

Otro aspecto vinculado estrechamente con la tutela judicial efectiva, es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, constituyéndose el criterio teleológico en la interpretación de las normas procesales, previsto en el art. 91 Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabg), que a la letra decia: “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal. (Arts. 1, 193)” (el resaltado es nuestro). El sentido otorgado en esta norma procesal, se mantuvo subsistente en el nuevo Código Procesal Civil, que en su art. 6, textualmente señala: Al interpretar la Ley Procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente Código, se recurrirá a normas análogas, la equidad que nace de la leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías constitucionales en todo momento (el resaltado es incorporado). Finalmente, la jurisprudencia constitucional en vinculación con lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva, señaló que la autoridad judicial o administraba tiene el deber de asumir las medidas adecuadas y oportunas, para la ejecución o cumplimiento de sus resoluciones judiciales o administrativas; su omisión implica la lesión del derecho a la eficacia de las resoluciones, solo ante dicha omisión ostensible y agotado los medios que la ley establece, es posible acudir a la jurisdicción constitucional para la tutela respectiva -no para ejecutar las resoluciones- y la reparación del debido proceso.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso; toda vez que ni la Jueza ni la representante del Ministerio Público han motivado adecuadamente las decisiones relacionadas con la anotación preventiva sobre el vehículo, que sigue vigente más allá del plazo permitido por ley, sin que se haya utilizado como prueba en el proceso penal, siendo que sus solicitudes de devolución del vehículo han sido desatendidas injustificadamente, lo que causó una dilación indebida exigiéndosele la presentación de documentación original a pesar de que ya se encontraba en el expediente Por lo expuesto, la demandante de tutela solicita que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga lo siguiente: “…QUE LA JUEZ DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA EN LO PENAL ASIMISMO LA FISCAL DE MATERIA PROCEDAN DE FORMA INMEDIATA AL CESE A LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA MIA TODA VEZ QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA NO PUEDE ESTAR DE FORMA INDEFINIDA, MÁXIME SI LA MISMA NO ESTA CONVERTIDA EN INSCRIPCIÓN, SE PROCEDA AL LEVANTAR Y/O REVOCAR LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA ante la oficinas de Transito de la ciudad de Oruro, de la movilidad clase vagoneta marca suzuki tipo grand vitara modelo 2010 color negro chasis No. JS3TEOD11A0035, MOTOR J24B1091528 con placa de circulación No. 3044YAK, de la que soy legitima y única propietaria…” (sic). Al revisar los antecedentes y las Conclusiones del presente fallo 6 La jurisprudencia constitucional respecto a la ejecución compulsiva de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales o administrativas, se ha pronunciado en la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, citado por la SCP 0689/2013 de 3 de junio, en los siguientes términos: “… no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin, habida cuenta que se activa solamente ante la vulneración clara y efectiva de un derecho fundamental; así, se ha establecido una línea jurisprudencial en los casos en que se solicitó la ejecución de sentencias pasadas con autoridad de cosa juzgada, en el sentido de que el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, impide conocer un asunto en el que se impetre la ejecución de una sentencia, resolución o fallo, pues esa labor le corresponde al órgano que lo emitió (SSCC 0354/2003-R y 0889/2004-R); razonamiento aplicable también para la ejecución de resoluciones administrativas, pues es al propio órgano emisor de la resolución administrativa al que le corresponde ejecutar sus resoluciones, y sólo si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se han agotado los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso o a otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de la garantías del debido proceso, y la no ejecución lesiona tal derecho”.

constitucional, se observa que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Franklin Antonio Alborta Alandia contra Edy Huanca Choquehuanca y Rigoberto Paredes Amestoy, el Fiscal de Materia de la causa, el 21 de julio de 2021, emitió la Resolución de Secuestro de la vagoneta Suzuki Grand Vitara, modelo 2010, color negro, chasis JS3TE0D11A0035 y número de placa 3044YAK, nombrando a la ahora impetrante de tutela, Roxana Marisol Lazarte Soliz, como depositaria (Conclusión II.1). El 17 de marzo de 2022, la mencionada depositaria presentó un memorial ante el Fiscal de Materia de la División Patrimoniales, solicitando el levantamiento y/o cancelación de la medida de anotación preventiva, argumentando su caducidad; en respuesta, se emitió la providencia de 18 de igual mes y año que ordenaba acreditar documentalmente el derecho propietario sobre el vehículo. Posteriormente, el 13 de junio de 2022, la ahora accionante, presentó otro memorial ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada-, solicitando la revocatoria de la medida cautelar de anotación preventiva, por considerarla lesiva a los derechos de terceras personas, conforme al art. 252 del CPP; en cuyo mérito, el 14 del mismo mes y año, la Jueza codemandada dispuso que se adjuntara prueba respaldatoria que acredite la respuesta negativa del Ministerio Público. en esa línea, la ahora impetrante de tutela reiteró su solicitud mediante memoriales presentados el 7, 13, 17 de junio y 28 de agosto de 2022, señalando que la medida afectaba los derechos de terceras personas reiterando el pedido de levantamiento de la anotación preventiva, conforme al art. 252 del CPP (Conclusiones II.2, II.3, II.4 y II.5). Ahora bien, con carácter previo cabe señalar que conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la reconducción procesal en acciones de defensa permite a jueces, tribunales de garantías y al Tribunal Constitucional Plurinacional reconducir las acciones a la vía idónea para proteger derechos vulnerados de manera inmediata, priorizando casos de vulnerabilidad y evitando demoras en la tutela, como se estableció en la SCP 0210/2013 de 5 de marzo; posteriormente, la SCP 0778/2014 de 21 de abril amplió este entendimiento al permitir la reconducción sin requisitos específicos, resaltando su finalidad de garantizar la justicia material y el acceso efectivo a la justicia constitucional; sin embargo, la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo restringió esta figura, reservándola únicamente para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidades o enfermedades graves, y pueblos indígenas, limitación que se considera un entendimiento regresivo respecto a criterios anteriores. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido la doctrina del estándar más alto de protección, basada en los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado, la cual prioriza el precedente que brinde mayor protección de derechos fundamentales, independientemente del criterio temporal. En este sentido, se considera que la SCP 0778/2014 constituye el precedente aplicable, ya que no impone restricciones para la reconducción procesal y promueve la materialización del orden constitucional, garantizando una tutela más efectiva de los derechos vulnerados y el principio de justicia material, por lo que, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico señalado, con la finalidad de resguardar de manera inmediata el derecho-garantía del debido proceso del ahora accionante y de sus derechos en calidad de víctima del delito; garantizando además, el acceso a la justicia constitucional y el principio de justicia material, corresponde ingresar al análisis de fondo, reconduciendo la acción de libertad formulada por la impetrante de tutela a una acción de amparo constitucional, en mérito a que los derechos presuntamente lesionados, no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, sino, de la acción amparo constitucional. Por otro lado, según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la anotación preventiva es una medida cautelar real de carácter provisional, distinta de la inscripción en el registro de Derechos Reales, destinada a proteger el resarcimiento por daños derivados de un hecho delictivo. Esta medida puede ser dispuesta tanto por el Ministerio Público como por el juez de la causa. En el primer caso, la autoridad fiscal debe informar a la autoridad jurisdiccional en un plazo de veinticuatro horas, para que esta decida sobre la medida en un plazo de tres días. Una vez dispuesta la anotación preventiva, todas las cuestiones incidentales deben ser resueltas por el juez o tribunal competente, de acuerdo con el art. 44 del CPP. Además, dado que la norma adjetiva penal remite al Código Civil para la aplicación de medidas cautelares, los jueces deben considerar las disposiciones del art. 1553 del Código Civil (CC) al analizar solicitudes de caducidad de la anotación preventiva, dado que la falta de cumplimiento con esta obligación vulneraría los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, como se estableció la SCP 0847/2018-S2 de 20 de diciembre. Bajo ese marco, la parte accionante ha solicitado en diversas ocasiones la cancelación de la anotación preventiva registrada sobre el vehículo del cual es depositaria. Sin embargo, ni el Juez de Sentencia Penal ni la Fiscal de Materia de la causa, ahora demandados, resolvieron en el fondo dicha petición, limitándose a solicitar que la ahora accionante presente la documentación que acredite su derecho propietario, a pesar de que lo extrañado ya se encontraba en el expediente, sin considerar que la presentación reiterada de estos documentos no es necesaria para conocer y resolver la cancelación solicitada, lo que contraviene el principio de economía procesal, que impone a las autoridades judiciales la obligación de evitar actos dilatorios y resolver conforme a los antecedentes existentes.

La falta de resolución sobre la solicitud de cancelación de la anotación preventiva vulnera directamente el derecho de acceso a la justicia, en tanto que este implica no solo la posibilidad de acudir a una autoridad competente, sino también el deber de dicha autoridad de emitir una respuesta oportuna, adecuada y motivada. Según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0847/2018-S2, la anotación preventiva, como medida cautelar real de carácter provisional, está sujeta a un procedimiento claro y a plazos definidos en el Código de Procedimiento Penal (CPP), que establecen que las cuestiones incidentales deben ser resueltas por el juez o tribunal competente en función de lo dispuesto en el art. 44 del CPP y en armonía con el art. 1553 del Código Civil. En este caso, la inacción tanto del Juez de Sentencia Penal como de la Fiscal de Materia, al no resolver de fondo y requerir documentación que ya obran en el expediente, constituye una omisión que afecta no solo la celeridad procesal, sino también la obligación de garantizar una tutela efectiva de los derechos de las partes involucradas. Este comportamiento omisivo resulta contrario al principio de economía procesal, que exige que las autoridades judiciales actúen con diligencia y eviten actuaciones innecesarias o dilatorias; además que contraviene lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional que establece que el derecho a la tutela judicial efectiva garantiza a toda persona acceder a instancias judiciales o administrativas para presentar peticiones, asumir defensa y obtener una resolución en un tiempo razonable, promoviendo la protección real de derechos y la certidumbre jurídica. Este derecho también implica que las normas procesales deben interpretarse en función de la efectividad de los derechos reconocidos, preservando las garantías constitucionales y recurriendo a principios generales del derecho en caso de vacíos normativos. Asimismo, las autoridades judiciales y administrativas tienen el deber de adoptar medidas oportunas para garantizar la ejecución de sus resoluciones, ya que su omisión vulnera el derecho a la eficacia de estas y al debido proceso, entendiendo que la inacción o dilación en resolver las cuestiones incidentales pueden perpetuar una situación de incertidumbre jurídica y vulnerar derechos fundamentales. En este sentido, la falta de resolución sobre la solicitud de cancelación de la anotación preventiva no solo vulnera el derecho al debido proceso, sino que también niega el acceso a la justicia, al desatender una petición legítima de la parte accionante y frustrar el propósito de las medidas cautelares, que es asegurar el cumplimiento de los derechos sustantivos. Por lo tanto, corresponde que las autoridades cumplan con su deber de emitir una decisión conforme a los antecedentes del expediente, evitando mayores dilaciones que perpetúen la vulneración de derechos.

Finalmente, en razón a que la medida cautelar de carácter real solo constituye un acto de publicidad que no impide el ejercicio del contenido de su derecho, tal como se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, no se advierte la vulneración del derecho a la propiedad privada que se denuncia. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 54/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 81 a 85 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

4 Respecto a la tutela judicial efectiva, la SC 0797/2010-R de 2 de agosto -citada por la SCP 1020/2013 de 27 de junio- señala: “… comprende el acceso de toda persona, independientemente de su condición económica, social, cultural o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos de administración de justicia para formular peticiones o asumir defensa y lograr el pronunciamiento de una resolución que tutele sus derechos, como bien jurídico protegido; obteniendo el pronunciamiento de la autoridad sea judicial, administrativa o fiscal (…). En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”. 5La jurisprudencia expresada en la SCP 1020/2013, de manera complementaria a lo establecido por la SC 0797/2010-R, indica: “…Entonces, la tutela judicial efectiva, no se reduce en la simple facultad que toda persona tiene para acceder o acudir a los órganos encargados de la administración de justicia, recibir de los mismos una respuesta pronta y oportuna; sino también, en la medida que ello genere certeza y seguridad en sus pretensiones, siendo una verdadera garantía para hacer prevalecer sus derechos e intereses legítimos”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0465_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): dc477a37b6003ead41df55b3a8d0fd7a81112d85e443d7eeceefe977ca28e569

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