B.IA.LEGAL

SCP 0465/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Rene Yván Espada Navía
Expediente
45876-2022-92-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denunciaron como lesionados el debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, así como a una justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; toda vez que, habiéndose llevado a cabo audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, en la que se determinó su detención preventiva, interpusieron recurso de apelación en la misma; sin embargo, la remisión del legajo procesal no se hizo efectiva ante el Tribunal de alzada dentro el plazo previsto por ley. En consecuencia, en revisión corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 12 de febrero, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, exhortar a las autoridades judiciales y Secretaria demandados, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada. Sobre la acción de libertad innovativa
  2. III.2. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  3. III.3. Legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Rene Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45876-2022-92-AL Departamento: Beni En revisión de la Resolución 01/2022 de 12 de febrero, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Pedro Carvalho Ojopi en representación sin mandato de Willman Córdova Aulo y Fermín Aulo Leite contra Arnold Vaca Guaribana, Kenny Álvaro Rivero Arce y Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni; y, Karen Ojopi Saavedra, Secretaria del Juzgado referido.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 5 a 9 vta. los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación; en audiencia de consideración de revocatoria de medidas sustitutivas, solicitada por el Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, a través del Auto Interlocutorio 04/2022 de 5 de febrero, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocoví de Trinidad del citado departamento; por lo que, al amparo de lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) plantearon apelación incidental en contra de lo dispuesto. De tal forma que, desde el día en el que se dio lectura de la Resolución indicada (7 de febrero de 2022) a la fecha de interposición de la presente acción de libertad, las autoridades demandadas no dispusieron ni procedieron a remitir el recurso planteado; cuando el mismo debió ser enviado ante el Tribunal de alzada en el plazo improrrogable de veinticuatro horas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los solicitantes de tutela alegaron la vulneración del debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; así como a una justicia pronta y oportuna; refiriendo también el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23.I, 24, 109.I, 110.I y II, 115.I y II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a las autoridades demandadas que en el día, remitan su recurso de apelación incidental, planteado en la audiencia de medidas sustitutivas de 7 de febrero de 2022; se “haga efectiva por parte de los accionados la Reparación de los Daños y Perjuicios en caso de que ésta sea declarada procedente y sea con costas de acuerdo al arancel Mínimo del colegio de abogados del Beni” (sic); y, se remitan antecedentes del proceso al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura, determinando además, responsabilidad penal por la demora al acceso a la justicia e incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de febrero de 2022, conforme consta en el acta que cursa de fs. 69 a 71, en presencia de los accionantes a través de su representante sin mandato y las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron los argumentos contenidos en el memorial de acción de libertad y ampliando los mismos, señalaron lo que sigue: a) “tenemos informe de la secretaria de la Sala Penal que hasta el día de hoy, creó el Informe o hasta el día que emitió el informe no habría llegado nada a la ciudad de Santa Ana hasta la ciudad de Trinidad” (sic); b) Los demandados no adjuntaron prueba alguna que demuestre que, el recurso planteado hubiera sido enviado ante el Tribunal de alzada; y, c) Habiendo consultado a la Secretaria ahora demandada el 9 de febrero de 2022 vía WhatsApp, respecto a la remisión de la apelación interpuesta, no obtuvieron respuesta alguna.

I.2.2. Informe de las autoridades y Secretaria demandadas

Arnold Vaca Guaribana, Kenny Alvaro Rivero Arce, Juan Carlos Iglesias Herrera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, a través de informe cursante de fs. 66 a 67, refirieron que el 7 de febrero de 2022 se dio lectura al Auto Interlocutorio 04/2022 de 5 de febrero; por el que, se dispuso la detención preventiva de los accionantes, quienes plantearon recurso de apelación incidental; de tal forma que se ordenó su remisión en el plazo de veinticuatro horas; “HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE LA GRAVACIÓN DIGITAL DE LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES FUE EMITIDA POR EL INGENIERO DE SISTEMAS A LA SECRETARIA DE DESPACHO RECIÉN EN FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 (…) debiendo darse la debida atención al INFORME PRESENTADO POR LA SECRETARIA DEL DESPACHO, DONDE SE DESCARGA DE SUS RESPONSABILIDADES” (sic). Karen Ojopi Saavedra, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni; no se presentó en audiencia y tampoco remitió informe alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, mediante Resolución 01/2022 de 12 de febrero, cursante a fs. 71 a 73 vta., concedió la tutela impetrada, llamando severamente la atención a los codemandados; bajo el fundamento de que, si bien las autoridades remitieron el expediente ante el Tribunal de alzada el 11 de febrero de 2022; sin embargo, de acuerdo a la Certificación de 12 del mes y año indicados, emitida por el Secretario de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, la causa no hubiera sido recepcionada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 04/2022 de 5 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, declararon fundado el incidente de revocatoria de medidas cautelares personales, presentado por el Ministerio Público; disponiendo en consecuencia, la detención preventiva de Willman Córdova Aulo y Fermín Aulo Leite, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Mocoví de Trinidad del citado departamento (fs. 52 a 57). II.2. Mediante Acta de continuación de audiencia virtual de revocatoria de medidas sustitutivas de 7 de febrero de 2022, se tiene que posterior a la lectura del Auto Interlocutorio 4/2022, los impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación en contra del mismo, al amparo del art. 251 del Código de CPP (fs. 47 a 51). II.3. Por Nota cite: T.S.P.-J.P.N.A.-P.T.-S.S.-S.P.S.A. 49/2022 de 11 de febrero, emitida por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, por la que se remitió el recurso de apelación planteado por los solicitantes de tutela, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; constando además, por Guía 102869 de “JET EXPRESS COURIER”, de 11 de febrero de 2022, la remisión de cuaderno procesal indicado a la instancia judicial referida (fs. 62 a 63). II.4. A través de Informe de 12 de febrero de 2022, presentado ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, el Secretario de la Sala Penal del Tribunal departamental de Justicia del Beni, refirió que: “habiendo realizado una revisión del Sistema de Registro Judicial SIREJ, así como del libro de ingreso de demandas nuevas de este tribunal de alzada penal gestión 2022, se evidencia solamente la recepción del trámite de revisión de recusación realizado en fecha 3 de febrero de 2022, dentro del proceso penal con CUD 801102012001296-1, recepción realizada en sala penal el día 10 de febrero de 2022, no evidenciándose ninguna otra recepción de actuados en el señalado proceso penal” (sic) [fs. 67].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denunciaron como lesionados el debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, así como a una justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad; toda vez que, habiéndose llevado a cabo audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, en la que se determinó su detención preventiva, interpusieron recurso de apelación en la misma; sin embargo, la remisión del legajo procesal no se hizo efectiva ante el Tribunal de alzada dentro el plazo previsto por ley. En consecuencia, en revisión corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada. Sobre la acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre estableció que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Al respecto, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′” (las negrillas son nuestras). Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

III.3. Legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: '…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados'. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC0817/2001-R, 0139/2002-R,1279/2002-R y 1651/2004-R,entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-Rde 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales0714/2013de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abrily0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedichaSCP0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015,expresa: ‘...la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’.

Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron sub reglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas sub reglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘...son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]).

En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: 'ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’ (…). Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP0427/2015-S2de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘...si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde;(...); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’ (…).

De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterándolas determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas fueron agregadas).

III.4. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denunciaron como lesionados el debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; así como a una justicia pronta y oportuna, y el principio de celeridad; toda vez que, habiéndose llevado a cabo audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, en la que se determinó su detención preventiva, interpusieron recurso de apelación en la misma; sin embargo, la remisión del legajo procesal no se hizo efectiva ante el Tribunal de alzada dentro el plazo previsto por Ley. De los antecedentes que cursan en obrados, específicamente el memorial de la acción de defensa planteada y el informe de las autoridades demandadas, se tiene que el 7 de febrero de 2022, se dio continuidad a la audiencia de modificación de medidas cautelares, en la que se dio lectura al Auto Interlocutorio 04/2022, el cual determinó la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela; extremo que motivó que, interpusieran recurso de apelación incidental en contra de lo dispuesto; de tal forma que, la autoridad demandada ordenó la remisión de dicho recurso ante el Tribunal de alzada.

De otro lado, la autoridad demandada, señaló en su informe que, mediante Nota cite: T.S.P.-J.P.N.A.-P.T.-S.S.-S.P.S.A. 49/2022 de 11 de febrero, emitida por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, se remitió el recurso de apelación planteado por los solicitantes de tutela, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

III.4.1. Análisis sobre las actuaciones de los Jueces demandados

El acto lesivo de los accionantes radica en que, una vez interpuesto su recurso de apelación incidental en contra de la decisión de detención preventiva impuesta en su contra, las autoridades demandadas no remitieron el cuaderno procesal ante el Tribunal de alzada, en el marco de los plazos establecidos por Ley, actuar con el cual, estaría lesionándose su derecho a la libertad. En ese sentido, si bien, el Juez de garantías constató que, el recurso incidental planteado por los solicitantes de tutela, fue remitido ante el Tribunal de alzada, en este caso, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se debe tener presente lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; el cual establece que, todo trámite en el que se encuentre vinculado el derecho a la libertad de las personas, el mismo necesariamente debe ser tramitado con la debida celeridad; así, el art. 251 del CPP; establece que, ante la interposición del recurso de apelación, el Juez a quo deberá remitir los actuados pertinentes ante el Tribunal ad quem dentro de las veinticuatro horas siguientes. De todo lo anteriormente manifestado se tiene que las autoridades incurrieron en dilación respecto a la apelación instaurada por el hoy accionante; toda vez que, el mismo interpuso recurso de apelación el 7 de febrero de 2022 y este no fue enviado al Tribunal de alzada sino hasta el 11 del mes y año indicados; transcurriendo cuatro días desde que se lo interpuso, haciendo evidente el incumplimiento del plazo establecido en el art. 251 del citado Código; y, si bien las referidas autoridades señalan que esto se debió a una remisión tardía de la grabación virtual de la audiencia por parte del personal de sistemas a su cargo; al ser encargados del proceso, tienen la obligación de dirigir y supervisarlo; previendo que, situaciones como la expuesta no generen dilaciones indebidas que imposibiliten la resolución de la situación jurídica de los accionantes; que además, de acuerdo al Informe de 12 de febrero de 2022, emitido por el Secretario de la Sala Penal del Tribunal departamental de Justicia de Beni, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, el legajo procesal aun no habría sido recepcionado, manteniéndose así, la demora respecto a lo impetrado por éstos. Por lo señalado, ante la inobservancia del debido proceso vinculado con el derecho a la libertad y con el principio de celeridad que debe existir en todo trámite vinculado al citado derecho, resulta evidente la dilación en la que incurrieron las autoridades jurisdiccionales demandas, y por tanto, amerita conceder la tutela solicitada respecto a las mismas.

III.4.2. Análisis sobre las actuaciones de la Secretaria demandada

Con relación a las actuaciones de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal-Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Santa Ana de Yacuma del departamento de Beni, corresponde considerar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que si bien los servidores de apoyo judicial no cuentan con legitimación pasiva, al no ser quienes asumen determinaciones jurisdiccionales; empero, no es menos cierto que pueden ser demandados, cuando: “…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” . Es decir, que si bien los mismos no asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones; y, el cumplimiento de sus responsabilidades, pueden contrariar o incumplir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, o cometer excesos en sus funciones, que conlleven la vulneración a los derechos fundamentales o garantías constitucionales de las personas. En el caso analizado, de los hechos descritos anteriormente, se evidencia que la servidora de apoyo judicial demandada, demoró en la correspondiente remisión de la apelación planteada, en razón del envío tardío de la grabación virtual de la audiencia por parte del personal de sistemas; por lo que, una vez transcrita el acta, recién procedió al envío mediante Guía 102869 de “JET EXPRESS COURIER”; sin embargo, tomando en cuenta que la misma se encuentra obligada a cumplir las órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; no podía inobservar el trámite que se debe imprimir con relación al recurso de apelación de acuerdo al art. 251 del CPP; más al contrario, tenía el deber de procurar que la situación jurídica de los solicitantes de tutela no quedara en un estado de incertidumbre; por lo que, también es responsable de las omisiones de carácter administrativo como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al Superior en grado; tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal. Por lo señalado, corresponde otorgar la tutela impetrada también con relación a dicho funcionario.

En virtud de lo analizado; si bien, se tiene que el cuaderno procesal ya hubiera sido remitido ante el Tribunal de alzada, a través de la Nota cite: T.S.P.-J.P.N.A.-P.T.-S.S.-S.P.S.A. 49/2022 de 11 de febrero, ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; enviada por Guía 102869 de “JET EXPRESS COURIER”, de 11 de febrero de 2022; con lo cual, hubiera cesado el hecho denunciado como lesivo, deberá considerarse lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que la naturaleza principal de la acción de libertad innovativa radica en la tutela del derecho a “...la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido”; motivo por el cual, pese a que en el caso de autos ya hubiese cesado el acto considerado como lesivo corresponde la concesión de la tutela, esto con el fin de que en futuras actuaciones no se incurra en una vulneración similar de derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 12 de febrero, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, exhortar a las autoridades judiciales y Secretaria demandados, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0465_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 893100ed80c89b8e45c06eff0276f16b5cd298021d4b17b7e99b73f812033e05

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