Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso; puesto que: a) La Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, admitió el recurso de apelación incidental que planteó y declaró la procedencia en parte de las cuestiones y los agravios expuestos; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 de 17 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo que el Juez de primera instancia en el plazo máximo de setenta y dos horas, lleve a cabo nueva audiencia; cuando en realidad correspondía que de manera inmediata la misma determine su situación jurídica, otorgándole la cesación de la referida medida cautelar; y, b) Por ello, su vida se encuentra en riesgo debido a que la cuarta ola del COVID-19 ya existe en el Centro Penitenciariao San Pedro de La Paz en el que se encuentra y continúa privado de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela, respecto a la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica vinculados con la libertad del accionante, al haberse advertido un defecto procesal de omisión en la resolución de la situación jurídica del nombrado.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, emitido por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo fallo, considerando lo señalado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la situación jurídica procesal del accionante no hubiese sido modificado por la naturaleza provisional y temporal de las medidas cautelares de carácter personal. 2° DENEGAR la tutela, con relación a la vulneración del derecho a la vida, conforme a lo expuesto en este fallo constitucional
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0464/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45317-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 001/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santiago Fernando Huanca Mamani en representación sin mandato de Ismael Zegarra Tarqui contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 13 de enero de 2022, cursante de fs. 14 a 19 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Aurelio Zegarra Arce contra su persona, por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los art. 253 y 8 del Código Penal (CP), mediante Resolución 03/2021 de 15 de enero, fue imputado formalmente, iniciándose la etapa preparatoria y a través de Auto Interlocutorio 22/2021 de 11 de mayo, se dispuso su detención preventiva hasta el 11 de noviembre de 2021; fecha en la que se tenía que llevar a cabo nueva audiencia para considerar su situación jurídica; empero, dicha audiencia, no se efectuó y el Ministerio Público no pidió ampliación del plazo conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posteriormente, solicitó al Juez de la causa, la cesación de su detención preventiva, la cual tenía que llevarse a cabo el 14 de diciembre de 2021, la cual, fue suspendida para el 17 de dicho mes y año, por errores del Juzgado y “HASTA ESA FECHA” -se entiende 14 de diciembre de 2021- no existe resolución ampliatoria expresa de su detención preventiva. Una vez instalada la audiencia de 17 de diciembre de 2021 -cesación de la detención preventiva-, el Juez de turno por vacación de fin de año, mediante Auto Interlocutorio 395/2021 de igual fecha, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, validando, de manera ilegal, los actos del Fiscal de Materia los cuales estaban precluidos, y determinó que su persona continúe detenido por el plazo de tres meses más en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz. Ante ello, formuló recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio 395/2021, conforme al art. 251 del CPP, con el fundamento de incumplimiento del art. 124 del indicado Código y la falta de control jurisdiccional y tutela judicial efectiva. Consiguientemente, el referido recurso fue resuelto por la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero -hoy impugnado-, por el que concluyó que: “…si existen agravios ante el incumplimiento de fundamentación de hecho y de derecho y que el juez sexto de instrucción Dr. Douglas Borda emitió una Resolución ilegal que causa Agravios” (sic). De esa manera, si bien la Vocal ahora accionanda revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 apelado; empero, considerando que su solicitud de cesación de la detención preventiva la efectuó al amparo del art. 239.2 del CPP, que señala que procede cuando se venció el plazo dispuesto, siempre y cuando, el Fiscal de Materia no haya solicitado la ampliación; correspondía que de manera inmediata la misma determine su situación jurídica, otorgándole la cesación de la referida medida cautelar. Sin embargo, la Vocal hoy accionada determinó únicamente, que en el plazo de setenta y dos horas, el Juez de la causa señale nuevo día y hora de audiencia para determinar su situación jurídica; hecho que se encuentra apartado de la norma adjetiva penal; puesto que, al evidenciar los agravios expresados, su potestad y deber era de restituir los agravios sufridos, bajo resolución fundamentada. Finalmente, pidió se considere que su vida se encuentra en riesgo, ya que que la cuarta ola del Coronavirus (COVID-19) ya existe en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en el cual se encuentra.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso; citando al efecto los arts. 15.I, 22, 23.I, 115.I y II, 116.I; y, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se determine el cese de su detención indebida, disponiéndose su libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad y ampliándolo manifestó que: a) Se debe considerar la SCP 0345/2015-S2 de 8 de abril, que hace mención al principio de congruencia como elemento del debido proceso, tomando en cuenta que si bien la Vocal ahora accionada aplicó con objetividad la Ley; empero, reconociendo los errores del Auto Interlocutorio 395/2021 apelado, debió disponer su libertad; b) Se encuentra detenido preventivamente por más del tiempo inicialmente establecido; y, c) La Vocal hoy accionada debe cumplir con lo señalado por los arts. 396, 398 y 400 del CPP, conforme al inicio de las acciones de los recursos de apelaciones, tomando en cuenta que en esos artículos se menciona que puede modificar o revocar la resolución que causa agravios.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 14 de enero de 2022, cursante a fs. 28 y vta., manifestó que: 1) El Auto de Vista 06/2022, se emitió conforme al debido proceso, dentro de los plazos establecidos por norma y en cumplimiento de los parámetros y al límite de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, atendiéndose todos los agravios fundamentados en audiencia; 2) Es importante puntualizar que conforme se evidencia de dicho Auto de Vista, no pudo superar aquellos extremos que hubiesen sido omitidos por el Juez de primera instancia y que necesariamente conllevan a su consideración a efectos de poder generar el reparo de aquellos agravios expresados; por lo que, se dispuso que el Juez de primera instancia convoque a una nueva audiencia y cumpla el lineamiento jurisprudencial y la norma contenida por los arts. 239.2, acorde al art. 233, ambos del CPP; asimismo, se deben considerar los arts. 124 y 130 del mismo Código; y, 115.II de la CPE, así como la Resolución “64/2020” emitida por la “Sala Constitucional Tercera” en un plazo no mayor de setenta y dos horas; 3) Por otra parte, corresponde manifestar que la referida determinación no fue objeto de complementación y/o enmienda por la parte apelante -accionante-; por cuanto, se entiende que dio aceptación a la misma; por consiguiente, no se puede generar acciones tutelares sobre cuestiones que no fueron observadas oportunamente, ante lo cual, corresponde invocar el principio “ʽNEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDIMEN ALLEGANSʼ” (sic); es decir, que nadie puede alegar a su favor su propia torpeza; 4) Finalmente, el Auto de Vista 06/2022 impugnado fue emitido en observancia al debido proceso con la debida fundamentación y motivación; y, 5) Por lo anteriormente señalado, considerando que no se vulneraron derechos y garantías, pidió que se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 31 a 34, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De lo señalado por ambas partes procesales, se advierte la existencia sustancial de un agravio que conlleva a una audiencia de motivación y fundamentación congruente, respecto al art. 239.2 del CPP, empero, no se pueden superar aquellos extremos que aparentemente fueron omitidos por el Juez de primera instancia y requieren su necesaria consideración a efectos de poder generar el reparo de aquellos agravios expresados; por lo que, la Voval hoy accionada, en el Auto de Vista 06/2022 hoy impugnado declaró la procedencia en parte de las cuestiones planteadas y revocó el Auto Interlocutorio 395/2021, disponiendo que el Juez de la causa en un plazo no mayor al de setenta y dos horas, convoque a un nuevo desarrollo de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, cumpliendo el lineamiento jurisprudencial constitucional; ii) Asimismo, se debe tomar en cuenta la normativa incumplida, ya que el Auto de Vista 06/2022, en su Considerando I, señala que que la parte recurrente ratifica el recurso de apelación al amparo del art. 251 del CPP, indicando que el Juez de la causa incumplió con el art. 124 del CPP, respecto a la obligación de fundamentar la Resolución recurrida; además, manifestó que dispuso el desarrollo de ambas peticiones en un solo actuado donde se motivó la Resolución primigenia emitida en “mayo de 2021”, esos agravios invocados por la parte apelante -accionante- fueron resueltos; iii) Además, en el Auto de Vista 06/2022, la Vocal ahora accionada señaló que con la misma quedaban notificados los presentes y que daba por concluida la audiencia; motivo por el cual, el abogado del accionante pidió que se complemente el fallo; puesto que, el acto se emitió en el “…Juzgado Sexto Cautelar de La Paz…” (sic), por vacación de fin de año; por lo que, pidió que aclare ante quién se iba a llevar a cabo la audiencia dentro de las setenta y dos horas, y ante ello, la Vocal hoy accionada expresó que se remitiría el legajo del recurso de apelación incidental ante el “…Juez (…) de Chulumani…” (sic); iv) En mérito a lo anterior, se tiene que la parte apelante -accionante- señaló los agravios ante la Vocal ahora accionada, y la misma, mediante el Auto de Vista 06/2022 cuestionado atendió a cada uno de ellos, analizándolos, e incluso revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 objeto de recurso de apelación; v) El Auto de Vista 06/2022 quedó notificado a las partes de manera verbal el 3 de enero de 2022, e incluso el accionante pidió complementación; y, vi) De lo anterior, se evidencia de manera clara que los agravios invocados por el accionante fueron antendidos y aclarados. En vía de aclaración, el accionante a través de su abogado, solicitó al Tribunal de garantías que explique lo referente a que se habrían consentido los agravios ante su solicitud de complementación al Auto de Vista 06/2022; y, cuál es el valor probatorio de la línea jurisprudencial respecto al art. 203 de la CPE. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, señaló, sin lugar lo peticionado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 22/2021 de 11 de mayo, por el cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Ismael Zegarra Tarqui -hoy accionante-, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 572/2021 de 29 de octubre, Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, admitió el recurso de apelación incidental formulado por el accionante y declaró la procedencia de las cuestiones y agravios planteados; y en consecuencia, revocó en parte la Resolución 74/2021 de 7 de septiembre, en relación al art. 234.1 y 2 de la “Ley 1173” -siendo lo correcto Código de Procedimiento Penal-, por los cuales se consideró por desvirtuados en cumplimiento al fundamento del Auto Interlocutorio 22/2021 (fs. 6 a 7). II.3. Consta Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, por el cual, la Vocal ahora accionada, admitió el recurso de apelación planteado por el accionante y declaró la procedencia en parte de las cuestiones y los agravios planteados; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 de 17 de diciembre, sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva del antes mencionado, disponiendo que el Juez inferior en el plazo máximo de setenta y dos horas, convoque a una nueva audiencia; constando que en vía de complementación el abogado del accionante pidió que se aclare ante qué Juzgado se llevará a cabo la audiencia dispuesta; y en respuesta, dicha autoridad judicial indicó que ante el Juez de origen, que es el de la localidad de Chulumani del departamento de La Paz (fs. 23 a 27).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso; puesto que: a) La Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, admitió el recurso de apelación incidental que planteó y declaró la procedencia en parte de las cuestiones y los agravios expuestos; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 de 17 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo que el Juez de primera instancia en el plazo máximo de setenta y dos horas, lleve a cabo nueva audiencia; cuando en realidad correspondía que de manera inmediata la misma determine su situación jurídica, otorgándole la cesación de la referida medida cautelar; y, b) Por ello, su vida se encuentra en riesgo debido a que la cuarta ola del COVID-19 ya existe en el Centro Penitenciariao San Pedro de La Paz en el que se encuentra y continúa privado de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Delimitando la labor a la que debe regirse todo tribunal de apelación, conforme lo previsto por el art. 398 del CPP, “Los tribunales de alzada, circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; estos deben ceñirse únicamente a los puntos apelados.
En ese sentido, la SCP 1267/2012 de 19 de septiembre, señaló que: “En ese contexto, los tribunales de apelación, en su labor de ejercer el control sobre las resoluciones pronunciadas en una instancia inferior, tienen toda la facultad de efectuar la revisión y compulsa de los aspectos sometidos a su jurisdicción, ello supone que, si el inferior incurrió en una deficiencia respecto a la valoración de las pruebas, como una inapropiada compulsa de los antecedentes; derivando en aspectos manifiestamente contrarios a las normas contenidas en la Constitución Política del Estado y la ley, que impliquen un desconocimiento de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, le está permitido subsanar, enmendar y corregir, todos estos aspectos que emerjan de la impugnación. En ese marco de ideas, en su condición de juez de apelación o tribunal de alzada, le está permitido pronunciar su fallo reparando las falencias y restituyendo el derecho reclamado. En tal virtud, es importante precisar que, el tribunal de apelación únicamente corregirá los errores o defectos oportunamente denunciados a través de la apelación incidental, si en ella no se contempla defectos que pudieran existir en el fallo impugnado, el tribunal de apelación se encuentra vetado de emitir cualquier pronunciamiento respecto a este extremo” (las negrillas nos corresponden).
En ese contexto con relación a las atribuciones y obligaciones que tienen los tribunales de apelación en casos de impugnación de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 2482/2012 de 3 de diciembre citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso; puesto que: 1) La Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, admitió el recurso de apelación incidental que planteó y declaró la procedencia en parte de las cuestiones y los agravios expuestos; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 de 17 de diciembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo que el Juez de primera instancia en el plazo máximo de setenta y dos horas, lleve a cabo nueva audiencia; cuando en realidad correspondía que de manera inmediata la misma determine su situación jurídica, otorgándole la cesación de la referida medida cautelar; y, 2) Por ello, su vida se encuentra en riesgo debido a que la cuarta ola del COVID-19 ya existe en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz en el que se encuentra y continúa privado de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa Auto Interlocutorio 22/2021 de 11 de mayo, por el cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante Auto de Vista 572/2021, la Vocal ahora accionada, admitió un anterior recurso de apelación incidental formulado por el accionante y declaró la procedencia de las cuestiones y agravios planteados; y en consecuencia, revocó en parte la Resolución 74/2021 de 7 de septiembre, en relación al art. 234.1 y 2 de la “Ley 1173” -siendo lo correcto del Código de Procedimiento Penal-, por los cuales se consideró por desvirtuados, en cumplimiento al fundamento del Auto Interlocutorio 22/2021 (Conclusión II.2.). Finalmente, consta Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero; por el cual, la Vocal ahora accionada, admitió el recurso de apelación planteado por el accionante y declaró la procedencia en parte de las cuestiones y los agravios planteados; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 de 17 de diciembre, sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva del antes mencionado, disponiendo que el Juez de primera instancia en el plazo máximo de setenta y dos horas, convoque a nueva de audiencia; constando que en vía de complementación el abogado del accionante pidió que se aclare ante qué Juzgado se llevará a cabo la audiencia dispuesta; y en respuesta, dicha autoridad judicial indicó que ante el Juez de origen, que es el de la localidad de Chulumani del departamento de La Paz (Conclusión II.3.). Precisados los antecedentes, considerando que el reclamo del accionante radica en que la Vocal ahora accionada por Auto de Vista 06/2022, revocó el Auto Interlocutorio 395/2021 que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, disponiendo que el Juez de primera instancia en el plazo máximo de setenta y dos horas, convoque a nueva audiencia; cuando en realidad correspondía que de manera inmediata la misma determine su situación jurídica, otorgándole la cesación de la referida medida cautelar; por lo que, corresponde considerar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que los tribunales de apelación, en su labor de ejercer el control sobre las resoluciones pronunciadas en primera instancia, tienen toda la facultad de efectuar la revisión y compulsa de los aspectos sometidos a su jurisdicción, ello supone que, si el de primera instancia incurrió en una deficiencia respecto a la valoración de las pruebas, como una inapropiada compulsa de los antecedentes; derivando en aspectos manifiestamente contrarios a las normas contenidas en la Constitución Política del Estado y la Ley, que impliquen un desconocimiento de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, le está permitido subsanar, enmendar y corregir, todos estos aspectos que emerjan de la impugnación. En ese marco de ideas, en su condición de juez de apelación o tribunal de alzada, le está permitido pronunciar su fallo reparando las falencias y restituyendo el derecho reclamado. Al respecto, en el presente caso, del reclamo constitucional delimitado y los derechos invocados como vulnerados, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que la Vocal ahora accionada, al emitir el Auto de Vista 06/2022 -ahora impugnado- evidentemente debió enmendar las falencias advertidas en el el Auto Interlocutorio 395/2021, más aun cuando en la fundamentación desplegada en la Resolución de alzada, en el Considerando II, consignó de manera clara, que respecto al primer agravio denunciado por el accionante; es decir, la inobservancia del art. 239.2 acorde con el art. 233, ambos del CPP, el Juez de primera instancia incurrió en una falta de fundamentación, motivación y congruencia; y en cuanto al segundo agravio, referente al art. 239.1 del citado Código, sobre la presencia de nuevos elementos que conlleven a desvirtuar los riesgos que motivaron a imponer la medida de detención preventiva, concluyó que el Juez de la causa dio una correcta valoración al considerar el peligro efectivo para la víctima que es de la tercera edad -setenta años- y las medidas de protección que el mismo requiere; además, de la existencia de acusación formal contra el imputado -accionante-; además, del tipo de delito. Finalmente, la Vocal hoy accionada concluyó en el Auto de Vista 06/2022 impugnado, que el Juez de primera instancia incurrió en un agravio; empero, sin considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional y de manera contradictoria, expresó que: “…no se pueden superar aquellos extremos que hubieran sido aparentemente omitidos por el Juez A quo y que llevan a su necesaria consideración, a efecto de poder generar el reapro de aquellos agravios expresados…” (sic).
Por las razones manifestadas, correspondía que la Vocal ahora accionada, en la parte dispositiva subsane, enmiende y corrija, todos los aspectos emergentes de la impugnación que identificó como omitidos en primera instancia, lógicamente resguardando los derechos que les asisten a ambas partes procesales -imputado y víctima (tercera edad)-; y, considerando el tipo de delito. En ese contexto, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica vinculados con la libertad del accionante, al haberse advertido un defecto procesal de omisión en la resolución de la situación jurídica del accionante; dejando sin efecto el Auto de Vista 06/2022; y, disponiendo que se emita nuevo auto, considerando lo señalado en esta Sentencia Constitucinal Plurinacina. Asimismo, respecto al petitorio del accionante con relación a que se determine el cese de su detención indebida, disponiéndose su libertad; tal extremo no es posible, por ser atribución de la jurisdicción ordinaria. Finalmente, sobre la denuncia del accionante respecto a la vulneración de su derecho a la vida, alegando que la misma se encuentra en riesgo porque la cuarta ola del COVID-19 ya existe en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz en el que se encuentra; más aún de su sola mención, el nombrado no demostró con documentación alguna ni siquiera que haya contraído la enfermedad, basándose en un supuesto; por lo que, no corresponde emitir mayor pronunciamiento, debiendo denegar la tutela en este punto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 14 de enero, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela, respecto a la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica vinculados con la libertad del accionante, al haberse advertido un defecto procesal de omisión en la resolución de la situación jurídica del nombrado.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 06/2022 de 3 de enero, emitido por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo fallo, considerando lo señalado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la situación jurídica procesal del accionante no hubiese sido modificado por la naturaleza provisional y temporal de las medidas cautelares de carácter personal. 2° DENEGAR la tutela, con relación a la vulneración del derecho a la vida, conforme a lo expuesto en este fallo constitucional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0464_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8ab32f460d73b3a3fb1e677b1643821ea3b08834fc69664e9abc2a1030611979
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