Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, al ser beneficiado con la detención domiciliaria y cumpliendo con las medidas sustitutivas dispuestas para tal efecto, la Jueza ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no se pronunció respecto a su situación jurídica, ni emitió el mandamiento de “libertad” -de detención domiciliaria- respectivo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 214/2022 de 3 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0463/2024-S3 Sucre, 10 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49032-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 214/2022 de 3 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Salvador Vaca Bollati en representación sin mandato de Ciro Ramiro Ortega Sequeiros contra Lorena Maureen Camacho Ramirez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera en suplencia legal de su similar Cuarto, ambos de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 2 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 7 vta., manifestó que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de “Jhonny Aguilera” contra su persona, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por Auto Interlocutorio 226/2021 de 24 de julio, se dispuso su detención preventiva, que fue ampliada en dos oportunidades; posteriormente el 20 de junio de 2022, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva determinándose su detención domiciliaria, -la presentación de garantes personal y arraigo-. Bajo ese contexto, por memoriales de 24 y -28- de ese mes y año, presentó la documentación de respaldo de sus cinco garantes y el trámite de arraigo, solicitando se emita su mandamiento de libertad; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa la Jueza ahora accionada no se pronunció respecto a su situación jurídica, restringiendo de esta manera su libertad. Por consiguiente, esa supuesta vulneración fue ratificada en la audiencia de consideración de esta acción de defensa de 3 de julio de dicho año, conforme se advierte del acta cursante a fs. 29 y vta.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto el art. 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que la Jueza ahora accionada “en el día” emita el correspondiente mandamiento de libertad.
Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera en suplencia legal de su similar cuarto, ambos de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 3 de julio de 2024, cursante de fs. 26 a 27, manifestó que: a) Por Auto Interlocutorio 172/2022 de 20 de junio, se impuso medidas cautelares de carácter personal como la presentación de cinco garantes o fiadores personales; sin embargo, el accionante no cumplió con dichas medidas, presentando documentos que no son originales; b) El accionante exige que se emita mandamiento de libertad; empero, lo que corresponde es librar mandamiento de detención domiciliaria; c) Los arts. 243, 245 y 246 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevén la fianza personal, su finalidad y procedimiento; en ese sentido, el accionante al presentar un memorial en el que se señalan nombres de personas y argumentando ser adulto mayor pretende inobservar lo dispuesto en la normativa penal; y, d) Su autoridad cumplió con sus funciones; sin embargo, el accionante busca atribuirle responsabilidades de una Secretaria o Auxiliar; por lo que, al no contar con legitimación pasiva, pide que la tutela solicitada sea denegada y con costas.
El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 214/2022 de 3 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Jueza ahora accionada cumplió con sus funciones al disponer la detención domiciliaria. Es competencia de los funcionarios de apoyo jurisdiccional la verificación domiciliaria de los garantes para la posterior emisión del mandamiento de detención domiciliaria; en consecuencia, dicha autoridad judicial carece de legitimación pasiva; y, 2) De acuerdo al informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del indicado departamento, el accionante no se apersonó a la verificación domiciliaria de los garantes, requisito necesario del trámite correspondiente; consiguientemente, hasta no cumplirse con las medidas dispuestas no se puede emitir mandamiento de detención domiciliaria.
Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 24 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por el que Ciro Ramiro Ortega Sequeiros -ahora accionante- presentó documentación de respaldo de los garantes y solicitó mandamiento de libertad (fs. 14). II.2. Cursa Informe de 2 de julio de 2022, emitido por Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en el que señaló: “…debo aclarar a su autoridad que hasta la fecha dichos garantes no se hicieron presentes en Secretaria de Juzgado, por lo que de la revisión de antecedentes no se tiene ningún Acta de Garantes ni mucho menos algún verificativo de domicilio de Garante Personal” (sic [fs. 25]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, al ser beneficiado con la detención domiciliaria y cumpliendo con las medidas sustitutivas dispuestas para tal efecto, la Jueza ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no se pronunció respecto a su situación jurídica, ni emitió el mandamiento de “libertad” -de detención domiciliaria- respectivo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0067/2020-S3 de 16 de marzo, precisó que: «La jurisprudencia constitucional en relación a la efectivización de la libertad, cuando se ha dispuesto la cesación de la detención preventiva, a través de la SCP 0388/2012 de 22 de junio, citando a la SCP 1194/2011-R de 6 de septiembre, precisó que: ‘“Con relación a la efectivización de la libertad, tratándose de los casos de cumplimiento de las medidas sustitutivas [actualmente medidas cautelares personales] impuestas al imputado, este Tribunal en la SC 1242/2010-R de 13 de septiembre, estableció: '...para otorgar la libertad luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva sólo es exigible el cumplimiento de las medidas sustitutivas que se hubieren aplicado, pues esa es la única condición que ha previsto el legislador, lo que implica que no puede exigirse el cumplimiento de otras condiciones, requisitos o realización de diligencias, como condición previa a viabilizar la libertad de los imputados beneficiados con la cesación de la detención preventiva' (SC 1447/2004-R de 6 de septiembre).
En consecuencia, el juez (…), una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite, pues de lo contrario, el rechazo se torna injustificado convirtiéndose en una obstaculización indebida a la efectivización del beneficio de libertad ya otorgado”’ (Entendimiento reiterado en las SSCCPP 0181/2018-S1 y 0888/2018-S3, entre otras)» (la negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, al ser beneficiado con la detención domiciliaria y cumpliendo con las medidas sustitutivas dispuestas para tal efecto, la Jueza ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no se pronunció respecto a su situación jurídica, ni emitió el mandamiento de “libertad” -de detención domiciliaria- respectivo. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el accionante fue beneficiado por Auto Interlocutorio 172/2022 de 20 de junio, con la detención domiciliaria, imponiéndole la presentación de cinco garantes personales y el arraigo; por consiguiente, mediante memorial de 24 de ese mes de 2022, presentó la documentación de respaldo de los garantes, indicando en el “OTROSÍ PRIMERO. Adjunto a la presente en fotocopias simples las documentales de los garantes…” (sic) y solicitando se emita el mandamiento de libertad (Conclusión II.1.); asimismo, por memorial presentado el 28 de dicho mes y año, adjuntó constancia de arraigo, reiterando su pedido (fs. 15).
Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se tiene que la autoridad judicial antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, en el presente caso, el mandamiento de detención domiciliaria deberá compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas a efectos de obtener la cesación de su detención preventiva. En ese sentido, el Informe de 2 de julio de 2022, emitido por Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en el que señaló: “…debo aclarar a su autoridad que hasta la fecha dichos garantes no se hicieron presentes en Secretaria de Juzgado, por lo que de la revisión de antecedentes no se tiene ningún Acta de Garantes ni mucho menos algún verificativo de domicilio de Garante Personal…” (sic [Conclusión II.2.]). Por consiguiente, el accionante se limitó a presentar el memorial adjuntando documentales que no eran originales y ante la inasistencia de los garantes no se elaboró el acta de garantes ni se verificó sus domicilios, incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 172/2022, siendo imposible la emisión del mandamiento de detención domiciliaria ahora reclamado.
Finalmente, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional la acción de libertad cuenta con presupuestos para su activación, en ese sentido, no se advierte que los mismos fueron cumplidos; ya que, no se constata vulneración alguna contra el derecho a la vida del accionante, afectación a sus derechos a la libertad física y libertad de locomoción o un acto y omisión que constituya procesamiento indebido o implique una persecución indebida, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 214/2022 de 3 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0463_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0f22d66e7d961b66d919457c8571b84b47d2ffd300bb925e82a32c433900b46a
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