Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 36 a 40 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59081-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 36 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Delma Ferrufino Rodríguez en representación sin mandato de Luis Víctor Hugo Aguilar Zubieta contra Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Estación Policial Integral (EPI) Norte del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 9 de octubre de 2023, cursante de fs. 21 a 24., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Víctor Hugo Aguilar Zubieta -accionante-, por la presunta comisión del delito de parricidio previsto y sancionado por el art. 253 del Código Penal (CP); la Jueza hoy accionada dispuso su detención preventiva por el periodo de dos meses, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica el 5 de octubre de 2023; sin embargo, el 29 de septiembre de igual año, el Ministerio Público presentó acusación formal contra su persona, que previo sorteo recayó al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, instancia que efectuó observaciones a ser subsanadas sin radicar la causa; empero, en audiencia de 5 de octubre de ese año, su persona argumentó que si bien se presentó acusación formal, y aún no habría radicado el proceso en dicho Tribunal; por lo que, solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo de la SCP 0489/2021-S3 de 13 de agosto y art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no existir una solicitud fiscal de ampliación del plazo de su detención preventiva; empero, la referida Jueza directamente dio lectura a su decisión sosteniendo que la acusación formal fue remitida ante el mencionado Tribunal de Sentencia, y que independientemente de que se hubiere o no radicado la causa, no correspondía pronunciamiento respecto a lo peticionado, por no ser competente para ello y que esa decisión no fue apelable, salvando lo dispuesto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). La negativa de la autoridad judicial hoy accionada para pronunciarse y resolver su situación jurídica y su derecho a la libertad, lo dejó en completo estado de indefensión como lo señala la SCP 0037/2012 de 26 de marzo; puesto que, la competencia del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, no fue abierta con el auto de radicatoria; por lo cual, la Jueza ahora accionada aún sería competente para resolver la medida cautelar conforme lo dispone la SCP 0429/2021-S3 de 10 de agosto.
El accionante a través de su represente sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: se adjuntó la grabación de la audiencia de consideración de su situación jurídica de 5 de octubre de 2023, en la que se verificó que en ningún momento la Jueza hoy accionada mencionó los extremos ahora informados; puesto que, la reproducción del Disco Compacto (CD) de la resolución emitida por la citada Jueza fue ininteligible e inentendible, lo que no permitió su comprensión a cabalidad; puesto que, en dicha audiencia la nombrada Jueza señaló que hubiese o no radicado la acusación no tenía competencia para conocer la solicitud de cesación de su detención preventiva; por lo que, consideró que la autoridad judicial debió analizar previamente los alcances de la SCP 0429/2021 de 10 de agosto y que el Fiscal de Materia no pidió la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva, reiterando que se conceda la tutela y se disponga su libertad inmediata.
Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 10 de octubre de 2023, cursante a fs. 33 y vta., manifestó que: a) Presentada la acusación formal contra el accionante el 29 de septiembre de ese año, por decreto de la misma fecha, dispuso en el día la remisión de esa acusación formal previo sorteo que recayó al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, como acreditó por la nota de cortesía ajuntada; por lo que, respecto a lo señalado por el accionante, en ningún momento se le negó el acceso al recurso de apelación incidental; contrariamente, se le aclaró que la “resolución” no se enmarcaba a lo establecido en los arts. 403 y 251 del CPP; sin embargo, podía recurrir vía impugnación conforme establece el art. 180.II de la CPE; y, b) En ningún momento manifestó haber perdido competencia; habiendo inclusive, celebrado la audiencia de revisión de la situación jurídica respecto al plazo de la detención preventiva de 5 de octubre de igual año, en la que se emitió el Auto correspondiente en el que se explicaron los motivos por los que no se dio curso a la cesación de la detención preventiva, como los señalados en la SCP 0489/2021-S3 de 13 de agosto, que establece taxativamente: “…existiendo acusación formal no se vulneró ningún derecho de acceso a la libertad de la parte imputada, sino que el mismo deberá hacer uso de otros institutos que también se encuentran previstos en el art. 239 del CPP, considerando que la presentación de dicha acusación formal en su contra imposibilita que continúe solicitando la cesación de la detención preventiva…” (sic) y la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, que establece de manera textual: “…significando que únicamente la etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al artículo 239 numeral 2 del CPP en cuanto al plazo de detención preventiva vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo del código adjetivo penal…” (sic); y fue a través del entendimiento de dichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales y al no existir actos investigativos de realización y cumplimiento que asumió su decisión, no siendo evidente que hubiese vulnerado algún derecho o garantía constitucional del accionante; por el contrario, precauteló que el proceso penal se lleve adelante en cumplimiento de los plazos procesales, exhortando y conminando al Fiscal de Materia y defensa cumplan con su obligación constitucional; sin embargo, bajo el principio de imparcialidad no puede asumir funciones que no le competen.
El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que, la audiencia de 5 de octubre de 2023, no se trató de la cesación de la detención preventiva, sino de consideración de la situación jurídica del accionante; siendo evidente, que el Ministerio Público en su intervención emitió requerimiento conclusivo de acusación formal el 29 de septiembre de igual año; por lo que, ya no era posible que la Jueza hoy accionada resuelva la cesación de la detención preventiva del accionante conforme lo señala la SCP 1081/2022-S4 de 19 de agosto; en consecuencia, ante el vencimiento de la etapa preparatoria ya no correspondía a la citada Jueza considerar dicha petición del nombrado, sino que el mismo debió desvirtuar los riesgos que fundaron su detención preventiva; puesto que, la referida Jueza enmarcó su actuación en la normativa legal que rige la materia y que a su vez las disposiciones normativas no evitarían la presentación de la solicitud de cesación de la detención preventiva por el accionante; en consecuencia, la Jueza ahora accionada dio cumplimiento a la jurisprudencia constitucional, sin vulnerar ningún derecho y garantía constitucional; es así que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de Garantías, mediante Resolución 10/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 36 a 40 vta., declaró “IMPROCEDENTE” la acción de libertad bajo los siguientes fundamentos: 1) En el caso concreto, no se advirtió el uso de los mecanismos intraprocesales que la ley franquea de manera expedita en la jurisdicción ordinaria; ya que, por Auto de 5 de igual mes de 2023, se rechazó implícitamente la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, con el fundamento de que con la presentación de la acusación formal ya se superó la etapa preparatoria; por lo que, correspondía al accionante usar de los otros institutos previstos por el art. 239 del CPP, “resolución” contra la que no activó el recurso de apelación incidental; y, 2) La Jueza hoy accionada anunció que dicha resolución no se enmarcaba dentro de lo establecido por los arts. 403 y 251 del CPP, y salvó dicha equivocación informando a las partes que la citada resolución era recurrible conforme al art. 180 de la CPE, respecto a lo cual, corresponde aclarar, que la citada decisión emitida era recurrible conforme al art. 251 del referido Código; sin embargo, al no obrar de esa manera, no se agotó previamente el principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, no siendo aplicable al caso la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, alegada por el accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de revisión de situación jurídica respecto al plazo de detención preventiva de 5 de octubre de 2023, en la que ante la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público contra Luis Víctor Hugo Aguilar Zubieta -hoy accionante- el 29 de septiembre de igual año y remitida en la misma fecha -previo sorteo- al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, el nombrado solicitó se considere la cesación de su detención preventiva sustentando su petición en el art. 239.2 del CPP, que implícitamente fue rechazada por Auto de 5 de octubre de 2023, por Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte del departamento de Cochabamba -ahora accionada- argumentando que al constar el requerimiento conclusivo de acusación formal contra el imputado -accionante-, no existían actos investigativos por realizar, permitiendo a la defensa hacer uso de otros institutos que dispone el art. 239.2 del CPP; por lo que, habiéndose cumplido con la finalidad de la medida cautelar con relación al término de duración de la misma, ya no le correspondía pronunciarse respecto de la revisión de la situación jurídica del accionante, advirtiéndose a los sujetos procesales que la “resolución” emitida no se enmarcaba dentro de lo establecido en los arts. 251 y 303 del CPP; sin embargo, podrían recurrir conforme lo establece el art. 180.II de la CPE (fs. 31 vta. a 32 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, cumplido el plazo de su detención preventiva y sin que se hubiese radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, la acusación formal presentada en su contra por el Fiscal de Materia, solicitó la cesación de su detención preventiva ante la Jueza ahora accionada, quien se negó a pronunciarse sobre su situación jurídica, determinando que independientemente que se radique o no la acusación formal en el mencionado Tribunal de Sentencia, no era competente para resolver la referida solicitud, concluyendo que dicha decisión no era apelable. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0499/2025-S1 de 20 de mayo, enunciando jurisprudencia reiterada, establece que: “…las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. (…) en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas ” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, cumplido el plazo de su detención preventiva y sin que se hubiese radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, la acusación formal presentada en su contra por el Fiscal de Materia, solicitó la cesación de su detención preventiva ante la Jueza ahora accionada, quien se negó a pronunciarse sobre su situación jurídica, determinando que independientemente que se radique o no la acusación formal en el mencionado Tribunal de Sentencia, no era competente para resolver la referida solicitud, concluyendo que dicha decisión no era apelable.
Al respecto, de la revisión de antecedentes, se tiene la evidencia que el accionante está siendo procesado por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de encubrimiento, dentro del cual, la Jueza hoy accionada, en la audiencia de consideración de medidas cautelares realizada el 4 de agosto de 2023, dispuso su detención preventiva por el periodo de dos meses, señalando audiencia para la consideración de su situación jurídica el 5 de octubre de igual año (fs. 33 vta. y 21 a 24); fecha en la que, instalada la audiencia la citada Jueza manifestó que el 29 de septiembre de ese año, el Fiscal de Materia presentó acusación formal contra el accionante que fue remitida el mismo día -previo sorteo- al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; circunstancia por la que, independientemente que se encuentre radicada o no en dicho Tribunal de Sentencia, por su presentación ya no existían actos investigativos que realizar, no correspondía pronunciarse respecto de la revisión de la situación jurídica del accionante, porque se cumplió con la finalidad de la medida cautelar con relación al término de duración de la privación de libertad; señalando además, que la decisión asumida no era apelable; sin embargo, podía recurrir conforme al art. 180 de la CPE, permitiendo a la defensa hacer uso de otros instrumentos que dispone el art. 239.2 del CPP (Conclusión II.1.), Auto en el cual la Jueza de garantías verificó que la Jueza ahora accionada no expresó haber perdido competencia -como lo sostuvo el accionante-; sin embargo, la referida determinación judicial, era susceptible de apelación en previsión de las normas procesales contenidas en los arts. 251 y 403 del CPP.
En efecto, en el presente caso el accionante cuestiona la resolución de negativa de resolver su solicitud de cesación de la detención preventiva, que deriva de la medida cautelar que con carácter personal le fue impuesta por la Jueza hoy accionada, por el lapso de dos meses, y que al cumplirse el plazo determinado, no obstante la presentación de la acusación formal en su contra y su no radicatoria en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, la Jueza ahora accionada debió resolverla, y esa decisión pudo ser impugnada a través del recurso de apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP, y no activar en su lugar la jurisdicción constitucional en desconocimiento de dicha normativa procedimental y la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que instituyen el recurso de apelación contra las resoluciones que disponen, modifican o rechazan medidas cautelares; previendo de igual forma, el art. 403 inc. 3) del CPP, la procedencia de este medio ordinario de impugnación, respecto a los fallos que resuelven medidas cautelares o su sustitución y que se constituye en un medio sumario, pronto y efectivo en defensa de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso penal. En ese contexto, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que el accionante inobservó el principio de subsidiariedad que excepcionalmente rige a esta acción de defensa; puesto que, la jurisdicción constitucional no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en la presente acción de libertad; por lo que, al existir una resolución de negativa de pronunciamiento respecto a la cesación de la detención preventiva emitida en desmedro de sus intereses, correspondía formular el recurso de apelación incidental previsto al efecto; no siendo la acción de libertad, una instancia o medio supletorio de dicho recurso de impugnación, que como mecanismo de defensa estaba expedito para el accionante, ante la jurisdicción ordinaria; lo que determina se deniegue la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al declarar “IMPROCEDENTE” aunque con terminología errónea, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 10 de octubre, cursante de fs. 36 a 40 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquesela y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0462_2026-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): edd43e34f6f1163a90bcfcc870b215ef2052b938729d2329f18110d3abe689c6
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