Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados el debido proceso, la legalidad y sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, señaló audiencia de apelación de medidas cautelares para el 11 de febrero de 2022; empero, la suspendió debido a que el Fiscal de Materia asignado al caso no podía asistir a la misma, reprogramando dicho verificativo para el 14 de igual mes y año; este último que igualmente fue postergado de manera escrita para el 15 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45894-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero en representación sin mandato de Alex Iam Mercado Valdivia contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado– fijó audiencia de apelación de medidas cautelares para el 11 de febrero de 2022, acto que fue suspendido; debido a que, el Fiscal de Materia no pudo asistir; señalando nueva fecha de audiencia para el 14 de igual mes y año; misma que, también fue suspendida, vulnerando el debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, se encuentra detenido preventivamente.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso, la legalidad y sus derechos a la defensa y a la libertad, citando al efecto los arts. 116, 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se repongan sus derechos conculcados.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 19 y vta., presentes la parte accionante asistida por su abogado y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos de su memorial de demanda de acción de libertad.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se presentó a la audiencia ni remitió informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 5.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 vta. a 20, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, – ahora demandado– cumpla con su obligación legal de celebrar la audiencia señalada y resuelva conforme a procedimiento, recomendándole que a futuro no incurra en suspensiones que no corresponden y que no están sujetas al procedimiento, bajo los siguientes fundamentos: a) El cuaderno procesal no fue remitido por la autoridad demandada, debiendo abocarse a lo señalado por el solicitante de tutela, conforme línea jurisprudencial; b) El expediente de apelación fue remitido a la Sala Penal Tercera, el 10 de enero de 2022, no obstante la carga procesal existente; se debe otorgar celeridad a los plazos establecidos por la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, que prevé que se deben resolver todos los casos que radican ante autoridad jurisdiccional, dentro de los plazos razonables; c) El Vocal demandado no debió haber suspendido la audiencia; pues los sujetos procesales estaban presentes y las diligencias cumplidas a cabalidad; por lo que, correspondía haber llevado a cabo la misma, independientemente de la presencia o no, del Ministerio Público o cualquiera de las partes; y, d) Así también, refiere, que llama la atención que, en la audiencia de suspensión, se hubiera programado dicho acto de forma oral para el 14 de febrero del mismo año, y modificado de forma escrita la fecha programada para otra jornada, siendo una falta de respeto para todos los sujetos procesales, que exigían que su causa se resuelva conforme a procedimiento.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Iam Mercado Valdivia –ahora accionante– por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado–, suspendió la audiencia de apelación de medida cautelar fijada para el 11 de febrero de 2022, reprogramándola de manera oral para el 14 del mismo mes y año, esta última que fue diferida para el día siguiente sin explicación alguna.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados el debido proceso, la legalidad y sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, señaló audiencia de apelación de medidas cautelares para el 11 de febrero de 2022; empero, la suspendió debido a que el Fiscal de Materia asignado al caso no podía asistir a la misma, reprogramando dicho verificativo para el 14 de igual mes y año; este último que igualmente fue postergado de manera escrita para el 15 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0478/2020-S4 de 22 de septiembre, citando a la: “La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, señala que cuando un servidor público, no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de verdad, cuando señala que: ‘…el servidor público «…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.» (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: «La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados» y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: «Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso» y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: «…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso»; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: «…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley»’. De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).
Al respecto, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal… De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva… …debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertadʹ Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS). I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal.
En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, <b>debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.
Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas son nuestras).
El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados el debido proceso, la legalidad y sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, señaló audiencia de apelación de medidas cautelares para el 11 de febrero de 2022; empero, la suspendió debido a que el Fiscal de Materia asignado al caso no podía asistir a la misma, reprogramando dicho verificativo para el 14 de igual mes y año; este último que igualmente fue postergado de manera escrita para el 15 del mismo mes y año.
Una vez identificada la problemática planteada por el accionante, corresponde a continuación analizar los antecedentes cursantes en el expediente, de donde se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante tutela por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la autoridad demandada señaló audiencia para la consideración de la apelación de medidas cautelares interpuesta por el accionante, para el 11 de febrero de 2022, acto que fue suspendido; debido a que, el Fiscal de Materia no pudo asistir al mismo; reprogramando el actuado procesal para el 14 de igual mes y año; el cual también fue suspendido de manera escrita, para el siguiente día sin ninguna explicación ni justificativo, lesionando sus derechos, habida cuenta que se encuentra detenido preventivamente.
Antes de ingresar al análisis de lo denunciado corresponde señalar que en la presente causa, la parte solicitante de tutela no adjuntó las pruebas correspondientes que demuestren la veracidad de sus aseveraciones; no obstante lo señalado, la autoridad demandada, tampoco presentó informe alguno ante el Tribunal de garantías ni asistió a la audiencia programada, para rebatir o explicar las razones que le motivaron a asumir las decisiones ahora impugnadas, en virtud a lo cual, considerando la naturaleza sumaria e inmediata de las acciones de libertad, corresponde aplicar la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional, en cuyo tenor dispone que cuando un servidor público no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad de los hechos denunciados.
Ahora bien, considerando la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada; se establece que, una vez efectuada la notificación a los sujetos procesales con el señalamiento de audiencia, su ausencia a la misma no constituye motivo legal que justifique su suspensión. En ese sentido, la normativa contenida en el art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, es expresa, al determinar que la autoridad judicial en ningún caso podrá suspender las audiencias, correspondiéndole más bien, hacer uso de su poder ordenador y disciplinario para disponer todas las medidas necesarias a efectos de lograr la comparecencia de las partes, conforme fue regulado por el art. 23 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia; no resultando justificativo legal la inasistencia del Fiscal; pues a más de ello, el Ministerio Público se rige por el principio de unidad; en virtud al cual, resulta perfectamente posible, la asistencia de otro fiscal en caso de algún impedimento de quien se encuentra a cargo de la investigación de la causa. En ese entendido, en el caso concreto, según lo informado por el accionante y no controvertido, las diligencias de notificación con el señalamiento de audiencia para del 11 de febrero de 2022, fueron oportuna y debidamente diligenciadas; por lo que, la incomparecencia del Fiscal de Materia no resultaba ser un motivo válido ni legal para disponer la suspensión del verificativo oral; dilatando la atención a la situación jurídica del ahora impetrante de tutela que se encuentra privado de su libertad, postergando el actuado procesal para el 14 de igual mes y año, extremo que hizo conocer a las partes de manera oral y sin embargo, luego, en un nuevo acto arbitrario, decidió reprogramar nuevamente la audiencia para el siguiente día. Pues si bien, el contenido normativo antes descrito, otorga la posibilidad al juzgador de suspender la audiencia únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados; lo constriñe a señalar nueva audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles; extremo que no se evidencia en la caso analizado, dado que se explicó precedentemente; además de la ilegalidad en la primera suspensión dispuesta, dilató por segunda vez, de manera injustificada la consideración de audiencia de cesación a la detención preventiva, habida cuenta que la misma sufrió una postergación en total, del 11 al 15 de febrero de 2022, lo que trajo como consecuencia, la afectación no solo del derecho a la libertad del solicitante de tutela; sino también, el goce de otros derechos (debido proceso, acceso a la justicia pronta y oportuna). En consecuencia, teniéndose por ciertos los hechos alegados por la parte accionante, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de pronto despacho, tan solo en lo que se refiere a la dilación en la celebración de la audiencia para la consideración de la apelación de las medidas cautelares impuestas al impetrante de tutela; en la que deberá disponerse lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 19 vta. a 20, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0462_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): b5db009d5563487dd00d58194ce5f0fdf548953ef8256224cbadced563be9ee1
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