Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y -se entiende- al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: 1) El Juez y Secretario ahora accionados hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no remitieron los antecedentes correspondientes al Tribunal de alzada, respecto al recurso de apelación incidental que planteó el 13 de octubre de 2021 contra la Resolución 383/2021 de igual fecha, que dispuso mantener su detención preventiva, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, 2) Ante esa situación, la Auxiliar hoy coaccionada, de manera prepotente, indicó que la remisión no era su responsabilidad y que no podía hacer nada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 17 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional.
a) Llamar la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, instándole a que en futuras acciones de defensa que sean puestas a su conocimiento, considere los requisitos de admisibilidad de notificación por WhatsApp en acciones de libertad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0462/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45316-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2021 de 17 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Magali Lourdes Fernández Acarapi en representación sin mandato de Richard Rogelio Fernández Acarapi y Katerine Scarlett Lizondo Gonzáles contra Ángel René Mendoza Montecinos, Juez; “Lizbeth Flores”, Auxiliar ambos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto; e, Iván Danner Alanoca Alanes, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto en suplencia legal de su similar Cuarto todos del departamento de La Paz.
Los accionantes a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 16 de octubre de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas, previstos y sancionados por los arts. 251 y 270 del Código Penal (CP), fueron imputados formalmente y en audiencia de consideración de medidas cautelares, mediante Resolución 193/2021 de 10 de mayo, el Juez ahora accionado, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. En dicho acto procesal, se fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 11 de octubre de igual año, a las 9:30 horas.
No obstante lo anterior, dicha audiencia fue suspendida para el 13 de octubre de 2021, y una vez instalada la misma, el Juez hoy accionado dispuso que el acto concluya manteniendo su detención preventiva a objeto de que su presencia se garantice en la etapa de juicio oral, público y contradictorio, indicando que “…no es posible establecer el plazo ya que ha concluido la etapa investigativa y el plazo se encuentra reservado precisamente a los datos investigativos que vaya a realizar el Ministerio Público…” (sic), y dispuso que el Secretario ahora coaccionado remita los antecedentes ante el Tribunal de Sentencia que corresponda, a efectos de la sustanciación del plazo de juicio oral, público y contradictorio, y sea en el plazo de veinticuatro horas. Ante esa determinación, su abogado interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, el Juez hoy accionado ordenó que por Secretaría se remitan los antecedentes al superior en grado, en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Su abogado trató de coordinar el tema de las fotocopias para la remisión de antecedentes de su recurso de apelación incidental; empero, el Secretario ahora coaccionado le indicó que no tenía tiempo y que esperen a que el cuaderno procesal salga de despacho para recién poder coordinar la remisión ordenada. Por su parte, la Auxiliar hoy coaccionada, de manera prepotente, indicó que la remisión no era su responsabilidad y que no podía hacer nada, ya que el Juez y el Secretario eran los únicos responsables; sin embargo, refirió que: “…talvez esté listo la resolución para remisión la siguiente semana…” (sic). Ante esa situación, el Juez ahora accionado es el responsable principal de hacer cumplir sus disposiciones.
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y -se entiende- al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 23.I; y, 116.I y II de la Constitucion Política del Estado (CPE); y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se “otorgue” la tutela y se restablezcan las formalidades legales; asimismo, en audiencia, pidieron que se ordene al Juez ahora accionado a “cumplir lo emitido”, que el Secretario hoy coaccionado en el plazo de veinticuatro horas remita a la Sala Penal respectiva la Resolución 383/2021 de 13 de octubre; y, que la Auxiliar ahora coaccionada coordine para las copias a efectos de dicha remisión.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: a) Se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro y en el “Centro de Orientación Femenina” de La Paz, razón por la cual solicitaron audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva; empero su pretensión fue rechazada; por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental, pero hasta la fecha de interposición de la acción tutelar la remisión de actuados ante el Tribunal de alzada no fue efectivizada; b) El hecho de que el Secretario ahora coaccionado se encuentre en suplencia legal del Juzgado en el que radica su causa, no es excusa para que no hubiese efectivizado la remisión de antecedentes de su recurso de apelación incidental ante el superior en grado; y, c) Solicitó que se ordene al Juez hoy accionado a “cumplir lo emitido”, que el Secretario ahora coaccionado en el plazo de veinticuatro horas remita a la Sala Penal respectiva la Resolución de 13 de octubre de 2021; y, que la Auxiliar hoy coaccionada coordine para las copias a efectos de dicha remisión.
Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) El 13 de octubre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares de los accionantes; puesto que el plazo inicialmente fijado para su detención preventiva se cumplió, es así que después de escuchar a las partes procesales, por Resolución 383/2021 determinó mantener dicha medida cautelar de carácter personal en virtud a la permanencia de riesgos procesales y por la incidencia de “…un requerimiento conclusivo de acusación…” (sic) presentado por el Ministerio Público contra los accionantes; 2) Ante esa Resolución -383/2021-, los nombrados plantearon recurso de apelación incidental, y en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinó que el Secretario hoy coaccionado proceda a la remisión de antecedentes ante la Sala Penal que corresponda; 3) “A la fecha”, dicho recurso de apelación incidental no fue remitido, pero al respecto, pese a que se “declinó” la acción tutelar en cuestión, en cuanto al Secretario ahora coaccionado, es importante mencionar que tanto su persona, así como el nombrado se encuentran en suplencia legal de otros Juzgados, en su caso de su Similar Segundo, y en el caso del Secretario del Juzgado del cual el suscrito es titular; es decir, ejercen funciones en dos Juzgados, existiendo bastante carga procesal; 4) La SCP 0410/2019-S2 de 24 de junio, citando a su vez a la SCP “0384/2011”, estableció las subreglas para determinar qué actos son dilatorios en la detención preventiva, y en su caso hay una excepción a la regla que es cuando existe una justificación razonable, se pueden ampliar a tres días para poder remitir el cuaderno procesal ante el Tribunal de alzada, y en ese caso, por las recargadas labores se podría considerar aplicar ese entendimiento, el cual además fue abordado por la SC “111/2003”; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales “98/2018”, “542/2010” y 2149/2013 de 1 de noviembre; 5) En ese entendido, considerando que la Resolución apelada -383/2021- fue emitida el 13 de octubre de 2021, los tres días hábiles vencerían el 18 de dicho mes y año; por lo que, en el presente caso pidió la flexibilización por la recargada carga laboral; y, 6) En base a lo manifestado, pidió se deniegue la tutela solicitada. “Lizbeth Flores”, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: i) En ningún momento se negó a sacar copias para poder remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental planteado por los accionantes, es más, le dijo a la defensa de los nombrados que podía hacerlo, pero que la Resolución 383/2021 todavía no estaba y que las autoridades de ese Juzgado estaban en suplencia legal; ii) Conforme al art. 121 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, sus atribuciones son coadyuvar al Secretario del Juzgado, pero además los sujetos procesales deben saber que existe el libro de seguimiento de litigantes en el que su abogada pudo haber hecho la queja correspondiente a fin de tener constancia de que su persona se negó a sacar las copias; y, iii) Pidió se deniegue la tutela solicitada. Iván Danner Alanoca Alanes, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno, y la forma de su citación cursante a fs. 12, será analizada en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional.
El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2021 de 17 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la problemática planteada por los accionantes y lo referido en su memorial de acción de libertad, se debe tomar en cuenta que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0611/2013 de 27 de mayo y 0098/2018-S3 de 9 de abril, reiteran lo establecido por la SC 0542/2010-R de 12 de septiembre, respecto a las subreglas de excepción a la regla para el plazo de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental ante el superior en grado; b) Al respecto, no es la primera vez que el público litigante cuestiona esos incumplimientos que por lógica a veces son de imposible cumplimiento, por lo que se debe considerar que en el caso en cuestión, se logró demostrar la excesiva carga procesal, y la jurisprudencia constitucional claramente hace mención a las suplencias legales, señalando que: ‘“EL JUEZ SE HACE CARGO DE OTRO JUZGADO ENTONCES SU CARGA PROCESAL SE DUPLICA POR LO QUE ES JUSTIFICABLE QUE NO SE CUMLA CON EL ART. 251 EN EL PLAZO DE 24 HORAS”’ (sic), y tomando en cuenta esa línea, haciendo una contabilización del plazo, se tiene que el 13 de octubre de 2021 se emitió la Resolución 383/2021 apelada, a partir de ello transcurrieron cuarenta y ocho horas; es decir, dos días, jueves 14 y viernes 15, del referido mes y año; por lo que el plazo de tres días que otorga la jurisprudencia constitucional en casos excepcionales, todavía no venció; c) No obstante lo anterior, se debe considerar el “…Principio de Dirección judicial del proceso…” (sic), que hace referencia a que la autoridad judicial deberá impulsar de oficio, cuando corresponda, el trámite de la causa y en el presente caso, se puede determinar por el principio de verdad material que el Juez ahora accionado cumplió con sus labores específicas facultadas por el art. 54 del CPP, al emitir la resolución, indicando la remisión en el plazo de veinticuatro horas; y, d) Conforme al art. “256” -siendo lo correcto 56-del CPP, los secretarios tienen funciones específicas, y en el presente caso, son las remisiones de los actuados u otras órdenes dispuestas por el juez titular.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia pública de consideración de medidas cautelares de 11 de octubre de 2021, en la que Angel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto de departamento de La Paz -hoy accionado- fijó una nueva audiencia para el 13 de ese mes y año, a las 10:00 horas, debido a la falta de conectividad de los imputados Keterine Scarlett Lizondo Gonzáles y Richard Rogelio Fernández Acarapi -ahora accionantes- a la audiencia virtual (fs. 1 a 2).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y -se entiende- al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: 1) El Juez y Secretario ahora accionados hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no remitieron los antecedentes correspondientes al Tribunal de alzada, respecto al recurso de apelación incidental que planteó el 13 de octubre de 2021 contra la Resolución 383/2021 de igual fecha, que dispuso mantener su detención preventiva, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, 2) Ante esa situación, la Auxiliar hoy coaccionada, de manera prepotente, indicó que la remisión no era su responsabilidad y que no podía hacer nada.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Judicial
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: '..se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados'. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la ante dicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: '...la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo'. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron sub reglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas sub reglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: '...son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: 'ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados '...si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (...); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional'. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterándolas determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, señaló que: «“…la apelación incidental contra resoluciones de medidas cautelares, tiene por finalidad garantizar el ejercicio de los derechos a la defensa y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, por cuanto a través de este mecanismo de impugnación, es posible someter a control toda decisión emergente de medidas cautelares, a fin que el Tribunal de alzada efectúe el respectivo examen, garantizando, con ello, la transparencia de la justicia, a fin que las partes encuentren seguridad y certidumbre en la labor de los administradores de justicia; más aún, si por mandato constitucional, la jurisdicción ordinaria se sustenta entre otros, en el principio de impugnación, previsto en el art. 180.II de la CPE, cuyo tenor literal señala: 'Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales'. En ése sentido, con relación a las apelaciones incidentales contra resoluciones de medias cautelares, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece: 'La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior'. En el contexto de la norma procesal citada anteriormente, la materialización y el ejercicio del derecho y principio de impugnación, está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos de orden procesal; así, las partes deben formular el recurso de apelación el plazo máximo de setenta y dos horas; de la misma forma, interpuesta la impugnación, los antecedentes del proceso deben ser remetidos ante el superior en grado en el plazo máximo de veinticuatro horas. Considerando lo establecido en la norma antes glosada, la jurisprudencia constitucional -como se ha visto en el anterior Fundamento Jurídico- concluyó que si existe demora en el trámite de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de cesación de la detención preventiva, la misma puede ser denunciada y conocida a través de la acción de libertad o de pronto despacho. En ese entendido, la SC 0384/2011-R de 7 de abril -que ha sido glosada- entendió que los antecedentes de la apelación deben ser remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación y que, además no se puede exigir un procedimiento o exigencias que se encuentran al margen de la ley. Dicho entendimiento fue reiterado por numerosas sentencias; como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0281/2012, 0110/2012, 1520/2012, entre muchas otras. Así la primera de las Sentencias nombradas sostuvo: ' (…) cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de as partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación'. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”» (las negrillas fueron añadidas).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y -se entiende- al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que: i) El Juez y Secretario ahora accionados hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, no remitieron los antecedentes correspondientes al Tribunal de alzada, respecto al recurso de apelación incidental que planteó el 13 de octubre de 2021 contra la Resolución 383/2021 de igual fecha, que dispuso mantener su detención preventiva, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251 del CPP; y, ii) Ante esa situación, la Auxiliar hoy coaccionada, de manera prepotente, indicó que la remisión no era su responsabilidad y que no podía hacer nada. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que cursa acta de audiencia pública de consideración de medidas cautelares de 11 de octubre de 2021, en la que se evidencia que el Juez ahora accionado fijó una nueva audiencia para el 13 de ese mes y año a las 10:00 horas, debido a la falta de conectividad de los accionantes a la audiencia virtual (Conclusión II.1.). Inicialmente, es importante puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, si bien los funcionarios de apoyo jurisdiccional no cuentan con legitimación pasiva, al no ser quienes asumen determinaciones jurisdiccionales; empero, no es menos cierto que pueden ser accionados, cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas fueron añadidas). Es decir, siendo la legitimación pasiva la coincidencia que debe existir entre quien causó la vulneración al derecho y contra quien se dirigió la acción, en el presente caso recae precisamente en el Secretario y la Auxiliar hoy coaccionados, en su condición de servidores públicos de apoyo jurisdiccional; por cuanto, respecto a los secretarios el art. 56 del CPP modificado por la Ley 1173; y, en cuanto a los secretarios y auxiliares, los arts. 94 y 101 de la LOJ, establecen las obligaciones de los mismos; las cuales, adquieren mayor relevancia cuando se trata del cumplimiento o realización de un actuado procesal relacionado con una persona privada de libertad. En ese sentido, en el caso concreto, se advierte que tanto el Secretario como la Auxiliar ahora coaccionados no consideraron lo dispuesto por el Juez hoy accionado, con relación a la remisión de antecedentes al respectivo Tribunal de alzada. De esa manera, tomando en cuenta que el Secretario ahora coaccionado en coordinación con su personal subalterno, en ese caso la Auxiliar hoy coaccionada, son responsables de la remisión de antecedentes ante la Sala Penal respectiva; por lo que, se establece su legitimación pasiva para ser accionados en la presente acción tutelar, al adecuar su conducta a los supuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional -por incurrir en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; por un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas; y, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado-. Por lo manifestado, el análisis se realizará no solo respecto al Juez hoy accionado sino también en relación al Secretario y la Auxiliar ahora coaccionados. Con esa aclaración, precisados los antecedentes y de lo vertido por los accionantes en su memorial y en audiencia de acción de libertad y, considerando que la problemática radica en la falta de remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes el 13 de octubre de 2021, por parte del Juez y servidores públicos de apoyo jurisdiccional ahora accionados ante el Tribunal de alzada hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar -16 de igual mes y año-; se tiene evidencia que el indicado recurso de apelación incidental no fue remitido en el plazo señalado por el art. 251 del CPP; sin embargo, en el caso concreto existe una particularidad, que es precisamente lo informado por el Juez hoy accionado en audiencia de la acción de libertad y que fue corroborado por el Juez de garantías, respecto a que desde el 8 de octubre de 2021, dicho Juez se encuentra ejerciendo suplencia legal de su similar Segundo; es decir, tiene dos Juzgados en materia Penal a su cargo, lo mismo que informó respecto al Secretario ahora coaccionado, quien asume funciones como titular en el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz y a su vez en su similar Cuarto; por lo que, el Juez ahora accionado alegó que la excepción de la ampliación del plazo de tres días para remitir el recurso de apelación incidental sea aplicable a la presente causa; puesto que, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, recién transcurrieron dos días hábiles. Ante esa situación, y en consideración a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que si bien, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es considerada como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos existan dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, se tiene que se establece la excepción cuando exista: ‘‘…justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado” (las negrillas son nuestras). En ese sentido, en base a la explicación otorgada por el Juez hoy accionado quien informó que tanto su persona así como el Secretario ahora coaccionado tienen dos Juzgados cautelares a su cargo -lo que implica además la dificultad para llevar un trabajo coordinado con la Auxiliar hoy coaccionada-, en el presente caso concurre una de las situaciones previstas para dar lugar a la aplicabilidad de excepción del plazo de remisión de una apelación incidental, que es precisamente, el estar cumpliendo suplencia legal, lo cual genera mayor carga procesal en los juzgados de instrucción penal. Además, en el presente caso, se evidencia que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, sábado 16 de octubre de 2021, la Resolución 383/2021 apelada el miércoles 13 del referido mes y año, todavía podía alcanzar el plazo excepcional de tres días hábiles; es decir, hasta el lunes 18 de dicho mes y año. Conforme a lo anterior y detallada la cronología de fechas señaladas precedentemente, sin duda concurre una situación excepcional por la suplencia legal y al existir una dilación de dos días hábiles, habiéndose demostrado la razón de la demora, es pertinente aplicar el Fundamento Jurídico III.3. sobre plazo de flexibilización de tres días, correspondiendo denegar la tutela solicitada respecto al Juez hoy accionado y a los servidores públicos de apoyo jurisdiccional ahora coaccionados.
Resuelta como se encuentra la problemática planteada, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pasar por alto la actuación del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por haber tramitado la presente acción de defensa sin considerar que la citación efectuada a Iván Danner Alanoca Alanes, Secretario hoy coaccionado, no reúne los requisitos de admisibilidad de notificación por WhatsApp en acciones de libertad, establecidos por la SCP 0642/2021-S3 de 20 de septiembre, entre otras, la cual refiere que: “…es admisible la notificación por WhatsApp, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1) Que se comunique con un tiempo de anticipación razonable el contenido del acto procesal que se requiera notificar; y, 2) Se verifique con certeza que el contenido del acto procesal a notificarse, sea de conocimiento de la parte notificada, para ese efecto se debe cumplir con la finalidad de la notificación, obteniendo constancia de la recepción a las personas notificadas; es decir, que esa comunicación se envió al número de celular correcto de la persona a notificarse -que fue constituido en su primera actuación procesal- y que exista como prueba una foto de captura de pantalla, con la que se demuestre con convicción su recepción, o en su caso, se evidencie de alguna manera tener conocimiento de dicho acto procesal, caso contrario se provocaría su indefensión” (las negrillas nos corresponden); puesto que, en el presente caso no hay constancia del número de celular correcto del Secretario ahora coaccionado, y por otro lado, no se adjuntó una foto de captura de pantalla de la notificación a dicho servidor de apoyo jurisdiccional con el memorial de esta acción de libertad y su respectivo Auto de admisión, o alguna otra referencia que demuestre con certeza que la notificación cumplió su finalidad. Al respecto, cabe precisar que dicha actuación, podría haber generado que se proceda a anular obrados en resguardo del derecho a la defensa del Secretario hoy coaccionado; sin embargo, se aclara que no se procedió de esa manera por la denegatoria de tutela y por los principios de economía y celeridad procesal, más aun tomando en cuenta que los accionantes plantearon esta acción de libertad denunciando la dilación en la tramitación del proceso penal del cual deviene esta acción tutelar, por lo que una nueva tramitación de la acción de defensa interpuesta conllevaría a retrasar aun más el despliegue procesal correspondiente; no obstante, sin dejar pasar por alto la manera incorrecta de la notificación al Secretario hoy coaccionado que no asistió a la audiencia de la acción de libertad ni remitió informe alguno, corresponde llamar la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, instándole a que en futuras acciones de defensa que sean puestas a su conocimiento, considere los requisitos de admisibilidad de notificación por WhatsApp en acciones de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 17 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el presente fallo constitucional.
a) Llamar la atención a Douglas Cecil Borda Montaño, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, instándole a que en futuras acciones de defensa que sean puestas a su conocimiento, considere los requisitos de admisibilidad de notificación por WhatsApp en acciones de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0462_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 36311a2235a0cd89ab711438176042aac0f0e49aced99b97dc45beaf0709e457
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →