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SCP 0461/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45825-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso, legalidad, principio de celeridad y su derecho a la libertad; debido a que, la autoridad hoy demandada, incumplió con lo determinado en la Resolución de alzada, que disponía la reinstalación de la audiencia de consideración a su solicitud de cesación a su detención preventiva por cumplimiento del plazo, dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDE la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa; disponiendo que, en caso de no haberse celebrado la audiencia programada, la autoridad judicial a cargo de la tramitación de la causa, cumpla con lo dispuesto por el Tribunal de alzada dentro del plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, exhortando a la Jueza hoy demandada, a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Libertad Expediente: 45825-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfonso Marcial Quispe Cameo contra Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo ambos de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 2 vta. el accionante manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y tenencia y porte o portación ilícita; en la audiencia de medida cautelar celebrada el 9 de julio de 2021 ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso su detención preventiva; desde cuando viene cumpliendo dicha medida, habiendo transcurrido cinco meses, y señalándose audiencia de verificación de su situación jurídico procesal para el 9 de diciembre del mismo año; el cual que, no fue convocado oportunamente. Ante la omisión señalada, el 16 de diciembre de igual año, solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto que estaba de turno por vacación judicial, señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación a su detención preventiva; instancia que erróneamente, amplió la misma por dos meses adicionales. Determinación esta última, contra la que interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, constituida en Tribunal de alzada, revocó la determinación asumida, disponiendo que se reinstale audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la autoridad jurisdiccional, devolviendo el expediente al Juzgado de origen, el 3 de febrero de 2022; sin embargo, no se cumplió. Posteriormente, el 3 de febrero de igual año, solicitó a la Jueza ahora demandada, cesación a su detención preventiva por causal de plazo vencido; misma que, hasta la interposición de la presente acción de libertad –8 de febrero de 2022–, no fue atendida, vulnerándose su derecho a la justicia pronta y oportuna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión al debido proceso, a la legalidad, a la celeridad y su derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 115, 116, 125, 126, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el señalamiento inmediato de la audiencia para la consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 36, presente el accionante asistido de su abogado y el representante del Ministerio Público; y, ausente la autoridad judicial demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, en audiencia, ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad y ampliándola, manifestó lo siguiente: a) Fue notificado con un acta de suspensión de audiencia de cesación a la detención preventiva de 7 de febrero de 2022; es decir, el mismo día que se notificó a la parte demandada, con la presente acción de defensa, quien refirió que dicho actuado, se hubiera reprogramado por falta de notificación a las partes para el 9 del mismo mes y año; b) Desconocía sobre la suspensión de audiencia; por ello, presentó la acción constitucional, en la que denunció dilación y vulneración de los plazos procesales en los que incurrió la Jueza ahora demandada; y, c) Solicito remisión de antecedentes ante la autoridad disciplinaria; toda vez que, la autoridad demandada no le notificó con los actuados que nunca estuvieron a la vista en el Juzgado, intentando justificar la dilación a la justicia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo donde radica la causa principal; toda vez que, su titular se encontraba con permiso; mediante informe escrito cursante de fs. 4 de 9 de febrero de 2022, manifestó lo siguiente: 1) Por vacación judicial, el expediente fue remitido ante el Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto del citado departamento el 9 de diciembre de 2021; en razón de ello, debió ser ese Despacho judicial, el encargado de convocar a la audiencia; 2) Revisado el cuaderno procesal, pudo evidenciar que el Juez de turno por vacación judicial, había emitido la Resolución 291/2021 de 21 de diciembre, ampliando la detención preventiva por dos meses; disposición que, fue apelada y revocada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia del mismo departamento; 3) El 2 de febrero de 2022 a las 16:00, la Sala Penal antes referida, puso en conocimiento del Jugado Primero en lo Penal (de turno por vacación judicial), la determinación asumida; instancia que a su vez, remitió los antecedentes a su autoridad; esta última que señaló audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante para el 7 de febrero a las 16:30, cumpliendo con los plazos procesales marcados por la autoridad ad quem; 4) Asimismo, el 3 de igual mes y año, se recepcionó en su Juzgado, un memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, señalándose audiencia mediante un nuevo decreto, para el mismo 7 del mes y año antes referidos, por principio de concentración de actos; 5) Instalándose la señalada audiencia la fecha y hora fijada, sin la asistencia de los sujetos procesales, quienes no fueron notificados debido a la excesiva carga procesal, conforme se evidencia del informe otorgado por la Secretaria del Juzgado a su cargo; el actuado fue reprogramado para el 9 de febrero de igual año a horas 12:30; y, 6) No se vulneraron derechos fundamentales ni garantías constitucionales; toda vez que, es responsabilidad de la abogada patrocinante realizar seguimiento al proceso de su defendido.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en la audiencia realizó una relación detallada de los hechos; y concluyó señalando que, cumplió con el presupuesto del acto reclamado; dado que, ya se notificó al solicitante de tutela con el señalamiento de audiencia, en tal sentido, el derecho vulnerado hubiera sido subsanado y corregido, solicitando el rechazo de la acción de libertad impetrada.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 36 a 38, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) A fs. 311 del cuaderno judicial, se evidencia la providencia de 3 de febrero de 2022; por la cual, la Jueza hoy demandada señaló audiencia para la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, para el 7 del mismo mes y año, acto procesal que fue instalado y suspendido en mérito a que no se notificaron a los sujetos procesales, conforme se desprende del informe evacuado por la Secretaria del Juzgado a su cargo; reprogramándose la misma para el 9 de igual mes y año; y, ii) Se cumplió con el plazo dispuesto por el Tribunal de alzada, de cuarenta y ocho horas; para que, se resuelva la situación jurídica del acusado; por lo que, no corresponde conceder la tutela impetrada al no verificarse falta de celeridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 9 de julio de 2021, de Consideración de Medidas Cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, a cargo de la tramitación de la causa, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro del mencionado departamento, por el lapso de cinco meses y señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 9 de diciembre de 2021 (fs. 14 a 16). II.2. Por memorial de 16 de diciembre de 2021, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento (de turno por vacación judicial), el impetrante de tutela solicitó señalamiento de día y hora de audiencia, al encontrarse vencido el plazo de la detención preventiva (fs. 18 vta.). II.3. A través de Decreto de 17 del mismo mes y año prenombrado, el Juez del referido Juzgado; indicó que, el proceso fue remitido a su Despacho, sin registro de audiencias; y, conforme a solicitud señaló la misma para el 21 de diciembre del mismo año (fs. 19). II.4. Mediante Resolución 291/2021 de 21 de diciembre, la autoridad señalada, dispuso la ampliación a la detención preventiva por dos meses, al existir algunos actos investigativos por realizarse. Determinación que fue apelada en la misma audiencia (fs. 20 a 23). II.5. Por Resolución 029/2022 de 10 de enero, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución 291/2021; disponiendo que, se reinstale la audiencia solicitada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la notificación (fs. 24 a 25). II.6. Mediante nota de 2 de febrero de 2022, el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del citado departamento, donde radica la causa, (fs. 29 y vta.) II.7. A través de Decreto de 3 del mismo mes y año, la autoridad ahora demandada, en suplencia legal de su similar Segundo, señaló audiencia pública de consideración de situación jurídica para el 7 de febrero de igual año (fs. 30).

II.8. Por memorial de 3 del mismo mes y año, el accionante requirió a la autoridad demandada, audiencia pública de cesación a la detención preventiva por plazo vencido, mereciendo decreto de 4 de febrero del mismo año; por el que, se señaló audiencia para el 7 del mes y año antes referido (fs. 31 a 32 vta.). II.9. Cursa acta de 7 de febrero de igual año, de suspensión de audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva, y al estar ausentes los sujetos procesales al no haber sido notificados para dicho acto, se reprogramó la misma para el 9 de mencionado mes y año a las 12:30 (fs. 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión al debido proceso, legalidad, principio de celeridad y su derecho a la libertad; debido a que, la autoridad hoy demandada, incumplió con lo determinado en la Resolución de alzada, que disponía la reinstalación de la audiencia de consideración a su solicitud de cesación a su detención preventiva por cumplimiento del plazo, dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció la lesión al debido proceso, legalidad, principio de celeridad y su derecho a la libertad; debido a que, la autoridad ahora demandada, incumplió con lo determinado en la Resolución de alzada, que disponía la reinstalación de la audiencia de consideración a la cesación a su detención preventiva por cumplimiento del plazo, dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación. Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación, abordar el tema en estudio, originado por la presunta dilación procesal que hubiera sido, ocasionada por la autoridad hoy demandada en el señalamiento de audiencia para la consideración a la cesación a su detención preventiva del accionante, por cumplimiento de plazo, tarea que será desarrollada a continuación. En ese contexto, de la revisión de antecedentes aparejados al expediente de acción de libertad, se constata que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela y otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y tenencia y porte o portación ilícita; en la audiencia de medida cautelar celebrada el 9 de julio de 2021 ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; se dispuso, su detención preventiva; desde cuando viene cumpliendo dicha medida, transcurrió cinco meses, y por lo mismo quedó señalada la respectiva audiencia de verificación de su situación jurídico procesal para el 9 de diciembre del mismo año; la misma que, no fue convocada hasta la presente data.

Ante la omisión señalada, el 16 de diciembre de igual año, mediante memorial, el imputado solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto que estaba de turno por vacación judicial, señalamiento de audiencia para la consideración de la cesación a su detención preventiva, instancia que amplió la misma por dos meses adicionales. Determinación esta última, contra la que interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental del departamento La Paz, constituida en Tribunal de alzada, que revocó la determinación asumida; disponiendo que, se reinstale audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada la autoridad jurisdiccional, para resolver su situación jurídica, devolviendo el expediente al Juzgado de origen el 2 de febrero de 2022.

Posteriormente y ante el incumplimiento de parte de la Jueza hoy demandada en el señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas otorgadas por el Tribunal de apelación, mediante memorial presentado el 3 de febrero de igual año, el accionante solicitó cesación a su detención preventiva por causal de plazo vencido; mismo que, según señala el precitado, no fue atendido hasta la interposición de la presente acción de defensa; es decir, hasta el 8 de febrero de 2022. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo, debe considerarse la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuyo tenor determina que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, cuando estos hubieren dilatado el trámite procesal sin razón suficiente, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones o agravios causados por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el principio de celeridad, en tal situación, el agraviado puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional interponiendo la acción tutelar; para que, el Tribunal de garantías en el fondo resuelva conforme la normativa vigente. En ese orden, en el caso analizado, se establece que la Jueza ahora demandada, recepcionó de la Sala de apelaciones, los antecedentes relativos a la causa el 2 de febrero de 2022, conforme consta en el sello cursante a fs. 29 vta., procediendo a emitir un primer decreto, el 3 del mismo mes y año, señalando la audiencia ordenada para el 7 de febrero de 2022 a las 16:30; determinación que a decir del accionante, nunca fue de su conocimiento no obstante haberse apersonado al Despacho judicial; lo que le obligó a presentar un memorial el mismo 3 de igual mes y año referido, pidiendo cesación a su detención por causal de plazo vencido, decretado este último al siguiente día, volviéndose a señalar el acto procesal para el 7 del mes y año precitado, siguiente a las 16:30; es decir, ratificando la misma hora y fecha, empero en un decreto distinto.

Se evidencia asimismo en antecedentes de la presente acción de defensa, que cursa Acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y situación jurídica; la misma que, según consta hubiera sido instalada; empero, por falta de notificación a los sujetos procesales, hubiese sido reprogramada para el 9 de febrero del 2022 a las 12:30, disponiendo la notificación a las partes procesales. Actuado procesal que tampoco fue comunicado al procesado, ahora solicitante de tutela. Consiguientemente; se tiene que, una vez recibidos los antecedentes de la causa en el Juzgado cuya titular es la ahora demandada, esto es, el 3 de febrero de 2022, dicha autoridad debió haber señalado audiencia para su celebración dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, en cumplimiento estricto a lo determinado por el Tribunal de alzada; así como, a lo dispuesto por los arts. 325.III y 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP); no siendo suficiente la emisión de los decretos de 3 y 4 de febrero del citado año, los cuales, al margen de no haber sido notificados al accionante ni a ninguna otra parte procesal, tampoco cumplieron con el plazo dispuesto por el ad quem; agravando la situación procesal, al haber instalado la audiencia sin antes haber asegurado el cumplimiento de las correspondientes diligencias de notificación, y luego suspenderla para ser reprogramada para el 9 de ese mismo mes y año. De lo manifestado, es posible concluir que los actuados procesales que no cumplieron con los requisitos legales, como son las debidas diligencias de notificación, provocaron una lesión a los derechos fundamentales del impetrante de tutela; dado que, la tramitación de la causa, debe ser de conocimiento obligatorio de las partes procesales; pues, no resulta coherente desde el punto de vista constitucional y legal, realizar y programar actuados procesales a espaldas de las partes, solo al interior de las causas, como ocurrió en el presente caso, en el que se quebrantaron las formas procedimentales necesarias, que no resultaban ser un fin en sí mismas; sino, que debieron ser transmitidas, de manera oportuna a los sujetos intervinientes en la causa, para cumplir con su objetivo. Entonces, la autoridad hoy demandada, al no haber actuado con la debida celeridad, incumpliendo los plazos procesales, lesionó los derechos fundamentales del solicitante de tutela; pues, no resultaba suficiente la emisión de un decreto o proveído de señalamiento de audiencia; sino, que era imprescindible la celebración misma del verificativo oral dentro del plazo otorgado; fin para el cual, y en el caso analizado, pese a haberse recibido los antecedentes el 3 de febrero de 2022; finalmente, la audiencia se programó para el 9 siguiente. Por todo lo manifestado y fundamentado; se evidencia que, la autoridad jurisdiccional, incumplió con los plazos establecidos, constituyendo ello, dilación indebida, que vulnera el principio de celeridad, basada en la prontitud de aplicación y tramitación de las solicitudes e impugnaciones procesales; por tanto, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 36 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDE la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa; disponiendo que, en caso de no haberse celebrado la audiencia programada, la autoridad judicial a cargo de la tramitación de la causa, cumpla con lo dispuesto por el Tribunal de alzada dentro del plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, exhortando a la Jueza hoy demandada, a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0461_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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