B.IA.LEGAL

SCP 0460/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 21 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
62394-2024-125-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una vejez digna, y a la propiedad privada; toda vez, que dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal, la autoridad ahora demandada, emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio; por el cual, determinó la demolición de su construcción; y, tras haber presentado el Recurso Jerárquico ante el silencio administrativo negativo de su Recurso de Revocatoria, pronunció la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre; por la cual, rechazó el Recurso Jerárquico, cometiendo las siguientes irregularidades: i) La Resolución Técnico Administrativa 001/2023, quebranta los derechos a la: a) Defensa; ya que, en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era propietario del inmueble; por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos; y, b) Vejez digna y Propiedad Privada; puesto que, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plano demostrativo de lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio de Punata se comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de loto aprobado y de construcción” (sic.); y, ii) La Resolución Técnico Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, viol…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 12 de julio de 2024, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada por la Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación a los derechos a la defensa, a la vejez digna y a la propiedad privada en cuanto a la primera problemática; y, al debido proceso en su elemento de congruencia relativo al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno agravio; así como, en sus elementos de fundamentación y motivación, respecto a la segunda problemática, con base a los fundamentos jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente:

1.1.° Se deja sin efecto la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio, debiendo el Alcalde del GAM de Punata del departamento CORRESPONDE AL EXP. 62394-2024-125-AAC (viene de la pág. 59).

de Cochabamba, emitir una nueva Resolución en el plazo de setenta y dos horas de notificado con el presente fallo constitucional, cumpliendo todos los parámetros establecidos en la misma. 1.2° Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, pronunciada por el Alcalde del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, conforme a los argumentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, respecto al primer agravio de la primera problemática; y, a la condenación de costas procesales, conforme a los fundamentos vertidos en esta Resolución Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional sobre los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  4. III.4. La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa
  5. III.5. El derecho a la propiedad privada y sus restricciones
  6. III.6. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0460/2024-S1 Sucre, 21 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 62394-2024-125-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 12 de julio de 2024, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Candelaria Claros Vda. de Vásquez contra Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Punata del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentado el 9 y 20 de febrero de 2024, cursante de fs. 1, 31 a 36; y, 55 a 59 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de junio de 2023, fue notificada con la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de igual mes, contra la cual el 7 de julio del mismo año, interpuso el Recurso de Revocatoria, y ante el silencio, al amparo del art. 66.II de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- presentó el 18 de agosto de mismo año el Recurso Jerárquico, siendo resuelto por Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, determinación que dispuso rechazar el antedicho recurso. Señala que ambas determinaciones son violentadoras a sus derechos y garantías constitucionales; pues: a) La Resolución Técnico Administrativa 001/2023, quebranta los derechos a: 1) Defensa; ya que, en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era el propietario del inmueble, por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos; y, 2) Vejez digna y Propiedad Privada; puesto que, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plano demostrativo de lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio de comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de lote aprobado y de construcción” (sic.); y, b) La Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, violó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha Resolución no absolvió todos los puntos de agravio presentados en el Recurso Jerárquico, además que, sin un argumento y análisis intelectivo dispuso rechazar el referido recurso, en la que no se determinaron las convicciones que justificaron la decisión, para rechazar el recurso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una vejez digna, y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 115.II, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiéndose: i) Dejar sin efecto la Resolución Técnica Administrativa 001/2023 de 27 de junio; ii) Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre; iii) Que se emita una nueva resolución; y, iv) Se ordene el pago de costas.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento de Cochabamba, por Resolución de 22 de febrero de 2024, notificada el 26 de igual mes y año, cursante a fs. 68, declaró la improcedencia de esta acción tutelar; consecuentemente, la accionante por memorial presentado el 28 del mismo mes y año (fs. 69 a 71 vta.), impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0097/2024-RCA de 22 de marzo, cursante de fs. 77 a 83, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución de 22 de febrero de 2024, disponiendo en consecuencia la admisión de la presente acción de defensa, sometiéndose al trámite previsto por ley, debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho.

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 106 a 108, se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.3.2. Informe de la parte demandada

Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde Municipal del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 12 de julio de 2024, cursante de fs. 99 a 104 vta., señaló que: a) El 4 de enero de 2023, la Junta Vecinal 20 de la Zona Kochi Oeste, presentó denuncia indicando que el canal de riego al ser propiedad del Estado estaba siendo avasallada por vecinos colindantes que no contaban con la respectiva documentación que avale su derecho propietario; b) El 5 del mismo mes y año, se realizó una inspección al inmueble, en la que se evidenció que Víctor Soto -presunto propietario- efectuó construcciones; razón por la cual, le dieron el plazo de veinticuatro horas para que presente la documentación necesaria; c) Posteriormente, el 9 de igual mes y año, se procedió a realizar la Segunda Notificación y se ordenó la paralización de la construcción otorgando el plazo de veinticuatro horas para acreditar su derecho propietario con planos aprobados y autorización de construcción; d) El 10 de idéntico mes y año, se apersonaron Víctor Soto y Rosa Vásquez Claros, sin presentar documentación alguna; por lo que, el 13 de enero de 2024, se efectuó la Tercera Notificación de paralización de obra; e) El 16 de enero de 2023, la Dirección de Urbanización del GAM de Punata, emitió el Informe DU GAMP 006/2023, en la que se recomendó la emisión del Auto Inicial de Proceso de Demolición, misma que fue pronunciada el 20 del mismo mes y año, dando a Víctor Soto el plazo de diez días hábiles para la presentación de prueba de descargo; f) El 31 de enero de 2023 la accionante acreditó su derecho propietario con documentación pertinente; por lo que, por Nota con CITE: DU GAMP 017/2023 de 16 de febrero, se aceptó su apersonamiento y le otorgaron el plazo de diez días para que presente plano de lote y plano de construcción debidamente aprobados, y al cumplirse el mismo, se emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 en la que se ordenó la demolición de construcciones clandestinas, que fue recurrida por Recurso de Revocatoria y posteriormente por jerárquica, siendo rechazada esta última por la Resolución Ejecutiva 129/2023; g) La peticionante de tutela debió haber demandado de igual forma al Concejo Municipal de Punata, y no solo a su persona como Representante Legal del GAM de precitada localidad, actuando en dicha calidad, y no como la autoridad que haya emitido las Resoluciones 001/2023 y 129/2023; h) El memorial de acción de amparo constitucional, no cumple con el nexo de causalidad y las observaciones realizadas por la Sala Constitucional; e, i) Las Resoluciones demandadas son resultado de un incumplimiento a la ley por parte de la impetrante de tutela, en la que se le otorgó el plazo respectivo para presentar los planos aprobados y autorización de construcción, los cuales nunca fueron arrimados por la prenombrada, debiendo denegarse la tutela solicitada.

I.3.4. Resolución

La Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 12 de julio de 2024, cursante de fs. 108 a 113, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, dio una respuesta clara, pues en ella se expresan los motivos y las razones que sirvieron para asumir la determinación cuestionada; 2) La impetrante de tutela reclamó que no se hubiera pronunciado en relación a los ocho puntos de agravio; sin embargo, de la revisión de la Resolución impugnada se advierte la existencia de pronunciamiento, que si bien no fue a detalle; empero, se evidencia una respuesta fundamentada y motivada, al ser clara cuando señala que no existe plano aprobado de construcción por el Municipio de Punata, siendo independiente de la denuncia efectuada por la Junta Vecinal; 3) Si bien los registros datan de 1977, se tiene que tener presente que las propiedades rurales con el crecimiento de la población, van ingresando a la mancha urbana y las nuevas estructuras se modifican, no siendo suficiente contar con un registro, sino que deban ser avalados por los respectivos Gobiernos Municipales; y, 4) Sobre la supuesta falta de congruencia, luego de un análisis de la Resolución Técnico Ejecutiva 129/2023, se tiene que la misma guarda coherencia en el desarrollo que realiza en su contenido, pues hace una narración de los antecedentes, luego una referencia a las observaciones efectuadas por la accionante, y analizó la normas aplicables, siendo una resolución acorde a todos los antecedentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, emitida por el Alcalde Municipal de Punata del departamento de Cochabamba, la cual refiere: “VISTOS Y CONSIDERANDO:

QUE, de la documentación aparejada se, establece que los señores PANFILO VASQUEZ Y CANDELARIA CLAROS DE VASQUEZ, son propietarios de un inmueble ubicado en el Sector del Kochi, zona Sud de esta ciudad de Punata, con una extensión superficial de 7.123 M2., documento registrado en la oficina de DD.RR. a Fs. 87 Ptda. N° 239/ del Libro de Propiedad de la Provincia Punata, en fecha, 27 de abril de 1977, otra fracción de terreno registrado en DD.RR. a Fs. y Ptda. N° 378, del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Punata en 22 de julio de 1996, otro terreno, registrado en DD.RR. a Fs. 19, Ptda. N° 40, de Libro Primero de Propiedad de la Provincia Punata, en 21 de enero de 1965 años. QUE, el GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNATA, dentro las políticas de mejoramiento de calles y avenidas, ha dispuesto la ampliación de Calles como apertura de nuevas calles, para luego ser implementadas con los servicios básicos, como agua potable y alcantarillado, en ese propósito se ha afectado la propiedad de los esposos PANFILO VASQUEZ Y CANDELARIA CLAROS DE VASQUEZ, habiendo dispuesto alternativamente mediante Ordenanza Municipal N° 61/97 de 10 de noviembre de 1997 años, la afectación de 1.902 M2 a la propiedad de los nombrados propietarios y en compensación, otorgarles la exención de pago de impuestos anuales, aprobación de plano de Regularización, así como proporcionar, agregados para el amurallamiento de la propiedad. QUE, Los propietarios del inmueble afectado mediante nota presentada en fecha 30 de julio de 2002, ante el señor H. Alcalde Municipal, piden cumplimiento de Ordenanza Municipal N° 61/97, que es remito a conocimiento de Asesoría Jurídica, para dar cumplimiento a la Ordenanza, se requirió informe de la Dirección de Urbanismo, que hace conocer un informe detallado. Del inmueble de propiedad de Pánfilo Vásquez y Candelaria Claros de Vásquez, estableciéndose a través de ese informe que la extensión Superficial del Terreno de acuerdo a escrituras llega a 7.123 M2., según Mensura se estable la Sup. De 6.335,39 M2., se establece una diferencia de 787 M2., superficie afectada de 1.443,25 M2.-

POR TANTO

LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, en uso de sus atribuciones contenidas en la Ley de Municipalidades: RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el informe proveniente de la Dirección de Urbanismo. ARTICULO SEGUNDO.- Se determina LA EXENCION DE PAGO DE IMPUESTOS ANUALES SOBRE BIENES INMUEBLES por la gestión administrativa del año 2000 y 2001, la entrega de agregados para la construcción de en la cantidad de 12 M3. de arena y 12 M3. de Piedra, puesto en obra, alternativamente se dispone APROBAR EL PLANO DE REGULARIZACION DE INMUEBLE, debiendo exencionarse el pago, por este ultimo concepto. ARTICULO TERCERO.- De la misma manera se determina que por la Dirección de Urbanismo se APRUEBE PLANO REGULARIZACIÓN DE INMUEBLE, de conformidad al siguiente detalle, así como dar a conocer a las Direcciones correspondientes para su cumplimiento. ARTICULO CUARTO.- Por Asesoría Jurídica se proceda a la preparación de los documentos de CESIÓN DE TERRENOS A LA H. ALCALDÍA Sup. Según Escrt. 7.123 M2 Sup. Según Mensura 6.335,59 M2 Sup. Diferencia 787,61 M2 Sup. Afectada 1.443,25 M2 Sup. Util 4.892,14 M2” (sic [fs. 39 y vta.]). II.2. Cursa Plano Demostrativo de Lote de 13 de septiembre de 2002, a nombre de Pánfilo Vásquez Vidal y Candelaria Claros Vda. De Vásquez -ahora accionante- (fs. 40).

II.3. Se cuenta con la Matrícula computarizada 3.14.1.01.0010875, emitida el 16 de junio de 2014 por el Sub-Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) de Punata del departamento de Cochabamba; en la cual, figuran como propietarios de un Lote de Terreno ubicado en Kochi de la Localidad de Punata a Candelaria Claros Vda. de Vásquez y Pánfilo Vásquez Vidal, de una superficie de 2596 m2 (fs. 21 y vta.), la cual fue actualizada el 6 de febrero de 2024, teniendo como propietarios a los prenombrados (fs. 20 y vta.). II.4. Por Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio, Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde Municipal del GAM de Punata del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, dispuso la demolición en el plazo de cinco días, de la construcción ilegal que se encontraría fuera de rasante realizada por Víctor Soto y Candelaria Claros Vda. de Vásquez -ahora peticionante de tutela-, bajo los siguientes fundamentos:

“(…). CONSIDERANDO II.- Que, el Art. 232 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO determina que: “(…)La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados (…)” Que, el artículo 302. I de la CONSTITUCIÓ POLÍTICA DEL ESTADO, establece que: “I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 22. (…) establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público (…).-28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. Núm. 29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.”. Que, del artículo 410.II de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, define que: “La constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios Internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. De acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado: 2. Los tratados internacionales; 3. Las Leyes Nacionales, los Estatutos Autonómicos, las Cartas Orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”, Que, el Art. 13 de la Ley N° 482.- LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES establece que: “(…)La Normativa Municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía normativa Municipal, por órgano emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente: Órgano Ejecutivo: c) Resolución Administrativa Municipal emitida por las diferentes autoridades del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus funciones” Que, el Art. 26 núm. 23 de la Ley 482.- Ley de Gobierno Autónomos Municipales, establece que: “26.- Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales (…)” Por su parte el Art. 31 de la misma ley en su inc. d) señala: “Artículo 31. (BIENES MUNICIPALES DE DOMINIO PÚBLICO). Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: d). Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento”. Que, el Art. 26 parágrafo segundo de la NORMATIVA GENERAL DEL AREA URBANA misma que fue Aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 39/2011, misma que establece que: “Art. 26 Bordes de los Ríos.- En aquellas Acequias Servidumbrales se dejará como faja de seguridad de 3.00 metros a cada lado del borde de la acequia, a objeto de crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo, incluyendo 1 metro del ancho de la acequia (…)” Que, el Art. 2 del REGLAMENTO SOBRE DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES ILEGALES, CLANDESTINAS Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINITRATIVO DEL G.A.M. PUNATA tiene por objeto, establecer normas técnico, administrativas y legales a las que se sujetarán los procesos de demolición de construcciones clandestinas, ilegales y fuera de norma en el Municipio de Punta, sean estas construcciones realizadas en Bienes Municipales de Dominio Público, Bienes de Patrimonio Institucional, Bienes Municipales Patrimoniales, propiedades privadas asignadas para área verde y/o equipamiento en los planos de Urbanización aprobación y/o regularización; asimismo toda construcción privada de personas naturales o jurídicas que no tenga autorización municipal, o que contando con planos aprobados se altere en la obra, toda construcción que en la obra dañe o destruya propiedad municipal, así como las que vulneren las normativas municipales en vigencia, sea propiedad Urbana o Rural. Que, del artículo 8 (…) parágrafo. II. Sin perjuicio de lo determinado en el Art. 9 del presente reglamento y previo el procedimiento señalado en el presente artículo, serán objeto de sanciones alternativas y/o accesorias a la demolición las siguientes infracciones: (…); b). Toda construcción realizada sin autorización municipal, fuera de rasante, en áreas de riesgo o zonas prohibidas, que contravenga normas urbanísticas del Reglamento General de Aprobación en Regularizaciones, Subdivisiones, Fraccionamientos y Urbanizaciones de propiedades Urbanas, con la cobertura de su costo al infractor, en su caso, la aplicación de multas de acuerdo a la tipología de la infracción y/o reparación de los daños causados.

POR TANTO

.- EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES. RESUELVE.- ARTÍCULO PRIMERO.- Al verificarse que la construcción se encuentra fuera de rasante, considerándose que no se habría dejado los 3.00 metros a un lado del borde de la acequia, a objeto de crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo, incluyendo 1 metro del ancho de la acequia, ello en previsión del Art. 26 parágrafo segundo de la NORMATIV GENERAL DEL AREA URBANA misma que fue Aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 39/2011.- Se dispone, LA DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ILEGAL QUE SE ENCUENTRA FUERA DE RASANTE máxime, considerándose que la misma no cuenta con planos de lote y de construcción aprobados, ni mucho menos cuentan con autorización de construcción emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Punata.-Construcción que realiza el señor VICTOR SOTO (supuesto propietario) y la señora CANDELARIA CLAROS VDA. DE VASQUEZ en el predio que se encuentra sobre la Calle Juan Manuel Sánchez, Zona Khochi Oeste, 1ra Sección de la jurisdicción del Municipio de Punata, Provincia de Punata.- Sea en el plazo legal de cinco (5) días desde su legal notificación. ARTICULO SEGUNDO.- Es menester aclarar que: la Dirección de Urbanismo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Punata en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, Unidad de Seguridad Ciudadana e Intendencia Municipal, procederán con la demolición de la construcción ilegal, misma que será con el uso de maquinaria pesada y resguardados por la Fuerza Pública.- ARTICULO TERCERO.- A fines de precautelar derechos humanos y fundamentales de las personas, póngase a conocimiento de las Autoridades pertinentes” (sic [fs. 2 a 5]). II.5. Consta Memorial de 7 de julio de 2023; por el cual, la impetrante de tutela, interpuso Recurso de Revocatoria contra la Resolución Técnico Administrativa 001/2023, solicitando su respectiva respuesta con base al art. 65 de la Ley 2341 (fs. 6 a 11). II.6. Mediante Memorial de 25 de agosto de 2023, la accionante, presentó Recurso Jerárquico contra la Resolución Técnico Administrativa 001/2023, ante el silencio administrativo, solicitando la emisión de la respectiva resolución en apego a los arts. 67 y 68.I de la Ley 2341, bajo los siguientes argumentos: “(…).

I. FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO CAUSADO POR LA RESOLUCIÓN

RECURRIDA.- (…). 1. El presente PROCESO ADMINISTRATIVO se inicia a denuncia de la Junta Vecinal N° 20 de la Zona del Kochi Oeste de la Provincia de Punata, sin precisar ni especificar quien es el representante legal de dicha junta vecinal, ya que al ser una persona jurídica se debe acreditar la legitimidad e idoneidad de su representación de esa persona jurídica, lo que en el presente caso no existe. A ello se suma que el Art. 31 (BIENES MUNICIPALES DE DOMINIO PUBLICO) que invoca en el primer párrafo del CONSIDERANDO I resulta inaplicable al presente caso, por cuanto, dicha norma en ningún momento hace referencia a las acequia servidumbral, simplemente habla de ríos, riachuels, torrenteras y quebradas, nótese que en ningún momento se refiere a ninguna acequia servidumbral. 2. Conforme a la documentación que se presentó por memorial de fecha 31/01/2023 acompañando el folio real de mi derecho propietario registrado bajo la matricula N° 3.14.1.01.0010875 Asiento A-1 de fecha 21/04/1977 demuestra que mi persona es la propietaria de dicha propiedad, donde se me acusa de la construcción ilegal, es más he dado a conocer que mi persona fue quien ordeno los trabajos de construcción, sin embargo los funcionarios de URBANISMO sin realizar la investigación y averiguación de quien es el propietario emiten citaciones contra un tercero como es VICTO SOTO, sin tener el menor cuidado de verificar en recaudaciones si los pagos impositivos de dicho inmueble lo realiza VICTOR SOTO, o que propiedad tiene registrado el prenombrado en el lugar de la denuncia, realizando apertura de procesos a la ligera contra terceros que no acreditar ni cuentan con derecho propietario y lo peor que no identifican correctamente a este tercero, quien responde al nombre de GERARDO VICTOR SOTO CARI, anomalía administrativa que debió ser subsanada una vez asumido en conocimiento del memorial de 31/01/2023, empero jamás lo consideraron, viciando de nulidad el presente proceso administrativo por la afectación del DEBIDO PROCESO en su vertiente del derecho a la defensa y generando indefensión a GERARDO VICTOR SOTO CARI. 3. Conforme a la copia de mi cedula de identidad que adjunto se infiere que CANDELARIA CLAROS VDA DE VASQUEZ, es una persona de la tercera edad, contando a la fecha con 83 años de edad, aspecto que tampoco ha sido considerado, respetado esta mi condición, máxime si existe una Ley especial como es la Ley 369 de 01 de mayo de 2013, que obliga a su autoridad como parte del Estado respetar los derechos de las personas adultas mayores, que son inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos, máxime si me hallo dentro el grupo vulnerable en relación a su autoridad y a todo el aparato municipal de sus funcionarios arrogantes e irrespetuosos, vulnerando los arts. 3 y 7 de la referida Ley, habida cuenta que ante mi petición presentada por memorial de 31/01/2023 no ha existido una capacidad de respuesta institucional y sensibilización del personal, menos se me ha brindado una Atención personalizada y especializada en consideración a mi tercera edad y mi propia o escasa preparación e idiosincrasia, mucho menos se previó que a través de la institución del SLIM se me convoque o se realice una vista a efectos de hacerme entender en que consiste este proceso que se me inició o cual podría ser la alternativa de solución, vulnerando mi derecho a la defensa y al debido proceso, generándome indefensión, absoluta. 4. Por otra parte su propia administración municipal y en particular la resolución que es motivo del presente recurso, resulta ser una resolución omisiva, contradictoria e incongruente, habida cuenta que del plano del ÁREA URBANA DE PUNATA el presunto pasaje no se halla consignado y mucho menos se halla dentro el plano de la mancha urbana aprobada mediante Resolución Ministerial, máxime si es el propio Director de Urbanismo Jhonny Ugarte Rojas, sin ningún observación y reparo procede a legalidad la R.T.A. N° 63/202 de 17/03/2020 que aprueba el plano de lote que se halla en la parte sud de mi propiedad, donde al lado norte de esa propiedad se tiene como colindancia o limite PASAJE (VARIABLE) entonces surge la pregunta de dónde antecedente técnico, extrae y con qué respaldo en el plano de la mancha urbana que el pasaje del lado sud de mi propiedad se pretenda crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo incluyendo un metro del ancho de la acequia, se esta la propia administración municipal en el predio colindante del lado sud de mi propiedad reconoce y admite que ese pasaje es variable??. Además bajo que evidencia técnica se sostiene que existe una acequia en dicha zona, o que dicha acequia este reconocida como propiedad municipal, inscrita en derechos reales o minimamente que existe unas Ley Municipal u Ordenanza Municipal que declare que esa presunta acequia este registrada en los bienes inmuebles del municipio como propiedad municipal, pues no solo es enunciar de forma empírica y genérica basada en una norma municipal, ya que de haber sido propiedad municipal, la parte técnica DIRECCIÓN DE URBANISMO debió haber hecho prevalecer la presente vía futuro con el perfil de 7 metros de vía y el metro de ancho de la acequia en el plazo que ya fue aprobado en la gestión 2020 y no simplemente CONSIGNAR Y APROBAR, COMO pasaje variable, pues no solo se tiene como antecedente la legalización del plano de lote, sino también la propia CERTIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICO DIR. URB. 26/2023 de fecha 01/03/2023 EXTENDIDO POR EL PROPIO DIRECTOR DE URBANISMO DEL GAM PUNATA, certificación que es extendida con posterioridad al inicio de la presente demanda, y donde se RATIFICA COMO COLINDANCIA DEL LADO NORTE DEL PLANO APROBADO MEDIANTE RTAN° 63/2020 DE 17/03/2020 EL PASAJE (VARIABLE) sin que haya hecho observación al ancho del pasaje de perfil o retiro como hoy se pretende realizar con mi propiedad CONTRADICCIONES E INCONGRUENCIAS que no pueden pasar de alto, y peor pretender imponer bajo una demanda irregular de demolición rectificar los errores técnicos de la propia administración municipal. 5. Cuando la resolución recurrida mediante R.T.A. N° 001/2023 de fecha 27/06/2023 den el CONSIDERANDO II en el séptimo parrado invoca y menciona el Art. 26 BORDES DE LOS RÍOS correspondiente a la NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 39/2011, es inadmisible que su propia autoridad haga citas incompletas, sabiendo y conociendo que dicha normativa hace referencia a una excepcionalidad que no ha sido referida y mucho menos la parte técnica de la DIRECCIÓN DE URBANISMO, haya demostrado la inaplicabilidad de dicha excepcionalidad que señala el Art. 26 de dicha norma, cuando señala: “ART. 26.- BORDES DE LOS RÍOS.- (FAJAS DE SEGURIDAD DE LOS RÍOS)… En las acequias servindumbrales se dejara como faja de seguridad 3.00 metros a cada lado del borde de la acequia, a objeto de crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo, incluyendo 1 metro del ancho de la acequia. Pudiendo ser mayor el perfil de la vía, dependiendo del ancho de la acequia servidumbral. Cuando la acequia no tenga más uso de riego, los propietarios colindantes de la acequia podrán realizar la solicitud de avance mitad de eje de la acequia PARA OCUPAR EL MISMO, SI VE POR CONVENIENTE EL MUNICIPIO…” Nótese que de esta excepcionalidad se establece que la presunta acequia que la resolución recurrida menciona, conforme al muestrario fotográfico que se adjunta se evidencia que no existe ACEQUIA ALGUNA, mucho menos que la presunta acequia tenga uso para riego, es decir, el propio municipio ha consentido la desaparición de esta presunta acequia que los vecinos han realizado y no se ha ejercitado acción legal alguna para hacer prevalecer la presunta acequia como propiedad municipal, simplemente porque no existe derecho propietario y menos un registro municipal de la presunta acequia sobre tal acequia, lo que existió fue una servidumbre de acueducto que conforme señala el Art. 288 del Código Civil fue extinguida por FALTA DE UTILIDAD E IMPOSIBILIDAD DE USO, ya que de la muestra de ingreso de la calle Juan Manuel Sanchez el supuesto pasaje resulta ser pues un pasaje privado por cuanto tiene cerrado con una puerta metálica, situación que también ha consentido el municipio. Lo que demuestra que este proceso independientemente de ser ilegal y anómalo por no estar regulado en una ley municipal de demoliciones, su procedimiento está viciado de pleno derecho, por vulnerar la propia normativa municipal que señala el Art. 26 DE LA NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA y el art. 288 del Sustento Civil. 6. Esta ilegal y anómala denuncia presentada por “junta vecinal N° 20” denunciando una construcción ilegal de obra en el bien inmueble de mi propiedad, inmueble que por cierto no resulta ser un ÁREA y/o BIEN MUNICIPAL DE DOMINIO PUBLICO, mucho menos BIEN DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL, O BIENES MUNICIPALES PATRIMONIALES, al contrario se trata de una bien patrimonial de carácter privado, por tanto de propiedad privada, y que ademas cuenta con derecho propietario debidamente inscrito en derechos reales como se infiere del folio real que se adjuntó y se vuelve adjuntar una simple copia, por el que se infiere que el derecho propietario se halla registrado bajo la matrícula

N° 3.14.1.01.0010875 Asiento A-1 DE FECHA 27/04/1977, derecho propietario que resulta ser oponible ante terceros conforme determina el Art. 1538 del CC y que al ser una propiedad privada amerita ser respetada y protegida como señala el Art. 56-I de la Constitución Política del Estado, máxime si corresponde a una persona de la tercera edad. 7. Que, en la resolución impugnada en el CONSIDERANDO II se limita a señalar, que sin contar con autorización de inicio de construcción y menos contar con plano aprobado de lote, plano de construcción y documentación que acredite derecho propietario en Derechos Reales, infringieron la normativa General de Área Urbana, aprobada con Ordenanza Municipal N° 39/2011. De esta relación de hechos se infiere que de forma genérica se nos acusa de haber realizar trabajos de construcción sin contar con autorización de inicio de construcción y menos contar con un plano aprobado de lote, plano de construcción y documentación que acredite derecho propietario. Sin embargo la resolución hoy recurrida por el presente recurso, no explicita de forma clara y precisa que normativa en concreto y en particular ha sido infringida, es decir, cuál de los 98 artículos que contiene la NORMA GENERAL DEL ÁREA URBANA DE PUTANA aprobada con la O.M. 39/2011 de fecha 12 de septiembre de 2011 ha sido infringida o incumplida por esta parte, ya que de forma genérica se nos acusa de haber incumplido las órdenes de paralización de obra y/o construcción por no contar con el permiso correspondiente, es mas LA CONSIDERACIÓN LEGAL de la resolución impugnada, se limita hacer una mención y mera transcripción de los articulados de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley 482 y del Art. 2 DEL REGLAMENTO SOBRE DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES ILEGALES CLANDESTINAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL GAM PUNATA, sin realizar una subsunción al hecho denunciado, menos establecer cual el nexo causal por el que se considera que se han infringido tal o cual norma, denotándose que la resolución hoy recurrida afecta al derecho y garantía constitucional del debido proceso en su vertiente de la CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN establecida en el Art. 155-II de la C.P.E. 8. Con relación al debido proceso y el proceso de congruencia (…) DEMUESTRAN QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA RESULTA SER NULA POR AFECTACIÓN A DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN Y CONGRUENCIA. 9. Ahora bien, los trabajos menores que se REALIZARON en nuestra propiedad privada, es como consecuencia del reclamo de los propios vecinos quienes constantemente denuncian que es horas de las noches paran antisociales que generan inseguridad en la zona, pese haber solicitado alumbrado público al municipio no fuimos atendidos y ahora que pretendemos alejar a esos antisociales somos objeto de sanciones excesivas y arbitrarias, por contravenir el principio de informalismo, establecido en el Art. 4 inciso 1) de la Ley 2341, por cuanto en caso de no contar con la autorización y/o permiso para realizar los trabajos de muralla en nuestra propiedad bajo el principio de proporcionalidad (Art. 4 inciso 9) de la Ley 2341) corresponde que se aplique el capítulo 11 Arts. 89 y 93 en sus diferentes incisos de LA NORMATIVA GENERA DEL ÁREA URBANA DE PUNATA aprobada por Ordenanza Municipal N° 39/2011 de fecha 12 de septiembre de 2011 y no así una sanción tan aberrante y excesiva como la demolición ORDENADA. PETICIÓN.- Por todo lo expuesto, y bajo el fundamento factico y jurídico así como jurisprudencial de conformidad al Art. 66-II de la Ley 2341 y Art. 21 de la Normativa ilegal referida como REGLAMENTO SOBRE DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN ILEGALES CLANDESTINAS Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, interpongo RECURSO JERÁRQUICO ANTE LA FALTA DE RESOLUCIÓN DEL RECUROS DE REVOCATORIA interpuesto con anterioridad contra la RESOLUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE DEMOLICIÓN N° 001/2023 DE 27 DE JUNIO DE 2023 solicitando que la misma sea resuelta conforme determina el Art. 67 a 68-I de la Ley 2341 (sic [fs. 12 a 16 vta.]). II.7. Por medio de la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, pronunciada por Jaime Esteban Zeballos Vargas -ahora demandado-, rechazó el Recurso Jerárquico, presentado contra la Resolución Técnico Administrativa 001/2023, bajo los siguientes argumentos: “(…). CONSIDERANDO II.-

En previsión del Art. 232 de la Constitución Política del Estado que en su tenor establece que: “La Administración Publica se rige por los principios de Legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.- Lo establecido en el Art. 13 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece: “la normativa municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa municipal, por órgano emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales”. Lo propio en el Art. 26 núm. 23 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece que: Art. 26 ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O ALCALDE MUNICIPAL.- La alcaldesa o Alcalde municipal tiene las siguientes Atribuciones.- 23.- Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con la normas de servidores básicos, de uso de suelos, subsuelos y sobresuelo, normas urbanísticas (…) Lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece que: “Los Bienes de Municipales de Dominio Público son Aquellas destinadas al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, Avenidas, Aceras, Cordones de Acera, Pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de transito.-” Art. 11.II de la Ley N° 2341.- que la misma refiere que: “II. Cualquier persona podrá intervenir como: denúnciate, sin necesidad de acreditar interés personal y directo en relación al hecho o al acto que motiva su intervención”. ANALISIS DEL CASO.- De la revisión de antecedentes, de la documentación presentada y de lo manifestado por la parte recurrente se tiene lo siguiente: en primer término, se tiene a bien establecer todos los tramites que se realizan dentro el Gobierno Autónomo Municipal de Punata, estas están en previsión de la Ley N° 2341, en ese entendido: si bien, se recepcionó la denuncia presentada por el señor José Paredes G. en su calidad de presidente de la Junta Vecinal N° 20 fue en previsión del Art. 11.II de la Ley N° 2341.- que la misma refiere que: “II. Cualquier persona podrá intervenir como denúnciate, sin necesidad de acreditar interés personal o directo en relación al hecho o al acto que motiva su intervención” en ese sentido, de lo precedentemente manifestado, por imperio de la norma, la parte actora en este caso la parte denunciante bajo un principio de informalidad, no es de necesidad administrativa que el presidente de la Junta vecinal N° 20 acredite su legitimación activa dentro el presente tramite a efectos de presentar una denuncia.- Asimismo, de la revisión de antecedentes, sin bien la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ, mediante memorial de fecha 31/01/2023 acredita su derecho propietario presentando documentación idónea y pertinente, mediante resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023 la Autoridad Administrativa admite su apersonamiento y en consecuencia admite el derecho propietario de la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ.- En ese entendido, si bien las diligencias se realizaron a nombre del señor VICTOR SOTO fue en el entendido de que el mismo se presentó en la primera notificación de fecha 05/01/2023 como “propietario del bien inmueble” objeto del preste tramite; Asimismo y a mayor abundamiento, de la revisión de antecedentes no se tiene que el señor VICTOR SOTO, haya desacreditado lo que habría manifestado en fecha 05/01/2023.- Por un lado y por otro, se tiene a bien establecer que: el Gobierno Autónomo Municipal de Punata, no cuenta con atribuciones a fin de realizar actos investigativos.- Se tiene bien establecer de igual manera que: En toda la tramitación del proceso se garantizó Derechos y Garantías Constitucionales.- Estableciéndose que, mediante Resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023, se otorgó a la contraparte el plazo prudente de 10 días a fin de presentar pruebas de descargo y por la excesiva carga procesal que tiene la Dirección de Urbanismo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, mediante INFORME CITE: D.U.G.A.M.P. N° 031/2023 de fecha 16/03/2023, se reactiva el trámite administrativo y se emite informe complementario a fin de que se emita la Resolución Técnica Administrativa de Demolición.- Asimismo, y a mayor abundamiento, se tiene a bien establecer que: en el Plano General del Área Urbana Homologado por la Resolución Ministerial N° 219/2020, el Pasaje Innominado que colinda al sud con la propiedad de la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ, misma es considerada como pasaje.- En ese encendido, de igual manera también tiene a bien aclararse que: en la presente gestión se está regularizando todas aquellas predios de Domino Público y asean estos Vías, Áreas de Equipamiento y Áreas Verdes.-

POR TANTO

. EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTIA DEL ESTADO y LA LEY DE GOBIERNO AUTÓNOMOS MUNICIPALES. RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZA el Recurso de Jerárquico en contra EL R.T.A. N° 001/2023 de fecha 27/06/2023 presentada por la señora CANDELARIA CLAROS VDA. DE VELASQUEZ dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal” (sic [fs. 17 a 19]). II.8. Cursan Formularios de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023 cancelados por Candelaria Claros Vda. de Vásquez, efectuado el 5 de febrero de 2024 (fs. 22 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una vejez digna, y a la propiedad privada; toda vez, que dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal, la autoridad ahora demandada, emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio; por el cual, determinó la demolición de su construcción; y, tras haber presentado el Recurso Jerárquico ante el silencio administrativo negativo de su Recurso de Revocatoria, pronunció la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre; por la cual, rechazó el Recurso Jerárquico, cometiendo las siguientes irregularidades: i) La Resolución Técnico Administrativa 001/2023, quebranta los derechos a la: a) Defensa; ya que, en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era propietario del inmueble; por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos; y, b) Vejez digna y Propiedad Privada; puesto que, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plano demostrativo de lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio de Punata se comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de loto aprobado y de construcción” (sic.); y, ii) La Resolución Técnico Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, violó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha Resolución no absolvió todos los puntos de agravio presentados en el Recurso Jerárquico, además que, sin un argumento y análisis intelectivo dispuso rechazar el referido recurso, en la que no determinó las convicciones que justificaran la decisión, con las que se dieron a conocer las razones para rechazar el recurso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El enfoque interseccional sobre los derechos de las personas adultas mayores; 2) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 3) El principio de congruencia como componente del debido proceso; 4) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; 5) El derecho a la propiedad privada y sus restricciones; 6) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, 7) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional sobre los derechos de las personas adultas mayores

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0619/2021-S1 de 9 de noviembre; 0685/2022-S1 de 20 de julio; 0273/2023-S1 de 17 de abril; y, 1315/2023-S1 de 20 de diciembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: El art. 67.I de la CPE, establece que:

“Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana” (las negrillas nos corresponden).

A su vez, la misma Norma Suprema dispone en el art. 68 que:

“I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores” (las negrillas fueron añadidas).

Concluyendo que la Constitución Política del Estado, reconoce que las personas adultas mayores gozan de derechos y de una protección reforzada hacia los mismos, creando normas especializadas que garanticen el cumplimiento efectivo de dichos derechos y garantías constitucionales, en la cual se adopten todas las medidas y políticas para su protección y atención, en la que de igual forma se sancionen los actos de maltrato, abandono y discriminación. En ese contexto, es que siguiendo los lineamiento constitucionales, el 1 de mayo de 2013, se promulgó la Ley 369 -Ley General de las Personas Adultas Mayores (LGPAM)-, la cual consta de diecinueve artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones finales y una disposición abrogatoria, instrumento legal que tiene el objeto de regular los derechos de las personas adultas mayores, conforme lo determina el art. 1 de la LGPAM, en la que se señala que:

“La presente Ley tiene por objeto regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección” (las negrillas nos pertenecen).

Asimismo, la referida Ley, rige su ámbito de vigencia a través de principios, descritos en el art. 3 los cuales son: No Discriminación, No Violencia, Descolonización, Solidaridad Intergeneracional, Protección, Interculturalidad, Participación, Accesibilidad y Autonomía, mismas que consisten en:

“1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores.

2. No Violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores.

3. Descolonización. Busca desmontar estructuras de desigualdad, discriminación, sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase.

4. Solidaridad Intergeneracional. Busca la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y el envejecimiento.

5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad.

6. Interculturalidad. Es el respeto a la expresión, diálogo y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística de las personas adultas mayores, para Vivir Bien, promoviendo la relación intra e intergeneracional en el Estado Plurinacional.

7. Participación. Es la relación por la que las personas adultas mayores ejercen una efectiva y legítima participación a través de sus formas de representación y organización, para asegurar su integración en los ámbitos social, económico, político y cultural.

8. Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas adultas mayores.

9. Autonomía y Auto-realización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores, están orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario”.

Principios rectores que deben ser tomados en cuenta por parte de la Sociedad en todos sus niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de las personas adultas mayores, como miembros de la sociedad y parte de un grupo vulnerable que merece mayor atención y protección reforzada por el Estado. Asimismo, dentro del conglomerado de derechos reconocidos por la norma especializada, se encuentra el de la asistencia jurídica, catalogada también como un deber del Estado el de brindar dicha asistencia, aspecto regulado en el art. 10 de la LGPAM, establece:

“El Ministerio de Justicia brindará asistencia jurídica preferencial a las personas adultas mayores, garantizando los siguientes beneficios:

1. Información y orientación legal. 2. Representación y patrocinio judicial.

3. Mediación para la resolución de conflictos.

4. Promoción de los derechos y garantías constitucionales a favor de la persona adulta mayor” (las negrillas fueron añadidas).

En ese contexto, en el marco internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó en la gestión 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La referida Convención, entre otros derechos, establece el derecho al cuidado de las personas mayores, la necesidad de incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona adulta mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; instrumento internacional que fue ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2016 a través de la Ley 872 de 21 de diciembre; dicha normativa interamericana, en su art. 5 señala:

“Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros” (las negrillas nos pertenecen).

De donde se puede establecer con claridad, que la vigencia de todos los derechos, garantías y mecanismos previstos en el instrumento internacional es de fundamental importancia para la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores en la región, en la cual se insta a todos los Estados miembros de la OEA a firmar y ratificar dicha Convención para la protección de los derechos de las personas mayores, como parte de los esfuerzos por universalizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de tal manera que todos los tratados y convenciones protejan a todas las personas de la región americana. Asimismo, el art. 4 de la mencionada Convención, establece los deberes generales de los Estados respecto a proteger los derechos humanos y fundamentales de las personas adultas mayores en todos los niveles de gobierno, refiriendo que:

“Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención. g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención” (las negrillas fueron añadidas).

Obligaciones que el Estado al haber ratificado dicha Convención el año 2016, está impuesto a dar cumplimiento cabal y efectivo de los compromisos asumidos a momento de realizar dicha ratificación, norma internacional que respecto a los derechos a la libertad personal y acceso a la justicia que tienen las personas adultas mayores, señala:

“Artículo 13

Derecho a la libertad personal

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que sea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derecho humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. (las negrillas nos pertenecen).

Artículo 31

Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la personal mayor” (las negrillas fueron añadidas).

Medidas legislativas que es deber del Estado el de aplicarlas, cumplirlas y ejecutarlas, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de todas las personas adultas mayores, sin discriminación alguna por ningún motivo, debiendo capacitar a todo el personal de las instituciones públicas respecto a la protección de los derechos de las personas mayores, garantizando de manera efectiva el acceso a la justicia en todas sus formas, y también la garantía en el goce de su libertad personal, salvo lo dispuesto por la Ley respecto a criterios específicos para restringir dicho derecho, además, debe actuar con la debida diligencia en la investigación, procesamiento, sanción y reparación del daño cuando se tenga conocimiento de la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. En ese orden, en el mes de febrero de 2019, con el objetivo de ampliar y profundizar la institucionalidad existente para el seguimiento de la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tomó la decisión de crear la Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas Mayores, precedida el 2017 por la Unidad sobre los Derechos de las Personas; que luego de un diagnóstico en la que se destacó la protección de los derechos de las personas mayores, en la actualidad continúa siendo un desafío prioritario en la región, demandando un mayor seguimiento cercado por parte de la CIDH. La mencionada Relatoría, tiene como mandato el de promover, proteger y asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores en la región -Continente Americano-, como sujetos plenos de derecho. Estas actividades, incluyen el prevenir la discriminación en razón de la edad o edadismo contra las personas mayores, así como la discriminación interseccional en razón de género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnico-racial, condición de discapacidad, situación de pobreza, pobreza extrema o marginación social, nacionalidad, religión, situación de privación de libertad, situación migratoria o apatridia. De igual manera, la Relatoría además de los instrumentos normativos interamericanos en materia de Derechos Humanos, tiene como instrumento fundamental a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, descrito precedentemente; además la Convención en su art. 36 habilita el sistema de casos, peticiones individuales, así como el sistema de consultas por parte de los Estados a la CIDH en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de dicho instrumento normativo. En ese marco, para la realización de su mandato la Relatoría tiene las siguientes funciones:

a) “Monitorear la situación de los derecho humanos de las personas mayores en las Américas;

b) Suministrar análisis especializado en la evaluación y procesamiento de las peticiones, casos, solicitudes de medidas cautelares y medidas provisionales presentadas ante la CIDH relativas a los derechos humanos de las personas mayores e impulsar su trámite;

c) Realizar actividades de promoción como conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objeto principal de divulgar información, fomentar el conocimiento amplio y estimular la conciencia pública sobre los derechos de las personas mayores y las obligaciones del Estado de garantizarlos;

d) Organizar y celebrar visitas a fin de observar y documentar la situación de las personas mayores en el terreno;

e) Elaborar informes y estudios especializados con recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros de la OEA para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas mayores y dar seguimiento a las recomendaciones;

f) Brindar asesoría y cooperación técnica en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos sobre personas mayores tanto a los Estados Miembros de la OEA, como a sus órganos políticos, organismos regionales, y otras instituciones públicas y organizaciones sociales;

g) Impulsar la adopción e implementación de medidas legislativas, políticas públicas, programas y acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores y su inclusión y participación en la sociedad, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación, participación social, mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, producción y acceso a la información, perspectiva de género y priorización de grupos en situación de vulnerabilidad;

h) Contribuir en el desarrollo de los estándares interamericanos sobre los derechos de las personas mayores; y, i) Impulsar la universalización y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

Asimismo, en el ámbito jurisdiccional, ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su competencia contenciosa, en el caso García Lucero y Otras Vs. Chile, refirió que:

“En ese sentido, ha tenido en consideración jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró que la avanzada edad de personas vinculadas a un proceso judicial conllevaba el requerimiento de una especial diligencia de las autoridades en la resolución del proceso respectivo” (las negrillas nos pertenecen).

Entendiéndose que cuando una persona adulta mayor se encuentra inmerso en un proceso judicial, es necesario que las autoridades jurisdiccionales competentes actúen con una debida diligencia en la resolución del proceso en resguardo y respeto de sus derechos y garantías constitucionales.

De igual manera, en el Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte IDH indico que:

“Así, la Corte ha señalado que la edad, es también una categoría protegida por esta norma. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores, se encuentra tutelada por la Convención Americana. Esto comporta, entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a los servicios públicos” (las negrillas fueron añadidas).

Por lo que se establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prohíbe la discriminación por cuestiones de edad, siendo protegida sus derechos y garantías de las personas adultas mayores de igual forma en dicho instrumento internacional, siendo una obligación del Estado a aplicar políticas inclusivas en favor de la referida población vulnerable, en procura de velar por el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Asimismo, la referida Sentencia en el caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, la Corte IDH, señaló que:

“…la Corte resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia… Por lo tanto, esta Corte considera que, respecto de las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnerabilidad, existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho… En consecuencia, el incumplimiento de dicha obligación surge cuando… no se garantiza su protección, pudiendo ocasionar una vulneración de otros derechos” (las negrillas nos pertenecen). De donde se concluye, que es deber del Estado reconocer a las personas adultas mayores sujetos de derechos, con una protección especial y reforzada, respetando su autonomía e independencia, las que al ser un grupo vulnerable gozan de dicha protección reforzada respecto al respeto y garantía de sus derechos, y que al incumplir las merituadas obligaciones internacionales asumidas por el Estado, se quebranta la protección aludida, vulnerando de manera directa o indirecta los derechos y garantías de las personas adultas mayores. Siguiendo los Estándares Internacionales, respecto a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, indicó que:

“Los derechos de los adultos mayores se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención dadas las circunstancias que ubican a este grupo de personas en una situación de desventaja frente al resto de la población, por cuanto la edad provoca en ellas una serie de limitaciones físicas, psicológicas, y económicas, de donde su resguardo tiene como objeto otorgarles una mejor calidad de vida.

Es comprensible el trato preferente y especial, del que deben ser objeto los ancianos, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.

En ese mismo sentido el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0197/2020-S1 de 29 de julio citando a la SC 0989/2011-R de 22 de junio, refirió que:

“La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”.

Estableciéndose que el Estado a través de sus instituciones tiene la finalidad de proteger de manera reforzada a los grupos vulnerables como lo son las personas adultas mayores, quienes tienen un trato preferencial al acceso a todos los servicios que dota el Estado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, y en casos de discriminación y exclusión el de realizarles una debida compensación en pro de sus derechos y garantías constitucionales.

Asimismo la SCP 0665/2021-S4 de 12 de octubre, señaló que:

“…este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población”.

Pudiendo concluir, que las personas pertenecientes a este sector vulnerable -personas adultas mayores- se hallan protegidos no solamente por la normativa interna, sino también por la legislación internacional que les permite ser merecedores de una particular atención dada su situación de desventaja en la que se encuentran debido a que sus capacidades físicas se ven deterioradas por el transcurso del tiempo, siendo proclives a limitaciones no solamente en el plano físico, sino también y fundamentalmente en el aspecto económico financiero, razones más que suficientes a ser merecedores a la otorgación de una mejor calidad de vida, estando justificado por dichas razones a tener un trato preferente y especial por su condición de personas de la tercera edad, más si se considera que dicho sector vulnerable en su mayoría ya no se encuentra en la capacidad de generar ingresos, lo que les genera una pérdida de los medios de subsistencia por el natural deterioro de su salud por enfermedades, pasando al sector de personas que ya no son activas económicamente, consideraciones que decantan en la limitación del ejercicio de sus derechos.

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0168/2020-S1; 0812/2020-S1; 0063/2021-S1; 0487/2021-S1; 0819/2021-S1; 0001/2022-S1; 0366/2022-S1; 1403/2022-S1; 0008/2023-S1; 0760/2023-S1; y, 1250/2023-S1, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso 4 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

(…).

intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesaria una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0447/2020-S1; 0345/2020-S1; 0087/2021-S1; 0475/2021-S1; 0049/2020-S1; 0550/2020-S1; 0800/2020-S1; 0087/2021-S1; 0260/2021-S1; 0487/2021-S1; 0819/2021-S1; 0043/2022-S1; 0753/2022-S1; 1083/2022-S1; 1489/2022-S1; 0007/2023-S1; 0348/2023-S1; 0889/2023-S1; 1141/2023-S1; y, 1312/2023-S1, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 7 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.4. La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0447/2020-S1; 0345/2020-S1; 0087/2021-S1; 0475/2021-S1; 0830/2021-S1; 0130/2022-S1; 1114/2022-S1; 1438/2022-S1; 0040/2023-S1; 0961/2023-S1, entre otros que formularon el siguiente razonamiento:

8 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R, SC 1145/2010-R; asimismo, en la SCP 0270/2012, SCP 2493/2012, SCP 0903/2019-S4, SCP 0618/2018-S1, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

“…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”. Configuración, contenido o alcance que se fue reproduciendo en la jurisprudencia constitucional, que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. Ahora bien, en nuestro nuevo orden constitucional el derecho a la defensa como parte del derecho al debido proceso, es entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser 11 El FJ III.4.1, indica: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas.

Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo». A criterio del tratadista Saenz, «el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular»´.

Como también ya se expuso en la abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta.

El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´.

El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´.

El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa.

El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”.

escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: i) El derecho a ser escuchado en el proceso; ii) El derecho a presentar prueba; iii) El derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocida en el art. 119.II de la CPE.

III.5. El derecho a la propiedad privada y sus restricciones

El derecho a la propiedad privada, se encuentra previsto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; así, el art. 17 de la DUDH, dispone que: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Asimismo, el mismo cuerpo internacional, en su art. 29.2 establece que:

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. Por su parte, el art. 21 de la CADH, reconoce el derecho a la propiedad privada, refiriendo que:

“1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las normas establecidas por la ley” (las negrillas fueron añadidas).

Por otra parte, la Corte IDH definió el derecho al uso y goce de bienes a los que hace referencia el art. 21, como: “… todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona”. De igual manera, afirmó que el concepto de bienes comprende:

“a) Todos los muebles y los inmuebles; b) los elementos corporales e incorporales; y, c) cualquier otro objeto material susceptible de valor” El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es absoluto, el referido art. 21.1 establece que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, refiriéndose a las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias, al uso y goce de la propiedad impuesta por el Estado generalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, limitaciones que no suponen la privación o supresión del derecho como tal, ya que entonces se configuraría el instituto de la expropiación, que se encuentra regulado por el art. 21.2 de la CADH, donde se contemplan los casos de expropiación de bienes y los requisitos para que el actuar del Estado se considere justificado. De esa manera, la Corte IDH ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el art. 21 de la CADH si tal restricción respecto a los intereses de la sociedad. Para la Corte IDH, los conceptos de orden público y bien común, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática de acuerdo al art. 32 de la CADH, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la CADH. Para que resulten compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido. Para que se puede considerar de interés de la sociedad, se requiere que las restricciones: 1) Hayan sido previamente establecidas por ley; 2) Sean necesarias e inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas; 3) Sean proporcionales; y, 4) Tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En el caso de restricciones a la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH además incluyó que la restricción no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. La carga de probar que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las impone. Finalmente, el requisito de legalidad se ha interpretado de forma estricta en gran parte de la jurisprudencia de la Corte IDH -al analizar las restricciones legítimas a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en las decisiones de los Estados. Se ha interpretado que el requisito exige la existencia de una ley en sentido formal y material, que las causas de dicha restricción estén expresas, taxativa y previamente fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el fin legítimo perseguido y que no deban, de modo alguno, más allá de lo estrictamente necesario el derecho afectado. Por otra parte, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental en el art. 56 de la CPE, que prevé lo siguiente:

“I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que el núcleo duro de este derecho se identifica a tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; los cuales tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia, y que este núcleo esencial que genera obligaciones negativas tanto para el Estado como para los particulares siendo esas la a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.

Ahora bien, la Norma Suprema en su art. 109.II, determina que: “Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”. En ese mismo sentido, la SCP 0203/2015-S1 de 26 de febrero, estableció que:

“Todo derecho fundamental puede ser limitado; es así que, en el derecho de propiedad su restricción tiene que ser necesariamente mediante una ley, aprobada por el órgano legislativo y en casos específicos…” Ahora bien la SCP 0121/2012, también hizo referencia al principio al principio de razonabilidad que constituye el estándar axiomático para la directa aplicación para la directa justiciabilidad del derecho a la propiedad en ese orden, puntualizó que las:

“...decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute…” En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.

Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público.

III.6. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0497/2022-S1 de 4 de julio; 1143/2022-S1 de 10 de octubre; y, 1103/2023-S1 de 15 de septiembre, que formularon el siguiente razonamiento:

El instituto de las costas procesales, como una forma de condena producto de la sustanciación de acciones de defensa, mereció el tratamiento correspondiente tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definió principalmente la forma en cómo deben ser impuestas. No obstante a ello, incumbe previamente remitirnos a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254-, el cual prevé de forma específica la condena a costas procesales en tres acciones constitucionales de control normativo; como ser, en el Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales (art. 138.1); Recurso contra resoluciones del órgano legislativo (art. 142.2); y, Recurso directo de nulidad (art. 148.1):

“En el primero caso, el art. 138 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “I. La sentencia declarará: 1. La constitucionalidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente; (…).

En el segundo caso, el art. 142 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: (…); 2. Infundado el recurso, subsistiendo la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente.

En el tercer caso, el art. 148 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: “El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: 1. Infundado el recurso, cuando la autoridad recurrida haya obrado en el ámbito de sus competencias, o ejercido su jurisdicción y potestad conforme a Ley. En este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional impondrá costas y multa a la parte recurrente; (…)”.

Se advertirá entonces, que el Código Procesal Constitucional no regula de forma específica la condena a costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; vacío que necesariamente fue llenado por jurisprudencia desarrollada tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la siguiente sistematización:

Inicialmente el Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, dictada dentro de un Habeas Corpus -ahora acción de libertad- en su “Considerado Segundo”, señaló lo siguiente:

“Que si bien del contenido de la Ley Nº 1836 se infiere que el recurrente en el Recurso de Hábeas Corpus está eximido del pago de costas, de ello también se entiende que cuando el Recurso es declarado PROCEDENTE, el recurrido debe pagar costas las derivadas de su acción, interpretación que implica un cambio de la jurisprudencia emitida por este Tribunal mediante Autos Constitucionales 07/00-CCP y 08/00-CDP” (Las negrillas son añadidas).

Posteriormente, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, el Auto Constitucional 0025/2003-ECA de 7 de mayo, en su Fundamento Jurídico II.3, refirió que la fijación de la condena a costas procesales al recurrente -ahora accionante-obedecerá a la presencia de presupuestos específicamente identificados; es decir, ante la existencia de un grave perjuicio causado a la parte recurrida -ahora demandada-, la temeridad en la demandada -ahora acción de defensa- presentada, o la falta absoluta de contenido constitucional en el recurso -ahora acción-; es en ese sentido que señaló lo siguiente:

“Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio causado a la parte recurrida, a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente” (las negrillas son añadidas).

En esa misma línea, dentro una acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SPC 0630/2013-L de 15 de julio, como base a los fundamentos de la SC 1937/2010-R de 25 de octubre, refirió en su Fundamento Jurídico III.5., que la condena a costas procesales puede materializarse en toda acción de defensa, como ser la de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; empero, solo con relación al accionante perdidoso y en la medida que se establezca la temeridad en la acción de defensa presentada, orientada a trasgredir intereses legítimos de la parte contraria; y en caso de no evidenciarse la misma, no procede la referida condena a costas procesales, independientemente de que sea denegada o no la tutela solicitada. En ese mérito, señaló lo siguiente:

“De lo manifestado se colige, que si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación 23 Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales 1567/2002-R, 1618/2003-R, 1626/2003-R, 13/2003-R, 23/2003-R, 45/2003-R, 61/2003-R, 440/2003-R, y 468/2003-R. 24 Fundamento Jurídico III.4. (Sobre las costas procesales y su procedimiento): “El art. 198.I del CPC, establece que cuando se declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante, disposición que debe entenderse en forma general y extensible a todo proceso judicial, incluida una demanda de ejecución de acta de conciliación; por su parte, la norma prevista por el art. 237 del mencionado Código, dispone que el auto de vista que resuelve la apelación, podrá ser; confirmatorio total con costas en ambas instancias, confirmatorio parcial sin costas, revocatorio total o parcial sin costas y anulatorio con responsabilidad, refiriendo además el parágrafo II de la citada norma que si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas.

(…).

Por su parte, el art. 199 del CPC, determina los alcances de las costas, disponiendo en su parágrafo II., que comprenderán el honorario del abogado, así también los arts. 200 y 20, regulan el procedimiento para la tasación de costas, refiriendo el art. 201, que el juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario del abogado, ordenando al mismo tiempo el pago dentro del tercer día del total de las costas estableciendo que esa resolución podrá ser apelada, sin recurso ulterior”.

realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que, si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas son añadidas).

Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0521/2018-S3 de 1 de octubre; 0432/2019-S3 de 13 de agosto; y, 0513/2020-S2 de 6 de octubre. Por su parte, la SCP 1048/2019-S2 de 3 de diciembre, dictada dentro de una acción popular, en su Fundamento Jurídico III.2, con base en los 25 Ahora bien, a tiempo de determinar los alcances de la triple identidad en acciones tutelares (analizando su procedencia o no), las SSCC 1347/2003-R de 16 de septiembre y 1161/2005-R de 26 de igual mes, desarrollaron el concepto del uso abusivo de las acciones de defensa (refiriéndose particularmente al entonces recurso -ahora acción- de amparo constitucional), razonamiento a partir del cual también surgió el entendimiento o la definición de la temeridad, refiriendo que el justiciable actúa con temeridad -valga la redundancia- cuando a sabiendas de que existe un pronunciamiento sobre su problema jurídico interpone otra acción de protección con triple identidad, pretendiendo una duplicidad de fallos.

Bajo tales antecedentes, conviene remarcar que la jurisprudencia constitucional, con anterioridad y en concordancia con el art. 102.III de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) -ahora abrogada- hacía referencia a los supuestos en los que procedía la imposición de costas y multa contra el entonces denominado recurrente -hoy accionante-; entre los cuales se encontraba la temeridad1 . Posteriormente, a partir del análisis del contenido normativo del Código Procesal Constitucional actualmente vigente, la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, hizo referencia expresa a la temeridad y su relación con la imposición de costas procesales en acciones constitucionales, de la siguiente forma: “…si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas nos corresponden).

fundamentos de la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, se refirió a la temeridad como elemento para condenar al accionante a costas procesales, ante la presencia de acciones de defensa con triple identidad; señalando lo siguiente:

“Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable)” (las negrillas son añadidas).

Por otro lado, la SCP 0341/2019-S3 de 24 de julio, con base en los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, dictada dentro de una acción de libertad, realizó una precisión referente a quienes pueden ser objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa; es así que su Fundamento Jurídico III.2., señaló lo siguiente:

“De lo que se colige que la condenación de costas a la parte perdidosa en los procesos constitucionales es perfectamente aplicable, con la aclaración de que solo se impondrán las mismas a la parte accionante, cuando se evidencie que actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria; y no así ante la simple denegatoria de tutela; toda vez que, la imposición de costas procesales al peticionante de tutela, no puede constituirse en un mecanismo disuasivo por el cual se impida a las personas acceder a la justicia en resguardo de sus derechos. Situación totalmente distinta ocurre en el caso de las autoridades o personas demandadas, que sí pueden ser condenadas al pago de las mismas ante la concesión de tutela, puesto que se entiende que sus acciones u omisiones, fueron las que dieron lugar a que el impetrante de tutela tenga que acudir a un abogado para que le patrocine en la presentación y defensa de una acción tutelar, erogando gastos económicos que deberán ser repuestos por los demandados perdidosos” (las negrillas son añadidas).

Sobre esto último, la SCP 0100/2013 de 17 enero, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, con base en los fundamentos del AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, refirió en su Fundamento Jurídico III.1, que el Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, pueden ser objeto de condena a costas procesales en los procesos judiciales o administrativos, cuando sus autoridades lesionen derechos o garantáis de las personas, salvando la acción de repetición subsecuente. En ese marco, señaló lo siguiente:

“Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: ”I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna; II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño” (las negrillas son añadidas).

Como corolario de la sistematización desarrollada, se tiene que son objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa: 1) La o el accionante, cuando se deniega la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción de defensa presentada, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y, 2) La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular, cuando se otorgue la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que se dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidores y servidores públicos.

Ahora bien, estimando que la condena a costas procesales no puede configurarse un instrumento legal de sanción irracional para todos aquellos que llegan a ser demandados con las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado (acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular); incumbe efectuar una modulación a los fundamentos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0341/2019-S3 de 24 de julio y 0100/2013 de 17 enero, que de cierta forma atendieron los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, en el siguiente sentido: “La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular podrá ser objeto de condena a costas procesales, cuando se conceda la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos”. En tal sentido, a partir de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la modulación efectuada debe ser observada. En suma, la jurisprudencia establece que la condena a costas procesales -instrumento legal de sanción racional-, se extiende a la sustanciación de acciones de defesa, como la acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular: 1) Con relación al accionante perdidoso, solo cuando se deniegue la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción constitucional de control tutelar, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y 2) Con relación a la autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular demandada, solo cuando conceda la tutela solicitada y se constate que por su proceder (acciones u omisiones) se lesionaron derechos y garantías, que dieron lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, y siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, a una vejez digna, y a la propiedad privada; toda vez, que dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal, la autoridad ahora demandada, emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio; por el cual, determinó la demolición de su construcción; y, tras haber presentado el Recurso Jerárquico ante el silencio administrativo negativo de su Recurso de Revocatoria, pronunció la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre; por la cual, rechazó el Recurso Jerárquico, cometiendo las siguientes irregularidades: i) La Resolución Técnico Administrativa 001/2023, quebranta los derechos a la: a) Defensa; ya que, en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era propietario del inmueble; por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos; y, b) Vejez digna y Propiedad Privada; puesto que, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plano demostrativo de lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio de Punata se comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de loto aprobado y de construcción” (sic.); y, ii) La Resolución Técnico Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, violó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha Resolución no absolvió todos los puntos de agravio presentados en el Recurso Jerárquico, además que, sin un argumento y análisis intelectivo dispuso rechazar el referido recurso, en la que no determinó las convicciones que justificaran la decisión, con las que se dieron a conocer las razones para rechazar el recurso. De los antecedentes que se encuentran descritos en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que el 3 de septiembre de 2002, el Alcalde Municipal de Punata pronunció la Resolución Administrativa 31/02, por cuanto dispuso la exención del pago de impuestos anuales y la aprobación de planos en favor de Pánfilo Vásquez Vidal y Candelaria Claros de Vásquez, labrándose el 13 de igual mes y año el plano demostrativo del lote, además que se cuenta con Matrícula computarizada 3.14.1.01.0010875 de 16 de junio de 2014 en la cual, figura como propietarios de un lote de Terreno ubicado en Kochi de la localidad de Punata a Candelaria Claros Vda. de Vásquez, de una superficie de 2596 m2; es así, que de forma posterior, el 27 de junio de 2023, Jaime Esteban Zeballos Vargas, Alcalde Municipal del GAM de Punata del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, dispuso la demolición en el plazo de cinco días, de la construcción ilegal que se encontraría fuera de la rasante realizada por Víctor Soto y Candelaria Claros Vda. de Vásquez, es así que la peticionante de tutela interpuso el Recurso de Revocatoria contra la antedicha Resolución el 7 de julio de 2023; por lo que, ante el silencio administrativo negativo, por Memorial de 25 de agosto del mismo año, presentó Recurso Jerárquico contra la Resolución Técnico Administrativo 001/2023 de 27 de junio, solicitando la emisión de la respectiva resolución en apego al art. 67 y 68.I de la Ley 2341, impugnación que fue resuelta por Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, pronunciada por el demandado, rechazó el Recurso Jerárquico, adjuntado Formularios de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023 cancelados por Candelaria Claros Vda. de Vásquez, el 5 de febrero de 2024 (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8). En ese contexto, identificada las problemáticas, la accionante denuncia al Alcalde del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, por la emisión de la: 1) Resolución Técnico Administrativa 001/2023, que dispuso la demolición de su construcción; y, 2) Resolución Ejecutiva 129/2023, que rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto; determinaciones, que considera lesivo a sus derechos fundamentales; por lo que, las problemáticas serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión, para determinar si corresponde o no, la imposición de costas, de la siguiente manera: 1. En relación a la primera problemática

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a una vejez digna y a la propiedad privada; toda vez, que dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal, la autoridad ahora demandada, emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023; por el cual, determinó la demolición de su construcción, la que quebranta los derechos a la: i) Defensa; ya que, en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era el propietario del inmueble; por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos; y, ii) Vejez digna y Propiedad Privada; puesto que, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plazo de lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio se comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de loto aprobado y de construcción” (sic.). a. Sobre el derecho a la defensa

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la defensa, ya que en el proceso se notificó a Víctor Soto, un tercero que no era el propietario del inmueble; por lo que, no tuvo conocimiento del procedimiento, estando obligada a presentar el Recurso de Revocatoria para reclamar dichos extremos. En ese antecedente, el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al derecho a la defensa, la misma indica que se refiere a:

“…la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea”.

En ese contexto, dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal iniciado, por el GAM de Punata del departamento de Cochabamba, conforme a los antecedentes referidos en la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 (Conclusión II.4), en la que refiere: “(…).

Que, en atención a la solicitud de la Junta vecinal N° 20 de la Zona de Khochi Oeste, en fecha 05 de enero de 2023, funcionarios técnicos de la dirección de Urbanismo procedieron a realzar la Inspección del bien inmueble, donde se verifico que el supuesto propietario Víctor Soto se encontraba realizando trabajos de construcción “replanteo de terreno” sin respetar el rasante, por lo que se le solicito toda la documentación idónea a fin de acreditar su derecho propietario y la autorización de construcción mismos que debían ser presentados en el plazo de 24 horas en la Dirección de Urbanismo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Punata. Asimismo, se hace constar que el supuesto propietario el señor Víctor Soto se negó a recibir la cartilla de notificación de fecha 05 de enero de 2023, por lo que se dejó la cartilla de notificación pegada, ello en cumplimiento del Art. 33 parágrafo IV de la Ley N° 2341. Que, habiendo transcurrido el plazo otorgado y ante incomparecencia del supuesto propietario Víctor Soto (…); En fecha 09 de enero de 2023, se procedió con la segunda notificación de paralización de construcción, por lo que ante la ausencia del señor Víctor Soto en el inmueble (…), nuevamente se procedió a pegar la cartilla de notificación en el muro perimetral (…). Que, en fecha 10 de enero de 2023, el supuesto propietario Víctor Soto y la señora Rosa Vásquez Claros se apersonan a oficinas de la dirección de Urbanismo del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, empero no presentaron ninguna documentación que acredite su derecho propietario ni la autorización de construcción. (…), en fecha 13 de enero de 2023, se procedió con la tercera notificación de paralización de obra, por lo que, ante la ausencia del supuesto propietario Víctor Soto en el inmueble (…), se procedió a pegar la cartilla de notificación en la columna de la construcción (…). Que, por memorial ingresada mediante Hoja de Ruta N° 00702 de fecha 31/01/2023 la señora CANDELARIA CLAROS VDA. DE VASQUEZ, en base a la documentación que acompaña, acredita su derecho propietario en relación al inmueble que se encuentra sobre sobre la Calle Juan Manuel Sánchez, Zona khochi Oeste de la jurisdicción del Municipio de Punata, Provincia Punata.- Por lo que en mérito al Informe CITE:D.U. G.A.M.P. N° 017/2023 de fecha 16/02/2023, se emite la resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023, en el cual, al haber acreditado su derecho propietario se acepta su apersonamiento a fin de que no vulnerar el derecho al debido proceso, por lo que se le otorgo el plazo de diez (10) días a fin de que la misma pueda presentar plano de lote y plano de construcción aprobados por la municipalidad y asimismo la autorización de construcción. Que, habiendo vencido el plazo de 10 días y no se hicieron presentes el señor Víctor Soto (supuesto propietario) y la señora CANDELARIA CLAROS VDA. DE VASQUEZ, a la notificación realizada en fecha 27/01/2023 con Auto de Apertura de Inicio de Proceso de Demolición de fecha 20/01/2023, y la resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023…” (sic).

De dicho antecedente, se puede concluir que la ahora impetrante de tutela, nunca fue notificada de forma legal con todos los actuados del proceso administrativo, ya que, como se puedo establecer todas las notificaciones desde el 5, 13, 16 y 20 de enero de 2023, fueron realizadas a Víctor Soto al que la administración municipal lo consideró como presunto propietario; y, recién se notificó a la impetrante de tutela con la Resolución 331/2023 de 23 de febrero, en la que se le otorga plazos para la presentación de documentales relativos al plano de lote y plano aprobado de construcción; empero, como refiere el mismo demandado, dicha notificación fue fruto de un apersonamiento que realizó la peticionante de tutela el 31 de enero de 2023, y no así de trabajos municipales efectuados por los funcionarios públicos dependientes del GAM de Punata, quienes tenían la obligación indefectible con base al principio de legitimidad, legalidad de efectuar una investigación de todos los antecedentes del inmueble, en los sistemas informáticos de contribuyentes, y en la oficina de Derechos Reales, con el fin de contar con una información fidedigna de quien era el propietario, y no simplemente basarse en meras declaraciones subjetivas de presuntos propietarios, incumpliendo con el trabajo respectivo, violentando el derecho a la defensa, puesto que desde un inicio, la peticionante de tutela, no tuvo la oportunidad de conocer todos los antecedentes del proceso, y que si bien, presentó el Recurso de Revocatoria y posteriormente el Recurso Jerárquico; empero, hay que tener en cuenta, que dichos recursos no fueron presentados con conocimiento de todos los antecedentes respectivos, ya que, tomo participación en el proceso recién desde el 31 de enero de 2023, cuando se emitieron Resoluciones y Autos de Inicio del Proceso de Demolición, evidenciándose la conculcación de su derecho a la defensa; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. b. En cuanto a los derechos a vejez digna y a la propiedad privada La peticionante de tutela, reclama la vulneración de sus derechos a la vejez digna y a la propiedad privada; pues, pese a haber demostrado ser la propietaria del inmueble por medio del plano demostrativo del lote de terreno aprobado y la Resolución Administrativa 31/02 de 3 de septiembre de 2002, y el Acta de 16 de marzo de 2013 en la que el Municipio se comprometió a regularizar los terrenos de su familia sin ningún costo, el artículo primero de la Resolución impugnada señaló que “…no cuento con planos de lote aprobado y de construcción” (sic).

En ese contexto, previamente debemos referirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, respeto al enfoque interseccional sobre los derechos de las personas adultas mayores; el cual señala:

“…que las personas pertenecientes a este sector vulnerable -personas adultas mayores- se hallan protegidos no solamente por la normativa interna, sino también por la legislación internacional que les permite ser merecedores de una particular atención dada su situación de desventaja en la que se encuentran debido a que sus capacidades físicas se ven deterioradas por el transcurso del tiempo, siendo proclives a limitaciones no solamente en el plano físico, sino también y fundamentalmente en el aspecto económico financiero, razones más que suficientes a ser merecedores a la otorgación de una mejor calidad de vida, estando justificado por dichas razones a tener un trato preferente y especial por su condición de personas de la tercera edad, más si se considera que dicho sector vulnerable en su mayoría ya no se encuentra en la capacidad de generar ingresos, lo que les genera una pérdida de los medios de subsistencia por el natural deterioro de su salud por enfermedades, pasando al sector de personas que ya no son activas económicamente, consideraciones que decantan en la limitación del ejercicio de sus derechos” (las negrillas nos pertenecen). Y en relación al derecho a la propiedad privada y sus restricciones, el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, señaló que:

“En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.

Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público” (las negrillas fueron añadidas).

Es así que, en primer lugar el derecho a la propiedad privada, es la facultad de usar, gozar, disfrutar y disponer de la cosa, sin que existan injerencias que no sean avaladas por la Ley, conforme y con base a las competencias que determina la Norma Suprema a las Entidades Territoriales Autónomas, en la que si bien dichas organizaciones tienen la facultad de realizar observaciones y limitar ciertos actos; empero, la misma no puede limitar de forma indiscriminada las facultades que otorga el contenido del derecho a la propiedad privada, así también, al estar inmerso en el caso una persona de la tercera edad, las autoridades administrativas tienen la obligación de brindar un apoyo y más que todo explicación pormenorizada de los antecedentes del caso, acorde al grado de instrucción de la misma, en la que si bien, existe el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley; sin embargo, no es menos cierto que las personas de la tercera edad al tener degeneradas sus capacidades de cierta forma por el paso del tiempo; sin embargo, tienen conforme ordena la Constitución Política del Estado, la Ley General de Personas Adultas Mayores, la propia jurisprudencia tanto nacional como internacional y las autoridades tanto judiciales como administrativas, tienen la obligación injustificable de dotar de todos los antecedentes y de las explicaciones entendibles para la persona de todos los procesos llevados a cabo, so pena de quedar nulos los actos y resoluciones emanadas por dichas autoridades si se evidencia que no haya existido un trato diferenciado y progresivo en favor de esta población vulnerable, que requiere de toda la protección del mismo Estado. Realizadas dichas precisiones, se puede evidenciar que el demandado a momento de emitir la Resolución Técnico Administrativa 001/2023; por la cual, dispusieron la demolición de la construcción clandestina que a su entender se encontraba fuera de rasante, ha incumplido con la obligación que le impele el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que, en el contenido de la referida Resolución, no se evidencia que se haya realizado un trato diferenciado en favor de la accionante al ser esta una persona de la tercera edad, con las explicaciones necesarias, y las razones por las cuales no se la notifico como propietaria, tampoco se evidencia la participación de los brazos operativos del Gobierno Municipal en sus Unidades o Direcciones que estén a cargo la protección de los derechos de las personas adultas mayores, en las cuales junto con el equipo especializado pongan en conocimiento en términos entendibles conforme a su grado de instrucción respecto de todos los antecedentes; limitándose simplemente, a darle por apersonada en el proceso, y otorgarle un plazo de diez días para que presente diferentes documentales, las cuales conforme a la misma Resolución impugnada hubo presentado; empero, de forma contraria disponen la demolición de construcciones sin hacer una correcta interiorización pormenorizada al estar inmerso los derechos de una persona de la tercera edad, tornando de arbitraria y nula las determinaciones arribadas en la Resolución Técnica Administrativa 001/2023, violentando los derechos a una vejez digna y a la propiedad privada, correspondiendo conceder la tutela impetrada.

2. Respecto a la segunda problemática

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez, que dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal, la autoridad ahora demandada, emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2023; por el cual, determinó la demolición de su construcción; y, tras haber presentado el Recurso Jerárquico ante el silencio administrativo negativo de su Recurso de Revocatoria, pronunció la Resolución Ejecutiva 129/2023; por la cual, rechazó el Recurso Jerárquico; empero, dicha Resolución no absolvió todos los puntos de agravio presentados en dicho Recurso, además que, sin un argumento y análisis intelectivo dispuso rechazar el mismo; asimismo, no determinaron las convicciones que justificaran la decisión para rechazar el recurso. En este punto, en la intención de realizar un análisis ordenado de la Resolución Ejecutiva 129/2023, en primer término, se analizará lo relacionado con la congruencia de la Resolución demandada; por lo que, a ese efecto, corresponde identificar los agravios planteados por la accionante en su Recurso Jerárquico contra la Resolución Técnico Administrativa 001/2023, que se encuentran plasmados en la Conclusión II.6 de este fallo constitucional; así se tiene que, en esencia expresa los siguientes aspectos:

“(…).

I. FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO CAUSADO POR LA RESOLUCIÓN

RECURRIDA.-

(…).

1. El presente PROCESO ADMINISTRATIVO se inicia a denuncia de la Junta Vecinal N° 20 de la Zona del Kochi Oeste de la Provincia de Punata, sin precisar ni especificar quien es el representante legal de dicha junta vecinal, ya que al ser una persona jurídica se debe acreditar la legitimidad e idoneidad de su representación de esa persona jurídica, lo que en el presente caso no existe. A ello se suma que el Art. 31 (BIENES MUNICIPALES DE DOMINIO PUBLICO) que invoca en el primer párrafo del CONSIDERANDO I resulta inaplicable al presente caso, por cuanto, dicha norma en ningún momento hace referencia a las acequia servidumbral, simplemente habla de ríos, riachuels, torrenteras y quebradas, nótese que en ningún momento se refiere a ninguna acequia servidumbral.

2. Conforme a la documentación que se presentó por memorial de fecha 31/01/2023 acompañando el folio real de mi derecho propietario registrado bajo la matricula N° 3.14.1.01.0010875 Asiento A-1 de fecha 21/04/1977 demuestra que mi persona es la propietaria de dicha propiedad, donde se me acusa de la construcción ilegal, es más he dado a conocer que mi persona fue quien ordeno los trabajos de construcción, sin embargo los funcionarios de URBANISMO sin realizar la investigación y averiguación de quien es el propietario emiten citaciones contra un tercero como es VICTO SOTO, sin tener el menor cuidado de verificar en recaudaciones si los pagos impositivos de dicho inmueble lo realiza VICTOR SOTO, o que propiedad tiene registrado el prenombrado en el lugar de la denuncia, realizando apertura de procesos a la ligera contra terceros que no acreditar ni cuentan con derecho propietario y lo peor que no identifican correctamente a este tercero, quien responde al nombre de GERARDO VICTOR SOTO CARI, anomalía administrativa que debió ser subsanada una vez asumido en conocimiento del memorial de 31/01/2023, empero jamás lo consideraron, viciando de nulidad el presente proceso administrativo por la afectación del DEBIDO PROCESO en su vertiente del derecho a la defensa y generando indefensión a GERARDO VICTOR SOTO CARI.

3. Conforme a la copia de mi cedula de identidad que adjunto se infiere que CANDELARIA CLAROS VDA DE VASQUEZ, es una persona de la tercera edad, contando a la fecha con 83 años de edad, aspecto que tampoco ha sido considerado, respetado esta mi condición, máxime si existe una Ley especial como es la Ley 369 de 01 de mayo de 2013, que obliga a su autoridad como parte del Estado respetar los derechos de las personas adultas mayores, que son inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos, máxime si me hallo dentro el grupo vulnerable en relación a su autoridad y a todo el aparato municipal de sus funcionarios arrogantes e irrespetuosos, vulnerando los arts. 3 y 7 de la referida Ley, habida cuenta que ante mi petición presentada por memorial de 31/01/2023 no ha existido una capacidad de respuesta institucional y sensibilización del personal, menos se me ha brindado una Atención personalizada y especializada en consideración a mi tercera edad y mi propia o escasa preparación e idiosincrasia, mucho menos se previó que a través de la institución del SLIM se me convoque o se realice una vista a efectos de hacerme entender en que consiste este proceso que se me inició o cual podría ser la alternativa de solución, vulnerando mi derecho a la defensa y al debido proceso, generándome indefensión, absoluta.

4. Por otra parte su propia administración municipal y en particular la resolución que es motivo del presente recurso, resulta ser una resolución omisiva, contradictoria e incongruente, habida cuenta que del plano del ÁREA URBANA DE PUNATA el presunto pasaje no se halla consignado y mucho menos se halla dentro el plano de la mancha urbana aprobada mediante Resolución Ministerial, máxime si es el propio Director de Urbanismo Jhonny Ugarte Rojas, sin ningún observación y reparo procede a legalidad la R.T.A. N° 63/202 de 17/03/2020 que aprueba el plano de lote que se halla en la parte sud de mi propiedad, donde al lado norte de esa propiedad se tiene como colindancia o limite PASAJE (VARIABLE) entonces surge la pregunta de dónde antecedente técnico, extrae y con qué respaldo en el plano de la mancha urbana que el pasaje del lado sud de mi propiedad se pretenda crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo incluyendo un metro del ancho de la acequia, se esta la propia administración municipal en el predio colindante del lado sud de mi propiedad reconoce y admite que ese pasaje es variable??. Además bajo que evidencia técnica se sostiene que existe una acequia en dicha zona, o que dicha acequia este reconocida como propiedad municipal, inscrita en derechos reales o minimamente que existe unas Ley Municipal u Ordenanza Municipal que declare que esa presunta acequia este registrada en los bienes inmuebles del municipio como propiedad municipal, pues no solo es enunciar de forma empírica y genérica basada en una norma municipal, ya que de haber sido propiedad municipal, la parte técnica DIRECCIÓN DE URBANISMO debió haber hecho prevalecer la presente vía futuro con el perfil de 7 metros de vía y el metro de ancho de la acequia en el plazo que ya fue aprobado en la gestión 2020 y no simplemente CONSIGNAR Y APROBAR, COMO pasaje variable, pues no solo se tiene como antecedente la legalización del plano de lote, sino también la propia CERTIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICO DIR. URB. 26/2023 de fecha 01/03/2023 EXTENDIDO POR EL PROPIO DIRECTOR DE URBANISMO DEL GAM PUNATA, certificación que es extendida con posterioridad al inicio de la presente demanda, y donde se RATIFICA COMO COLINDANCIA DEL LADO NORTE DEL PLANO APROBADO MEDIANTE RTAN° 63/2020 DE 17/03/2020 EL PASAJE (VARIABLE) sin que haya hecho observación al ancho del pasaje de perfil o retiro como hoy se pretende realizar con mi propiedad CONTRADICCIONES E INCONGRUENCIAS que no pueden pasar de alto, y peor pretender imponer bajo una demanda irregular de demolición rectificar los errores técnicos de la propia administración municipal.

5. Cuando la resolución recurrida mediante R.T.A. N° 001/2023 de fecha 27/06/2023 den el CONSIDERANDO II en el séptimo parrado invoca y menciona el Art. 26 BORDES DE LOS RÍOS correspondiente a la NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 39/2011, es inadmisible que su propia autoridad haga citas incompletas, sabiendo y conociendo que dicha normativa hace referencia a una excepcionalidad que no ha sido referida y mucho menos la parte técnica de la DIRECCIÓN DE URBANISMO, haya demostrado la inaplicabilidad de dicha excepcionalidad que señala el Art. 26 de dicha norma, cuando señala:

“ART. 26.- BORDES DE LOS RÍOS.- (FAJAS DE SEGURIDAD DE LOS RÍOS)… En las acequias servindumbrales se dejara como faja de seguridad 3.00 metros a cada lado del borde de la acequia, a objeto de crear una futura vía de 7 metros de perfil mínimo, incluyendo 1 metro del ancho de la acequia. Pudiendo ser mayor el perfil de la vía, dependiendo del ancho de la acequia servidumbral. Cuando la acequia no tenga más uso de riego, los propietarios colindantes de la acequia podrán realizar la solicitud de avance mitad de eje de la acequia PARA OCUPAR EL MISMO, SI VE POR CONVENIENTE EL MUNICIPIO…”

Nótese que de esta excepcionalidad se establece que la presunta acequia que la resolución recurrida menciona, conforme al muestrario fotográfico que se adjunta se evidencia que no existe ACEQUIA ALGUNA, mucho menos que la presunta acequia tenga uso para riego, es decir, el propio municipio ha consentido la desaparición de esta presunta acequia que los vecinos han realizado y no se ha ejercitado acción legal alguna para hacer prevalecer la presunta acequia como propiedad municipal, simplemente porque no existe derecho propietario y menos un registro municipal de la presunta acequia sobre tal acequia, lo que existió fue una servidumbre de acueducto que conforme señala el Art. 288 del Código Civil fue extinguida por FALTA DE UTILIDAD E IMPOSIBILIDAD DE USO, ya que de la muestra de ingreso de la calle Juan Manuel Sanchez el supuesto pasaje resulta ser pues un pasaje privado por cuanto tiene cerrado con una puerta metálica, situación que también ha consentido el municipio. Lo que demuestra que este proceso independientemente de ser ilegal y anómalo por no estar regulado en una ley municipal de demoliciones, su procedimiento está viciado de pleno derecho, por vulnerar la propia normativa municipal que señala el Art. 26 DE LA NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA y el art. 288 del Sustento Civil.

6. Esta ilegal y anómala denuncia presentada por “junta vecinal N° 20” denunciando una construcción ilegal de obra en el bien inmueble de mi propiedad, inmueble que por cierto no resulta ser un ÁREA y/o BIEN MUNICIPAL DE DOMINIO PUBLICO, mucho menos BIEN DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL, O BIENES MUNICIPALES PATRIMONIALES, al contrario se trata de una bien patrimonial de carácter privado, por tanto de propiedad privada, y que ademas cuenta con derecho propietario debidamente inscrito en derechos reales como se infiere del folio real que se adjuntó y se vuelve adjuntar una simple copia, por el que se infiere que el derecho propietario se halla registrado bajo la matrícula N° 3.14.1.01.0010875 Asiento A-1 DE FECHA 27/04/1977, derecho propietario que resulta ser oponible ante terceros conforme determina el Art. 1538 del CC y que al ser una propiedad privada amerita ser respetada y protegida como señala el Art. 56-I de la Constitución Política del Estado, máxime si corresponde a una persona de la tercera edad.

7. Que, en la resolución impugnada en el CONSIDERANDO II se limita a señalar, que sin contar con autorización de inicio de construcción y menos contar con plano aprobado de lote, plano de construcción y documentación que acredite derecho propietario en Derechos Reales, infringieron la normativa General de Área Urbana, aprobada con Ordenanza Municipal N° 39/2011. De esta relación de hechos se infiere que de forma genérica se nos acusa de haber realizar trabajos de construcción sin contar con autorización de inicio de construcción y menos contar con un plano aprobado de lote, plano de construcción y documentación que acredite derecho propietario. Sin embargo la resolución hoy recurrida por el presente recurso, no explicita de forma clara y precisa que normativa en concreto y en particular ha sido infringida, es decir, cuál de los 98 artículos que contiene la NORMA GENERAL DEL ÁREA URBANA DE PUTANA aprobada con la O.M. 39/2011 de fecha 12 de septiembre de 2011 ha sido infringida o incumplida por esta parte, ya que de forma genérica se nos acusa de haber incumplido las órdenes de paralización de obra y/o construcción por no contar con el permiso correspondiente, es mas LA CONSIDERACIÓN LEGAL de la resolución impugnada, se limita hacer una mención y mera transcripción de los articulados de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley 482 y del Art. 2 DEL REGLAMENTO SOBRE DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES ILEGALES CLANDESTINAS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL GAM PUNATA, sin realizar una subsunción al hecho denunciado, menos establecer cual el nexo causal por el que se considera que se han infringido tal o cual norma, denotándose que la resolución hoy recurrida afecta al derecho y garantía constitucional del debido proceso en su vertiente de la CONGRUENCIA Y MOTIVACIÓN establecida en el Art. 155-II de la C.P.E.

8. Con relación al debido proceso y el proceso de congruencia (…) DEMUESTRAN QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA RESULTA SER NULA POR AFECTACIÓN A DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN Y CONGRUENCIA.

9. Ahora bien, los trabajos menores que se REALIZARON en nuestra propiedad privada, es como consecuencia del reclamo de los propios vecinos quienes constantemente denuncian que es horas de las noches paran antisociales que generan inseguridad en la zona, pese haber solicitado alumbrado público al municipio no fuimos atendidos y ahora que pretendemos alejar a esos antisociales somos objeto de sanciones excesivas y arbitrarias, por contravenir el principio de informalismo, establecido en el Art. 4 inciso 1) de la Ley 2341, por cuanto en caso de no contar con la autorización y/o permiso para realizar los trabajos de muralla en nuestra propiedad bajo el principio de proporcionalidad (Art. 4 inciso 9) de la Ley 2341) corresponde que se aplique el capítulo 11 Arts. 89 y 93 en sus diferentes incisos de LA NORMATIVA GENERA DEL ÁREA URBANA DE PUNATA aprobada por Ordenanza Municipal N° 39/2011 de fecha 12 de septiembre de 2011 y no así una sanción tan aberrante y excesiva como la demolición ORDENADA.

PETICIÓN.-

Por todo lo expuesto, y bajo el fundamento factico y jurídico así como jurisprudencial de conformidad al Art. 66-II de la Ley 2341 y Art. 21 de la Normativa ilegal referida como REGLAMENTO SOBRE DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN ILEGALES CLANDESTINAS Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, interpongo RECURSO JERÁRQUICO ANTE LA FALTA DE RESOLUCIÓN DEL RECUROS DE REVOCATORIA interpuesto con anterioridad contra la RESOLUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE DEMOLICIÓN N° 001/2023 DE 27 DE JUNIO DE 2023 solicitando que la misma sea resuelta conforme determina el Art. 67 a 68-I de la Ley 2341” (sic).

Así puntualizado los agravios, corresponde establecer si la Resolución Ejecutiva 129/2023, dio o no respuesta a los agravios deducidos por la impetrante de tutela; para dicho cometido, de la compulsa integral a la resolución mencionada, se tiene que la autoridad demandada en la referida Resolución, conforme a la Conclusión II.7 de esta Resolución Constitucional, argumentó que:

“(…).

CONSIDERANDO II.-

En previsión del Art. 232 de la Constitución Política del Estado que en su tenor establece que: “La Administración Publica se rige por los principios de Legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.-

Lo establecido en el Art. 13 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece: “la normativa municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa municipal, por órgano emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los Gobiernos Autónomos Municipales”.

Lo propio en el Art. 26 núm. 23 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece que: Art. 26 ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O ALCALDE MUNICIPAL.- La alcaldesa o Alcalde municipal tiene las siguientes Atribuciones.- 23.- Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con la normas de servidores básicos, de uso de suelos, subsuelos y sobresuelo, normas urbanísticas (…)

Lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 482 “Ley de los gobiernos Autónomos Municipales” la misma establece que: “Los Bienes de Municipales de Dominio Público son Aquellas destinadas al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes comprenden, sin que esta descripción sea limitativa: a) Calles, Avenidas, Aceras, Cordones de Acera, Pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y demás vías de transito.-”

Art. 11.II de la Ley N° 2341.- que la misma refiere que: “II. Cualquier persona podrá intervenir como: denúnciate, sin necesidad de acreditar interés personal y directo en relación al hecho o al acto que motiva su intervención”.

ANALISIS DEL CASO.-

De la revisión de antecedentes, de la documentación presentada y de lo manifestado por la parte recurrente se tiene lo siguiente: en primer término, se tiene a bien establecer todos los tramites que se realizan dentro el Gobierno Autónomo Municipal de Punata, estas están en previsión de la Ley N° 2341, en ese entendido: si bien, se recepcionó la denuncia presentada por el señor José Paredes G. en su calidad de presidente de la Junta Vecinal N° 20 fue en previsión del Art. 11.II de la Ley N° 2341.- que la misma refiere que: “II. Cualquier persona podrá intervenir como denúnciate, sin necesidad de acreditar interés personal o directo en relación al hecho o al acto que motiva su intervención” en ese sentido, de lo precedentemente manifestado, por imperio de la norma, la parte actora en este caso la parte denunciante bajo un principio de informalidad, no es de necesidad administrativa que el presidente de la Junta vecinal N° 20 acredite su legitimación activa dentro el presente tramite a efectos de presentar una denuncia.-

Asimismo, de la revisión de antecedentes, sin bien la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ, mediante memorial de fecha 31/01/2023 acredita su derecho propietario presentando documentación idónea y pertinente, mediante resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023 la Autoridad Administrativa admite su apersonamiento y en consecuencia admite el derecho propietario de la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ.- En ese entendido, si bien las diligencias se realizaron a nombre del señor VICTOR SOTO fue en el entendido de que el mismo se presentó en la primera notificación de fecha 05/01/2023 como “propietario del bien inmueble” objeto del preste tramite; Asimismo y a mayor abundamiento, de la revisión de antecedentes no se tiene que el señor VICTOR SOTO, haya desacreditado lo que habría manifestado en fecha 05/01/2023.- Por un lado y por otro, se tiene a bien establecer que: el Gobierno Autónomo Municipal de Punata, no cuenta con atribuciones a fin de realizar actos investigativos.-

Se tiene bien establecer de igual manera que: En toda la tramitación del proceso se garantizó Derechos y Garantías Constitucionales.-Estableciéndose que, mediante Resolución CITE: G.A.M.P. N° 331/2023 de fecha 23/02/2023, se otorgó a la contraparte el plazo prudente de 10 días a fin de presentar pruebas de descargo y por la excesiva carga procesal que tiene la Dirección de Urbanismo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Punata, mediante INFORME CITE: D.U.G.A.M.P. N° 031/2023 de fecha 16/03/2023, se reactiva el trámite administrativo y se emite informe complementario a fin de que se emita la Resolución Técnica Administrativa de Demolición.-

Asimismo, y a mayor abundamiento, se tiene a bien establecer que: en el Plano General del Área Urbana Homologado por la Resolución Ministerial N° 219/2020, el Pasaje Innominado que colinda al sud con la propiedad de la señora CANDELARIA CLAROS VDA. de VELASQUEZ, misma es considerada como pasaje.- En ese encendido, de igual manera también tiene a bien aclararse que: en la presente gestión se está regularizando todas aquellas predios de Domino Público y asean estos Vías, Áreas de Equipamiento y Áreas Verdes.-

POR TANTO

.

EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUNATA, EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTIA DEL ESTADO y LA LEY DE GOBIERNO AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZA el Recurso de Jerárquico en contra EL R.T.A. N° 001/2023 de fecha 27/06/2023 presentada por la señora CANDELARIA CLAROS VDA. DE VELASQUEZ dentro el Proceso Administrativo de Demolición por Construcción Ilegal” (sic). a) Respecto al primer agravio referido a que, que si bien la denuncia se realiza por la Junta Vecinal 20; empero, los mismos no acreditan su legitimidad e idoneidad como persona jurídica como representantes de dicha Junta Vecinal; el demandado indicó que: conforme al art. 11 de la Ley 2341, que establece que la denuncia puede ser presentada por personas que tengan o no interés personal y directo, y con base al principio de informalismo no se necesario exigir legitimación activa al presidente de la Junta Vecinal 20 para que presente la denuncia, concluyéndose que existe una respuesta al motivo de agravio. b) En relación al segundo agravio referido a que, con base a los documentos presentados como la matrícula computarizada 3.14.1.01.0010875, en la que se demuestra que es propietaria, se la acusa de construcción ilegal; empero, sin la averiguación necesaria, citan a Víctor Soto como si fuera propietario, dejándola en indefensión; el demandado no emitió pronunciamiento alguno al respecto, y por lo mismo se establece que no existe una respuesta al motivo de agravio. c) Sobre el tercer agravio, relativo a que al ser una persona de la tercera edad de 83 años de edad, la misma no fue considerada, y que al estar dentro de una población vulnerable, no obtuvo respuesta cabal a su Memorial de 31 de enero de 2023, menos una atención personalizada y especializada por la institución a través del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), vulnerando su derecho al debido proceso, generando una indefensión absoluta; el demandado no se pronunció al respecto, concluyéndose que no existe respuesta al agravio. d) En cuanto al cuarto agravio, referido a que la Resolución impugnada es omisiva, contradictoria e incongruente, pues del Plano del Área Urbana de Punata, no se hallaba consignado el Pasaje referido, tampoco estaba dentro del Plano de la Mancha Urbana que fuera aprobado por Resolución Ministerial, la cual tampoco fue observada o advertida en la Resolución Administrativa 63/2020 en la que se aprueba el plano de lote; el demandado no emitió pronunciamiento al respecto, y por lo mismo se establece que no existe una respuesta al motivo de agravio. e) Respecto al quinto agravio, sobre que en el Séptimo Párrafo del Considerando II de la Resolución Técnico Administrativa 001/2023, menciona a los Bordes de los Ríos aprobado mediante OM 39/2011, es inadmisible que se haga citas incompletas, cuando existe excepcionalidades que no fueron referidas; el demandado no se pronunció al respecto, concluyéndose que no existe respuesta al agravio. f) Sobre el sexto agravio, respecto a que la denuncia de construcción ilegal en el inmueble de su propiedad, no es cierta, pues la misma no es un Área y/o Bien Municipal de Dominio Público, menos de Patrimonio Institucional o Bien Municipal Patrimonial, siendo uno privado conforme a la matrícula computarizada adjuntada, el demandado no emitió pronunciamiento al respecto, y por lo mismo se establece que no existe una respuesta al motivo de agravio. g) El séptimo agravio, referido a que en el Considerando II de la Resolución impugnada, se limita a indicar que no se cuenta con autorización de construcción, ni plano aprobado de lote, documentos registrados en Derechos Reales que acrediten su derecho propietario, acusándola de realizar trabajos de construcción sin la respectiva autorización, sin explicar de forma clara y precisa la norma que fue infringida de la Norma General del Área Urbana de Punata, efectuando una mera transcripción de la Ley 482 y del Reglamento sobre Demoliciones de Construcciones Ilegales Clandestinas y Procedimientos Técnico Administrativo del GAM de Punata; el demandado no se refirió al respecto, evidenciándose que no existe respuesta al agravio. h) Respecto al octavo agravio, relativo a que la Resolución es nula por no estar fundamentada, motivada y ser incongruente, la autoridad demandada, no indicó nada al respecto; por lo que, no existe respuesta a dicho motivo de agravio. i) Sobre el noveno agravio, respecto a los trabajos realizados en su propiedad, fue a consecuencia de reclamos de los vecinos, con la finalidad de otorgar seguridad contra los antisociales, pues pese a solicitar alumbrado público, las peticiones no fueron atendidas, y que por pretender dar seguridad está siendo sancionada de forma excesiva y arbitraria, el demandado no se refirió al respecto, evidenciándose que no existe respuesta al agravio. En ese entrever, de la lectura de ambos documentos procesales, es posible remitirnos inicialmente a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución, la cual refiere que dicho principio tiene dos acepciones, los cuales son:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión Bajo ese marco, conforme a lo descrito respecto al Recurso Jerárquico y la Resolución Ejecutiva 129/2023, se puede establecer que la misma no cuenta con una debida congruencia, ya que la autoridad demandada, solo dio respuesta al primer agravio; empero, no así al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno agravio, incurriendo una incongruencia citra petita; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en relación al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno agravio; y, denegar respecto al primer agravio. Ahora bien, luego de haber realizado el análisis al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, y abordando la problemática respectiva, es menester efectuar el análisis de los elementos de fundamentación y motivación, para lo cual, previamente debemos remitirnos a la obligación que tienen todas las autoridades sean estas judiciales o administrativas de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, como elementos que componen al debido proceso, la cual fue desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, que en relación a estos dos elementos indicó que:

“…la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador”.

En ese sentido, la autoridad demandada, emitió la Resolución Ejecutiva 129/2023, conforme a la Conclusión II.7 de este fallo constitucional, rechazando el Recurso Jerárquico y por ende ratificando la Resolución Técnico Administrativa 001/2023; por lo que, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos: 1. Sobre la fundamentación

La Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, a momento de resolver el Recurso Jerárquico interpuesto por el impetrante de tutela contra la Resolución Técnica Administrativa 001/2023 y por lo mismo rechazar y ratificar la Resolución recurrida, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 232 de la CPE; 13, 26.23, 31.a) de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley 482 de 9 de enero de 2014); y, 11.II de la Ley 2341. En ese contexto, si bien se puede evidenciar que la autoridad demandada, al emitir la Resolución Ejecutiva 129/2023 fundamentó su decisión en las normas insertas tanto en la Constitución Política del Estado, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley 2341; empero, no citó todas las normas jurídicas de las que están impelidas, con las que tenga que justificar su decisión, pues, obvió referirse a las normas, disposiciones legales o internas las cuales permitan confirmar o determinar demoliciones de construcciones y el procedimiento respectivo, actuando sin analizar y dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación a efectuar la antedicha cita completa del ordenamiento jurídico, aspectos que no se encuentran descritos en la fundamentación de la resolución ahora impugnada; por lo que, se puede advertir que la Resolución Ejecutiva 129/2023 no cuenta con la debida fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela al respecto.

2. Respecto a la motivación

En ese contexto, la autoridad demandada, al rechazar el Recurso Jerárquico y confirmar la Resolución impugnada, por medio de la Resolución Ejecutiva 129/2023, refirió que: i) La accionante por memorial de 31 de enero de 2023 acreditó su derecho propietario, aceptándose su apersonamiento por Cite GAMP 331/2023 de 23 de febrero; ii) Si bien las diligencias se las realizó a Víctor Soto fue porque se presentó a la primera notificación de 5 de enero del mismo año como supuesto propietario; y, iii) Se concedió a la parte contraria un plazo de diez días para que presente pruebas de descargo. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada carece de dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación cuenta o no con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y al no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese sentido, de los antecedentes compulsados, se puede advertir que la problemática denunciada respecto a la falta de motivación es la misma denunciada por falta de congruencia en los nueve agravios, de la cual se pudo observar que dichos reclamos, no fueron respondidos por parte del demandado a momento de pronunciar la Resolución ahora cuestionada, con excepción del primer agravio, de lo que se tiene que, la autoridad demandada no pronunció argumento alguno respecto a la denuncia efectuada por el peticionante de tutela en relación a que la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 era excesiva, arbitraria, carente de fundamentación y motivación, observándose y evidenciándose la omisión de motivación efectuada por el demandado, ya que se limitaron a la simple cita de las normas constitucionales y legales, sin subsumirlas al caso concreto, actuando de forma arbitraria y discrecional; por lo que, se evidencia que la Resolución Ejecutiva 129/2023 no cuenta con la debida motivación, correspondiendo conceder la tutela al respecto. 3. Respecto a las costas procesales

Sobre el establecimiento de costas y costos; atendiendo la jurisprudencia desarrollada y la modulación efectuada sobre la misma en el Fundamento Jurídico III.6 de esta Resolución Constitucional, cabe señalar que sobre el actuar de la autoridad demandada no corresponde imponer costas procesales, ya que en el contenido tanto de la Resolución Técnico Administrativa 001/2023; y, la Resolución Ejecutiva 129/2023, no se tiene elementos de prueba con el que se puede inferir que la autoridad demandada procedió con dolo y temeridad a momento de dictar las Resoluciones Administrativas referidas; extremos que necesariamente deben ser corroborados a fin de no constituir a ese instituto procesal en una forma legal e irracional de sancionar, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 12 de julio de 2024, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada por la Jueza Pública de Familia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Punata del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en relación a los derechos a la defensa, a la vejez digna y a la propiedad privada en cuanto a la primera problemática; y, al debido proceso en su elemento de congruencia relativo al segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno agravio; así como, en sus elementos de fundamentación y motivación, respecto a la segunda problemática, con base a los fundamentos jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente:

1.1.° Se deja sin efecto la Resolución Técnico Administrativa 001/2023 de 27 de junio, debiendo el Alcalde del GAM de Punata del departamento CORRESPONDE AL EXP. 62394-2024-125-AAC (viene de la pág. 59).

de Cochabamba, emitir una nueva Resolución en el plazo de setenta y dos horas de notificado con el presente fallo constitucional, cumpliendo todos los parámetros establecidos en la misma. 1.2° Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva 129/2023 de 28 de noviembre, pronunciada por el Alcalde del GAM de Punata del departamento de Cochabamba, conforme a los argumentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su elemento congruencia, respecto al primer agravio de la primera problemática; y, a la condenación de costas procesales, conforme a los fundamentos vertidos en esta Resolución Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 Corte IDH, Caso García Lucero y Otras Vs. Chile, Sentencia de 28 de agosto de 2013 (Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones), párr. 246.

2 Corte IDH, Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, Sentencia de 8 de marzo de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 122.

3 Íbidem, párr. 132.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

6 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al

9 El alcance, contenido o los elementos constitutivos del debido proceso se encuentran señalados en la SC 0902/2010-R de

10 de agosto, entre otras.

10 Respecto a la configuración, contenido o alcance de la garantía del debido proceso fue reproduciéndose en la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, expresando: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”, entre otras (las negrillas son añadidas).

12 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha entendido como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

13 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”.

14 Corte IDH, Caso Ivcher Brostein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 122.

15 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127.

16 Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 75.

17 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145; Corte IDH, Caso Ivcher Broestein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145.

18 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 144 y 145.

19 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 128.

20 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 210.

21 SCP 0121/2012 de 2 de mayo.

22 Las costas procesales son los “gastos que necesariamente se hacen para iniciar, tramitar y concluir un juicio; han de tener una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no pueda éste legalmente concluirse”. Eduardo Pallares; “Diccionario de Derecho Procesal Civil”; Editorial Porrua; 2008.

Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable). Finalmente se aclara que el presente fundamento limitó su análisis a la temeridad y la forma en la cual se configura; sin profundizar sobre la triple identidad y sus alcances respecto a la procedencia o no del análisis de la problemática y la concesión o no de la tutela, aspecto que fue igualmente desarrollado de forma detallada por basta jurisprudencia constitucional; pero que no hace al objeto de la presente acción de defensa por lo que no fue abordado.

26 Fundamento Jurídico II.4 “Siendo necesario fundamentar la posición adoptada por este Tribunal Constitucional, se debe reiterar que la correcta interpretación de las referidas normas (art. 39 de la LSAFCO y 8 de la LAPACOP), es aquella en sentido de que la exclusión del Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas,

que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales. Así debe entenderse el art. 39 de la LSAFCO, en concordancia con el art. 52 del DS 23215”. (Las negrillas son añadidas)

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0460_2024-S1.pdf · páginas 1 a 60.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0de9e33290cb9790d513c4ea9436302bc4a05276b1c7e20e2cbf1cc4077da805

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