Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; puesto que, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 67/2023, confirmó el Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, manteniendo su detención preventiva: i) Sin revisar ni corregir el indebido procesamiento por la doble imputación y la irregular notificación con dichos actuados, a pesar de haber expresado como agravio en su recurso de apelación incidental; ii) El riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, no estaba contemplado en las imputaciones y fue incorporado por la víctima antes de la audiencia; es así que, al haberle hecho conocer del mismo en el citado acto procesal, no tuvo la oportunidad de asumir una adecuada defensa, además de no concretarse individualmente y omitir la debida fundamentación; iii) Concerniente al riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del mencionado Código, incrementó argumentos jamás debatidos por las partes, sin individualizar la conducta de su persona incurriendo en una actuación extra petita; iv) En lo que atañe al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Adjetivo Penal, confunde el cuerpo del delito con los elementos de prueba en cuanto a la billetera y el supuesto celular, sin considerar que forman parte de la investigación de un delito patrimonial, por lo que se funda en un hecho no contemplado en la norma, siendo genérica la mención; y, v) En lo que se refiere al riesgo previsto en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 174 vta. a 181, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al punto iv) del objeto procesal, en cuyo mérito se deja sin efecto el Auto de Vista 67/2023 de 16 de marzo, respecto al accionante y al riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo debidamente fundamentado, conforme a los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los puntos i), ii), iii) y v), en virtud a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0459/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54578-2023-110-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 174 vta. a 181, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Sonko Nina contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 14 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido contra su persona y otros por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves previstos en los arts. 332.2 y 271 del Código Penal (CP), el Juez de la causa dispuso su detención preventiva a través del Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023, alegando la concurrencia de la probabilidad de autoría y de otros riesgos procesales. Es así que, formuló recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -hoy demandada-, quien pronunció el Auto de Vista -67/2023- de 16 de marzo, a través del cual confirmó la extrema medida, sin reparar los errores denunciados, puesto que no cumplió su rol de tribunal revisor de las actuaciones del inferior, constituyendo una nueva audiencia cautelar, apartándose de su calidad de Tribunal de apelación.
Respecto al reclamo de las dos imputaciones y solicitudes de medidas cautelares la autoridad demandada “…fusionó ambos requerimientos para acreditar el elemento substancial y riesgos procesales que desembocan en esa detención ilegal…” (sic) formulado como agravio, de igual manera, se limitó a señalar que las otras coimputadas pretendieron establecer un incidente de nulidad, empero que jamás se reclamó ante el inferior oportunamente, máxime cuando la defensa de los imputados tuvo contradicciones en cuanto a la notificación, por lo que no consideró que sea un agravio, incurriendo en incongruencias y falta de fundamentación y motivación, puesto que “…efectivamente no se presentó ningún incidente de nulidad por la formulación de dos distintas imputaciones formales sino se reclamó como agravio…” (sic), al disponer el Juez de la causa la continuidad de la audiencia cautelar con la primera imputación, misma que no se le notificó, extremo del que tenía conocimiento, afectando con ello su derecho a la defensa. Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -el cual no se encontraba establecido en ninguna de las imputaciones, siendo que fue incorporado por la víctima, minutos antes de la audiencia, fundamentando su concurrencia la misma-, no tuvo la oportunidad de proveerse de los medios de defensa; asimismo, no existe una individualización concreta de que su persona haya amenazado, amedrentado o intimado a algún funcionario policial para que no cumpla su función investigativa, tomando en cuenta que son otros los funcionarios policiales que intervinieron en la aprehensión “…quienes arrestaron a los presuntos autores de la presente causa y quienes son los que hubieran asumido una conducta negativa en ser arrestados y puestos en celdas policiales…” (sic); por lo que, no existía un proceso aperturado, ni siquiera una denuncia penal, solo se hizo conjeturas generales, puesto que la norma exige la existencia de un proceso abierto; de igual manera, la Vocal demandada no consideró el argumento atípico del Juez de primera instancia ni reparó el error, ratificando la concurrencia de ese riesgo procesal en seis renglones, sin la debida fundamentación. Concerniente al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, que no se encontraba previsto en la primera imputación formal, sino en la segunda, esta circunstancia fue forzada; puesto que, la jurisprudencia constitucional contenida en la “SC 056/2014” condicionó a que el peligro sea existente, real o verdadero, verificable no dudoso o incierto o nominal, como el caso en análisis, por lo que el Juez de la causa lo incorporó y la Vocal demandada agregó argumentos jamás debatidos por las partes, al señalar el peligro efectivo para la víctima basado en las amenazas de muerte recibidas aparentemente por todos los imputados al momento de la golpiza y sustracción de bienes, circunstancias propias del hecho que no permiten individualizar la conducta de su persona, ahí la actuación oficiosa y extra petita, de otro lado pretender vincular estos delitos con la aplicación de criterios de género previstos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no era aplicable al caso. En lo que atañe a los riesgos de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP, no se individualizó a cada uno de los imputados, no se precisó cuál fue el elemento de convicción que se valoró para acreditar estas circunstancias; en el primer caso la Vocal demandada confunde el “cuerpo del delito” con los “elementos de prueba”, en cuanto a la billetera y el supuesto celular del que se hubieran apoderado los investigados y al no poder ser hallado, se adecuaba al señalado peligro de obstaculización, sin considerar que constituyen parte de la investigación de un delito patrimonial y no son elementos de prueba, la consideración fue arbitraria al acreditar esta circunstancia en hechos no contemplados en la norma. Expresada como agravio la Vocal demandada solo se pronunció en forma genérica y que se obró correctamente. La Vocal demandada enfatizó en el numeral 2 del art. 235 del CPP, “…explicando que existe amenazas a la víctima y efectivos policiales, a momento del arresto, tomando fundamentos y circunstancias del elemento sustancial y sobre todos amenazas contra personas que no son testigos del hechos, los policías que intervinieron en acción directa, no han visto el hecho, sino se constituyen de forma posterior, entonces cual la obstaculización, para que testigos se comporten de manera reticente, no existe el mismo son presunciones futurísticas…” (sic) de la citada Vocal, quien oficiosamente incorporó esos elementos -extra petita- basándose en presunciones sin individualización. La autoridad demandada, además de no realizar un análisis de los elementos de convicción -que, según su criterio, de hacerlo habría significado que se le conceda una medida menos gravosa-, incurrió en falta de fundamentación y motivación, expresó criterios subjetivos que en una eventual petición de cesación de detención preventiva no podrá desvirtuarlos.
Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 3, 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9, 10, 11, 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto de Vista 67/2023 y que la Vocal demandada en el plazo de veinticuatro horas pronuncie uno nuevo debidamente fundamentado y congruente, que contenga las condiciones de validez legal establecidas por la jurisprudencia constitucional; asimismo, se condene a la nombrada a la reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 30 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 172 a 174 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe cursante de fs. 27 a 29, refirió lo siguiente: a) La defensa técnica del accionante estaba conformada por los abogados “…DANIEL TICONA, MARCEL PAZ, RAÚL DELGADO Y MARCELA REYNAGA…” (sic), quienes expresaron que estaban en copatrocinio de los tres imputados Nicolás Julián Rojas, Ada Vargas Largo y el impetrante de tutela, a diferencia de la defensa de Felicia Vargas Choque y Zenobia Huarayo, asistidas por Marco Rivadeneira, por lo que se debe tomar en cuenta los agravios formulados por los tres imputados, incluyendo al solicitante de tutela; b) Se pronunció fundadamente en relación a los agravios formulados en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, en cuanto a la participación en el hecho y cómo participaron los tres imputados -incluido el accionante- el cual era el mismo, tomando en cuenta las dos declaraciones de la víctima -en máquina y a mano alzada-, las declaraciones de los personeros de “FEDECOMIN” con quienes se encontraba presuntamente reunida la víctima, la declaración de la “…secretaria auxiliar de la brigada…” (sic), la declaración de la “asesora jurídica”, por lo que al respecto su autoridad cumplió con la debida fundamentación, es más, se transcribieron las declaraciones para que no exista duda; c) El impetrante de tutela no señaló específicamente de qué forma se generó duda, mediante qué elemento de convicción puede afirmar que no existe certeza de su participación en la fase en la que se requieren indicios; d) En obrados, en la audiencia de medidas cautelares ni en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, se concluyó que en ningún momento, la defensa de los tres coimputados -incluyendo al accionante- hayan interpuesto algún incidente de nulidad por defecto absoluto o agravio en el recurso de apelación sobre la primera y segunda imputación formal, al contrario su abogado “Raúl Delgado” estableció que fue notificado con la primera imputación, a más de dedicarse en desvirtuar el elemento substancial, pretendiendo generar duda; e) La acción de libertad pretende sustentarse en los argumentos vertidos por el abogado de los otros dos coimputados, que constituye una defensa distinta y quienes ya solicitaron la cesación de su detención preventiva, el mismo en etapa de apelación incidental, quedando consolidada la extrema medida; f) Sobre los riesgos procesales ausentes en la primera imputación y contenidos en la segunda imputación supuestamente, estos aspectos jamás fueron reclamados por ninguno de los abogados del impetrante de tutela, ni en la audiencia de apelación, por lo que se pretende introducir ese aspecto en esta acción de libertad cual si fuera una tercera instancia; y, g) Respecto a la generalización de los riesgos procesales reclamados en la presente acción tutelar, este aspecto no fue detallado en los agravios formulados, aun así, su autoridad verificó el cumplimiento para cada uno de los imputados, los riesgos procesales debidamente fundamentados, lo que implica que tampoco se evidencia la lesión del derecho a la libertad. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 174 vta. a 181, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) En ningún momento el accionante cuestionó la presentación de dos imputaciones formales y la falta de notificación con las mismas a través de la formulación del correspondiente incidente por defecto absoluto, al contrario se puede advertir la participación de sus abogados en la audiencia de medidas cautelares; 2) La autoridad demandada al emitir el Auto de Vista 67/2023, se pronunció claramente en relación a los agravios alegados en el recurso de apelación incidental, explicando los motivos y circunstancias que llevaron a asumir dicha determinación; 3) Se efectuó una valoración integral de las pruebas aportadas, tomando en cuenta las certificaciones y declaraciones de la víctima para dar cuenta de la participación en el hecho de cada uno de los imputados, a fin de que no exista duda; 4) No se advierte la lesión derechos en ninguno de los casos previstos, por lo que el accionante no se encuentra indebidamente procesado o privado de libertad; y, 5) De los antecedentes del cuaderno procesal remitido, se advirtió que el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva a través del memorial de 28 de marzo de 2023, en ese marco el Juez de la causa señaló audiencia para el 30 de igual mes y año a horas 9:00; sin embargo, dicho señalamiento fue reprogramado para el 29 de igual mes y año, a solicitud del nombrado quien argumentó que su abogado tenía programada otra audiencia; empero, posteriormente el 28 del citado mes y año desistió de la misma, no obstante, estos hechos constituyen actos consentidos, sin que sea afectado por el desistimiento.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 185 a 187); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de medidas cautelares de 8 de marzo de 2023, celebrada en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nicolás Julián Rojas, Felicia Vargas Choque, Zenobia Huarayo, Néstor Sonko Nina -hoy accionante- y Ada Vargas Largo, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, robo agravado, en el que consta la emisión del Auto Interlocutorio de igual data, en cuya parte resolutiva se dispuso la detención preventiva de los tres coimputados incluyendo al impetrante de tutela por el lapso de tres meses, en cuyo mérito, se señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 8 de junio de ese año a horas 9:00 (fs. 59 a 77). II.2. Consta acta de audiencia de consideración de recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 16 de marzo de 2023, acto procesal en el cual María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandada-, pronunció el Auto de Vista 67/2023 de igual fecha, determinando que “se mantiene la detención preventiva por el lapso de tres meses de los otros co imputados…” (sic) dentro de los cuales se encuentra el impetrante de tutela (fs. 78 a 89).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; puesto que, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 67/2023, confirmó el Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, manteniendo su detención preventiva: i) Sin revisar ni corregir el indebido procesamiento por la doble imputación y la irregular notificación con dichos actuados, a pesar de haber expresado como agravio en su recurso de apelación incidental; ii) El riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, no estaba contemplado en las imputaciones y fue incorporado por la víctima antes de la audiencia; es así que, al haberle hecho conocer del mismo en el citado acto procesal, no tuvo la oportunidad de asumir una adecuada defensa, además de no concretarse individualmente y omitir la debida fundamentación; iii) Concerniente al riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del mencionado Código, incrementó argumentos jamás debatidos por las partes, sin individualizar la conducta de su persona incurriendo en una actuación extra petita; iv) En lo que atañe al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Adjetivo Penal, confunde el cuerpo del delito con los elementos de prueba en cuanto a la billetera y el supuesto celular, sin considerar que forman parte de la investigación de un delito patrimonial, por lo que se funda en un hecho no contemplado en la norma, siendo genérica la mención; y, v) En lo que se refiere al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, la Vocal demandada incorporó oficiosamente esos elementos, basándose en presunciones sin individualizarlo. La autoridad demandada expresa que: a) Los imputados, incluyendo el impetrante de tutela, expusieron sus agravios a través de su defensa técnica; empero, no formularon incidente de nulidad o expresaron agravio alguno en el recurso de apelación incidental en relación a las dos imputaciones formales cuestionando el elemento substancial y los riesgos procesales, al contrario, asumieron que fueron notificados con la primera imputación y desvirtuaron el elemento substancial pretendiendo generar duda; b) El accionante pretende sustentar su acción de libertad en argumentos vertidos por los otros coimputados -asistidos por otro abogado-, quienes ya solicitaron la cesación de su detención preventiva, estando la misma en etapa recursiva; c) La autoridad demandada cumplió con la debida fundamentación incluso se transcribieron las declaraciones para que no exista duda; y, d) El accionante no señala específicamente de qué forma se generó duda, mediante qué elemento de convicción, tomando en cuenta que en esta fase solo se requieren indicios. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto estableció que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. En ese sentido, (…) los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
De los antecedentes adjuntos se establece que el accionante y otros se encuentran sometidos a un proceso penal ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, y robo agravado; es así que, en audiencia de medidas cautelares el citado Juez emitió el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023, disponiendo la detención preventiva de tres de los coimputados, incluyendo al impetrante de tutela por el lapso de tres meses (Conclusión II.1). Promovida la etapa recursiva contra el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023, en la audiencia de consideración de recurso de apelación incidental, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 67/2023 de 16 de igual mes, en cuya parte resolutiva en cuanto concierne al accionante dispuso expresamente: “Y se mantiene la detención preventiva por el lapso de tres meses de los otros imputados…” (sic [Conclusión II.2]). En ese contexto se procederá a la revisión de las presuntas lesiones de derechos fundamentales denunciados por el accionante por falta de fundamentación al Auto de Vista 67/2023. En cuanto a la problemática i), relacionada a que la Vocal demandada no efectuó la revisión ni corrigió el indebido procesamiento por la doble imputación y la irregular notificación con dichos actuados, pese a haberlo expresado como agravio en el recurso de apelación incidental. Es necesario enfatizar que, en la acción de libertad, la denuncia de la ilegal doble imputación se encuentra vinculada tanto a cuestiones relativas a la existencia del hecho objeto del proceso penal y respecto a la existencia de los riesgos procesales que fundaron la determinación de detención preventiva del imputado, mediante el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023 y en etapa recursiva, la confirmación de dicha medida extrema por la Vocal demandada mediante el Auto de Vista 67/2023 -objeto de revisión en la presente acción de libertad-, en cuanto a la fundamentación y valoración de los elementos de convicción. El impetrante de tutela de manera textual expresó: “…de forma insólita formula dos imputaciones formales distintas con la misma fecha y dentro el mismo proceso, NO constituyendo la segunda imputación formal en un requerimiento de una ampliación de la imputación por nuevos delitos o en contra de otras personas involucradas, o en su caso un requerimiento de ampliación de riesgos, u otro requerimiento similar que haga o sea permisible en esa actividad investigativa; sino existió un actuado extraño e ilegal con la formulación de dos imputaciones formales distintas, con tipos penales distintos y solicitud de aplicación de medidas cautelares con distintas peticiones, y con fundamentos también distintos, empero reitero con la misma fecha…” (sic [el subrayado fue añadido]); agregó posteriormente “…fusiono ambos requerimientos para acreditar el elemento sustancial y riesgos procesales que desembocan en esa detención ilegal…” (sic), aspecto importante para la resolución de las cuestiones planteadas en la presente acción tutelar. En ese entendido, entre los agravios precisados por la Vocal demandada en el recurso de apelación incidental presentado por el accionante, a través de sus abogados defensores, refirió que el Ministerio Público hizo incurrir en error al Juez de la causa, puesto que, por las dos imputaciones formales presentadas se notificó con la segunda y no con la primera. De la lectura del Auto de Vista 67/2023, se advierte que la Vocal demandada expresó: “Ingresando en primera instancia a lo expresado por el doctor Rivadeneira por sus clientes Zenobia Huarayo y Felicia Vargas, en primera instancia intenta establecer un incidente de nulidad, aspecto que no ha sido pronunciado ante la autoridad jurisdiccional Aquo, debemos diferenciar en este punto que esta es una audiencia de apelación de medida cautelar, la ley 1173 ha modificado la participación de los vocales, en una audiencia cautelar y una audiencia incidental, en una audiencia incidental deben participar los dos componentes de salas a efectos de resolver, en una audiencia de medidas cautelares solamente el vocal de turno, pretenden hacer ingresar en un error en el aspecto de que la suscrita se pronuncie sobre un incidente que ni ha sido invocado la norma procesal en la cual pretenden sustentar la misma y que no ha sido invocado debidamente en su oportunidad ante el señor juez cautelar, sobre una primera o segunda imputación, es más la defensa se contradice con la otra defensa técnica al señalar primero que no se les ha notificado con la primera imputación, solamente tenían conocimiento de la segunda imputación, el otro abogado nos dice si teníamos pleno conocimiento porque estaba en el sistema y todos tenemos ciudadanía digital, entonces tenían o no pleno conocimiento, conocían perfectamente más de que la defensa técnica de todo ciudadano boliviano están asumiendo esa defensa…” (sic [las negrillas y el subrayados nos corresponden]). La cita textual precedente permite advertir que la autoridad judicial demandada concluyó que esta cuestión no fue invocada oportunamente ante el Juez de la causa por el accionante. Para corroborar esta afirmación basta con citar lo expresado en la audiencia de medidas cautelares por el propio impetrante de tutela, de manera posterior a la emisión de la determinación de la imposición de las medidas cautelares, específicamente en etapa de explicación, complementación y enmienda, a través de su abogado defensor -Weimar Marcel Paz- al señalar “…vamos a solicitar a su autoridad se nos explique lo siguiente en realidad señor Juez en este momento nos estamos dando cuenta de que bueno el ministerio público y lo digo en este momento, estamos dándonos cuenta de que ha presentado dos imputaciones formales, mire en realidad nuestros clientes nos referimos a la señora Ada Vargas Largo y todos…” (sic); es decir que, la cuestión analizada no fue parte del debate introducido por el accionante, en la consideración y resolución de la audiencia de medidas cautelares. La otra conclusión a la que arribó la Vocal demandada está relacionada a que no se invocó norma procesal que sustente el incidente pretendido, intentando hacer incurrir en error a su autoridad puesto que los incidentes en la etapa recursiva deben ser conocidos y resueltos por un ente colegiado y las medidas cautelares por un solo vocal; efectivamente, en la etapa recursiva la resolución que resuelve las medidas cautelares, pueden ser conocidas y resueltas por un solo vocal, por disposición expresa del art. 251 del CPP -tercer párrafo- y las cuestiones incidentales no pueden ser planteadas en la audiencia de medidas cautelares, ya que merecen el trámite establecido en los arts. 314 y 315 del citado Código. Si bien el pronunciamiento del Auto de Vista 67/2023 alude a las coimputadas Zenobia Huarayo y Felicia Vargas, responde al tema cuestionado de las dos imputaciones, por lo que, en los términos analizados el Auto de Vista impugnado, cuenta con la debida fundamentación y motivación en cuanto a la cuestión planteada. Por el análisis efectuado se concluye que la autoridad demandada no vulneró el derecho fundamental del debido proceso en sus elementos de fundamentación, defensa o libertad, denunciado por el accionante, por lo que no existe mérito para otorgar la tutela solicitada al respecto. En lo que concierne a la problemática ii), referida a que el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, no estaba contemplado en las imputaciones y fue incorporado por la víctima antes de la audiencia; es así que, al haberle hecho conocer del mismo en el citado acto procesal, no tuvo la oportunidad de asumir una adecuada defensa, además de no concretarse individualmente y omitir la debida fundamentación. Este riesgo procesal que se refiere expresamente a: “El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo”, que no tendría sustento al imponerse en su contra la extrema medida cautelar, al respecto la Vocal demandada textualmente alude al informe policial en el que se describe el comportamiento de cada uno de los imputados para sustentar el riesgo procesal “…que se ha dado lectura a la misma y se llega establecer ese aspecto que consiste el comportamiento en el hecho…” (sic). De la revisión del Auto de Vista 67/2023, efectivamente se cita textualmente el Informe Policial suscrito por el funcionario policial Ariel Torres Mendoza de 7 de ese mes y año, en el que se incluye el nombre del accionante al señalar que: “…mostraron una actitud prepotente hacia mi persona incluso negándose a ingresar a celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen…” (sic), al efectuar el análisis correspondiente a la coimputada Felicia Vargas. Otro aspecto denunciado por el impetrante de tutela es que este riesgo procesal fue incorporado por la víctima al no haberse incluido en las imputaciones. Al respecto, es necesario tener presente que, la víctima por mandato constitucional tiene derecho a intervenir en el proceso penal, a ser escuchada antes de cada decisión (art. 121.II de la CPE); asimismo, por disposición de la ley, la víctima puede intervenir en el proceso penal, aunque no se haya constituido en querellante (art. 11 del CPP), la víctima y querellante se constituye en parte en el proceso penal (art. 76 del citado Código), puede promover la acción penal pública (art. 78 del Adjetivo Penal), intervenir en la persecución penal ya iniciada con todos los derecho y facultades previstas en la Constitución y las leyes (art. 79 del CPP). En ese marco constitucional y legal, el riesgo procesal solicitado y sustentado por la víctima no vulnera la Constitución Política del Estado ni las leyes, en ese entendido, lo expresado escuetamente por la Vocal demandada, respecto al riesgo procesal referido, se encuentra con la debida fundamentación, sin que haya lesión de derecho fundamental alguno. En cuanto a la problemática iii), referida al riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, incrementó argumentos jamás debatidos por las partes, sin individualizar la conducta de su persona incurriendo en una actuación extra petita. Se cuestiona la fundamentación respecto a este riesgo procesal denunciando que se incrementó argumentos que no fueron debatidos por las partes; empero, no precisa cuál es ese argumento no debatido, que requiere ser revisado y corregido, tornándose en un cuestionamiento genérico de disconformidad. Además, debe tomarse en cuenta que el Tribunal de apelación tiene la función de corregir los errores y omisiones en que incurrió la autoridad judicial de la causa. En lo que respecta a la falta de individualización, la Vocal demandada alude la declaración de la víctima que refiere las lesiones sufridas, las amenazas de muerte recibidas dentro de una entidad pública en la que cumplía funciones presuntamente, en reuniones con personeros de “FEDECOMIN”, donde quince personas ingresaron agresivamente y lo agredieron, después del hecho se pudo evidenciar que no existían los bienes (celular), los cuales no serían personales sino institucionales, en ese entendido el Juez de la causa estableció primero el contexto de los hechos, el comportamiento del imputado antes y después del hecho. Efectivamente el Juez de primera instancia refirió la participación de varias personas en el lugar de los hechos, incluyendo a los cinco aprehendidos quienes ingresaron a la “Brigada Parlamentaria”, agrediéndolo físicamente y provocándole lesiones, con “…la intencionalidad de victimar a esta presunta víctima, por tal motivo, de acuerdo a todas las declaraciones indiciarias que se tienen…” (sic), concluyendo en la concurrencia del riesgo de peligro efectivo para la víctima. Al respecto, el Juez de la causa en la determinación de medida cautelar alude a los hechos del proceso penal iniciado por acción directa, dando cuenta de la participación de quince a veinte personas que irrumpieron violentamente en el lugar de los hechos (Brigada Parlamentaria de Potosí) entre las que se encontraban los cinco aprehendidos y en este grupo el accionante, identificado por la víctima, agrediéndolo y causándole lesiones (catorce días de impedimento), en esas circunstancias, sustrayendo su celular y documentos de dicha Brigada Parlamentaria, y profiriendo amenazas de muerte contra la víctima, en presencia de otros funcionarios, funcionarios policiales y la prensa. Este relato, permite contextualizar los hechos del proceso penal y las circunstancias dispuestas para la concurrencia de los riesgos procesales, en particular el riesgo efectivo para la víctima.
Por el análisis efectuado se concluye que la Vocal demandada no incurrió en un pronunciamiento ultra petita, o en la falta de fundamentación que cause lesión al derecho fundamental del debido proceso en sus elementos de fundamentación, defensa o libertad, denunciado por el accionante, por lo que amerita denegar la tutela solicitada al respecto. En lo que respecta a la problemática iv), referida que en lo que atañe al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, confunde el cuerpo del delito con los elementos de prueba en cuanto a la billetera y el supuesto celular, sin considerar que forman parte de la investigación de un delito patrimonial, por lo que se funda en un hecho no contemplado en la norma, siendo genérica dicha mención. Al respecto la norma procesal establece: “Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba” -art. 235.1 del CPP-. Ahora bien, respecto a los dos riesgos procesales de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del citado Código, en forma conjunta el accionante formuló agravios denunciando la falta de sustento probatorio y la debida fundamentación, cometiendo una serie de irregularidades en el proceso. En respuesta la Vocal demandada estableció que “…con relación a esta situación se tiene la participación de más de 15 o 20 personas y se encuentra vigente, en la situación que fundamenta la autoridad jurisdiccional…” (sic), y concluyó de manera posterior y conjunta al analizar el riesgo procesal previsto en el numeral 2 señalando que: “…y con respeto al artículo 235 numeral uno es lo cierto y evidente es que no existe esos bienes y no se conoce hasta la fecha el paradero de los mismos, por lo que se llega a establecer que el agravio expresado por la parte apelante tampoco es evidente” (sic [las negrillas nos corresponden]); como se podrá advertir, la fundamentación respecto a este riesgo procesal no solo es escueta, también es contradictoria al reconocer o afirmar la inexistencia de los bienes (celular y documentos), sin desarrollar razonamiento alguno que emerja de un análisis propio. Por el análisis efectuado se concluye que la Vocal demandada incurrió en falta de fundamentación y motivación en cuanto al riesgo procesal de obstaculización analizado. En lo que respecta a la problemática v), relacionada al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, la Vocal demandada incorporó oficiosamente elementos, basándose en presunciones sin individualizarlo.
Al respecto, la Vocal demandada, respondiendo a los agravios correspondientes a este riesgo procesal, textualmente expresó “…y se puede llegar a establecer que la autoridad jurisdiccional a quo no a utilizado término subjetivos más aún ha establecido objetivamente con qué documentación está respaldando y si se tiene que complementar esta resolución es que existe una influencia negativa con respecto al artículo 235 numeral dos es precisamente en la víctima, por las declaraciones vertidas, es en la señorita secretaria de la brigada parlamentaria tiene establece también que no te metas no sabes lo que te va a pasar, se establece la vulneración a los funcionarios policiales los primeros que en primera instancia han intervenido en la primera situación y posteriormente en la segunda situación indicándoles que les iban a cambiar de destino, esos aspectos son los que tienen objetivamente y son las personas que se está influyendo negativamente, al establecer esas palabras, en ese sentido se tiene identificado los testigos y la víctima entre los cuales se está influyendo negativamente efectos de que ya no preste su declaración otra situación con amenazas diciéndole que se les va a cambiar, que no saben con quién se están metiendo…” (sic). De la lectura de la cita textual del Auto de Vista 67/2023 se puede advertir que el pronunciamiento al agravio formulado respecto a ese riesgo procesal se encuentra debidamente fundamentado y se encuentra específicamente sustentado en las declaraciones de la víctima, testigos; consiguientemente, se concluye en la inexistencia de lesión al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación denunciado por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 30 de marzo de 2023, cursante de fs. 174 vta. a 181, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al punto iv) del objeto procesal, en cuyo mérito se deja sin efecto el Auto de Vista 67/2023 de 16 de marzo, respecto al accionante y al riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo debidamente fundamentado, conforme a los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a los puntos i), ii), iii) y v), en virtud a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0459_2026-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2206d453177b8a18ef342a3fcc98028ef887141dd109c97d743f47a8825932ac
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