Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a una justicia sin dilaciones, al debido proceso en su elemento celeridad; en mérito a que mediante Resolución 284/2021 de 14 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, tanto el acta de audiencia de medidas cautelares como dicha Resolución no cursan en el cuaderno de control jurisdiccional como tampoco fueron remitidos los antecedentes de su causa al Juzgado de origen; actuación negligente por parte de los ahora demandados que le imposibilitó solicitar la cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 6 de febrero, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que las autoridades demandadas actúen con diligencia y celeridad en la presente causa, debiendo el titular de la causa solicitar la devolución de actuados y, el despacho judicial que asumió el conocimiento en suplencia, proceder a la devolución de antecedentes al Juez de origen. Sea en el plazo de veinticuatro horas para cada actuado, computables a partir de su legal notificación, salvo que ya se hubiera efectuado dicha remisión; y, 2° Exhortar a Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a ejercer sus funciones en observancia del principio de celeridad y proceder a la devolución de los cuadernos de apelación dentro del término de veinticuatro horas de emitida la resolución.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0459/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45709-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 6 de febrero, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mónica Claudia Irusta Flores en representación sin mandato de Daynor Choque Chuquimia contra Juan Carlos Taco Espinal, Juez y Ana María Apaza Callisaya Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico; y, Hugo Huacani Chambi, Juez y Vicenta Poma Silvestre, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato, lesiones graves y leves y otros; a cargo del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, se tiene que, en virtud a la vacación programada por fin de año, los antecedentes de su causa fueron remitidas ante el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del referido departamento que se encontraba de turno y que, dando prosecución al enjuiciamiento, mediante Resolución Primigenia de “13” de noviembre de 2021, dictada en audiencia de medidas cautelares, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Añadió que, siendo que el control jurisdiccional de su proceso se encuentra a cargo del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del citado departamento; por ello, el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento –autoridad ahora demandada– y la Secretaria del mismo Juzgado hoy codemandada, tenían la obligación y responsabilidad de haber remitido el cuaderno más la Resolución transcrita de medidas cautelares de “13” de noviembre de 2021 al Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz; es decir, al Juzgado de control jurisdiccional. Desde el 13 de noviembre de 2021, transcurrieron ochenta y un días calendarios, casi tres meses que el cuaderno de control jurisdiccional no fue remitido a la localidad de Coroico; tampoco, el Juez y Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, “NO ENVIARON NINGUN OFICIO SOLICITANDO LA INMEDIATA REMISON AL JUZGADO DE LA PAZ” (sic), esta autoridad ahora demandada y la Secretaria del citado despacho tenían la obligación de solicitar de oficio al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento la remisión del expediente de control jurisdiccional y no lo hicieron. El 3 de febrero de 2022, la Secretaria del citado Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico, le informó que solo se contaba en el expediente con el inicio y con el incidente y ningún actuado más, que no se tenía de forma física la Resolución de medidas cautelares, lo que llamó la atención; puesto que, esta funcionaria como encargada tenía que haber coordinado e impetrado la remisión de dicho expediente, siendo el Juzgado el titular y quien tiene el control jurisdiccional, lo que le causó un grave perjuicio, vulnerándose su derecho al debido proceso en cuanto a una justicia sin dilaciones y pronta, lo cual no ocurrió en su caso, lesionando el principio de celeridad; ya que al no tener información sobre su Resolución de medidas cautelares, no pudo asumir defensa ni solicitar audiencia para la cesación o lo que fuera conveniente para su situación jurídica; puesto que, se encuentra ilegalmente detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por ello, las autoridades ahora demandadas lesionaron sus derechos fundamentales.
El accionante denunció la lesión de su derecho a una justicia sin dilaciones, al debido proceso en su elemento celeridad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia; a) Se libre el mandamiento de libertad a su favor; puesto que, a la fecha habría cumplido el tiempo de su detención preventiva superabundantemente; y, b) Se ordene a los demandados, remitan el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de febrero de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 41 a 43 vta., presente el accionante asistido de su abogada y Juan Carlos Taco Espinal, autoridad ahora demandada y Vicenta Poma Silvestre, Secretaria hoy codemandada y ausentes los demás demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogada, en audiencia ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliándolo, señaló que: 1) No pudo a la fecha solicitar la cesación a la detención preventiva; puesto que, no existe la Resolución primigenia en el expediente, sobre ese hecho la autoridad jurisdiccional a cargo no atendió su solicitud incumpliendo este con sus funciones previstas en el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), razón por la cual, desde noviembre hasta la fecha se encuentra ilegalmente privado de su libertad; 2) Impetró que se le otorgue la libertad; dado que, transcurrió más de los tres meses establecidos en la norma; por ello, solicitó se libre mandamiento de libertad a su favor; añadió que a la fecha no se fijó audiencia para la consideración de su situación jurídica; encontrándose en una incertidumbre jurídica e ilegalmente detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; 3) El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz ‒autoridad ahora demandada‒ a cargo del control jurisdiccional, debió dar explicación correspondiente de donde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y porque se encontraría incompleto, esta autoridad demandada y la Secretaria de dicho Juzgado, se limitaron a señalar que el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento, nunca remitió el acta de audiencia de medida cautelar ni la Resolución correspondiente y otros actuados procesales; y, 4) El Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del citado departamento, tenía la obligación como Juez de turno de remitir los antecedentes una vez concluida la vacación judicial, finalizó indicando que la medida cautelar es meramente instrumental y puede ser modificada en cualquier momento; empero, al no contar con la Resolución en el cuaderno de control jurisdiccional y tomando en cuenta que se le dio tres meses de detención preventiva el cual ya habría cumplido, se lo deja en estado de incertidumbre jurídica.
Juan Carlos Taco Espinal, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, manifestó que: i) El accionante cuestionó y reclamó la falta de remisión de un legajo correspondiente a la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso penal en su contra; de acuerdo a lo señalado por la parte impetrante de tutela dicha audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, es en ese sentido que es el personal de apoyo jurisdiccional el encargado y responsable de remitir los antecedentes al Juzgado a su cargo; desconoce las razones por las cuales no se hubiese cumplido con esa remisión; por lo que, no se le puede atribuir a su persona una omisión del personal de apoyo del anterior Juzgado como pretende la parte impetrante de tutela; ii) Mencionó el solicitante de tutela que fue indebidamente privado de su libertad; sin embargo, su detención sería por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del citado departamento, autoridad competente de un proceso penal abierto; es decir, no fue una determinación asumida por su Juzgado; debido a lo cual, no existió una detención indebida; iii) En cuanto al indebido procesamiento, denunciado por el accionante deben de concurrir dos elementos para que sea viable la consecución de la tutela impetrada, uno que el acto lesivo debe de estar vinculado con la libertad para operar como causa directa para la restricción o supresión; empero, se ha cuestionado en la presente acción de defensa la falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional con la audiencia de medidas cautelares, esto es el solicitante de tutela se encontraría detenido preventivamente por un delito penal y segundo debe de encontrarse en un estado absoluto de indefensión, dicho fundamento no fue debidamente justificado por el impetrante de tutela; iv) Remitió a través de Secretaría en formato digital algunas piezas que cursaban en el cuaderno de control jurisdiccional a su cargo, que cursa en el inicio de las investigaciones; fue así que el 26 de noviembre de 2021, el accionante presentó un incidente de actividad procesal defectuosa en contra de su declaración informativa y contra la resolución de imputación formal, al respecto desconocía de esas actuaciones; puesto que, esas piezas procesales no cursaban en el Juzgado de “Coroico”; y, v) El 29 de igual mes y año, dispuso que el Fiscal de Materia asignado al caso informe sobre esos extremos; independientemente a ello se dio curso al trámite previsto por ley a la tramitación de todo incidente; por ello, tal incidente fue resuelto durante la vacación judicial por el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz de turno, es decir, en ningún momento se dejó en estado de indefensión al solicitante de tutela; en consecuencia, al no haber restringido sus derechos fundamentales y no haber incurrido en un acto de omisión ilegal, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Ana María Apaza Callisaya, Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, mediante informe de 5 de febrero de 2022, cursante a fs. 9 y vta., indicó que: a) El 26 de noviembre de 2021, el ahora accionante presentó un memorial de incidente de actividad procesal defectuosa, en dicha oportunidad se dio a conocer al abogado de la parte impetrante de tutela que en el Juzgado solo se contaba con el inicio de las investigaciones y que no se tenía conocimiento de la imputación presentada por parte del Ministerio Público; ante tal circunstancia el abogado señaló que se había llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de turno; por lo que, indicó que se apersonaría al citado Juzgado para coadyuvar con la respectiva remisión del cuaderno de control jurisdiccional a su despacho; b) Conforme al cuaderno de control jurisdiccional, se evidenció que el 29 de noviembre de 2021, se fijó audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa para el 3 de diciembre de igual año, la misma fue suspendida por ausencia del abogado del solicitante de tutela, fijándose una nueva fecha para su audiencia para el 10 del citado mes y año; c) A partir del 7 al 31 de diciembre de 2021, se entró en vacación judicial anual colectiva, conforme lo dispuso la Circular 23/2021-SP-TDJLP, modificada por la Circular 24/2021-SP-TDJLP, es en ese sentido que remitió de forma personal al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz, a efectos de dar continuidad al proceso que se encuentra con detenido preventivo, añadió que el Juzgado no cuenta con Oficial de Diligencias; puesto que, se encuentra con baja médica por motivo de embarazo; y, d) Finalizó indicando que, no causó ningún perjuicio al accionante; toda vez que, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Juzgado de turno a efectos de que el imputado pueda solicitar todos los beneficios que por ley le corresponden; por lo que, impetró se deniegue la tutela solicitada. Vicenta Poma Silvestre, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 6 de febrero de 2022, cursante a fs. 40 y vta., señaló que: 1) El 13 y 14 de noviembre de 2021, su despacho judicial se encontraba de turno de fin de semana, en dicha fecha el Ministerio Público de Coroico del citado departamento presentó imputación formal en contra de Daynor Choque Chuquimia –ahora impetrante de tutela–, en la audiencia de medidas cautelares se dispuso a través de la Resolución 284/2021 de 14 de noviembre, la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en la citada audiencia interpusieron apelación en contra de dicha Resolución el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, el abogado de la víctima y el abogado de los progenitores de la víctima fallecida; por ello, el Juez dispuso la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; 2) Por otra parte, añadió que la remisión de los legajos de apelación de provincia son sorteados y remitidos a través de plataforma a la Sala Penal correspondiente, por ello, ante la interposición del recurso de apelación por las partes procesales en audiencia de medidas cautelares remitió a plataforma de La Paz, el cual le refirió que no podía recepcionar el legajo de apelación porque eran copias legalizadas y que deberían ser con los antecedentes originales para poder realizar el sorteo; y, 3) Posteriormente, envió los originales a la plataforma y se procedió al sorteo que recayó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de noviembre de 2021, fue recepcionada la remisión del cuaderno de control jurisdiccional y a la fecha no fue devuelto por dicha Sala; razón por la cual, no se pudo remitir al lugar de origen que sería el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del citado departamento. Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentó informe escrito alguno pese a su legal citación cursante a fs. 6.
La Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 6 de febrero, cursante de fs. 44 a 46 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: i) En el plazo de cuarenta y ocho horas hábiles el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del referido departamento; así como, el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del citado departamento, a fin de que emitan el oficio correspondiente a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de que de forma inmediata se remitan obrados ante el Juzgado de origen, sea esto bajo responsabilidad funcionaria; posteriormente, por Auto de complementación y enmienda, se estableció que; ii) Si bien el accionante solicitó la libertad inmediata; sin embargo, estando bajo el control jurisdiccional la causa no se puede determinar la libertad irrestricta, más al contrario ante dilaciones indebidas son las autoridades jurisdiccionales quienes deben de ejercer control sobre el personal de apoyo jurisdiccional para el cumplimiento de las funciones; y, iii) Se franquee fotocopias legalizadas al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, de la presente Resolución a efecto de que conste en el cuaderno de control jurisdiccional, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El ahora impetrante de tutela, se apersonó ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del citado departamento, para reclamar sobre el cuaderno de control jurisdiccional, en dicho Juzgado la Secretaria le informó que únicamente se encontraba el inicio de las investigaciones y un incidente planteado y que el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del señalado departamento no habría remitido tal cuaderno hasta la fecha, habiendo transcurrido más de tres meses; al respecto la Secretaria también informó que remitió los actuados al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de La Paz; puesto que, era un caso con detenido preventivo; por tanto, ya tenían conocimiento que el accionante se encontraba con detención preventiva; por ello, las autoridades demandadas han limitado el derecho del impetrante de tutela a que pueda solicitar cesación a la detención preventiva; b) De igual modo el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del referido departamento, refirió que se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares y que la misma fue resuelta a través de Resolución 284/2021; empero, en ninguna parte de dicha Resolución el Juez dispuso que se remitan obrados ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es decir, transcurrió abundantemente el tiempo desde noviembre hasta febrero sin que el cuaderno de control jurisdiccional haya sido remitido ante el Juez natural de la causa, tenían la obligación de enviar los obrados ante el Juez titular o en su caso informar que el mismo se encontraba en originales en la citada Sala, a efectos de que se prosiga con el control jurisdiccional de la causa, lo que no aconteció en el presente caso; c) El Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, indicó que no causó ninguna vulneración a los derechos del accionante; puesto que, era el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del citado departamento, quien tendría que haber remitido a su Juzgado los actuados del cuaderno de control jurisdiccional; sin embargo, el Juez de Coroico al tener el control jurisdiccional de la causa tenía la obligación de haber asumido conocimiento sobre la existencia de imputación formal y la audiencia de medidas cautelares a través de la Fiscal de Materia y debió ejercer control sobre el personal de apoyo del Juzgado, en este caso de la Secretaria quien ya tenía conocimiento de los reclamos de la parte solicitante de tutela, debió emitir un oficio al Juzgado de turno en este caso al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento, para que informe sobre el estado de la causa y que realice la devolución de obrados ante su despacho judicial, tomando en cuenta que era de un detenido preventivamente, lo cual no sucedió en el presente caso; d) Lo mismo aconteció en el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del nombrado departamento; ya que, según informe de la Secretaria del referido Juzgado se remitió los actuados originales a la Sala Penal Primera el 29 de noviembre de 2021, al respecto no se observó una debida diligencia, tampoco se solicitó informe a dicha Sala a fin de que tenga conocimiento el Juez de Coroico para resolver las solicitudes del impetrante de tutela; e) No se puede dar libertad inmediata al accionante; puesto que, debe de formular sus solicitudes ante el Juez titular de la causa, quien puede dar la libertad irrestricta al solicitante de tutela; y, f) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de buscar y acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de su libertad; en el presente caso se lesionó el derecho al debido proceso y a la defensa; puesto que, se causó una demora y una dilación en cuanto a la remisión de la causa ante el Juzgado de origen.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 284/2021 de 14 de noviembre; por el que, el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento La Paz, dispuso la aplicación de medida cautelar personal de la detención preventiva del imputado Daynor Choque Chuquimia –ahora solicitante de tutela– en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de cinco meses y se señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 14 de abril de 2022 a las 11:00 (fs. 31 a 37). II.2. Se tiene nota de 26 de noviembre de 2021, dirigida a Plataforma de Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento La Paz –autoridad hoy demandada–, de remisión de cuaderno de Control Jurisdiccional en originales del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, la misma fue recepcionada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de igual mes y año (fs. 38 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a una justicia sin dilaciones, al debido proceso en su elemento celeridad; en mérito a que mediante Resolución 284/2021 de 14 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, tanto el acta de audiencia de medidas cautelares como dicha Resolución no cursan en el cuaderno de control jurisdiccional como tampoco fueron remitidos los antecedentes de su causa al Juzgado de origen; actuación negligente por parte de los ahora demandados que le imposibilitó solicitar la cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde verificar en revisión si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto de la acción de libertad en su modalidad traslativa, la SCP 0946/2019-S4 de 15 de noviembre, sostuvo que: “El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus –actualmente acción de libertad– ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, determinó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ‘se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada SC 0465/2010-R, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales’.
Bajo este parámetro, en dicho Fundamento Jurídico se agregó a la tipología, el hábeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’ (entendimientos asumidos y reiterados en la SCP 1449/2012 de 29 de septiembre y la SCP 2511/2012, de 14 de diciembre, entre otras)’” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0015/2020-S4 de 5 de marzo, citando a su vez a la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, señaló que: “ʽ…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno”.
Siguiendo el mismo criterio jurisprudencial la SCP 0502/2022-S4 de 6 de junio, de La SCP 0120/2018-S2 de 11 de abril, en el que refirió que: “… El art. 115.II de la CPE, establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilacionesʼ, así mismo el art. 178.I, del texto constitucional refiriéndose al principio de celeridad, considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene esta acción, ha establecido que deben evitarse actos dilatorios en la tramitación de las acciones o recursos. En ese sentido, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser atendida con la mayor celeridad posible; pues de no hacerlo podría provocar una restricción injusta. Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, agregó que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…ʼ De igual forma se razono en sentido de que, debe imprimirse celeridad en la apelación de medidas cautelares:`…por la jurisprudencia constitucional, que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva…’, así lo estableció la SSCC 0304/2010-R de 7 de junio. Además, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, agregó que la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación: `No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda. «Por lo que cuando se provoca una dilación injustificada en la remisión de la documentación requerida y en esta estaría comprometida la libertad de la persona, se entendería una violación al debido proceso». En esa línea la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al recurso de apelación incidental en medidas cautelares, ha efectuado una modulación, relativa al plazo que el Tribunal de alzada tiene, para devolver actuados al juzgado de origen y lo ha hecho de la siguiente manera. «Se debe señalar que el Código de Procedimiento Penal, respecto al examen de las medidas cautelares de carácter personal, prevé en su art. 251, modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), lo siguiente: ʽLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso, el cuaderno procesal en sus partes pertinentes, serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior». Debiendo establecerse al respecto que el recurso de apelación establecido por el art. 251 del CPP modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la LSNSC, es un medio por el cual se aspire hacer que se revoque supuestas lesiones, en el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, el trámite establecido por la normativa es sumario. Sin embargo, dicho artículo, prevé expresamente los plazos en los cuales el juez a quo, debe remitir este recurso ante el Tribunal ad quem, el mismo que es de veinticuatro horas de recibida la apelación, estableciendo asimismo que el Tribunal ad quem, debe resolver la misma en el plazo de tres días. Sin embargo, dicho artículo, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen; punto que fue analizado en la antes citada SSCC 0224/2004-R que establece la celeridad que debe existir en los procesos que involucren el derecho a la libertad de la personas, aspecto que debe ser modulado por la presente sentencia, ya que ante un vació legal, no se puede dejar en incertidumbre al imputado. (…) En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ʼresolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a una justicia sin dilaciones, al debido proceso en su elemento celeridad; en mérito a que mediante Resolución 284/2021 de 14 de noviembre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; empero, tanto el acta de audiencia de medidas cautelares como dicha Resolución no cursan en el cuaderno de control jurisdiccional como tampoco fueron remitidos los antecedentes de su causa al Juzgado de origen; actuación negligente por parte de los ahora demandados que le imposibilitó solicitar la cesación a su detención preventiva. Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato, lesiones graves y leves y otros; a cargo del Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, se tiene que, en virtud a la vacación programada por fin de año, los antecedentes de su causa fueron remitidas ante el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del referido departamento que se encontraba de turno y que, dando prosecución al enjuiciamiento, mediante Resolución Primigenia de “13” de noviembre de 2021, dictada en audiencia de medidas cautelares, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fecha desde la cual alega el impetrante de tutela, que la autoridad suplente; así como, la Secretaria del mismo despacho judicial codemandada, omitieron devolver los antecedentes de su causa al Juez de origen, extremo que lejos de ser controvertido por los nombrados, fue ratificado en el informe de la Secretaria prestado en forma escrita el 6 de febrero de 2021 como efecto de la presente acción tutelar, en el cual manifestaron que contra la determinación de imposición de medidas cautelares, fue interpuesto recurso de apelación por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, el abogado de la víctima y el abogado de los progenitores de la víctima fallecida; por lo que, el Juez dispuso la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada; por ello, los originales fueron remitidos a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recepcionado el 29 de noviembre de 2021 y que a la fecha no fue devuelto por dicha Sala; razón por la cual, no se pudo remitir al lugar de origen que sería el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del citado departamento. Al respecto, es necesario tener presente lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, en el que se estableció que la presente acción de defensa, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, está dirigida a tutelar el derecho al debido proceso en su elemento celeridad, cuando se producen dilaciones innecesarias que obstaculizan la resolución de la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de su libertad o que está en riesgo de serlo, ello en virtud de la concreción efectiva del citado derecho y el principio celeridad; en ese marco, toda autoridad tiene el deber de actuar en observancia de dicho principio con el fin de no dilatar la resolución de la situación jurídica de aquél. En el caso que se analiza, se tiene que el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, al tener el control jurisdiccional de la causa y ser el Juez titular, una vez reasumidas sus funciones, tenía la obligación de hacer seguimiento al estado de las causas que dejó en suplencia bajo el control jurisdiccional de otros despachos judiciales, más aún si tenía conocimiento de la existencia de imputación formal y que en su ausencia se adelantó la audiencia de medidas cautelares en la que se impuso detención preventiva al encausado; por lo que, ejerciendo el control sobre el personal de apoyo del Juzgado a su cargo, en este caso de la Secretaria quien conocía que el accionante se encontraba con detención preventiva y sabía sobre la denuncia del solicitante de tutela, debió emitir un oficio al Juzgado que asumió su suplencia, en este caso al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Primero del mismo departamento, para que informe sobre el estado de la causa y solicitar la devolución de obrados ante su despacho judicial, al no haberlo hecho, incurrió en una omisión que generó una dilación indebida en la definición de la situación jurídica del imputado, imposibilitándole como este manifiesta solicitar la cesación a la detención preventiva, acciones que sin duda constituyen lesión al derecho al debido proceso en su elemento celeridad en directa vinculación con su derecho a la libertad. Idéntica situación se replica respecto a la autoridad demandada que asumió la suplencia y la Secretaria de ese mismo despacho judicial, pues una vez concluida la vacación anual del titular de la causa, corría de su parte, la obligación de proceder a la devolución de antecedentes para el que el juzgador que previno primero y se constituía en la autoridad a cargo del control jurisdiccional del proceso, prosiguiera con la tramitación del mismo, lo que no ocurrió, causándose con ello que la demora en la definición jurídica del imputado fuera aún más dilatada. Consiguientemente, se advierte, que lo denunciado por la parte impetrante de tutela, es cierto, puesto que, las autoridades ahora demandadas y las Secretarias codemandadas, incurrieron en acciones dilatorias que, dada la falta de certeza respecto a la autoridad a la que el justiciable pudiera acudir, le impidieron hacer uso de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico a efectos de resguardar sus derechos o formular solicitudes vinculadas con su derecho a la libertad. Bajo ese entendimiento, la no devolución o retorno de antecedentes al Juzgado de origen, imposibilita una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva; por lo que, siendo un trámite necesario para intentar modificar la situación jurídica del accionante, las autoridades demandadas y las funcionarias judiciales, con las dilaciones señaladas, lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento celeridad del impetrante de tutela con directa incidencia en su derecho a la libertad, debiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada, pues es evidente la existencia de una dilación indebida, la cual no solo es lesiva de los derechos de la parte accionante, sino también resulta contraria al orden constitucional; por ende, concierne conceder la tutela impetrada, en cuanto a ambos codemandados, sin que implique que este Tribunal hubiese emitido pronunciamiento alguno sobre el fondo de la situación jurídica del imputado, correspondiendo ello al Juez de origen. Por otra parte, se advierte que, una vez impuesta la detención preventiva, esta fue impugnada mediante recurso de apelación interpuestos por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, el abogado de la víctima y el abogado de los progenitores de la víctima fallecida, que fue remitido a Plataforma a través de nota de 26 de noviembre de 2021, por el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento La Paz –autoridad hoy demandada–, y recepcionada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 29 de igual mes y año; y que a la fecha no fue devuelto por dicha Sala; razón por la cual, no se pudo remitir al lugar de origen que sería el precitado Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico. En ese marco, se debe considerar, que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en caso de la tramitación de una apelación de medida cautelar la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento de la resolución de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia, sino también en forma posterior, como ser dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación. Por lo que, si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 ‒Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra La Violencia A Niñas, Niños, Adolescentes Y Mujeres‒, no establece un plazo concreto para la devolución del Auto de Vista o antecedentes de la apelación incidental de medidas cautelares al Juez o Tribunal de origen; los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, son perfectamente asimilables a las modificaciones vigentes, entendiéndose que, se debe efectuar la devolución en el plazo de veinticuatro horas de haberse pronunciado la Resolución de alzada, siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, lo que no ocurrió en el caso que se analiza y que sin embargo no puede ser analizado a efectos de establecer responsabilidades respecto al Tribunal de apelación, pues los miembros que conforman la Sala Penal que conoció la impugnación, al no haber sido demandada en la presente acción tutelar, carece de legitimación pasiva. No obstante y por ser de necesaria consideración, habrá de exhortarse a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efecto de que en posteriores actuaciones observe el principio de celeridad en todas sus actuaciones y que en el futuro cumpla los plazos previstos y devuelva antecedentes al Juzgado que remitió la apelación. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2022 de 6 de febrero, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que las autoridades demandadas actúen con diligencia y celeridad en la presente causa, debiendo el titular de la causa solicitar la devolución de actuados y, el despacho judicial que asumió el conocimiento en suplencia, proceder a la devolución de antecedentes al Juez de origen. Sea en el plazo de veinticuatro horas para cada actuado, computables a partir de su legal notificación, salvo que ya se hubiera efectuado dicha remisión; y, 2° Exhortar a Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a ejercer sus funciones en observancia del principio de celeridad y proceder a la devolución de los cuadernos de apelación dentro del término de veinticuatro horas de emitida la resolución. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0459_2023-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): d131d56e65eb1a0246a5e0206a3893e1aa597ba7a44897ea02960e2ec2f8a93b
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