B.IA.LEGAL

SCP 0458/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54555-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, por providencia de 18 de enero de 2023, confirmada por Auto Interlocutorio de 30 de ese mes y año, que rechazó su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) Su emisión se sustentó en un acuerdo transaccional en el que una de las supuestas beneficiarias era mayor de edad, sin que hubiera otorgado su consentimiento ni correspondiera su representación por la parte demandante; 2) La demandante indujo en error a la autoridad demandada al atribuirse la representación de beneficiarios que no se encontraban identificados en el acuerdo transaccional; 3) La providencia de 18 de igual mes y año, omitió el trámite previo de conminatoria, la valoración de una eventual oposición y la emisión de una resolución debidamente fundamentada, incurriendo además en contradicción al disponer simultáneamente el apremio y la presentación de respaldos de pago; y, 4) El Auto Interlocutorio de 30 del referido mes y año, rechazó el recurso de reposición bajo alternativa de apelación sin la debida fundamentación fáctica y jurídica, omitiendo además su concesión en grado de apelación. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que, actuó conforme a derecho y dentro del marco legal aplicable establecido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/23 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 114 vta. a 117 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0458/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54555-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/23 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 114 vta. a 117 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Mario Mendoza Plata en representación sin mandato de David Valencia Callaú contra Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 86 a 89, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de divorcio seguido de asistencia familiar promovido por Gladys Verónica Castro Rojas en su contra, el 7 de octubre de 2022, mientras se encontraba privado de libertad, suscribió un acuerdo transaccional con la prenombrada, en el que se establecieron obligaciones económicas a favor de esta última como supuesta beneficiaria de asistencia familiar. Posteriormente, la demandante presentó memorial en el que alegó incumplimiento del citado acuerdo transaccional, lo que dio lugar a la emisión de la providencia de “10” -siendo lo correcto 18- de enero de 2023 y al correspondiente mandamiento de apremio. En dicha determinación, Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, dispuso simultáneamente la ejecución coercitiva y la presentación de respaldos de pago, generando una aparente contradicción en su contenido. Contra esta determinación, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, denunciando incongruencias y vulneraciones al debido proceso; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 30 de enero de 2023, la autoridad demandada rechazó el recurso sin fundamentación suficiente, manteniendo la medida restrictiva de libertad. En consecuencia, permanece privado de libertad sin que hubiera sido debidamente oído ni se hubieran resuelto sus planteamientos recursivos. Como actos ilegales identifica los siguientes: a) La emisión del mandamiento de apremio resultó ilegal, por haberse sustentado en un acuerdo transaccional en el que una de las supuestas beneficiarias era mayor de edad, sin que hubiera otorgado su consentimiento, ni correspondiera su representación por la parte demandante; b) La demandante indujo en error a la autoridad demandada al atribuirse la representación de beneficiarios que no se encontraban identificados en el acuerdo transaccional; c) La providencia de 18 de enero de 2023 vulneró los arts. 446 y 447 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), al haberse omitido el trámite previo de conminatoria, la valoración de una eventual oposición y la emisión de una resolución debidamente fundamentada, incurriendo además en contradicción al disponer simultáneamente el apremio y la presentación de respaldos de pago; y, d) El Auto Interlocutorio de 30 de igual mes y año rechazó el recurso de reposición bajo alternativa de apelación sin la debida fundamentación fáctica y jurídica, omitiendo además su concesión en grado de apelación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el mandamiento de apremio librado; y, 2) Ordenar a la Jueza demandada, revise la mayoría de edad de uno de los beneficiarios, si corresponde o no la asistencia en su favor y si la misma lo pidió; así como resuelva en el fondo el recurso de reposición pendiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 114, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante y su representante sin mandato no se conectaron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 92.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 112 y vta., señaló lo siguiente: i) Dentro del aludido proceso, la demandante solicitó la liquidación de asistencia familiar por memorial presentado el 2 de agosto de 2022, siendo puesta en conocimiento del obligado, quien observó la misma, adjuntando un depósito de “Bs.- 200”; por Auto Interlocutorio de 19 de igual mes y año; aprobó dicha liquidación y rechazó la objeción planteada, descontando el depósito realizado y conminó al pago del saldo adeudado; el 2 septiembre de ese año emitió el mandamiento de apremio, y el 7 de octubre del referido año, el obligado solicitó se libre mandamiento de libertad, adjuntando un acuerdo transaccional de cancelación y plan de pago, petición a la cual dio curso; dicho documento, en su cláusula tercera, establecía como plazo límite de pago el 7 de enero de “2022” -2023-; ii) Por memorial presentado el 16 de enero de 2023, la parte demandante informó la no cancelación del saldo de la asistencia familiar; a lo que, mediante proveído de 18 de igual mes y año, en aplicación del art. 127.III, segunda parte del CFPF y ante el incumplimiento de dicho acuerdo, libró nuevamente el mandamiento de apremio; iii) En virtud de los arts. 239 y 240 del citado Código, la normativa permite la representación sin mandato, los padres por los hijos y viceversa; y, iv) Al no vulnerar los derechos del accionante, ya que resolvió conforme a derecho, realizando una ponderación de derechos en atención al interés superior del niño, niña y adolescente, el cual prevalece sobre otros intereses, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/23 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 114 vta. a 117 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del expediente, se evidencia la existencia de un memorial presentado por la demandante, mediante el cual puso en conocimiento de la Jueza demandada el incumplimiento del acuerdo transaccional suscrito con el accionante, mismo que fue presentado en primera instancia por el precitado para que obtuviera su libertad en una anterior situación; b) La autoridad demandada, en virtud del art. 227.III del CFPF, consideró que no era necesaria una liquidación, ya que no se estaba solicitando una liquidación de montos devengados, sino simplemente la emisión de un mandamiento de -apremio- como consecuencia del incumplimiento del acuerdo; y, c) Considerando que la demandante, quien ostenta la calidad de beneficiaria y tutora legal del menor de dieciséis años, y de su hija, solicitó el cumplimiento del acuerdo transaccional suscrito previamente; y, tomando en cuenta el informe emitido por la Jueza demandada, que refiere que, ante el incumplimiento de dicho acuerdo, corresponde la emisión del mandamiento de “aprehensión” -apremio-, el accionante no se encuentra indebidamente procesado, dado que existe un proceso de asistencia familiar, del cual derivó de su detención a causa del incumplimiento del acuerdo presentado ante la autoridad demandada; de igual modo, no existió un procesamiento indebido, al tener pleno acceso al cuaderno procesal, ejerció su derecho a la defensa técnica, y presentó los memoriales que consideró pertinentes para su defensa.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 123 a 125); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2023, Gladys Verónica Castro Rojas -demandante en el proceso de asistencia familiar- solicitó a Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, libre mandamiento de apremio contra David Valencia Callaú -ahora accionante-, por el monto de Bs“38.617,50”, ante el incumplimiento al acuerdo transaccional suscrito, en el que el nombrado se comprometió a cancelar el saldo de asistencia familiar devengada hasta el 7 de ese mes y año, de manera impostergable. Al efecto, por providencia de 18 -se comprende- del citado mes y año, de acuerdo a lo previsto por el art. 127.III segunda parte del CFPF, dispuso se libre el mandamiento de apremio con las facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas, “…previa revisión si existen depósitos sin descontar, debiendo la parte demandante adjuntar su extracto de pago realizado” (sic [fs. 56 y vta.]). II.2. Por memorial presentado el 25 de enero de 2023, el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el proveído de 18 de igual mes y año, alegando que era contradictorio y atentaba contra el principio de verdad material, debido proceso, y legalidad, solicitando se deje sin efecto el mismo y emita uno nuevo corrigiendo dicha contradicción y oscuridad; y, en caso de mantenerlo, recurre alternativamente al recurso de apelación debiendo remitirse obrados al Tribunal de alzada de turno. En respuesta, la Jueza demandada, mediante Auto Interlocutorio de 30 de ese mes y año, resolvió que no corresponde el recurso planteado, toda vez que se trata de un proveído; por lo que, al no cumplirse los requisitos establecidos por los arts. 219.I en concordancia con el “368-1)” del CFPF, rechazó el mismo (fs. 76 a 77). II.3. Cursa memorial presentado el 15 de marzo de 2023, ante la Jueza de garantías, mediante el cual Jorge Mario Mendoza Plata representante sin mandato del impetrante de tutela retira la presente acción tutelar (fs. 113).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la defensa y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, por providencia de 18 de enero de 2023, confirmada por Auto Interlocutorio de 30 de ese mes y año, que rechazó su recurso de reposición bajo alternativa de apelación, ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) Su emisión se sustentó en un acuerdo transaccional en el que una de las supuestas beneficiarias era mayor de edad, sin que hubiera otorgado su consentimiento ni correspondiera su representación por la parte demandante; 2) La demandante indujo en error a la autoridad demandada al atribuirse la representación de beneficiarios que no se encontraban identificados en el acuerdo transaccional; 3) La providencia de 18 de igual mes y año, omitió el trámite previo de conminatoria, la valoración de una eventual oposición y la emisión de una resolución debidamente fundamentada, incurriendo además en contradicción al disponer simultáneamente el apremio y la presentación de respaldos de pago; y, 4) El Auto Interlocutorio de 30 del referido mes y año, rechazó el recurso de reposición bajo alternativa de apelación sin la debida fundamentación fáctica y jurídica, omitiendo además su concesión en grado de apelación. Ante ello, la Jueza demandada sostiene que, actuó conforme a derecho y dentro del marco legal aplicable establecido en el art. 127.III del CFPF, pues el mandamiento de apremio fue emitido el 18 de enero de 2023, como consecuencia del incumplimiento de un acuerdo transaccional suscrito por el impetrante de tutela, en el cual se estableció un plan de pagos con plazo hasta el 7 de enero del mismo año. Asimismo, de acuerdo a los arts. 239 y 240 del CFPF, se autoriza la representación sin mandato, los padres por los hijos y viceversa.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que “…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…”. Al respecto, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado “…entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, debe precisarse que, en el caso concreto, se tiene la presentación de un memorial el 15 de marzo de 2023 a horas 15:17 (Conclusión II.3), mediante el cual el representante sin mandato del accionante manifiesta su desistimiento de la acción de libertad interpuesta; empero, del contenido de dicha solicitud, se evidencia que el mismo no se encuentra fundado en la cesación de la lesión denunciada ni en la desaparición de la controversia constitucional, sino exclusivamente en la imposibilidad de asistencia a la audiencia de garantías por la concurrencia de otro acto procesal previamente programado. Tal circunstancia revela que el desistimiento no responde a una satisfacción material del derecho invocado ni a la pérdida de vigencia del objeto procesal, sino a una situación de orden estrictamente logístico. Por ello, al no evidenciarse en el presente caso la desaparición del objeto procesal en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional establecida -entre otras- en la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, corresponde concluir que la solicitud de desistimiento no puede ser atendida.

Realizada esta precisión, en el caso en análisis, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, dirige su pretensión constitucional contra las actuaciones asumidas por la autoridad demandada dentro de un proceso de asistencia familiar, particularmente cuestionando la emisión del mandamiento de apremio y, de manera específica, la decisión contenida en el Auto Interlocutorio de 30 de enero de 2023 (Conclusión II.2), por el cual se rechazó el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto contra la providencia de 18 de igual mes y año (Conclusión II.1); no obstante, de la revisión de antecedentes se evidencia que, ante la negativa de concesión del recurso de apelación, el accionante no activó el mecanismo procesal idóneo previsto expresamente por el ordenamiento jurídico para impugnar dicha determinación, cual es el recurso de compulsa regulado en el art. 366 inc. d) del CFPF, omisión que resulta determinante a efectos del análisis de procedencia de la presente acción de defensa. En ese contexto, corresponde recordar que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia tutelar ni convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo a los medios de impugnación previstos por la jurisdicción ordinaria; bajo esa comprensión, en el ámbito específico de los procesos de asistencia familiar en los que se dispone la emisión de mandamientos de apremio, se reconoció la operatividad del principio de subsidiariedad excepcional, conforme al cual el accionante se encuentra obligado a agotar previamente los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos que el ordenamiento jurídico le franquea para la restitución del derecho a la libertad personal, antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Bajo esa línea de razonamiento, la omisión de interponer el recurso de compulsa frente a la negativa de concesión del recurso de apelación constituye un incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional, en la medida en que dicho medio procesal se erige como la vía específica destinada a obtener el control de legalidad respecto de la decisión que impide el acceso a una instancia superior. En consecuencia, al no agotarse este mecanismo ordinario, no resulta jurídicamente viable habilitar la competencia de la justicia constitucional, pues ello implicaría sustituir indebidamente a la jurisdicción ordinaria y desnaturalizar la finalidad de la acción de libertad, transformándola en una instancia revisora de actuaciones que aún pueden ser objeto de control por las vías legalmente establecidas. Por otra parte, en lo que respecta a los agravios identificados en los puntos 1), 2) y 3) del objeto procesal, referidos a la supuesta ilegalidad del acuerdo transaccional, la alegada inducción en error por parte de la demandante y las presuntas irregularidades en la providencia de 18 de enero de 2023 -incluyendo la inobservancia de los arts. 446 y 447 del CFPF y la alegada contradicción en su contenido-, corresponde precisar que tales cuestionamientos se encuentran directamente vinculados con aspectos de legalidad ordinaria, valoración probatoria y control de actuaciones procesales, cuyo conocimiento y resolución compete primigeniamente a la autoridad jurisdiccional natural. En ese entendido, el análisis de dichos extremos se encuentra condicionado a la previa resolución de los mecanismos impugnatorios previstos por la normativa procesal una vez agotado el recurso de compulsa, no siendo viable que la justicia constitucional sustituya la competencia de la jurisdicción ordinaria en tanto no se hayan agotado las vías idóneas para la tutela de los derechos invocados debiéndose además analizar en su momento la acción constitucional idónea para acceder a la justicia constitucional. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, al evidenciarse el incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional y la existencia de mecanismos ordinarios idóneos, eficaces y oportunos que no fueron debidamente activados por el impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/23 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 114 vta. a 117 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0458_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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