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SCP 0458/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59000-2023-119-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0458/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59000-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 74/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Octavio Mayta Maquera contra Karen Careaga Miranda, Jueza Pública de Familia Segunda de El Alto y Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 25 de septiembre de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el fenecido proceso familiar de divorcio seguido a instancia de su ex pareja Angélica Rosario Choque Gutiérrez contra de su persona, debiendo pasar asistencia familiar; toda vez que, el 23 de septiembre de 2023, fue aprehendido por efectivos policiales en cumplimiento de un mandamiento de apremio emitido dentro de un proceso de asistencia familiar correspondiente a la gestión 2017, siendo posteriormente fue ingresado al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz.

Refirió que desconocía la tramitación del referido proceso y la emisión del citado mandamiento de apremio, señalando que no fue notificado con las actuaciones judiciales que dieron lugar a dicha medida; lo que, le impidió asumir defensa dentro del proceso. Asimismo, manifestó que mantenía contacto con su familia y con la parte beneficiaria de la asistencia familiar, afirmando que incluso había realizado pagos en la medida de sus posibilidades relacionados con dicha obligación; por lo que, consideró que la ejecución del mandamiento de apremio que derivó en su privación de libertad resultó indebida.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y los derechos a la defensa, a la libertad de circulación y a la dignidad y libertad personal, citando al efecto los arts. 22, 21.7 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 26 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Karen Careaga Miranda, Jueza Pública de Familia Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito que cursa de fs. 27 a 28 vta., manifestó que: a) Dentro del proceso de asistencia familiar, seguido por Angélica Rosario Choque Gutiérrez contra el acciónate, se tramitó la correspondiente liquidación de asistencia familiar, estableciéndose la existencia de una obligación impaga; en ese contexto, al evidenciarse el incumplimiento del pago de la asistencia familiar, se dispuso la emisión del mandamiento de apremio conforme a las facultades conferidas por la normativa familiar vigente; b) Todas las actuaciones procesales dentro de dicho proceso se realizaron conforme al procedimiento legal, habiéndose emitido el mandamiento de apremio como consecuencia del incumplimiento de la obligación alimentaria; por lo que, sostuvo que no se vulneró derecho alguno del accionante; y, c) Solicitó que se deniegue la acción de libertad, al considerar que la privación de libertad del accionante obedeció al cumplimiento de una determinación judicial dictada dentro de un proceso regular. Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz mediante informe escrito que cursa a fs. 13 y vta., manifestó que: 1) Que el accionante fue ingresado al Recinto Penitenciario de San Pedro en cumplimiento de un mandamiento de apremio emitido por autoridad judicial competente dentro de un proceso de asistencia familiar; 2) El ingreso del accionante al penal se realizó conforme a los procedimientos establecidos, registrándose su detención en el file personal correspondiente, adjuntando como respaldo copia del mandamiento de apremio y el certificado de ingreso del detenido; y, 3) No existió vulneración de derechos, puesto que su actuación se limitó a dar cumplimiento a una orden judicial, aclarando además que no fue la autoridad que emitió el mandamiento de apremio, por lo que sostuvo que no le corresponde legitimación pasiva dentro de la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 74/2023 de 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La privación de libertad del accionante se produjo en cumplimiento de un mandamiento de apremio emitido por autoridad judicial competente dentro de un proceso de asistencia familiar, por lo que no se evidenció la existencia de acto ilegal o indebido que justifique la procedencia de la acción de libertad; ii) El accionante fue privado de libertad en ejecución de un mandamiento de apremio dispuesto por la Juez hoy accionada competente dentro de un proceso de asistencia familiar; iii) la actuación del Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz se limitó al cumplimiento de una orden judicial, sin que se advierta actuación arbitraria o ilegal de su parte; y, iv) la emisión del mandamiento de apremio se produjo dentro de un proceso judicial en trámite, por lo que la acción de libertad no constituye el mecanismo idóneo para cuestionar decisiones adoptadas dentro de dicho proceso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado de ingreso de detenido, emitido por el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, del cual se advierte que Richard Octavio Mayta Maquera -hoy accionante- fue ingresado el 23 de septiembre de 2023, en cumplimiento de un mandamiento de apremio emitido por la Jueza Pública de Familia Segunda de la ciudad de El Alto -ahora accionada-, dentro de un proceso de asistencia familiar seguido a instancia de Angélica Rosario Choque Gutiérrez, por el incumplimiento de la obligación alimentaria (Fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad personal y al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa; puesto que, la Juez ahora accionada, en el marco de un proceso de asistencia familiar, dispuso la emisión del mandamiento de apremio el cual fue ejecutado en su contra; no obstante, según refirió, no fue notificado con las actuaciones procesales que dieron lugar a dicha medida, lo que le impidió asumir defensa dentro del proceso que derivó en su privación de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

La SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, establece que: “(…) En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, este entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración a sus derechos a la libertad personal y al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa; puesto que, la Juez ahora accionada, en el marco de un proceso de asistencia familiar, dispuso la emisión del mandamiento de apremio el cual fue ejecutado en su contra; no obstante, según refirió, no fue notificado con las actuaciones procesales que dieron lugar a dicha medida, lo que le impidió asumir defensa dentro del proceso que derivó en su privación de libertad. Ahora bien, previamente a efectuar el análisis del caso concreto, corresponde señalar que de los antecedentes se tiene que contra el accionante se emitió un mandamiento de apremio dentro de un proceso de asistencia familiar, el cual fue ejecutado el 23 de septiembre de 2023, siendo posteriormente ingresado al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, en cumplimiento de una orden judicial emitida por autoridad competente (Conclusión II.1). En ese contexto, respecto al argumento principal del accionante referido a la falta de notificación dentro del proceso de asistencia familiar, corresponde precisar que conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en situaciones emergentes de la emisión de mandamientos de apremio en materia de asistencia familiar, deben agotarse previamente los mecanismos idóneos previstos en la jurisdicción ordinaria, antes de acudir a la acción de libertad, a efectos de no desnaturalizar su carácter subsidiario excepcional. En el caso concreto, el accionante cuestionó aspectos inherentes al desarrollo del proceso de asistencia familiar, particularmente la falta de notificación con las actuaciones procesales que derivaron en la emisión del mandamiento de apremio; sin embargo, dichos extremos debieron ser reclamados a través de los mecanismos procesales previstos dentro del mismo proceso familiar, como ser los incidentes o recursos que la normativa aplicable prevé, a fin de que la autoridad jurisdiccional pueda revisar y, en su caso, corregir posibles irregularidades. En ese entendido, la acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios de defensa, cuando éstos resultan idóneos, eficaces y oportunos para la protección de los derechos alegados; puesto que, lo contrario implicaría desnaturalizar su finalidad constitucional. Por otra parte, no se advierte que la privación de libertad del accionante haya sido dispuesta al margen de un proceso judicial o por autoridad incompetente, sino que la misma se produjo en cumplimiento de un mandamiento de apremio emitido por autoridad jurisdiccional competente dentro de un proceso de asistencia familiar en trámite, como consecuencia del incumplimiento de una obligación legal. Asimismo, en relación a la actuación del Director del Centro Penitenciario de San Pedro, se evidencia que la misma se limitó al cumplimiento de una orden judicial, sin que se advierta actuación arbitraria o ilegal de su parte, por lo que no resulta atribuible vulneración de derechos fundamentales en su actuación. En consecuencia, al no evidenciarse la existencia de un acto ilegal o indebido que haya derivado en la privación de libertad del accionante, y considerando que los cuestionamientos formulados debieron ser canalizados a través de los mecanismos ordinarios de defensa, corresponde concluir que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2023 de 26 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0458_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 239e897b289eaee3ef1d54e65d6548d2e767a240f1d4a3347d0c7a3b9bd384a0

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