B.IA.LEGAL

SCP 0457/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58983-2023-118-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y una justicia pronta y oportuna; puesto que, en el proceso penal contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue favorecido con el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y se dispuso se levanten todas las medidas cautelares en su contra; por lo que, el 27 de julio de 2023, solicitó al Juez de la causa ordene la realización de los oficios extrañados para el efecto, que fue providenciado dándose curso a lo peticionado; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa la Secretaria ahora accionada no expidió los oficios requeridos ni otorgó las fotocopias legalizadas, lo que no le permitió levantar las medidas impuestas contra su persona lesionando de esta manera sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 126/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 13 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, sin disponer la otorgación de los oficios requeridos; por cuanto, eso ya fue ordenado por el Juez de garantías; asimismo, se exhorta a Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del mencionado departamento, a no incurrir en dilaciones posteriores injustificadas que vulneren derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0457/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58983-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 126/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 13 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Federico Alejandro Paxi Luna en representación sin mandato de Manuel Richardi Mercado Guzmán contra Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 4 a 6, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Resulta que en el proceso penal seguido por el Ministerio público a denuncia de Maribel Guzmán Rocha contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), la Fiscalía Departamental emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se hubiesen impuesto y la cancelación de los antecedentes policiales, por tal motivo solicitó al Juez de la causa el levantamiento de todas las medidas impuestas; es así que, en audiencia de consideración de levantamiento de medidas cautelares de carácter personal el nombrado Juez mediante Auto Interlocutorio 184/2023 de 19 de julio, dispuso se emitan los respectivos oficios ante la Fiscalía Departamental, Migración, Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y demás instancias donde se debía proceder a levantar cualquier tipo de restricción que tenía.

En ese sentido, se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, para recabar la copia de la resolución emitida -Auto Interlocutorio 184/2023- y los oficios requeridos; sin embargo, la Secretaria hoy accionada con excusas, sin sustento se negó a entregar dichos documentos, debido a lo cual el 27 de julio de 2023, presentó memorial solicitando fotocopias legalizadas y se realice los oficios dispuestos en audiencia, emitiéndose el decreto dando curso a lo pedido; empero, a pesar de ello tampoco se le entregó lo requerido, con el argumento de “‘…porque tengo que entregarle oficios donde se dispuso, pida con memorial, no tenemos tiempo, el pasante que tenía que hacer ya no está viniendo…”’ (sic), entre otras excusas que dejaron pasar más de un mes desde lo ordenado por el Juez de la causa, lo que muestra la omisión en la que está incurriendo la Secretaria ahora accionada, causando una total retardación de justicia, quebrantando los principios básicos a una justicia pronta y oportuna.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se conmine a la Secretaria hoy accionada, entregue en el día los oficios y fotocopias legalizadas solicitadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el “24” de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando manifestó que: a) Conforme resolvió el Fiscal Departamental se ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento en su favor, disponiendo la conclusión del proceso y la cesación de las medidas cautelares que se impusieron; así como, la cancelación de los antecedentes policiales, para lo cual solicitaron al Juez de la causa el levantamiento de todas las medidas impuestas; b) Mediante Auto Interlocutorio 384/2023, el nombrado Juez dispuso que se emitan los oficios correspondientes a todas las instancias donde se impusieron medidas cautelares de carácter personal con relación al presente caso; c) Al realizar el seguimiento a lo dispuesto por el mencionado Juez y solicitar las fotocopias correspondientes se encontraron con el incumplimiento de parte de la Secretaria ahora accionada quien con excusas trato de justificar su negligencia, razón por la cual tuvieron que presentar memorial el 27 de julio de 2023, el cual fue providenciado por el Juez de la causa, dando curso a lo solicitado; d) A pesar de lo dispuesto la nombrada Secretaria no cumplió con lo ordenado, dejando que transcurra más de un mes desde lo determinado por la autoridad judicial, generando una dilación indebida quebrantando los principios básicos del derecho penal conforme señala el art 364 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, e) Se evidencia de manera clara el incumplimiento de deberes y de retardación de justicia de parte de la Secretaria hoy accionada, razón por la cual pidió se conceda la tutela solicitada y se conmine a que entregue los oficios y copias legalizadas requeridas.

I.2.2. Informe de la Secretaria accionada

Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) Es evidente que se emitió el Auto Interlocutorio 384/2023 de levantamiento de medidas impuestas al imputado -accionante- y se ordenó se emitan los oficios, Auto Interlocutorio que se encuentra arrimada al cuaderno de control jurisdiccional; 2) El 28 de julio de 2023, por informe se puso a conocimiento del Juez de la causa, que hasta esa fecha ni el abogado o imputado se hicieron presentes a recoger los oficios que se encuentran adjuntos en originales en el cuaderno de control jurisdiccional; 3) Por memorial de 27 de igual mes y año, se solicitó fotocopias legalizadas; sin embargo, tampoco se apersonaron a efecto de poder recoger las mismas; así también, que los oficios deben ser tramitados por el imputado y no por la Secretaria quien alega que además tiene sobre carga procesal; debido a que, en su Juzgado existen más de siete mil procesos en curso; y, 4) Expreso que la solicitud del accionante fue cumplida en todo lo que concierne dicho Auto Interlocutorio; puesto que, se arrimaron los oficios ordenados, razón por la cual pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 126/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 13 a 17 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación de toda persona que se crea estar indebidamente o ilegalmente perseguida o que considere que su vida o integridad física está en peligro, ii) El accionante debía establecer de qué manera su vida se encuentra en peligro o esta ilegalmente perseguido, procesado o indebidamente privado de su libertad personal, extremos que no se dieron a conocer en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa; por lo que, se evidenció que existe un error u omisión en la forma de pedir la tutela solicitada a la autoridad jurisdiccional; iii) En ese orden se observa que básicamente funda su acción constitucional en el hecho de que a la fecha no se le entregaron los oficios ordenados en el Auto Interlocutorio 384/2023 de levantamiento de medidas cautelares impuestas y que tampoco se hizo entrega de las fotocopias legalizadas solicitadas al Juez cautelar que conoció la causa; iv) En ese marco la presente garantía constitucional se viabiliza con la finalidad de precautelar los derechos que tutela, para así evitar reparar conductas que incurren en demora y desmedro de las personas cuya libertad esta privada, las que a su vez, vulneran el principio de celeridad, cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física; v) Se debe resaltar que para la procedencia de la acción de libertad, la resolución cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad, caso contrario al no existir la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto; vi) Conforme a lo expuesto, se tiene claramente que en el caso no se evidencia una persecución indebida, tampoco la posibilidad de considerar la dilación indebida denunciada tomando en cuenta que la acción de libertad de pronto despacho solo es procedente en casos relacionados a la libertad, lo que no acontece con el accionante; por lo que, al no existir la vinculación señalada la falta de celeridad debe ser reclamada vía acción de amparo constitucional; vii) En el caso analizado el nombrado no está privado de su libertad; puesto que, el imputado sobreseído no se encuentra detenido; por otro lado, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional remitido en original se tiene el Auto Interlocutorio 384/2023, que evidentemente ordena la emisión de un oficio a la Fiscalía Departamental y la emisión de un oficio a la Dirección General de Migraciones; asimismo, cursa un Oficio dirigido ante la Fiscalía Departamental de La Paz de 24 de julio de 2023, con número 509/2023, como también un oficio con número 508/2023 de 24 de igual mes, dirigido al Director de Migración; y, viii) Se aprecia el Informe original de 28 del referido mes de 2023, que señala que en el cuaderno de control jurisdiccional cursa dicho Auto Interlocutorio y en cumplimiento de la autoridad judicial se elaboró dos oficios dirigidos, uno ante la citada Fiscalía Departamental y otro a la Dirección General de Migración; es decir, que la pretensión del accionante sobre las fotocopias legalizadas como la entrega de los oficios pueden hacerse una vez que el cuaderno de control jurisdiccional sea devuelto al juzgado natural; puesto que, esos cursan en originales en el cuaderno de control jurisdiccional; por lo que, no se encuentra vulneración alguna a los derechos del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 384/2023 de 19 de julio, de levantamiento de medidas cautelares de carácter personal, donde el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la extinción de la acción penal y el correspondiente archivo de obrados del caso; asimismo, ordenó se emitan los respectivos oficios a las instancias donde Manuel Richardi Mercado Guzmán -hoy accionante- tenía medidas cautelares personales, a efectos de que las mismas sean canceladas en virtud al sobreseimiento determinado dentro del proceso penal en su contra (fs. 3 y vta.). II.2. Cursa fotografía de denuncia manuscrita realizada por el accionante el 22 de agosto de 2023, donde realizo la queja correspondiente sobre la falta de entrega de los oficios requeridos y las fotocopias legalizadas que fueron ordenadas por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz y que no fueron entregadas por la Secretaria de ese Juzgado (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y una justicia pronta y oportuna; puesto que, en el proceso penal contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue favorecido con el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y se dispuso se levanten todas las medidas cautelares en su contra; por lo que, el 27 de julio de 2023, solicitó al Juez de la causa ordene la realización de los oficios extrañados para el efecto, que fue providenciado dándose curso a lo peticionado; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa la Secretaria ahora accionada no expidió los oficios requeridos ni otorgó las fotocopias legalizadas, lo que no le permitió levantar las medidas impuestas contra su persona lesionando de esta manera sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; c) Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0175/2025-S3 de 31 de marzo, reiterando el entendimiento asumido por diversa jurisprudencia constitucional referida este aspecto señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento jurídico III.3, al respecto refirió que: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrollo la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aun, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. En ese mismo sentido, con relación al principio de celeridad para una justicia pronta; la SCP 266/2020-S1 de 5 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entre otras, señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad”.

III.3. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional

La SCP/0961/2019-S4 de 21 de noviembre, establece que: [Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció '…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)'. Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se someten a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrariarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»] (las negrillas nos corresponden). En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo jurisdiccional, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ese funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; Sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de competencia deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; ya que, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; en consecuencia, el buen desempeño de los trabajos administrativos y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo; empero, principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad; ya que, cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su trabajo, aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y una justicia pronta y oportuna; puesto que, en el proceso penal contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue favorecido con el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y se dispuso se levanten todas las medidas cautelares en su contra; por lo que, el 27 de julio de 2023, solicitó al Juez de la causa ordene la realización de los oficios extrañados para el efecto, que fue providenciado dándose curso a lo peticionado; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa la Secretaria ahora accionada no expidió los oficios requeridos ni otorgó las fotocopias legalizadas, lo que no le permitió levantar las medidas impuestas contra su persona lesionando de esta manera sus derechos y garantías constitucionales. De la revisión de los antecedentes se tiene que al haber dispuesto el Fiscal Departamental de La Paz, la conclusión del proceso por sobreseimiento, el accionante presento ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, solicitud de levantamiento de las medidas cautelares impuestas; por lo que, la autoridad judicial en audiencia de 19 de julio -2023- emitió el Auto Interlocutorio 384/2023 determinando la extinción de la acción penal y en consecuencia el archivo de obrados, al mismo tiempo ordenó se oficie a las distintas instancias donde el accionante contaba con medidas cautelares de carácter personal, (Fiscalía Departamental de La Paz, Migración, REJAP, Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, entre otras medidas), eso con relación al caso concreto (Conclusión II.1.); sin embargo, al haber acudido al juzgado a objeto de recabar lo solicitado, se encontró que lo requerido no había sido elaborado, a pesar de que ya fue dispuesto no solo en el citado Auto Interlocutorio, si no que fue ratificado por decreto de 27 de julio de 2023, en la que el Juez de la causa de manera expresa señaló cumplir con lo extrañado. Por su parte, la Secretaria hoy accionada en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, manifestó que es evidente que se ordenó la emisión de los oficios; por lo que, el 28 de julio de 2023, a través de un informe puso a conocimiento del Juez de la causa, que ni el abogado o imputado se hicieron presentes a recoger los oficios ordenados, los cuales se encontraban adjuntos en originales en el cuaderno de control jurisdiccional; además que esos deben ser tramitados por la parte imputada y no por la Secretaria. En ese entendido, debido a los antecedentes del presente caso, se debe reiterar que uno de los presupuestos de activación de este mecanismo de defensa es la afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, situación que de hecho se da en el caso analizado; debido a que, se activó esta acción de defensa, por la clara retardación de justicia generada por la Secretaria ahora accionada; puesto que, la falta de emisión en tiempo oportuno de los oficios necesarios a las entidades de control de medidas cautelares personales, no permitió que se conociera que el imputado -accionante- fue sobreseído del proceso penal en su contra y que determinó la extinción y archivo de obrados del caso; por lo que, contaba con toda la libertad de movilizarse; empero, al no hacerlo en tiempo oportuno se restringió su derecho de locomoción; puesto que, transcurrió más de un mes desde que se ordenó se otorguen los oficios respectivos; por consiguiente, no podía movilizarse libremente por seguir con las medidas impuestas ante la falta de conocimiento de las instancias pertinentes.

Los argumentos expuestos en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, por parte de la Secretaria hoy accionada, resultan ser inconsistentes; puesto que, no es creíble que el 28 de julio de 2023, hubiese informado al Juez de la causa que la parte interesada -accionante- o su abogado no recogieron los oficios, cuando se tiene que los nombrados un día antes presentaron memorial solicitando a citado Juez ordene la emisión de los mismos, incluido al hecho de que se vieron en la necesidad de denunciar el retraso de manera manuscrita en el Libro de Seguimiento del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.2.), el 22 de agosto de 2023, donde expusieron los motivos que hoy reclaman en esta acción de defensa que fue presentada dos días después de esa queja; pues cual sería el motivo de hacerlo a través de una instancia constitucional si lo solicitado se encontraría en el cuaderno de control jurisdiccional, aspecto que no es coherente con los hechos denunciados; puesto que, si bien el Juez de garantías verificó que los oficios extrañados se encontraban en el cuaderno procesal, ciertamente no se llegó a evidenciar que esta diligencia habría sido realizada en la fecha que expresó la Secretaria ahora accionada, mucho menos que hubiese sido cumplida en tiempo oportuno. En ese entendido, es evidente que la obligación de la Secretaria hoy accionada, no fue realizada de manera diligente, existiendo un retraso superabundante de más de treinta días en el que coloco a la parte interesada -accionante- en un estado de incertidumbre jurídica, debido a un actuado de mero trámite que debió llevarse a cabo en observancia al principio de celeridad, más aun, si de por medio se encuentran comprometidos derechos fundamentales y garantías constitucionales que deben ser respetados en todo momento y por todo servidor público, omisión que de manera clara vulneró el debido proceso en su elemento de celeridad, que debe ser resuelto a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de este fallo constitucional, cuyo fin es precautelar que las peticiones sean atendidas con la prontitud correspondiente y que además prevé que un funcionario de apoyo jurisdiccional cuenta con legitimación pasiva para ser demandado en una acción de defensa cuando la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones u obligaciones que tienen. De lo señalado se acredita la dilación indebida en la que incurrió la Secretaria ahora accionada; por lo que, resulta viable otorgar la tutela solicitada aún se haya cumplido el objeto procesal de esta acción de libertad; por cuanto, esta conducta es contraria al orden constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 126/2023 de 25 de agosto, cursante de fs. 13 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, sin disponer la otorgación de los oficios requeridos; por cuanto, eso ya fue ordenado por el Juez de garantías; asimismo, se exhorta a Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarta de la Capital del mencionado departamento, a no incurrir en dilaciones posteriores injustificadas que vulneren derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0457_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5ec2342350a100329ff2bc04803018974bb1ed41f9fb71955307092ae5b8b926

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