Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, tras determinar su detención preventiva por cinco meses, incurrió en demora al remitir el expediente del proceso -por declinatoria en razón de materia-, ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la misma Capital y departamento; y, omitió celebrar la audiencia de situación jurídica argumentando que la causa cuenta con declinatoria. Por otro lado, el precitado Juzgado, devolvió el cuaderno de control jurisdiccional por falta de celebración de la señalada audiencia y la falta de una resolución que explique el porqué de la demora en la remisión de antecedentes; generando dilación que impide llevar a cabo la audiencia de situación jurídica, encontrándose detenido más de seis meses y dieciocho días. Por su parte, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado- presentó informe señalando que no emitió pronunciamiento alguno sobre la remisión del proceso, menos que el accionante haya realizado algún reclamo a su persona. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 358/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por la falta de resolución de la situación jurídica del accionante, disponiendo que dicha autoridad programe el acto judicial extrañado de manera inmediata de ser notificado con el presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya haya sido resuelta, o se hubiese modificado por el carácter temporal y modificable de las medidas cautelares. 2° DENEGAR la tutela en relación al personal de apoyo codemandado, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0457/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52071-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 358/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en representación sin mandato de Elvis Gabriel Gutiérrez Rojas contra Armando Zeballos Guarachi, Juez; Valquiria Juanny Ly Machaca Condori, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Décimo; y, Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero todos de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 4, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 30 de abril de 2022, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que entonces se encontraba de turno, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del precitado departamento por el lapso de cinco meses; posteriormente, el referido Juzgado “realiza la declinatoria” de la causa por materia el mes de junio del referido año, ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la referida Capital y departamento; sin embargo, el expediente no fue recepcionado “…indicando que tendría observaciones por no haberse remitido al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente…” (sic). Para subsanar dicha omisión, se envió el expediente ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la citada Capital y departamento. En ese contexto, el 30 de septiembre de 2022, venció el plazo de su detención preventiva, por lo que debió llevarse audiencia de situación jurídica; sin embargo, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no lo hizo, porque el caso ya fue declinado.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se señale día y hora de audiencia de situación jurídica a la brevedad posible, previas formalidades de rigor.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 19 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia manifestó que: a) Se presentó la presente acción tutelar contra Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, debido a la demora en remitir la declinatoria del proceso en razón de materia; b) Se presentó memorial el 28 de agosto de 2022, solicitando señalamiento de audiencia de situación jurídica ya que no se logró revisar el cuaderno de control jurisdiccional; y, c) Existe una negativa de Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la misma Capital y departamento, quien “…de puertas para adentro…” (sic) dispuso no recibir el expediente pese a existir una declinatoria de competencia.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante a fs. 9, refirió que no existe pronunciamiento alguno por su parte, ya sea positivo o negativo en relación a la remisión del proceso que sigue el Ministerio Público contra Elvis Gabriel Gutiérrez Rojas, menos la parte ahora accionante presentó queja alguna de manera escrita o verbal; por lo que, no existe vulneración de derechos o garantías constitucionales atribuibles a su persona, debiendo declararse improcedente la presente acción tutelar. Valquiria Juanny Ly Condori, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 11 a 12, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que: 1) El Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la referida Capital y departamento, debió remitir el expediente lo antes posible al tratarse de un caso con detenido preventivo; sin embargo, el indicado despacho judicial remitió obrados por sistema el mes de junio de 2022 y, el “cuaderno en físico” en agosto del citado año; 2) El expediente no contaba con el oficio de remisión al juzgado de ejecución penal, siendo requisito indispensable para su recepción y el resguardo del derecho del detenido preventivo, por lo que se devolvió el mismo el 30 de agosto de igual año; 3) También se observó “…respecto a la audiencia de Situación Jurídica ya que la misma habría ya vencido, toda vez que el plazo de la detención preventiva era por el plazo de 5 meses (…) dicha audiencia debía efectuarse en fecha 30 de septiembre de 2022…” (sic); 4) Se volvió a remitir el expediente sin ningún pronunciamiento o informe por parte del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer primero de la precitada Capital y departamento; por lo que, se hizo conocer a la abogada del peticionante de tutela que la señalada omisión debía estar justificada, ya que transcurrieron seis meses sin que se haya remitido el cuaderno de control jurisdiccional; 5) El 18 de noviembre de igual año, se volvió a mandar el expediente con un informe emitido por la auxiliar del indicado Juzgado, refiriendo que la demora en la remisión se debió a que se encontraban en traslado y el proceso se habría “entrepapelado”; 6) El instructivo de traslado y/o reubicación de juzgados se efectuó el mes de septiembre del señalado año y se pretende remitir el cuaderno de control jurisdiccional recién en octubre, por lo que acompañó la impresión de los actuados del proceso penal de referencia en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ). Mirko Steel Ayllon Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 8 y vta.
El Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 358/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., concedió en parte la tutela solicitada en relación al Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Capital y departamento indicados, ordenando la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en el día ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la referida Capital y departamento; y, denegó respecto a Armando Zeballos Guarachi, Juez, y Valquiria Juanny Ly Machaca Condori Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital de similar departamento, con base en los siguientes fundamentos: i) En la presente acción tutelar, únicamente se presentó memorial de 25 de agosto de 2022, por el que se solicitó al precitado Juzgado, señalamiento de audiencia de consideración de la situación jurídica; ii) Conforme el SIREJ, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la misma Capital y departamento, declinó competencia ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la citada Capital y departamento, el 8 de junio de citado año; empero, remitió el expediente de forma física recién el 30 de agosto de igual año, el cual fue observado porque no se remitió las “piezas pertinentes” al juez de ejecución penal al haberse determinado la detención preventiva del imputado -hoy accionante-; iii) En relación al Juez de Instrucción Penal Décimo de la señalada Capital y departamento, no se encontró legitimación pasiva, porque no existió ningún pronunciamiento del mismo en relación a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el impetrante de tutela; iv) Las acciones dilatorias señaladas son atribuibles al “…Secretario y Auxiliar del Juzgado Primero de Anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer de esta ciudad…” (sic), por no actuar con diligencia y prontitud en la remisión del cuaderno procesal y por existir un evidente incumplimiento de funciones; y, v) La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la precitada Capital y departamento, efectuó las observaciones en forma verbal al momento de pretenderse remitir en físico el cuaderno de control jurisdiccional; por lo que, no existió incumplimiento de funciones por parte de la misma.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 25 de agosto de 2022, por el cual, el accionante solicitó señalamiento de audiencia de situación jurídica ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz (fs. 1 y vta.). II.2. Se tiene impresión de actuados procesales registrados en el SIREJ (fs. 10).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, tras determinar su detención preventiva por cinco meses, incurrió en demora al remitir el expediente del proceso -por declinatoria en razón de materia-, ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la misma Capital y departamento; y, omitió celebrar la audiencia de situación jurídica argumentando que la causa cuenta con declinatoria. Por otro lado, el precitado Juzgado, devolvió el cuaderno de control jurisdiccional por falta de celebración de la señalada audiencia y la falta de una resolución que explique el porqué de la demora en la remisión de antecedentes; generando dilación que impide llevar a cabo la audiencia de situación jurídica, encontrándose detenido más de seis meses y dieciocho días. Por su parte, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado- presentó informe señalando que no emitió pronunciamiento alguno sobre la remisión del proceso, menos que el accionante haya realizado algún reclamo a su persona. La Secretaria del citado Juzgado -codemandada-, indicó que el expediente fue remitido con demora; además, fue observado porque el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la referida Capital y departamento no celebró la audiencia de situación jurídica ni remitió antecedentes ante un juez de ejecución penal. El Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital y departamento referidos -codemandado-, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías. Por consiguiente, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual exige que toda causa, sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
Delimitada la problemática que originó la interposición de la presente acción de defensa, corresponde precisar lo siguiente: En cuanto al Juez demandado Si bien Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital departamento de La Paz -codemandado-, manifiesta que no se pronunció en relación a la remisión del proceso penal y que no se advierte de antecedentes, que la parte impetrante de tutela haya realizado reclamo alguno ante dicha autoridad; respecto a la vulneración hoy reclamada, se tiene que -de antecedentes- la parte accionante mediante memorial de 25 de agosto de 2022, se presentó y solicitó ante la citada autoridad, el señalamiento de audiencia de situación jurídica (Conclusión II.1); es decir, que el nombrado Juez conocía sobre la situación jurídica pendiente de resolución del accionante (Conclusión II.2); además, por el informe escrito, Valquiria Juanny Ly Machaca Condori, Secretaria del precitado Juzgado, refiere que, si bien se realizó la devolución del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la señalada Capital y departamento, observando la falta del oficio de remisión a un juez de ejecución penal, así como la falta de celebración de la audiencia de situación jurídica, la misma funcionaria manifestaría que: “…el pasante del Juzgado nuevamente vuelve con el cuaderno de control jurisdiccional acompañado de la Abogada de Defensa Pública, únicamente subsanando el oficio de remisión a Ejecución…” (sic); por lo que, habiéndose subsanado dicha observación se evidencia que el Juez demandado tuvo la posibilidad de resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, siendo que el mismo se encuentra detenido excediendo el plazo de cinco meses que le fue impuesto; en consecuencia, corresponde otorgar tutela en relación al Juez demandado. En cuanto a los Secretarios demandados
Respecto al Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la misma Capital y departamento -codemandados-, si bien dichos servidores cuentan con legitimación pasiva, el accionante no acudió previamente ante el inmediato superior de dichos funcionarios para alegar la dilación o el perjuicio que reclama; en cuanto a la demora en la tramitación de la presente causa, que habrían ocasionado con su actuar conforme establece la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que refiere: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad ya la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”. Ante lo expuesto, se denota que la parte accionante no consideró el mencionado fundamento jurídico, debiendo en consecuencia denegarse la tutela en relación a los Secretarios codemandados. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 358/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por la falta de resolución de la situación jurídica del accionante, disponiendo que dicha autoridad programe el acto judicial extrañado de manera inmediata de ser notificado con el presente fallo constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya haya sido resuelta, o se hubiese modificado por el carácter temporal y modificable de las medidas cautelares. 2° DENEGAR la tutela en relación al personal de apoyo codemandado, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0457_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): ba8f7ccc5cd1e8ea436dab418d2711d0eff50e29743dbf3651c1a51cb72a1805
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