Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, la lesión de la garantía al debido proceso en sus vertientes vinculatoriedad horizontal de las resoluciones, aplicación objetiva de la norma, motivación, fundamentación y congruencia; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, con base en el art. 306 del CPP, negó el requerimiento de notificación a la Psicóloga Forense del IDIF para que realizara la valoración psicológica de la víctima, argumentando que, al existir ya acusación formal, no procedía ningún acto investigativo; sin embargo, dicha negativa desconoció su propia determinación previa, pues ya había emitido un requerimiento favorable vinculado con dicha solicitud; asimismo, se trataba de una gestión administrativa orientada a una eventual cesación de la detención preventiva, no de un acto investigativo fundado en el citado artículo.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0456/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54512-2023-110-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Benjamín Guzmán Vargas en representación sin mandato de Pedro López Soza contra Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 4 de marzo de 2023, cursante de fs. 6 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el 3 de octubre de 2022, presentó memorial ante Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia -ahora demandado-, solicitando que requiriera la notificación de la Psicóloga Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que realizara una valoración psicológica a la víctima, con fundamento en la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, que establece que dicha autoridad no puede negar requerimientos orientados a desvirtuar un riesgo procesal y posibilitar una eventual solicitud de cesación a su detención preventiva. En consecuencia, el Fiscal emitió el requerimiento el 5 de ese mes y año -aunque consignó erróneamente el mes de septiembre-, dando lugar a lo solicitado. Al momento de su petición y de dicho requerimiento, ya existía acusación pública de 5 de agosto del referido año.
El 16 de enero de 2023, la Psicóloga Forense del IDIF informó que, hasta esa fecha, la víctima no se presentó ante sus oficinas para la evaluación; por lo que, ese mismo día, se reiteró la solicitud de notificación de la profesional, en los mismos términos que los planteados el 3 de octubre de 2022. Como respuesta, el Fiscal demandado emitió el requerimiento de 17 de enero de 2023, mediante el cual negó lo pedido, argumentando que el caso ya contaba con acusación desde el 5 de agosto de 2022 y que, conforme al art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), su actuación se limita a la etapa preparatoria, por lo que se encontraba imposibilitado de generar actuados o diligencias de investigación fuera de dicha etapa.
Sin embargo, en el memorial de 16 de enero de 2023, no solicitó un acto investigativo conforme al art. 306 del CPP, sino una gestión administrativa orientada a una eventual cesación de su detención preventiva, bajo el mismo tenor de su memorial del 3 de octubre de 2022, al cual sí se le dio curso. En ese entendido, la autoridad fiscal obvió los fundamentos de derecho expuestos en dicha solicitud, por lo que mal podría sostenerse que la acción incumple el principio de subsidiariedad con base en el citado artículo.
Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus vertientes vinculatoriedad horizontal de las resoluciones, aplicación objetiva de la norma, motivación, fundamentación y congruencia; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADD).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el requerimiento de 17 de enero de 2023 y se disponga la emisión de uno nuevo en el que se tome en cuenta las consideraciones de la resolución constitucional a ser emitida.
Celebrada la audiencia pública el “5” -siendo lo correcto 4- de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que si bien anteriormente se estableció que para conocer vulneraciones al debido proceso vía acción de libertad debían cumplirse dos presupuestos relativos a la directa vinculación con la libertad y el absoluto estado de indefensión, la línea jurisprudencial con el estándar más alto, a partir de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, definió que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable a través de la acción de libertad incluso cuando no exista una vinculación directa con dicho derecho, siendo suficiente una relación indirecta ante la amenaza de restricción del derecho a la libertad. Por otro lado, complementó su pretensión, solicitando que se emita nuevo pronunciamiento por el Fiscal demandado en el plazo de veinticuatro o cuarenta y ocho horas.
Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia, en audiencia de la acción tutelar, refirió que: a) No existe norma que le faculte a realizar actuados o emitir requerimientos de investigación fuera de la etapa preparatoria, siendo el art. 209 del CPP claro al establecer que los peritos serán propuestos y designados por el Fiscal durante dicha etapa, siempre que no se trate de anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez en cualquier etapa del proceso; la norma es puntual y no distingue si la solicitud tiene carácter administrativo o si persigue una cesación de la detención preventiva; b) Una vez presentado el pliego acusatorio, la proposición de prueba de descargo, incluyendo peritos y puntos de pericia, debe ser aceptada por el órgano jurisdiccional; c) El Requerimiento de 5 de octubre de 2022 aludido por el accionante únicamente solicita la notificación de la Psicóloga Forense y en ningún caso la designa como perito ni establece los puntos de pericia; d) A través del memorial de 16 de enero de 2023 se pretende el establecimiento de puntos de pericia relativos a la valoración psicológica de la personalidad y conducta de la víctima, a fin de determinar la credibilidad de su testimonio, de lo que se advierte que es una proposición de diligencias de investigación; y, e) En la presente causa, el impetrante de tutela acude directamente a la jurisdicción constitucional cuando previamente debió acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional; sin embargo, no lo hizo, pues la causa ya se encuentra en etapa de juicio donde el órgano jurisdiccional ya no controla actos de investigación.
El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Teniendo en cuenta que la presente causa se encuentra en etapa de juicio oral, la parte impetrante de tutela de manera previa debió acudir ante el Tribunal que está conociendo del proceso penal, siendo esa la instancia idónea para reparar de forma oportuna y eficaz el derecho presuntamente vulnerado y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional; y, 2) Si bien la SCP 0134/2018-S4 invocada por el accionante, trata un caso análogo, en aquella oportunidad previamente y de manera reiterada la parte interesada acudió ante el Juez del proceso, habiéndose inclusive interpuesto recurso de reposición, lo que no ocurre en el presente caso, al no haberse agotado previamente aquella instancia, por lo que, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 24 a 26); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 16 de enero de 2023, Pedro López Soza -ahora accionante- solicitó a Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia -ahora demandado-, la emisión de un requerimiento para notificar a la Psicóloga Forense del IDIF, a fin de que realice la valoración psicológica de la víctima respecto de su personalidad y conducta emocional, así como la determinación de la credibilidad de su testimonio. Dicha solicitud fue declarada no ha lugar mediante decreto de 17 del mismo mes y año, bajo el argumento de que no existe previsión normativa que faculte al Ministerio Público a generar actuados o diligencias de investigación fuera de la etapa preparatoria (fs. 4 y 5).
El accionante, a través de su representante sin mandato, la lesión de la garantía al debido proceso en sus vertientes vinculatoriedad horizontal de las resoluciones, aplicación objetiva de la norma, motivación, fundamentación y congruencia; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, con base en el art. 306 del CPP, negó el requerimiento de notificación a la Psicóloga Forense del IDIF para que realizara la valoración psicológica de la víctima, argumentando que, al existir ya acusación formal, no procedía ningún acto investigativo; sin embargo, dicha negativa desconoció su propia determinación previa, pues ya había emitido un requerimiento favorable vinculado con dicha solicitud; asimismo, se trataba de una gestión administrativa orientada a una eventual cesación de la detención preventiva, no de un acto investigativo fundado en el citado artículo.
Ante ello, el Fiscal de Materia demandado sostuvo que: i) No existe norma que le faculte a realizar actos investigativos fuera de la etapa preparatoria; el art. 209 CPP solo permite designar peritos durante esa fase, sin distinguir si la solicitud es administrativa o para cesación; ii) Presentada la acusación, la proposición de prueba de descargo incluyendo la pericial debe ser aceptada por el órgano jurisdiccional; iii) El Requerimiento de 5 de octubre de 2022 solo dispone la notificación de la Psicóloga Forense, sin designarla como perito ni establecer puntos de pericia; iv) El memorial de 16 de enero de 2023 pretende el establecimiento de puntos de pericia sobre personalidad, conducta y credibilidad de la víctima, lo que constituye una proposición de diligencias de investigación; y, v) El accionante activa directamente la vía constitucional sin acudir previamente al control jurisdiccional, pues la causa ya está en juicio y el órgano jurisdiccional ya no controla actos de investigación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, precisando los presupuestos de activación del recurso habeas corpus, ahora acción de libertad, cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, concretizó que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras).
En el caso objeto de estudio la parte accionante denuncia como acto lesivo a sus derechos la negativa de Franz Zulmer Villegas Chávez, Fiscal de Materia -ahora demandado-, a emitir un requerimiento de notificación a la Psicóloga Forense del IDIF, solicitud que fue aceptada el 5 de octubre de 2022 y luego denegada el 17 de enero de 2023 con base en el art. 306 del CPP. Conforme a la jurisprudencia reiterada de este Tribunal -SC 0619/2005-R y posteriores-, cuando se invoca procesamiento ilegal o indebido a través de la acción de libertad, deben concurrir de manera simultánea dos presupuestos; primero, que el acto u omisión denunciado esté vinculado directamente con la libertad, operando como causa directa para su restricción o supresión; y, segundo, que exista absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no haya tenido oportunidad de impugnar el acto lesivo dentro del proceso ordinario. El accionante, en audiencia, citó la SCP 0217/2014 para sostener que el debido proceso penal es tutelable mediante acción de libertad incluso sin vinculación directa con la libertad, bastando una relación indirecta; sin embargo, es preciso señalar que dicho entendimiento fue reconducido por la SCP 1609/2014 de 19 de agosto y ratificado en numerosos fallos posteriores, entre ellos la SCP 1031/2023-S3 de 21 de septiembre, estableciendo que la acción de libertad no puede desnaturalizarse para conocer asuntos meramente procedimentales que no guarden vinculación directa con el derecho a la libertad; en tales supuestos, la vía idónea es la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los mecanismos intraprocesales. Superada la invocación jurisprudencial del accionante, corresponde verificar si en el presente caso concurren los dos presupuestos exigidos para la protección del debido proceso a través de la acción de libertad. Con relación al primer presupuesto, el accionante se encuentra con detención preventiva dictada por autoridad jurisdiccional competente, previa verificación de los presupuestos legales para imponer esta medida. La negativa del Fiscal de Materia demandado a emitir el segundo requerimiento de notificación a la Psicóloga Forense no constituye, por sí misma, una causa directa de restricción de la libertad del impetrante de tutela. Aun si se hubiera dado curso a dicha solicitud y la pericia se hubiera practicado, ello no determinaría de forma automática la cesación de la detención preventiva; dicha cesación requiere un trámite procesal independiente ante el juez de la causa, quien valorará el conjunto de la prueba y los presupuestos legales. A ello se suma que el propio accionante, en el planteamiento de su acción, calificó la solicitud de cesación como un evento de carácter eventual, no como una consecuencia necesaria e inmediata de la realización de la pericia. Dicha eventualidad evidencia aún más la ausencia de nexo causal directo entre el acto fiscal denunciado y la restricción de su libertad personal. Por lo tanto, el acto denunciado no opera como causa directa de la privación de libertad, incumpliéndose el primer presupuesto. En cuanto al segundo presupuesto, el peticionante de tutela no plantea ninguna situación fáctica que permita advertir una probable limitación de su derecho a la defensa derivada de la negativa a su solicitud. En todo caso, de considerar lesionados sus derechos, puede acudir ante la autoridad jurisdiccional que se encuentre a cargo del proceso, según la etapa que corresponda, agotando las instancias pertinentes. Si persisten las irregularidades denunciadas en cuanto al procesamiento indebido, podrá acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional, vía idónea para, en su caso, resguardar el debido proceso cuando no se constate vinculación directa ni absoluto estado de indefensión. Al no concurrir ninguno de los dos presupuestos jurisprudenciales exigidos para que, en esta acción de libertad, se pueda ingresar al análisis de fondo de las vulneraciones al debido proceso denunciadas, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0456_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): bf75b8fd028519b1e73248f8539851bbcbdb33d91ff4338271ce730524c8aad2
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