B.IA.LEGAL

SCP 0456/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52173-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, a la “justicia pronta y oportuna” y al debido proceso en su vertiente a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, la Jueza de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- concedió la suspensión condicional de la pena en su favor; sin embargo, condicionó la emisión del mandamiento de libertad, hasta que se ejecutoríe el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, que le otorgo este beneficio, lo que constituye dilación indebida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la autoridad judicial ahora demandada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR en cuanto al Secretario del Juzgado, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0456/2025-S1 Sucre, 16 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52173-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 021/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Efraín Reynaldo Patty Coronel y Gabriel Patty Coronel en representación sin mandato de Norman León Lima Morales y Moisés Jhonatan Quispe Santander contra Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza y Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante a fs. 3 a 7, los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Jueza demandada a efectos de que defina su situación jurídica, así el sábado 26 de noviembre de 2022 a momento de instalarse la audiencia de medidas cautelares, se solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado; sin embargo, inicialmente la autoridad judicial mediante el Auto Interlocutorio 449/2022 de 26 de noviembre, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. A la conclusión de la audiencia, la Jueza ahora demandada instaló audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado emitiéndose el Auto Interlocutorio 450/2022 de 26 de noviembre, que resolvió sentenciar a los procesados a la pena privativa de libertad de tres años en estricto cumplimiento a lo establecido en los arts. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Durante toda la audiencia virtual, las dos víctimas y denunciantes del proceso estuvieron en Sala. Una vez dictado el referido Auto Interlocutorio solicitaron la aplicación del beneficio de la suspensión condicional de la pena invocando la SCP 0122/2020-S2 de 16 de julio, que establece la no exigibilidad de la ejecutoria de la Sentencia para la consideración de la suspensión condicional de la pena, por lo que la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre concediendo el beneficio solicitado, determinando ocho medidas excesivas, entre ellas que el personal del juzgado proceda a verificar el domicilio de los dos accionantes, así como la notificación con el Auto emitido a las víctimas a cumplir previo a la emisión del mandamiento de libertad. Lo que no fue modificado pese a la solicitud de complementación y enmienda. En ese contexto se coordinó los actuados con el Secretario -ahora demandado-, efectuándose el verificativo de domicilio el lunes 28 de igual mes y año, a la espera de la resolución transcrita emitida para la notificación a la víctima, que todavía estaba en revisión; sin embargo, ese mismo día los funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz remitieron a los ahora accionantes al Penal de San Pedro del referido departamento, desconociendo cuál es el motivo o el mandamiento con el que se estaría actuando, cuando los mismos ya están beneficiados con la suspensión condicional de la pena y únicamente falta notificar a la víctima. Por información del Secretario ahora demandado, se conoce que el traslado de los ahora accionantes fue emergente del Auto Interlocutorio 449/2022 de medida cautelar dejando de lado las otras resoluciones emitidas, visibilizando que los accionantes están siendo doblemente procesados de manera injusta e ilegal porque se dispuso la detención preventiva cuando ya tienen Sentencia condenatoria por tres años.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alegan como lesionados su derecho a la libertad, a la “justicia pronta y oportuna” y al debido proceso en su vertiente a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, citando al efecto los arts. 22, 23.1, 117.II, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Los peticionantes de tutela mediante sus representantes solicitaron se les conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la autoridad y funcionario demandados que de manera inmediata, en el día, se emita el mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 30 de noviembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar y añadió que: a) La SCP 0005/2014-S2 de 6 de octubre, es de aplicación obligatoria, tiene un lineamiento claro, la SCP 0122/2020-S2 de 16 de julio, que fue mencionada en la audiencia y no fue aplicada, por lo que actualmente los accionantes se encuentran privados de libertad de manera ilegal; y, b) Ante la no respuesta de la Jueza ahora demandada, se tenga por confesado el acto ilegal e indebido realizado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, no presento informe escrito, ni se apersono a la audiencia tutelar pese a su legal notificación de fs. 12. Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del señalado Juzgado, en audiencia menciono lo siguiente: 1) La Jueza ahora demandada se encuentra con baja médica desde el día lunes; 2) El Juzgado estuvo de turno el fin de semana, así se conoció el presente proceso desarrollándose la audiencia de medida cautelar en la que se dispuso a través del Auto Interlocutorio 449/2022 de 26 de noviembre, que los accionantes guarden detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, se emitió el Auto Interlocutorio 450/2022 de la misma fecha y año, donde efectivamente se resolvió el procedimiento abreviado y son condenados los sujetos procesales, posteriormente, en audiencia se resolvió la suspensión condicional de la pena mediante el Auto Interlocutorio 451/2022 de igual fecha y año en la que se emitió un criterio que fue aceptado por el ahora accionante, tal cual se evidencia en el acta, si el abogado se encontraba en desacuerdo podía recurrir en apelación, la acción de libertad debe cumplir el principio de subsidiariedad, pudo presentar memorial o directamente solicitar para que la Jueza considere, hasta la fecha no hay ningún memorial; y, 3) Cumplió a cabalidad con la transcripción de todas las audiencias celebradas en el turno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 021/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, concedió la tutela impetrada con relación a la autoridad judicial ahora demandada, disponiendo que en el día se emita el mandamiento de libertad de los accionantes; y, denegó la tutela con relación al Secretario del Juzgado ahora demandado. Decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: i) Se tiene que los accionantes se encontraban a disposición de la autoridad judicial quien ordenó la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 449/2022 de 26 de noviembre; ii) Posteriormente, en la condición de detenido preventivo se sometió a un procedimiento abreviado, emitiéndose el Auto Interlocutorio 450/2022 de la misma fecha y año imponiéndose la pena de tres años de privación de libertad; iii) Se emitió el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, donde se beneficia a los accionantes con la aplicación de la suspensión condicional de la pena; iv) En consecuencia, quien emite la Sentencia y otorga el beneficio de la suspensión condicional de la pena, también tiene el deber y obligación de resolver la situación jurídica de la condición de detenido y el beneficio de la suspensión condicional, en este caso, librar el mandamiento de libertad conforme establece la SCP 724/2019-S3 de 9 de octubre, por lo cual el actuar de la autoridad jurisdiccional, no es la debida, por lo que corresponde conceder la tutela; y, v) Con relación al servidor de apoyo demandado, no se advierte un acto que vulnere el derecho de los accionantes, siendo que no es la autoridad que emitió la decisión jurisdiccional, solo cumple las funciones administrativas, por lo que corresponde denegar la acción en relación al referido accionado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Norman León Lima Morales y Moisés Jhonatan Quispe Santander -ahora accionantes- por el delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, se emitió el Auto Interlocutorio 449/2022 de 26 de noviembre, que dispuso la detención preventiva de los imputados en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz por el término de dos meses (fs. 15 a 18 vta.). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 450/2022 de 26 de noviembre, que aceptó la salida alternativa de procedimiento abreviado y emite Sentencia condenatoria contra los procesados, imponiendo la pena privativa de libertad de tres años a ser cumplidos en el recinto penitenciario referido (fs. 19 a 21). II.3. Consta el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, que concede el beneficio de suspensión condicional de la pena en relación a ambos procesados, disponiendo cinco condiciones o reglas, además, dispuso la notificación a la víctima con la sentencia y suspensión condicional (fs. 22 a 24 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de sus representantes sin mandato denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, a la “justicia pronta y oportuna” y al debido proceso en su vertiente a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, la Jueza de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- concedió la suspensión condicional de la pena en su favor; sin embargo, condicionó la emisión del mandamiento de libertad, hasta que se ejecutoríe el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, que le otorgo este beneficio, lo que constituye dilación indebida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; c) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 abril reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras-, realizó el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento

Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0721/2018-S2 de 31de octubre, asumió el siguiente entendimiento: El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:

La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción.

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad -SC 0528/2010-R de 12 de julio-; entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1614/2005-R de 9 de diciembre, que hizo el análisis del perdón judicial como una medida de política criminal, destinada a paliar los efectos de la llamada contaminación penitenciaria; y, de la desvinculación del recluso con su familia y la colectividad.

En la referida SC 1614/2005-R, el Tribunal Constitucional entendió que no se justifica la continuación de la detención preventiva hasta que se ejecutoríe la sentencia, de quien fue favorecido con el perdón judicial, argumentando en el Fundamento Jurídico III.2, que:

…el sacrificio del valor libertad sería injustificado al haber desparecido la utilidad procesal en la que se sustenta la medida cautelar personal, y es más, no guardaría congruencia con el principio de intervención penal mínima que caracteriza al derecho sancionador en todo Estado democrático de derecho, en el que la imposición de toda medida restrictiva de la libertad se justifica solamente en casos de estricta necesidad, por la utilidad que la misma representa para la consecución de otros fines, que como se dijo, que también sean constitucionalmente legítimos.

Conforme a ese entendimiento, el imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado. El razonamiento respecto al perdón judicial, fue aplicado también a la 3El FJ III.4, señala: “El trámite y efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena establecido en el procedimiento penal, responde a la naturaleza y finalidad de dicho beneficio, que como un elemento de la nueva concepción de la política criminal concordante con el sistema penal vigente en el país, busca reorientar el comportamiento del condenado reinsertándolo en la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda pero en ejercicio y goce de su libertad, situación que garantiza la eficacia de la prevención especial de la pena que es la reinserción y el reencauce del comportamiento social; este entendimiento es concordante con lo establecido por la jurisprudencia constitucional que al respecto indica: `la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto´”. 4El FJ III.1, indica: “El perdón judicial es una medida de política criminal adoptada por el legislador, destinada a paliar los efectos negativos de la llamada contaminación penitenciaria así como desvinculación del recluso con su familia y la colectividad, causada por la ejecución de una pena de corta duración, que precisamente por su escaso tiempo, no llega a cumplir los fines de enmienda y readaptación social destinados a evitar su reincidencia, que se le atribuye de manera general a la pena privativa de libertad. Conforme a esto, el perdón judicial beneficia al condenado con una pena de corta duración por un primer delito (…)”.

suspensión condicional de la pena a través de la SC 0797/2006-R de 15 de agosto, al señalar que:

…la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto (Fundamento Jurídico III.2). Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:

…a efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:

5El FJ III.2, refiere: “Los razonamientos jurisprudenciales adoptados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia glosada precedentemente, son aplicables a la problemática planteada; por cuanto, el recurrente denuncia que dictada la Sentencia condenatoria en su contra dentro del procedimiento abreviado solicitó la suspensión condicional de la pena, la misma que fue concedida por dicha autoridad, previo cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales fueron efectivizados debidamente; sin embargo, el demandado se negó a librar el mandamiento de libertad a su favor con el argumento de que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada, encontrándose detenido cuando el justificativo por el cual se ordenó su detención preventiva ha desaparecido en virtud de la Sentencia condenatoria y del beneficio de suspensión condicional de la pena con la cual fue favorecido.

En ese orden, la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto. El instituto de la suspensión condicional de la pena se encuentra previsto en la norma contenida en el art. 366 CPP cuando prevé que `El juez o tribunal, previo los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración y, 2) que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años´.

Por su parte el art. 367 del indicado Código, al referirse a los efectos de este beneficio señala que:

`Ejecutoriada la sentencia que impone condena de ejecución condicional, el beneficiado deberá cumplir las obligaciones impuestas de conformidad con el art. 24 de este Código. Vencido el período de prueba la pena quedará extinguida.

Si durante el período de prueba el beneficiario infringe, sin causa justificada, las normas de conducta impuestas, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena impuesta´”.

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de 6El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 9El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento 10El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado … (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Los demandantes de tutela a través de sus representantes sin mandato denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, a la “justicia pronta y oportuna” y al debido proceso en su vertiente a no ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- concedió la suspensión condicional de la pena en su favor; sin embargo, condicionó la emisión del mandamiento de libertad, hasta que se ejecutoríe el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre que le otorgo este beneficio, lo que constituye dilación indebida.

De los antecedentes que cursan en el expediente tutelar se tiene que dentro del proceso penal de referencia, seguido contra los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, se emitió el Auto Interlocutorio 449/2022 de 26 de noviembre, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz por el término de dos meses (Conclusión II.1); luego, en la misma audiencia se pronunció el Auto Interlocutorio 450/2022 de la misma fecha y año, que aceptó la salida alternativa de procedimiento abreviado y emitió sentencia condenatoria en contra de los procesados imponiendo la pena privativa de libertad de tres años a ser cumplidos en el recinto penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.2). Finalmente, en ese mismo actuado, se pronunció el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, que concedió el beneficio de suspensión condicional de la pena en relación a ambos procesados, disponiendo cinco condiciones o reglas, además ordenó la notificación a la víctima con la sentencia y suspensión condicional de la pena, señalando lo siguiente: “ Asimismo respecto a la solicitud de la emisión del mandamiento de libertad claramente el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal hace referencia que una vez que quede ejecutoriada la resolución que imponga la suspensión condicional de la pena es que se va a empezar a cumplir estas condiciones, en tal razón, si bien queda notificada la señora fiscal, así como la parte imputada, la parte víctima no se encuentra con abogado de confianza en tal razón deberá notificarse a la parte victima con la resolución debidamente transcrita para que pueda contar con el plazo de apelación correspondiente, una vez cumplido el plazo de apelación y verificado el domicilio donde cumplirán una de las condiciones se expedirá el correspondiente mandamiento de libertad…” (sic [Conclusión II.3]).

En ese sentido, de lo descrito previamente se advierte que, la referida Jueza ahora demandada, efectivamente condiciono la emisión del mandamiento de libertad a que el Auto Interlocutorio referido, se encuentre ejecutoriado, lo que implicaba que se notifique a la víctima y en forma posterior transcurra el plazo para interponer el recurso de apelación incidental, por lo que aplicó un razonamiento contradictorio al supeditar la emisión del mandamiento de libertad a la ejecutoria de la referida resolución, restringiendo de esa manera el derecho a la libertad de los ahora accionantes; aspecto que resulta contrario al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por cuanto, correspondía la inmediata libertad de los beneficiados; es decir, debió haber actuado con diligencia, puesto que toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, debe ser resuelta de manera inmediata, en virtud al principio de celeridad. Por lo que, al no actuar de esta manera, la autoridad judicial demandada lesionó de manera flagrante el derecho a la libertad de los accionantes en relación con su derecho al debido proceso. Asimismo, debe considerarse que la suspensión condicional de la pena tiene como objetivo esencial reorientar la conducta del condenado y facilitar su reinserción social, brindándole una oportunidad de enmienda en el ejercicio de su libertad. En virtud de su naturaleza jurídica, este beneficio no puede estar supeditado al cumplimiento de formalidades posteriores, como la ejecutoria del Auto del beneficio otorgado, ya que ello desvirtuaría su finalidad, que es precisamente evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración. En ese contexto, es importante resaltar que, cuando las resoluciones son dictadas en audiencia, la notificación se realiza de forma oral e inmediata al concluir el acto procesal, sin necesidad de formalidad adicional alguna, lo cual implica que su validez y efectos jurídicos comienzan desde ese preciso momento. Por tanto, una vez concedida la suspensión condicional de la pena en audiencia, su efecto es inmediato y no puede ser diferido por aspectos meramente formales. Es necesario dejar establecido que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el juez o tribunal que conoció el caso y emitió la sentencia, es la autoridad que puede suspender de modo condicional la aplicación de la pena, cuando la misma no exceda los tres años y el sentenciado no tenga otra condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años, de conformidad con el art. 366 del CPP; aspectos que fueron cumplidos a cabalidad por los impetrantes de tutela. Con relación a la actuación del Secretario ahora demandado; cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial cuentan con legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares cuando: 1) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; 2) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, 3) Emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el caso concreto, se evidencia que la denuncia se enfocó en el Auto Interlocutorio 451/2022 de 26 de noviembre, que fue emitido por la Jueza ahora demandada, y no así por el funcionario de apoyo judicial también demandado-; en ese entendido, el Secretario carece de legitimación pasiva en la presente acción tutelar, razón por la cual no corresponde conceder la tutela solicitada respecto a su persona. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 30 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a la autoridad judicial ahora demandada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR en cuanto al Secretario del Juzgado, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente…”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente…”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado…”.

2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0456_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 258ea3afca270e43986ccf2c5ac7db7078eceed7c5c24db2b56191af524a9152

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