Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; puesto que, tras la anulación de oficio de la Sentencia de 3 de marzo de 2023, de procedimiento abreviado y la posterior presentación de una nueva acusación fiscal por el Ministerio Público, el Juez demandado mediante Auto 26/23, se rehusó a radicar la causa y ordenó la devolución del pliego acusatorio al Juzgado de origen; bajo el argumento de la existencia de una sentencia previa no anulada legalmente por Tribunal de alzada, esta omisión de radicatoria y el rechazo al despacho de sus memoriales generaron un estado de indefensión absoluta que paralizó la tramitación de sus solicitudes de libertad y salidas médicas, prolongando indebidamente su detención preventiva. Por su parte, la autoridad demandada, refiere que su accionar se ajustó al control de legalidad y al principio de seguridad jurídica; puesto que, al advertir que el Juez de Instrucción anuló de oficio una sentencia ejecutoriada de procedimiento abreviado, en consecuencia, justificó la devolución de obrados para que se subsanen los defectos procesales antes de la etapa de juicio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el citado Tribunal de garantías, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0455/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54505-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 a 79 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacobo Rodríguez Sulamayo en representación sin mandato de Javier Mamani Baptista contra Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 47 a 50, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y tentativa de feminicidio, fue beneficiado con una salida alternativa de procedimiento abreviado el 3 de marzo de 2023; oportunidad en la que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, dictó Sentencia condenatoria de tres años de reclusión por el primer ilícito citado y le concedió el beneficio de suspensión condicional de la pena, ordenando su libertad inmediata. No obstante, la citada autoridad, de oficio, dictó el Auto Interlocutorio 25 de 6 de marzo de 2023, mediante el cual dispuso la nulidad de la audiencia de procedimiento abreviado y dejó sin efecto la Sentencia de 3 de igual mes y año, que se encontraba ejecutoriada; acto ante el cual, el Ministerio Público presentó una nueva acusación fiscal el 9 de ese mes y año, motivando que el citado Juez remita el cuaderno procesal ante el Tribunal de Sentencia de turno; bajo este sentido, denunció que el expediente fue remitido al Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, a cargo de Andrés Ademar Rueda Esquivel -ahora demandado- quien, mediante Auto 26/23 de 17 de marzo de 2023, determinó no radicar la causa, ordenando la devolución del proceso al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del señalado departamento, bajo el argumento de que existiría una sentencia previa no revocada por apelación restringida. Esta situación le generó indefensión y prolongó indebidamente su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de dicho departamento, toda vez que, se encuentra imposibilitado de tramitar su libertad o cualquier solicitud relacionada a su salud, puesto que la autoridad demandada rechaza el despacho de sus memoriales
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto 26/23, dictado por la autoridad hoy demandada; b) Se ordene al Juez demandado que, ante la existencia de una acusación fiscal por el delito de violencia familiar o doméstica, proceda a la radicatoria inmediata de la causa penal y sustancie el juicio oral respectivo; y, c) Se disponga que dicha autoridad resuelva de forma oportuna todos los memoriales presentados por las partes que se encuentran pendientes de despacho, a fin de viabilizar la tramitación de su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción tutelar y, ampliando en audiencia, manifestó que el rechazo de la radicatoria del proceso por la autoridad demandada bajo el argumento de una sentencia previa -ya anulada de oficio por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz- lo dejó en un absoluto estado de indefensión; toda vez que, al no existir un juez que asuma la competencia, se paralizó cualquier posibilidad de solicitar órdenes de salida médica o beneficios de libertad, convirtiendo su detención preventiva en un procesamiento indebido.
Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 69 a 71, solicitó se deniegue la tutela con base en los siguientes argumentos: 1) Dentro de la tramitación del proceso penal por delitos de violencia contra la mujer, el cuaderno procesal registra la existencia de una sentencia condenatoria, derivada de un procedimiento abreviado suscrito voluntariamente entre el imputado hoy accionante y el Ministerio Público; acto en el cual, tras verificarse el cumplimiento de las condiciones materiales y formales de los arts. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez de Instrucción dictó el fallo correspondiente e incluso concedió beneficios alternativos a la detención, habiendo ambas partes renunciado de forma expresa al recurso de apelación restringida; 2) No obstante lo anterior, la autoridad jurisdiccional de primera instancia, de manera posterior, dispuso la nulidad de su propia sentencia bajo un erróneo saneamiento por actividad procesal defectuosa; extremo que, constituye una usurpación de funciones, toda vez que el control de legalidad sobre una sentencia ejecutoriada está reservado exclusivamente a los Tribunales de alzada mediante los recursos previstos en los arts. 407 y ss. del CPP; y, 3) Bajo ese entendido, justifica su decisión de no radicar la causa y disponer la devolución del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 09/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 a 79 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los actuados y el informe de la autoridad demandada, se constató que, si bien existió una devolución inicial del cuaderno procesal, cursa el oficio “…107/2023 del 22 de marzo…” (sic), mediante el cual el Juez de Instrucción ya tiene por radicada la causa nuevamente; por lo que, al momento de la interposición de la presente acción de defensa, no se advierte una paralización absoluta que lesione el derecho a la libertad, puesto que existe una autoridad jurisdiccional ejerciendo el control de la causa; ii) La controversia sobre la nulidad de la Sentencia -de 3 de marzo de 2023- de procedimiento abreviado y la validez de la nueva acusación fiscal debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios; específicamente mediante la apelación restringida o los incidentes de actividad procesal defectuosa ante el juez natural; y, iii) En consecuencia, no se cumple el presupuesto de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que el impetrante de tutela no agotó los medios legales para cuestionar la competencia o el procesamiento indebido alegado. Vía aclaración, complementación y enmienda, tanto la parte accionante como la autoridad demandada solicitaron precisiones sobre la oscuridad procesal y la validez de la nulidad dictada de oficio. Al respecto, el Tribunal de garantías en sustanciación determinó: a) Respecto a la solicitud del impetrante de tutela en relación a la potestad del Juez de Instrucción para radicar, se aclaró que dicha autoridad reasumió el control según los datos del expediente; por lo que, la inseguridad jurídica alegada es inexistente; y, b) En relación del Juez demandado sobre si la nulidad previa transgrede el art. 125 de la CPE, se declaró no ha lugar; toda vez que dicha petición no fue objeto de alegación en la demanda tutelar y ese Tribunal no puede emitir un juicio de valor sobre la legalidad de una resolución que debe ser revisada en instancia de apelación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltos a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 83 a 85); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo legal establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 15/“2022” de 26 de enero de 2023, mediante el cual José Luis Rodríguez Echeverría, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Tercero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Segundo, dispuso la detención preventiva de Javier Mamani Baptista -hoy accionante-, al considerar la concurrencia de riesgos procesales (fs. 15 vta. a 17). II.2. Consta memorial presentado el 24 de febrero de 2023, ante Erlinda Pereira Rodríguez, Fiscal de Materia, mediante el cual el impetrante de tutela, solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado por el delito de violencia familiar o doméstica (fs. 19 a 20). II.3. Se tiene Acuerdo Legal para Procedimiento Abreviado de 3 de marzo de 2023, suscrito por la Fiscal de Materia y el solicitante de tutela (fs. 18). II.4. Cursa Auto Interlocutorio 25 de 6 de marzo de 2023, dictado por Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, mediante el cual se determinó: 1) Disponer la nulidad de la audiencia, dejar sin efecto la Sentencia y el Auto de beneficios, todos de 3 del citado mes y año; 2) La existencia de un error involuntario al sentenciar por violencia familiar o doméstica, cuando la calificación provisional vigente era por tentativa de feminicidio; y, 3) Conminar al Ministerio Público para que en el plazo de cinco días presente el requerimiento conclusivo correspondiente (fs. 26 a 28). II.5. Se tiene memorial de acusación fiscal presentado el 9 de marzo de 2023, por la Fiscal de Materia; actuado en el que: i) Se acusó al accionante por el delito de violencia familiar o doméstica -art. 272 bis del CP-; ii) Se ofrecieron las pruebas de cargo consistentes en informes psicológicos y certificados médico-forenses; y, iii) Se solicitó la radicatoria de la causa ante el Juez de Sentencia de turno (fs. 29 a 32 vta.). II.6. Cursa Auto 26/23 de 17 de marzo de 2023, emitido por Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-; mediante el cual: a) Se determinó no radicar la causa; y, b) Se fundamentó que el Juez de primera instancia usurpó funciones al anular de oficio una sentencia que solo podía ser revisada vía recurso de apelación restringida (fs. 36 a 37). II.7. Por Oficio 0716/2023 de 23 de marzo, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, al estar en posesión del expediente 701102042202049, lo remitió al Tribunal de garantías, para su consideración en la acción de libertad (fs. 72).
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso; puesto que, tras la anulación de oficio de la Sentencia de 3 de marzo de 2023, de procedimiento abreviado y la posterior presentación de una nueva acusación fiscal por el Ministerio Público, el Juez demandado mediante Auto 26/23, se rehusó a radicar la causa y ordenó la devolución del pliego acusatorio al Juzgado de origen; bajo el argumento de la existencia de una sentencia previa no anulada legalmente por Tribunal de alzada, esta omisión de radicatoria y el rechazo al despacho de sus memoriales generaron un estado de indefensión absoluta que paralizó la tramitación de sus solicitudes de libertad y salidas médicas, prolongando indebidamente su detención preventiva. Por su parte, la autoridad demandada, refiere que su accionar se ajustó al control de legalidad y al principio de seguridad jurídica; puesto que, al advertir que el Juez de Instrucción anuló de oficio una sentencia ejecutoriada de procedimiento abreviado, en consecuencia, justificó la devolución de obrados para que se subsanen los defectos procesales antes de la etapa de juicio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ … (…) …el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden). A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
Conforme a la problemática expuesta, el ahora accionante cuestiona el Auto 26/23 de 17 de marzo de 2023, emitido por el Juez hoy demandado, mediante el cual determinó no radicar la causa y ordenó la devolución del pliego acusatorio al Juzgado de Instrucción; bajo el argumento de que la nulidad de oficio de la Sentencia de 3 de marzo de 2023, ya ejecutoriada constituiría una irregularidad procesal que usurpa funciones de los Tribunales de alzada (Conclusión II.6). En ese contexto, la parte impetrante de tutela pretende que la justicia constitucional deje sin efecto dicho Auto para viabilizar sus solicitudes de libertad y peticiones relacionadas a su salud. Al respecto, es imperativo realizar una precisión técnica comparativa sobre los antecedentes procesales de la presente causa, dado que este Tribunal advierte que, de forma previa, el accionante interpuso una primera acción de libertad contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, causa que fue resuelta mediante la SCP 0924/2025-S2 de 20 de agosto; oportunidad en la que la pretensión se centraba en la omisión de emitir el mandamiento de libertad tras la sentencia de procedimiento abreviado. En dicha revisión, esta Sala determinó que no existía vinculación directa con la libertad, puesto que el accionante se encuentra privado de ella por una medida cautelar de detención preventiva de 26 de enero de 2023 (Conclusión II.1); situación que se mantiene incólume al momento de revisar la nueva acción de libertad y constituye la causa génesis de la limitación de su derecho. En la presente acción, si bien el objeto procesal varía al demandarse a Andrés Ademar Rueda Esquivel, Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la negativa de radicación, el cuadro fáctico contextualizado ut supra permite establecer que persiste la falta de nexo causal entre el acto impugnado y la restricción de libertad. El Auto 26/23 no es el generador de su detención, la cual preexiste por orden judicial de autoridad competente emanada en la etapa preparatoria; en consecuencia, el acto denunciado no constituye la causa de la restricción de libertad que el accionante viene cumpliendo. En ese sentido, esta Sala observa que no se demostró una paralización absoluta que impida al impetrante de tutela ejercer su derecho a la defensa, dado que el proceso fue remitido y se encuentra actualmente bajo control jurisdiccional del Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo del Plan Tres Mil, conforme se advierte del Oficio 0716/2023 de 23 de marzo (Conclusión II.7); bajo este sentido, el accionante tiene expedita la vía ante dicho Juez natural para tramitar sus solicitudes de libertad o salidas médicas. Sin perjuicio de ello, si bien el impetrante de tutela alega que la autoridad demandada rechaza el despacho de sus memoriales, de la revisión de los antecedentes no se evidencia la presentación efectiva de tales piezas procesales. En observancia del carácter subsidiario excepcional de esta acción tutelar, el accionante debió interponer el recurso de reposición contra el Auto 26/23 ante el Juez hoy demandado, a fin de que dicha autoridad tuviera la oportunidad de corregir o ratificar su decisión de no radicar la causa; al no haberlo hecho, este Tribunal se encuentra imposibilitado de ingresar al análisis de fondo de la controversia. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 77 a 79 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el citado Tribunal de garantías, aclarándose que no se ingresó al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0455_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb640ce92401d2db7f1ff990b206f39ab097208bbd7332568f48b32919ad1d1e
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