B.IA.LEGAL

SCP 0454/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52127-2022-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad e impugnación; toda vez que: 1) En audiencia de 13 de septiembre de 2022 interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 404/2022 que dispuso la detención domiciliaria, sin embargo, los funcionarios demandados no remitieron al tribunal de alzada, pese a que el Juez ordenó la remisión dentro del plazo de veinticuatro horas; y, 2) Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de similar año, formuló incidente de actividad procesal defectuosa, y si bien le informaron que se señaló audiencia para el 27 de octubre de igual año a objeto de resolver el mismo, resulta que se habrían equivocado en la fecha, por lo que la Oficina Gestora de Procesos no notificó, y el Auxiliar demandado señaló que la corrección debe realizarla el Secretario codemandado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por el accionante por la dilación en la que incurrieron los funcionarios demandados, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con la expresa aclaración de que no se analizó el fondo de la apelación incidental interpuesta, ni el incidente de actividad procesal defectuosa interpuestos por el accionante, que deben ser considerados en la vía ordinaria con aplicación del Juzgamiento con Perspectiva de Género por la naturaleza del delito acusado; y, 2° Se exhorta a Edwin Quispe Nina y Kevin Wilson Mendoza Pinto, Secretario y Auxiliar, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en futuras solicitudes vinculadas tanto a la libertad y/o a delitos de violencia en razón de género, actúen con la debida celeridad, cumpliendo los plazos establecidos en la norma.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0454/2025-S1 Sucre, 16 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52127-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Gabino Zuñiga Tarifa y Audalia Zurita Zelada en representación sin mandato de Apolinar Roberto Caro Miranda contra Edwin Quispe Nina, Secretario y Kevin Wilson Mendoza Pinto, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 6 a 8, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual con CUD 201102032201647, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 13 de septiembre de 2022, en la que mediante Auto Interlocutorio 404/2022 de la misma fecha se determinó la aplicación de la detención domiciliaria, por lo que interpuso recurso de apelación incidental inmediatamente, habiendo expuesto los agravios correspondientes. No obstante, transcurrió un mes y trece días hasta la presentación de la demanda tutelar, que no se remitió el legajo de apelación y menos el cuaderno de control jurisdiccional original a una Sala Penal, pese a que por medio de su abogado se apersonó a efectos de dejar los recaudos necesarios para la remisión, aspecto que no se cumplió, provocando así una dilación indebida por parte del secretario demandado, privándole del derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Así también, el 27 de septiembre de 2022 presentó memorial de incidente de actividad procesal defectuosa, y habiendo transcurrido treinta días, recién el 26 de octubre del mismo año, se generó la notificación del Auxiliar con el señalamiento de la audiencia para resolver el incidente, para fecha 27 de octubre de 2022 a horas 13:00; empero haciendo seguimiento en la Oficina Gestora de Procesos, le informaron que no iban a realizar la notificación porque se puso una fecha errónea (26 de octubre de 2022 horas 13:00), así la misma se devolvió al Juzgado a objeto de que se corrija con la fecha correcta. Por lo expuesto, acudió al Juzgado a preguntar, pero la respuesta del Auxiliar demandado al momento de preguntarle si corrigieron el acta dijo "no lo hemos bajado y es responsabilidad del secretario” generando un perjuicio y dilación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad e impugnación; citando al efecto los arts. 8.II, 119, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se le conceda la tutela y en consecuencia se disponga que en el día: a) Se remita el cuaderno de control jurisdiccional al superior en grado en las piezas originales y b) Señale día y hora de audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública de forma virtual el 28 de octubre de 2022, según acta de fs. 20 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato y de su abogado ratificó los términos de su demanda tutelar y amplió sus fundamentos señalando que: 1) El accionante es una persona adulta mayor de 69 años de edad por lo que no se requiere el agotamiento de la vía interna, 2) El accionante tiene patologías y dolencias, lo que ocasionaría que constantemente se tenga que tramitar órdenes de salida para ir al médico y a sus tratamientos; 3) No se accionó contra el Juez porque él cumplió al conceder el recurso; 4) En relación al incidente, una vez que los demandados asumieron conocimiento de la demanda tutelar, señalaron la audiencia para el mismo día de la audiencia de la acción de libertad a horas 12:30; 5) Si bien en el legajo se hace ver que se providenció el 29 de septiembre de 2022 con señalamiento para el 14 de octubre de similar año a horas 09:30, y que en ese actuado se hubiera convocado a audiencia es falso, peor aún la audiencia era para el 27 y lo colocaron 26 y ahora lo corrigen a 28 con radex.

I.2.2. Informe de los funcionarios demandados

Edwin Quispe Nina y Kevin Wilson Mendoza Pinto, Secretario y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; mediante informe escrito cursante a fs. 19 señalaron: i) En calidad de personal subalterno cumplieron con la remisión de obrados en fotocopias legalizadas del recurso de apelación interpuesta por el accionante a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ii) Así también se dio cumplimiento a las solicitudes señalamiento de día y hora de audiencia para resolver el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesta por el mismo, y se tiene las respectivas notificaciones; iii) Se debe tener presente que las partes procesales deben hacer seguimiento a sus procesos, dado que en el presente caso, el apelante ni su abogado se apersonaron a proveer las fotocopias necesarias, debiendo exhortar a los abogados a cumplir con sus responsabilidades y actuar con ética y profesionalismo; y, iv) Pese a que no se proporcionó las fotocopias, cumplieron con la remisión a la Sala Penal de Turno, por lo que solicitan se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 32/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., concedió la tutela solicitada y ordenó que en el día presenten la constancia de recepción de antecedentes en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante es una persona mayor de la tercera edad, por lo que se requiere agilizar los trámites por cuestiones de su salud; b) Tanto el recurso de apelación del Auto Interlocutorio 404/2022 denunciado, como la tramitación del incidente de actividad procesal defectuosa están relacionados al derecho a la libertad del accionante; c) La apelación debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas, pero en el caso la audiencia en la que se interpuso la misma es de 13 de septiembre de 2022 y conforme a la nota fue remitida fuera de plazo; d) El incidente de actividad procesal defectuosa, conforme a los antecedentes, fue presentado el 27 de septiembre de 2022 y cursa un acta de audiencia suspendida del 14 de octubre del mismo año, donde se reprograma la audiencia para el 28 de igual mes y año a horas 12:30, es decir no se ha cumplido con los plazos que establece el art. 314 del CPP que señala que el Juez, en el plazo de veinticuatro horas señalará la audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y la audiencia se llevará a cabo en el plazo de tres días, por lo que en consecuencia existe de igual forma dilación procesal desde el 27 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2022; e) La suspensión de audiencia del 14 de octubre de 2022 se hubiera dispuesto al no encontrarse presentes las partes procesales, empero el artículo 94.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece la obligación del secretario de supervisar y controlar las labores de los servidores de apoyo judicial, controlar e informar de oficio al tribunal y juzgado el vencimiento de los plazos para dictar resoluciones bajo responsabilidad, lo que va en concordancia con el art. 99 y 101 de la misma Ley, es decir que las obligaciones de los auxiliares de los diferentes juzgados, en este caso es la obligación de coadyuvar con el secretario o secretaria por lo que corresponde otorgar la tutela en relación a ambos funcionarios.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 404/2022 de 13 de septiembre, emitido dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Apolinar Roberto Caro Miranda, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz dispuso la aplicación de detención domiciliaria, seguidamente la defensa del ahora accionante interpuso recurso de apelación incidental, y también solicitó aclaración y complementación, por lo que la autoridad judicial dispuso la remisión del recurso formulado en el plazo de veinticuatro horas y se pronunció en relación a la solicitud de aclaración y complementación (fs. 2 a 4 vta.). II.2. Cursa primera carilla del memorial presentado el 27 de septiembre de 2022 por el cual el imputado, ahora accionante, interpone incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la imputación formal (fs. 5). II.3. Consta Acta de audiencia de consideración de incidente de actividad procesal defectuosa suspendida de 14 de octubre de 2022 en la cual se reprograma el actuado para el 28 del mismo mes y año a horas 12:30 denotándose el uso de radex y sobreescrito el día y la hora de la audiencia; adjuntándose las diligencias de notificación a las partes efectuadas el 27 de igual mes y año a horas 14:41, 14:43 y 14:44, todas vía WhatsApp (fs.15 a 18). II.4. Mediante Oficio Cite of. 510/2022 de 15 de septiembre, el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra La Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, remite obrados en fotocopias legalizadas de la apelación del Auto Interlocutorio 404/2022 de 13 de septiembre, el mismo que tiene un sello de recepción de fecha 28 de octubre de 2022 a horas 08:46 (fs. 14 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad e impugnación; toda vez que: 1) En audiencia de 13 de septiembre de 2022 interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 404/2022 que dispuso la detención domiciliaria, sin embargo, los funcionarios demandados no remitieron al tribunal de alzada, pese a que el Juez ordenó la remisión dentro del plazo de veinticuatro horas; y, 2) Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de similar año, formuló incidente de actividad procesal defectuosa, y si bien le informaron que se señaló audiencia para el 27 de octubre de igual año a objeto de resolver el mismo, resulta que se habrían equivocado en la fecha, por lo que la Oficina Gestora de Procesos no notificó, y el Auxiliar demandado señaló que la corrección debe realizarla el Secretario codemandado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; iii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0184/2020-S1 de 28 de julio, asumió el siguiente entendimiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.

En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.

Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.

En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.

Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)

El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:

…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, desarrolló el siguiente entendimiento:

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 20016 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril7 se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo8 se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto 6El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.

que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre9, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril10, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

9El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 10El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.3. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de

recaudos El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/20112 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo 11El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 12El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).

III. 4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la libertad e impugnación; toda vez que: 1) En audiencia de 13 de septiembre de 2022 interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 404/2022 que dispuso la detención domiciliaria, sin embargo los funcionarios demandados no remitieron al tribunal de alzada, pese a que el Juez ordenó la remisión dentro del plazo de veinticuatro horas; y, 2) Mediante memorial presentado el 27 de septiembre de similar año, formuló incidente de actividad procesal defectuosa, y si bien le informaron que se señaló audiencia para el 27 de octubre de igual año, a objeto de resolver el mismo, resulta que se habrían equivocado en la fecha, por lo que la Oficina Gestora de Procesos no notificó, y el Auxiliar demandado señaló que la corrección debe realizarla el Secretario codemandado. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, se advierte que el objeto de la presente demanda tutelar, buscaba: i) El cumplimiento de la remisión de la apelación incidental del Auto Interlocutorio que impuso detención domiciliaria al accionante; y ii) Que se señale audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa que formuló; sin embargo ambos objetivos se cumplieron, dado que conforme se desprende del sello de recepción en el oficio de remisión de la apelación incidental a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la remisión se cumplió el 28 de octubre de 2022 a horas 08:46, es decir, horas antes a la audiencia de consideración de la acción de libertad; asimismo, se tiene señalamiento de audiencia para la consideración del incidente de actividad procesal defectuosa conforme el acta de 14 de similar mes y año; empero dicha situación no es impedimento para que la jurisdicción constitucional, pueda analizar la problemática planteada; toda vez que la acción de libertad innovativa, tiene la finalidad de evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; debido a lo cual, corresponde ingresar a efectuar el análisis de fondo. Ahora bien, en relación al recurso de apelación incidental, conforme la revisión de los antecedentes se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Apolinar Roberto Caro Miranda, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 404/2022 de 13 de septiembre, dispuso la detención domiciliaria del imputado, seguidamente la defensa del mismo interpuso recurso de apelación y también solicitó aclaración y complementación, por lo que la autoridad judicial ordenó la remisión en el plazo de veinticuatro horas y se pronunció en relación a la solicitud de aclaración y complementación (Conclusión II.1). La apelación incidental referida fue remitida en alzada, mediante oficio Cite of. 510/2022 de 15 de septiembre a la Sala Penal Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, oficio suscrito por el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra La Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, sin embargo, el sello de recepción en dicha instancia data del 28 de octubre de 2022 a horas 08:46 (Conclusión II.4), es decir que la remisión se cumplió con posterioridad a la presentación de la demanda tutelar, faltando dos horas aproximadamente para la audiencia de consideración de la acción de libertad.

Así en el caso particular, si bien no se demandó al Juez Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra La Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, sin embargo, es necesario recordar que las autoridades judiciales deben velar la efectivización de lo dispuesto, que es un deber como director del proceso, así como el realizar un control a las labores del personal subalterno del despacho; en ese cometido, actuar en sentido contrario, implica incurrir en actos dilatorios que van en desmedro de la situación jurídica de los procesados. Por los antecedentes descritos, evidentemente hubo dilación en la remisión del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 404/2022 de 13 de septiembre, ya que conforme la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las actuaciones pertinentes de la apelación serán remitidas en el plazo de veinticuatro horas al tribunal de alzada y bajo el principio de gratuidad, no se puede justificar la demora en la falta de provisión de recaudos -como pretenden los funcionarios demandados-; por lo que evidentemente se produjo una dilación indebida por más de un mes.

Así también cabe resaltar que en el marco del razonamiento descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los funcionarios de apoyo judicial asumen la legitimación pasiva cuando incurren en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; en el caso objeto de análisis, la autoridad jurisdiccional en la misma audiencia de 13 de septiembre 2022, apenas se interpuso el recurso de apelación, ordenó la remisión de antecedentes al tribunal de segunda instancia por lo que el personal subalterno, en este caso, el Secretario y Auxiliar demandados, tenían la responsabilidad de cumplir con dicha orden, y al haber ocasionado la dilación en la remisión corresponde conceder la tutela impetrada. Respecto al señalamiento de audiencia para considerar el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por el ahora accionante, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se advierte que dicho incidente fue presentado el 27 de septiembre de 2022 y versa sobre presuntos vicios de la imputación formal (Conclusión II.2). Así también se tiene un acta de audiencia de 14 de octubre de 2022 a horas 09:30, instalada para considerar el incidente referido, sin embargo, conforme consta en la misma, se informó que no cursaban las diligencias de notificación a las partes y que los sujetos procesales no se encontraban en la sala virtual de audiencia, razón por la cual el Juez dispuso la suspensión de la audiencia y reprogramó para el 28 de octubre de 2022 a horas 12:30, observándose que la fecha está sobre escrita (Conclusión II.3). Por lo referido, efectivamente hubo dilación en la tramitación del incidente formulado por el ahora accionante, toda vez que el art. 314.II del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019- establece: “II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes”.

Por lo que el señalamiento de audiencia para el 14 de octubre de 2022, se encuentra fuera del plazo establecido en la norma, empero esta dilación podría ser atribuible a la autoridad jurisdiccional quien debería señalar la audiencia y no ha sido demandado; pero no corresponde dejar de lado que la audiencia misma fue suspendida por falta de diligencias, lo cual evidencia que es una dilación atribuible al Secretario y Auxiliar demandados, ya que la causa de suspensión es la falta de diligencia a las partes, lo que conlleva su responsabilidad conforme al art. 56.1, 6 y 8 del CPP modificado por la Ley 1173, con relación también al art. 101.I de la Ley 025. Lo mismo ocurre con el señalamiento de audiencia para el 28 de octubre de 2022 a horas 12:30, la cual, por su falta de claridad al estar sobreescrito, entendemos desembocó en la demora en las diligencias de notificación, que recién se efectuaron dos horas después de la presentación de la demanda tutelar, es decir el 27 de similar mes y año a horas 14:41, 14:43 y 14:44. Cabe resaltar que la tramitación del incidente de actividad procesal defectuosa igualmente se encuentra vinculada a la situación jurídica del accionante, ya que sobre la misma es que se impusieron las medidas cautelares de detención domiciliaria, siendo igualmente aplicable la primera parte del razonamiento descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, por lo que de igual manera corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente se debe hacer notar que la concesión de tutela se está efectuando por la dilación ocasionada por los funcionarios demandados y que no se está analizando el fondo de la apelación incidental interpuesta ni del incidente de actividad procesal defectuosa; dado que los mismos deben ser considerados en la vía ordinaria siempre con la aplicación del juzgamiento con perspectiva de género por la naturaleza del delito imputado. Por lo precedentemente expuesto, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022 de 28 de octubre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por el accionante por la dilación en la que incurrieron los funcionarios demandados, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con la expresa aclaración de que no se analizó el fondo de la apelación incidental interpuesta, ni el incidente de actividad procesal defectuosa interpuestos por el accionante, que deben ser considerados en la vía ordinaria con aplicación del Juzgamiento con Perspectiva de Género por la naturaleza del delito acusado; y, 2° Se exhorta a Edwin Quispe Nina y Kevin Wilson Mendoza Pinto, Secretario y Auxiliar, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en futuras solicitudes vinculadas tanto a la libertad y/o a delitos de violencia en razón de género, actúen con la debida celeridad, cumpliendo los plazos establecidos en la norma.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.

13 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0454_2025-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0524bd99c567f920dc11444fcea2d194f4029e54b94aa8c8bf744dc77d7bab6c

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