B.IA.LEGAL

SCP 0454/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
45204-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la igualdad; infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso; puesto que, no fue notificado correctamente con el decreto de 30 de noviembre de 2021, a través del cual se dispuso la audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales para el 1 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas, ya que de acuerdo al informe emitido por la Auxiliar ahora coaccionada, a través del cual proporcionó los números de teléfonos celulares erróneos a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, quien notificó de manera equivocada a los números de teléfonos celulares 76574688 y 67486076, y a pesar de ello la Vocal ahora accionada, emitió el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, mediante el cual revocó el Auto Interlocutorio 353/21 de 23 de noviembre de 2021, dictado por el Juez de primera instancia, y se determinó la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin tomar en cuenta que el accionante ni su abogado se encontraban en la audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el trámite del recurso de apelación incidental y todos los actos procesales posteriores hasta el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre y su respectiva notificación, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ordenar a su personal subalterno, que realice la notificación al accionante y a su abogado conforme a procedimiento y en coordinación con la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento con el señalamiento de una nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, para que en dicho acto asuma su defensa y se dicte la resolución que corresponda con celeridad; salvo que, el advertido defecto procesal y jurisdiccional ya hubiese sido subsanado como efecto de la protección constitucional asumido por el Juez de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al principio de seguridad jurídica, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Notificación para la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Finalidad de las citaciones y notificaciones
  4. III.4. Sobre el derecho a la defensa material y técnica
  5. III.5. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  6. III.6. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0454/2023-S3 Sucre, 22 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45204-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Javier Mardoñez Calanis en representación sin mandato de Walter Medardo Almaraz Gutiérrez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal y Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias, ambas de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Janneth Verónica Gutiérrez Salvatierra, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de enero de 2022, cursante de fs. 19 a 21 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por el delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 232 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 353/21 de 23 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la cesación de su detención preventiva, aplicando entre otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria. Frente a ello, la víctima formuló un recurso de apelación incidental, que fue resuelto por la Vocal hoy accionada, quien mediante Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, dispuso la revocatoria del Auto Interlocutorio 353/21, determinándose su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

Al revisar el legajo del recurso de apelación incidental, se extraña que cursa el Auto de Vista 742/2021 sin haberse notificado correctamente con el decreto de señalamiento de audiencia -de 30 de noviembre de 2021- de dicho recurso; puesto que, de acuerdo al Informe de 26 de noviembre de 2021, emitido por la Auxiliar ahora coaccionada, cursante a fs. 68 de obrados, señaló: “Que conforme el acuerdo realizado de todas las Salas Penales, debe cursar en obrados informe de números telefónicos de las partes antes de su remisión de los procesos que se encuentran en apelaciones, siendo que por Decreto Supremo Nro. 4314 Art. 13 de fecha 27 de agosto de 2020 se viene desarrollando actividades en la modalidad de teletrabajo, atendiendo a los abogados y litigantes a través de los medios tecnológicos y llamadas, por lo que dando cumplimiento a lo ordenado se informa lo siguiente: PARTE IMPUTADA: ALMARAZ GUTIERREZ WALTER con número de celular 76564688-63483076” (sic). Al efecto, mediante decreto de 30 de noviembre de 2021 emitido por la Vocal hoy accionada señaló audiencia de consideración de recurso de apelación incidental para el 1 de diciembre de 2021, a las 9:30 horas; sin embargo, se realizó la notificación a su persona a los números de teléfonos celulares mencionados, sin corroborar que los datos proporcionados por la Auxiliar hoy coaccionada sean los correctos, debido a que mediante memorial presentado el 18 de octubre del citado año, ante el Juez de primera instancia, su abogado como único patrocinante, proporcionó todos sus datos para se realice su notificación a su correo electrónico o al número de celular de WhatsApp 72096653 y no así a los números de teléfonos celulares de la anterior abogada patrocinante, e incluso se ratificaron sus datos en el memorial de cesación a la detención preventiva, a pesar de ello no se realizó la notificación al número correcto; por ello, no fue notificado ni estuvo presente en la audiencia de recurso de apelación incidental con su abogado y no pudieron asumir su defensa, vulnerando con aquello sus derechos a la defensa, a la “seguridad jurídica”, que directamente relaciona con la amenaza de restricción o supresión de la libertad física.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la igualdad; infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 2 y 3; y, 8.1 incs. b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se declare “procedente” la acción de libertad; y, en consecuencia: a) Se anule la Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, restituyéndole su libertad en el plazo establecido por el Juez de garantías y se conmine a la Vocal hoy accionada que devuelva a la autoridad jurisdiccional de la causa para que realice un nuevo sorteo con la finalidad de considerar el recurso de apelación de las medidas cautelares; y, b) Que la Auxiliar ahora coaccionada subsane el informe debiendo remitir todos los datos correctos para que se proceda con las notificaciones con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de enero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 32 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Adjuntó el formulario de notificación donde el Oficial de Diligencias hoy coaccionado, notificó de manera errónea a los números de teléfonos celulares 76574688 y 67486076, razón por la cual, al no tener conocimiento de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental se vulneró su derecho a la defensa; 2) La Auxiliar ahora coaccionada informó que hubo un error; y, 3) Solicitó que se conceda la tutela para que se anule el Auto de Vista 742/2021, ordenándose al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de departamento de La Paz que realice un nuevo sorteo para la consideración del recurso de apelación incidental y que se envíen los datos correctos para las notificaciones correspondientes.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarias accionadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 7 de enero de 2022, cursante a fs. 28, manifestó que: i) Dio cumplimiento a la SC 0325/2018-S2 de 9 julio e “Instructivo 22/20 art. 6 parágrafo II numeral 1 inciso A” (sic); puesto que el personal de apoyo jurisdiccional -Oficial de Diligencias- notificó a los números de teléfonos celulares remitidos por el Juzgado de origen y con relación al cumplimiento de formalidades no le corresponde su verificación porque es una atribución de la Secretaria de Sala, quien informa sobre el cumplimiento de formalidades; ii) Respecto al error u omisión en la notificación y/o formalidades, no corresponde a la jurisdicción constitucional; iii) Las características de las medidas cautelares son la temporalidad y la variabilidad, de tal manera que las resoluciones dictadas tanto por el Juez de primera instancia, así como el Tribunal de alzada, no causan estado y pueden variar conforme las circunstancias; y, iv) La presente acción de libertad es muy escueta con relación a las actuaciones realizadas en la audiencia de consideración de medidas cautelares; puesto que, no se establece de manera concreta como se han vulnerado los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, e incluso el Auto de Vista 742/2021 que emitió contiene la debida fundamentación, razón por la cual, solicitó que se deniegue la tutela solicitada. Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no remitió informe alguno ni se hizo presente en la audiencia de esta acción de libertad, a pesar de su citación cursante a fs. 26; sin embargo, el Auxiliar de esa Sala, mediante informe presentado el 7 de enero de 2022, cursante a fs. 30 y vta., manifestó que la referida Oficial de Diligencias, se encuentra con baja médica y al efecto adjuntó la documentación correspondiente, razón por cual, se encuentra imposibilitada de proporcionar su informe. Janneth Verónica Gutiérrez Salvatierra, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Informe presentado el 7 de enero de 2022, cursante a fs. 31 y vta., manifestó que: a) El 1 de septiembre de 2020, asumió el cargo de Auxiliar en el citado Juzgado; b) En el informe que emitió respecto a los números de teléfonos celulares, tuvo un lapsus calami al haberse consignado el número de teléfono celular del imputado -accionante- de manera errónea; sin embargo, también es deber de los funcionarios de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revisar obrados para realizar las notificaciones respectivas, ya que como Juzgado de origen no exigen ninguna formalidad al momento que ingresen los cuadernos de control jurisdiccional; y, c) Si bien realizó el Informe de los números de teléfonos celulares, ello fue a exigencia de las “Salas Penales”, que no tiene respaldo normativo, circular, instructivo o alguna formalidad emitida por el Consejo de la Magistratura o “presidencia” que les exija informar los números de teléfonos celulares. En ese sentido, como personal subalterno, conforme lo previsto por el art. 101 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) tiene el deber de coadyuvar a los secretarios, ante ello enfatizó que los juzgados de instrucción penal cuentan con recargadas funciones y la carga procesal es muy elevada; puesto que, su persona cumple funciones como Auxiliar I y II en razón a que los Gestores suprimieron al Auxiliar II.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 33 a 34 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 742/2021 emitido por la Vocal ahora accionada, quien debe señalar nueva audiencia en la que sea necesariamente notificado de forma legal el imputado -accionante-, una vez concluida, emitir nuevo fallo conforme corresponda. Todo lo señalado, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de antecedentes estableció que innegablemente existió un error en la notificación del imputado -accionante- para la consideración de la audiencia de apelación a la cesación de la detención preventiva, y no sólo porque aceptó su error la Auxiliar ahora coaccionada, sino también porque se verificó que el accionante fue notificado vía WhatsApp a los números de teléfonos celulares que constaban en la imputación formal que correspondían a la anterior defensa técnica sin tomarse en cuenta el memorial de apersonamiento posterior presentado ante el Juez de primera instancia, el que tuvo pleno conocimiento del nuevo abogado defensor y quien proporcionó su número de teléfono celular de WhatsApp, puesto que, en la época de pandemia y de acuerdo a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, es plenamente válido acudir a las notificaciones electrónicas e incluso a través del WhatsApp; 2) Ese error fue cometido por “todas” las ahora accionadas en el presente caso; puesto que, la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, debió informar el número de teléfono celular que correspondía a la defensa del imputado -accionante- y no puede justificarse con la excesiva carga procesal. La Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, no constató el número de teléfono celular de las partes, teniendo la obligación de verificar la información proporcionada por la referida Auxiliar, realizar su propia revisión y no limitarse a revisar el informe presentado por el Juzgado de origen, sobre todo si se encuentra de por medio la libertad de una persona; por lo que, esos errores que no pueden soslayarse por la autoridad jurisdiccional; 3) Respecto a la Vocal hoy accionada, si bien no es su labor realizar las notificaciones; empero, al momento de instalarse la audiencia y disponer como en el presente caso, llevar a cabo la audiencia en ausencia del imputado -accionante- o del abogado defensor, tenía la obligación de verificar que las actuaciones hayan sido realizadas correctamente, tomando en cuenta que es una audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales a llevarse a cabo sin la defensa material ni la defensa técnica; vale decir, que el argumento de la Vocal hoy accionada en sentido que las obligaciones y responsabilidades son del personal de apoyo jurisdiccional de la Sala y del Juzgado de origen; por lo que, no pueden ser considerados como un justificativo por dicha Vocal, ya que se materializó un agravio al derecho a la defensa del imputado -accionante-, quien en el caso de haber tenido conocimiento real y efectivo de la audiencia, se hubiese presentado haciendo conocer sus argumentos que le permitan contrarrestar el recurso de apelación incidental; y, 4) Las actuaciones y omisiones de la Vocal y las funcionarias hoy accionadas, vulneraron el derecho a la defensa del imputado -accionante-, quien no tuvo la oportunidad de defenderse en la audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales efectuada el 1 de diciembre de 2021, repercutiendo en su derecho a la libertad al revocar la cesación de la detención preventiva del accionante y disponer nuevamente su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, por Walter Medardo Almaraz Gutiérrez -ahora accionante- se apersonó dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de su persona, señalando en el “OTROSI”, que su nuevo y único abogado patrocinante es Juan Javier Mardoñez Calanis; y en el “OTROSI” tercero señaló su e-mail: javier mardonez calanis@hotmail.com, y su número de teléfono celular WhatsApp 72096653 (fs. 4). II.2. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante, solicitó cesación de la detención preventiva, y en los “OTROSIES”señaló los mismos datos mencionados en el memorial presentado el 19 de octubre de ese año, concerniente a su abogado patrocinante (fs. 5 y vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 353/21 de 23 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la cesación de la detención preventiva personales del accionante, disponiendo entre otros, la medida sustitutiva de la detención preventiva. Ante esa determinación en audiencia el abogado de la víctima y el representante del Ministerio Público formularon su recurso de apelación incidental (fs. 9 a 13); por lo que, mediante decreto de 30 de noviembre de 2021, se señaló audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares para el 1 de diciembre de 2021, a las 9:30 horas (fs. 15), realizándose la notificación con ese decreto al accionante a los números de teléfonos celulares 76564688 - 63483076, por Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora coaccionada-(fs. 16). II.4. Mediante informe de 26 de noviembre de 2021, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Janneth Verónica Gutiérrez Salvatierra, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionada- refirió que, “…conforme al acuerdo realizado de todas las Salas Penales, debe cursar en obrados informe de números telefónicos de las partes antes de los proceso que se encuentran en apelaciones…” (sic) informó entre otros, que la parte imputada -accionante- tiene los números de teléfonos celulares 76564688-63483076 (fs. 14). II.5. Cursa Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, que revocó el Auto Interlocutorio 353/21, emitido por el Juez de la causa, determinándose la detención preventiva del accionante, quien deberá guardar su detención en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 17 a 18 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la igualdad; infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso; puesto que, no fue notificado correctamente con el decreto de 30 de noviembre de 2021, a través del cual se dispuso la audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales para el 1 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas, ya que de acuerdo al informe emitido por la Auxiliar ahora coaccionada, a través del cual proporcionó los números de teléfonos celulares erróneos a la Oficial de Diligencias hoy coaccionada, quien notificó de manera equivocada a los números de teléfonos celulares 76574688 y 67486076, y a pesar de ello la Vocal ahora accionada, emitió el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, mediante el cual revocó el Auto Interlocutorio 353/21 de 23 de noviembre de 2021, dictado por el Juez de primera instancia, y se determinó la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin tomar en cuenta que el accionante ni su abogado se encontraban en la audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: “...a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnarlos supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

III.2. Notificación para la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 0642/2021-S3 de 20 de septiembre, se establece que: « La SCP 0045/2018-S3 de 14 de marzo sostuvo: “En lo concerniente a la notificación al imputado con el señalamiento de audiencia para la consideración y resolución del recurso de apelación incidental, la SC 0803/2010-R de 2 de agosto, recogiendo otros entendimientos jurisprudenciales, señaló: ‘La jurisprudencia constitucional ha establecido que no es obligatoria la notificación personal con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares en apelación a las partes, toda vez que dicho actuado procesal no está previsto por el art. 163 del CPP, entendimiento desarrollado, entre otros fallos en la SC 0013/2010-R de 6 de abril (…)’. Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2364/2012 de 22 de noviembre y 0045/2015-S1 de 6 de febrero entre otras.

De donde se concluye que la notificación con la providencia que señala audiencia de consideración de la apelación de medidas cautelares, no es obligatorio que sea practicada de manera personal a las partes, debido a que dicho actuado procesal no se encuentra previsto dentro de las causales descritas en el art. 163 del CPP. Sin embargo de lo señalado precedentemente, cabe aclarar que cuando el recurso de apelación deba ser conocido y tramitado por un Tribunal de alzada, que se encuentre en un asiento judicial distinto respecto del juzgado de origen donde se sustancia el proceso principal -supuesto que acontece en el caso de las provincias, considerando la distancia que existe entre éstas y el Tribunal de apelación conformada por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, que tienen asiento judicial en las capitales de departamento-, se deberá disponer la notificación con la providencia que señala día y hora de audiencia para considerar la apelación de medidas cautelares, en el domicilio procesal que las partes hayan constituido en su primera actuación, en cumplimiento a la previsión legal contenida en el art. 162 del adjetivo penal, referido al lugar donde deben practicarse las notificaciones, con el fin de garantizar la presencia de las mismas y de sus abogados patrocinantes al actuado procesal antes referido, y de ese modo no vulnerar el derecho a la defensa de las partes”. El art. 162 del CPP, que fue modificado por la Ley 1173, establece el lugar de notificación, señalando lo siguiente: “Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas que deban practicarse personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Los abogados serán notificados en sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital.

Las notificaciones al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y demás instituciones estatales se realizarán en sus respectivos buzones de notificaciones disponibles mediante ciudadanía digital”. Cuando se trata de comunicaciones por medios electrónicos, como ser el WhatsApp, en el Fundamento Jurídico III.1. de la SCP 0325/2018-S2 de 9 de julio, se estableció que la vía de la aplicación de mensajería por ese medio, se constituye admisible en la acción de libertad, estableciendo que: “…la transferencia de datos a través de este medio; es decir, por vía de la aplicación de mensajería del wasap, resultará admisible en la acción de libertad, siempre que en la práctica ésta cumpla con las siguientes exigencias: i) Se haya comunicado con antelación razonable[...] el contenido de la demanda y el señalamiento del día y hora de audiencia, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa de la parte demandada; ii) Se verifique si efectivamente el tenor íntegro o contenido de la acción de libertad fue de recepción y de conocimiento de la autoridad demandada, cuya veracidad corresponderá ser valorada por la autoridad jurisdiccional; y, iii) Que exista una distancia considerable que conlleve una imposibilidad de traslado para efectuar la notificación personal”; por lo que, ese entendimiento es aplicable a la jurisdicción ordinaria, en materia penal, excepto las disposiciones personales que se encuentran previstas por el art. 163 del CPP. En ese sentido, con el fin de evitar cualquier tipo de vulneración al derecho a la defensa como elemento del debido proceso, en estricta observancia al principio de celeridad, y tomando en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional se persigue el conocimiento real y efectivo de la determinación judicial por su destinatario, más que la mera formalidad de la diligencia, se establece que en un proceso penal es admisible la notificación por WhatsApp, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1) Que se comunique con un tiempo de anticipación razonable el contenido del acto procesal que se requiera notificar; y, 2) Se verifique con certeza que el contenido del acto procesal a notificarse, sea de conocimiento de la parte notificada, para ese efecto se debe cumplir con la finalidad de la notificación, obteniendo constancia de la recepción a las personas notificadas; es decir, que esa comunicación se envió al número de celular correcto de la persona a notificarse -que fue constituido en su primera actuación procesal- y que exista como prueba una foto de captura de pantalla, con la que se demuestre con convicción su recepción, o en su caso, se evidencie de alguna manera tener conocimiento de dicho acto procesal, caso contrario se provocaría su indefensión. De igual forma es necesario aclarar, que para efectuar esa notificación a través de ese medio de comunicación electrónico, se debe tomar en cuenta la salvedad prevista en el art. 163 del CPP, en el cual se establecen los actos procesales que deben ser notificados de forma personal. Efectuando una interpretación sistemática de la citada jurisprudencia constitucional y de la modificación del art. 162 del CPP, se concluye que no es obligatoria la notificación personal con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares en apelación a las partes; puesto que, dicho actuado procesal no se encuentra previsto por el art. 163 del CPP; por lo que la notificación a las partes y a los abogados se realizaran en sus respetivos buzones de notificaciones de ciudadanía digital, o en su caso, de forma alternativa vía WhatsApp, cuando en primera instancia proporcionen los datos correspondientes del número de celular a efectuarse la notificación, conforme al entendimiento mencionado en el párrafo anterior y cumpliendo con los dos requisitos señalados».

III.3. Finalidad de las citaciones y notificaciones

La SCP 0020/2017-S3 de 8 de febrero, reiterando a la SC 1014/2011-R de 22 de junio, sostuvo que: “‘Para que una citación o notificación tenga validez, deben ser realizadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación o citación, no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario; dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en el desarrollo de los procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, conforme ha establecido la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión, indefensión que se encuentra proscrita por los arts. 115, 117 y 119.II de la CPE. Por tal razón, de conformidad con las normas constitucionales aludidas nace un mandato para el juez, cual es de asegurar que el objetivo de la citación o notificación cumpla con su finalidad, esto es, poner en conocimiento del demandado el proceso seguido en su contra. Es por eso, que en la misma Sentencia se señaló que toda notificación, por defectuosa que sea en su forma, pero que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida’.

Asimismo, la SCP 1980/2013 de 4 de noviembre, concluyó que: ‘…tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia constitucional, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno de los derechos a la defensa y por ende del debido proceso; de modo que, todas las actuaciones procesales deben ser comunicadas con una eficacia material, de lo contrario, se estaría provocando indefensión…’” (las negrillas son nuestras).

III.4. Sobre el derecho a la defensa material y técnica

En cuanto a este tópico, la SCP 0711/2021-S3 de 6 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: «El art. 8 del CPP, hace referencia a que el imputado podrá defenderse por sí solo en todos los actos del proceso, sin que esto lo vaya a perjudicar en la defensa técnica realizada por su abogado, asimismo, el art. 9 del mencionado Código establece que la defensa técnica, se constituye en el derecho a la asistencia y defensa por parte de un abogado. Asimismo, de acuerdo a los arts. 115.II y 119.II de la CPE, se garantiza los derechos al debido proceso y a la defensa, de esa manera se constata que el Estado considera que el núcleo esencial del derecho a la defensa converge en la garantía procesal de que las personas sometidas a un proceso, sean escuchadas, intervengan en los actuados procesales inherentes al despliegue procesal del caso por sí o mediante su abogado patrocinante, y puedan hacer uso de los recursos previstos en la norma procesal, configurando ello en una defensa técnica como material.

En ese contexto, la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, señala que: “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Bolivia mediante Decreto Supremo (DS) 18950 de 17 de mayo de 1982, (elevado a rango de Ley 2119 promulgada el 11 de septiembre de 2000), establece el derecho fundamental de toda persona sometida a proceso, sujeto a una serie de garantías mínimas, entre las que se encuentra reconocida la defensa material, expresada como el derecho: ‘A hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección, a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo’.

Por otra parte, la constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionara a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: `…tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre puedan realizarse todos los actos que posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…´. Asimismo y con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor, mediante Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se ha creado el Servicio Nacional de Defensa Publica, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado. (…) En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya será el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”» (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, establece que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a la defensa, a la “seguridad jurídica” y a la igualdad; infiriéndose del sustento argumentativo al debido proceso puesto que, no fue notificado correctamente con el decreto de 30 de noviembre de 2021, a través del cual se dispuso la audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales para el 1 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas, ya que de acuerdo al informe emitido por la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz ahora coaccionada, a través del cual proporcionó los números de teléfonos celulares erróneos a la Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento ahora coaccionada, quien notificó de manera equivocada a los números de teléfonos celulares 76574688 y 67486076, y a pesar de ello la Vocal ahora accionada, emitió el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, mediante el cual se revocó el Auto Interlocutorio 353/21 de 23 de noviembre de 2021, dictado por el Juez de primera instancia, y se determinó la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin tomar en cuenta que el accionante ni su abogado se encontraban en la audiencia. Previamente a ingresar al fondo de la problemática planteada, corresponde precisar que, conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian vulneraciones al debido proceso, no abarca a todas las formas en las que pueda ser vulnerado, sino queda reservada únicamente para aquellos procesos en los que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción, en virtud a ello, esta acción de defensa procede cuando de manera concurrente se cumplen dos requisitos, que son los siguientes: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados que deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión; por lo que, en el presente caso se evidencia que la falta de notificación con la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, alegada por el accionante a través de su representante sin mandato, se constituye en la causa directa de cualquier restricción o amenaza de su derecho a la libertad física; puesto que, el ejercicio del mismo depende de la consideración del acto lesivo señalado en esta acción tutelar; además, que con dicha omisión se ocasionó su absoluto estado de indefensión, sobre todo si se celebró dicha audiencia en ausencia del accionante y du defensa técnica y sin haber efectuado su notificación legal, hasta que se emitió el Auto de Vista 742/2021. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante quien el 19 de octubre de 2021, se apersonó ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, señalando en el “OTROSI”, que su nuevo y único abogado patrocinante es Juan Javier Mardoñez Calanis; y en el “OTROSI” tercero señaló su e-mail: javier mardonez calanis@hotmail.com, y su número de teléfono celular WhatsApp 72096653 (Conclusión II.1.). En consecuencia, el 17 de noviembre de 2021, mediante memorial presentado ante la mencionada autoridad judicial, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva, y en los “OTROSIES” señaló los mismos datos mencionados presentado el 19 de octubre de ese año, concerniente a su abogado patrocinante (Conclusión II.2.).

Seguidamente, por Auto Interlocutorio 353/21, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la cesación de la detención preventiva del accionante, ordenando entre otros, la medida sustitutiva de la detención preventiva. Ante esa determinación en audiencia el abogado de la víctima y el representante del Ministerio Público formularon su recurso de apelación incidental; por lo que, mediante decreto de 30 de noviembre de 2021, se señaló audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares para el 1 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas realizándose la notificación con ese decreto al accionante a los números de teléfonos celulares 76564688-63483076, por la Oficial de Diligencias ahora coaccionada (Conclusión II.3.). Mediante informe de 26 de noviembre de 2021, dirigido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la Auxiliar ahora coaccionada refirió que, “…conforme al acuerdo realizado de todas las Salas Penales, debe cursar en obrados informe de números telefónicos de las partes antes de los proceso que se encuentran en apelaciones…” (sic) informó entre otros, que la parte imputada -accionante- tiene los números de teléfonos celulares 76564688-63483076 (Conclusión II.4.). Por Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, la Vocal ahora accionada revocó el Auto Interlocutorio 353/21, emitido por el Juez de la causa, determinándose la detención preventiva del accionante, quien deberá guardar su detención en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.5.). Conforme a lo expuesto en esta acción de libertad, se advierte que el accionante a través de su representante sin mandato, formuló dicha acción de defensa contra una Vocal y dos funcionarias subalternas; por lo que, corresponde realizar la revisión de sus actos procesales de cada una de ellas dentro del proceso penal seguido contra el accionante, con la finalidad de determinar si se hubiesen vulnerado o no los derechos alegados en la presente acción tutelar. Con relación a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se advierte que emitió el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre, a través del cual dispuso que se revoque el Auto Interlocutorio 353/21, emitido por el Juez de primera instancia y determinó la detención preventiva del accionante, quien deberá guardar su detención en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin tomar en cuenta que al instalar la audiencia virtual no se encontraban conectados a dicha audiencia el imputado -accionante- ni su abogado debido a que no fueron notificados de forma correcta, que si bien la Oficial de Diligencias ahora coaccionada efectuó las notificaciones de acuerdo al informe presentado por la Auxiliar hoy coaccionada; empero, no se percató y constató en el legajo del recurso de apelación incidental, que el accionante cambió de abogado y que por tanto los números de teléfonos celular de WhatsApp informados correspondían al anterior abogado del accionante. A pesar de ello la referida Vocal dispuso que se lleve a cabo la audiencia en ausencia del imputado -accionante-y de su abogado defensor; cuando, también es su obligación realizar la verificación con relación a la efectividad de las notificaciones a las partes, sobre todo si trata de una audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares, situación que ocasionó la indefensión del accionante y además al haberse dispuesto la revocatoria del Auto Interlocutorio 353/21 y la detención preventiva del nombrado; asimismo, se vulneró sus derechos al debido proceso y a la igualdad vinculado a su derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares y todos los actos procesales posteriores hasta el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre y su respectiva notificación, debiendo la Vocal ahora accionada, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ordenar a su personal subalterno, la notificación legal -conforme a procedimiento- al accionante y su abogado, con el señalamiento de una nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales, para que en dicho acto asuma su defensa y se dicte la resolución que corresponda con celeridad.

Respecto a Maya Libertad Arjuata Cruz, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se tiene que de acuerdo al Informe de 26 de noviembre de 2021, remitido por la Auxiliar ahora coaccionada, directamente procedió a realizar la notificación conforme a los datos de los números de teléfonos celulares que constaba en dicho Informe, sin realizar la correspondiente verificación con el objetivo de que la notificación realizada cumpla con su finalidad, situación que se constituye una vulneración al derecho a la defensa con implicancia en el debido proceso vinculado a la libertad del accionante; puesto que, en virtud a ese extremo no tuvo la oportunidad de ejercer su pleno derecho a la defensa en la audiencia del recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales que fue celebrada el 1 de diciembre de 2021. En ese sentido la Oficial de Diligencias ahora coaccionada, tiene la obligación de cumplir a cabalidad con sus funciones y en coordinación con la Auxiliar hoy coaccionada -del juzgado de primera instancia-, debe realizar la revisión correspondiente de los datos proporcionados con la finalidad de evitar una notificación errónea, que dé lugar a la indefensión en este caso del accionante. Además, que si bien se encuentran permitidas legalmente las diligencias a través de un medio electrónico, como es el WhatsApp, también debió verificarse la certeza que el contenido del decreto de 30 de noviembre de 2021 con el que se tenía que notificar, sea de conocimiento del accionante, obteniendo la constancia de su recepción a través de una fotografía de captura de pantalla con la que demuestre su recepción, caso contrario no puede dar por efectuada la notificación con efectividad si no demostró de forma objetiva su materialización, más aún como ocurre en el presente caso, que en principio no se tiene ninguna prueba de la recepción de la notificación -solamente consta en cédula- que la comunicación se envió al número de teléfono celular que no era correcto, ya que no correspondía al actual abogado patrocinante del accionante, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo que en virtud a la nueva audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales que debe dictar la Vocal hoy accionada, la Oficial de Diligencias ahora coaccionada -en coordinación con la Auxiliar hoy coaccionada- debe cumplir sus funciones con precisión y realizar las notificaciones de acuerdo a los datos actuales que se encuentren en el cuaderno de control jurisdiccional; es decir, que debe verificar el cambio de abogado patrocinante y el número de teléfono celular al que debe realizar la notificación, teniendo la certeza de su recepción y adjuntando al respectivo cuaderno procesal. En cuanto a Janneth Verónica Gutiérrez Salvatierra, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, se advierte que en su informe presentado en esta acción de libertad, reconoció su error, pretendiendo justificar que existe una excesiva carga procesal; sin embargo, es un argumento que no es justificable; puesto que, provocó que en las siguientes actuaciones procesales se realice la notificación de manera incorrecta, sin tomar en cuenta que se trataba de una notificación para que el accionante ejerza su derecho a la defensa en la audiencia de recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales de 1 de diciembre de 2021. En ese contexto, la Auxiliar ahora coaccionada, debió tomar en cuenta los memoriales presentados por el accionante de 19 de octubre y de 17 de noviembre de 2021, en los cuales de manera expresa señaló los datos correspondientes a su único abogado patrocinante que es Juan Javier Mardoñez Calanis, con e-mail: Javier mardonez calanis@hotmail.com, y su número de teléfono celular de WhatsApp 72096653, al no hacerlo, se advierte que la mencionada funcionaria no revisó con detenimiento el cuaderno procesal con el fin de proporcionar la información correcta a la Oficial de Diligencias ahora coaccionada, con el objeto de que las notificaciones cumplan con su finalidad. Bajo esas circunstancias, se evidencia que se vulneró el derecho a la defensa del accionante repercutiendo en sus derechos a la libertad y a la igualdad procesal y al debido proceso; puesto que, debido a esa omisión no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la audiencia de recurso de apelación de medidas cautelares personales; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo que se proceda a la elaboración del informe correcto en coordinación con la Oficial de Diligencias hoy coaccionada en esta acción tutelar.

En ese sentido, se tiene conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de este fallo constitucional, para que una citación o notificación tenga validez, deben ser efectuadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; puesto que, la notificación o citación, no están dirigidas a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de dicha diligencia sea conocida efectivamente por el destinatario; es decir, que cumpla con su finalidad; ya que solamente el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en el desarrollo de los procesos; por lo que, de acuerdo a lo expuesto en dichos fundamentos jurídicos, en el presente caso se advierte que no cursa en antecedentes ninguna notificación al número de teléfono celular del nuevo abogado patrocinante del accionante, menos de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital al accionante ni a su nuevo abogado defensor, situación que dio lugar a su inasistencia a dicha audiencia.

Tomando en cuenta la particularidad del presente caso, en el que alegan que se realizó la notificación del accionante por WhatsApp, se evidencia que no cumplieron con su finalidad al notificarse a los números de teléfonos celulares de su anterior abogado patrocinante y no así al actual; puesto que, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, se evidencia que el abogado del accionante no asistió a la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares personales, ni el accionante, demostrando con ello que no se realizó su respectiva notificación por esa vía, que no surtió efectos legales, ni fue consentida o aceptada, tanto por el accionante y su abogado; es decir, que la notificación efectuada por la Oficial de Diligencias ahora coaccionada, no cumplió con el fin de hacer conocer a los mencionados la realización del citado acto procesal, sobre todo si en esa audiencia se consideraría la modificación o no de la situación jurídica del accionante; puesto que, principalmente tanto la Auxiliar como la Oficial de Diligencias hoy coaccionadas, debieron verificar el número de teléfono celular donde se pretendió efectuar la notificación para la referida audiencia; y además, la Vocal ahora accionada al observar la inasistencia del accionante y de su abogado a esa audiencia, previamente a instalar la audiencia de recurso de apelación de medidas cautelares personales, debió asegurarse de su notificación legal y pedir un informe minucioso respecto a la materialización objetiva de las notificaciones, o en su caso, proceder a la notificación a través del buzón de notificación de Ciudadanía Digital, tal como establece el art. 162 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173; justamente con la finalidad que ese acto procesal de comunicación adquiera su eficacia y cumpla su propósito, extremo que no ocurrió en este caso y a consecuencia de ello se provocó su indefensión del accionante. Asimismo, el accionante a través de su representante sin mandato alega la vulneración del principio de seguridad jurídica; sin embargo, se evidencia que en su memorial de interposición de esta acción de defensa, no expresó de manera clara la vinculación de dicho principio en su núcleo esencial, con alguno de los bienes jurídicos que protege esta acción tutelar, razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 33 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el trámite del recurso de apelación incidental y todos los actos procesales posteriores hasta el Auto de Vista 742/2021 de 1 de diciembre y su respectiva notificación, debiendo la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ordenar a su personal subalterno, que realice la notificación al accionante y a su abogado conforme a procedimiento y en coordinación con la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento con el señalamiento de una nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, para que en dicho acto asuma su defensa y se dicte la resolución que corresponda con celeridad; salvo que, el advertido defecto procesal y jurisdiccional ya hubiese sido subsanado como efecto de la protección constitucional asumido por el Juez de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al principio de seguridad jurídica, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0454_2023-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0689e587eceeb378c1451e68a149040c367b06b537c12049c8aa4239e4ca41af

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →