Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, habiendo cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas por el Tribunal de alzada, la Jueza demandada no expidió el respectivo mandamiento de libertad a su favor, pese a que el mismo ya fue ordenado mediante providencia de 15 de noviembre de 2021; asimismo, tampoco se pronunció con relación a su memorial presentado el 4 de enero de 2022, encontrándose por ello indebidamente privado de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/22 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 90 vta. a 94, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, responda al memorial de 4 de enero de 2022, presentado por el accionante, sea el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del prenombrado haya cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al pago de costas y daños y perjuicios.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0454/2023-S2 Sucre, 2 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45567-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/22 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 90 vta. a 94, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Melvi Guzmán Pantoja en representación sin mandato de Daniel Arana Becerra contra Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de enero de 2022, cursante de fs. 38 a 42 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el 11 de diciembre de 2020, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días; por tal motivo, solicitó la cesación de la extrema medida y al haber sido rechazada, interpuso recurso de apelación incidental; a tal efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 262 de 20 de septiembre de 2021, declaró admisible y procedente su impugnación, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas, entre ellas, la fianza económica, el arraigo y otras. Una vez cumplidas las condiciones impuestas, Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del referido departamento -ahora demandada-, mediante providencia de 15 de noviembre de igual año, ordenó se expida mandamiento de libertad; ante ello, el Ministerio Público solicitó la modificación de su situación personal, alegando la existencia de una sentencia condenatoria; pedido que sin embargo, fue negado por dos votos de los miembros del aludido Tribunal; a cuyo efecto, el representante fiscal interpuso recurso de apelación incidental contra dicha decisión, la cual fue declarada improcedente a través del Auto de Vista 482 de 1 de diciembre de similar año, pronunciada por la Sala Penal Tercera del referido Tribunal Departamental. No obstante de lo anotado, la Jueza demandada abusando de su condición de Presidente del citado Tribunal de Sentencia, no tendría la voluntad de expedir el referido mandamiento de libertad, pese a que el mismo ya fue ordenado anteriormente mediante decreto de 15 de noviembre de igual año, no habiéndose pronunciado respecto a su memorial de 3 de enero de 2022, a pesar de haber transcurrido varios días, encontrándose por ello indebidamente privado de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que la Jueza demandada “en el día” entregue el mandamiento de libertad, bajo prevención de remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento; sea con costas y pago de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de enero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 87 a 90, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos señaló que, “…los funcionarios, la secretaria y la misma auxiliar manifestaron que la misma presidenta no da lugar a que accedan al cuadernillo para que mi persona pueda actuar…” (sic); a ello, el 4 de enero de 2022, reiteró se expida mandamiento de libertad a su favor; empero, la funcionaria del despacho le indicó que la Jueza demandada estaba con baja médica dos días por sospecha de COVID-19 y pese a haber transcurrido ese tiempo, no se ordenó se libre el referido documento para hacer efectiva su libertad; por lo que, reiteró se le conceda la tutela impetrada.
Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías manifestó que: a) En el presente caso, ya se emitió sentencia condenatoria de veintisiete años de presidio contra el peticionante de tutela, a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente agravada; b) La Sala Penal “Tercera” -lo correcto es Segunda- del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, en apelación otorgó al prenombrado medidas sustitutivas a la detención preventiva, por Auto de Vista 262; ante lo cual, luego de cumplir con el arraigo y el depósito judicial ordenado, mediante proveído de 15 de noviembre de 2021, dispuso que se libre mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela; c) Pese a ello, la abogada del prenombrado no se apersonó desde la indicada fecha ante el Tribunal a quo, a efectos de recabar el aludido mandamiento; posteriormente, en audiencia celebrada el 17 de similar mes y año, por mayoría de votos se revocó las citadas medidas sustitutivas dispuestas a favor del mencionado, disponiendo la extrema medida en su contra; sin embargo, luego la referida Sala Penal dispuso se otorgue la libertad al accionante; d) El 4 de enero de 2022, la abogada de la defensa presentó memorial de solicitud de libertad del nombrado; empero, como estuvo con baja médica el 5 y 6 de igual mes y año, recién tomó conocimiento el 7 del citado mes y año, indicando: “‘estese al proveído de fecha 17 de Diciembre y se extraña el auto de vista de la Sala’” (sic); y, e) Una vez enviado el indicado fallo de alzada, “…no existe ninguna solicitud de mandamiento de libertad que haya puesto a conocimiento de la suscrita después de que se haya remitido de la Sala…” (sic); por ello, tomando en cuenta que no se cumplió con el objeto de esta acción tutelar, ni la vulneración de derechos, solicitó se rechace la misma, al no haber pedido de libertad del impetrante de tutela; y, considerando que fue de voto disidente que obtenga su libertad, “…sin embargo los dos jueces que conforman este tribunal los cuales deberían de ser quienes emitan el mandamiento de libertad hoy se encuentran con covid-19…” (sic). En ejercicio de la réplica, manifestó que si bien ordenó que se emita el mandamiento de libertad para el solicitante de tutela; sin embargo, también existía una presentación de revocatoria, hubo un señalamiento de audiencia dentro de dos o tres días en la cual estuvo presente; “…me echa la culpa a mi desde el 15 de Noviembre cuando el Juez que estuvo de turno y tenía el cuaderno procesal tampoco pudo dar cumplimiento a esta orden de libertad tomando en cuenta que era una resolución que estaba apelada…” (sic); debido a que, la citada Sala Penal Tercera que emitió el Auto de Vista 482, no tenía el acta porque salió de vacación, así que el juez de turno desconocía dicho fallo para librar el referido mandamiento; “…no es a capricho yo no tengo ninguna enemistad ni odio o resentimiento con las partes solamente que estoy aquí para hacer cumplir la Ley porque yo no conozco a las partes y se emitió una Sentencia con un voto unánime de 27 años de presidio…” (sic).
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10/22 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 90 vta. a 94, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada, en el término de un día de su notificación, ordene que por secretaría del Tribunal a su cargo, se libre mandamiento de libertad a favor del accionante, “…que este sea firmado por su persona, sin ningún tipo de excusa ni de esperar la firma de los otros co – jueces del Tribunal que están con baja médica y que este sea remitido vía Gestora de Procesos al Recinto Penitenciario Santa Cruz – Palmasola” (sic); sin costas, multas ni determinación de indicios de responsabilidad penal o disciplinaria de la autoridad demandada, por ser excusable; con base en los siguientes fundamentos: 1) El peticionante de tutela se benefició con la cesación de la detención preventiva a través del Auto de Vista 262, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; asimismo, luego de cumplir con las medidas sustitutivas dispuestas, por providencia de 15 de noviembre de igual año, se determinó que se libre mandamiento de libertad; 2) Existió un indebido procesamiento por las dilaciones indebidas en la facción del mismo; puesto que, al estar vinculada dicha orden judicial al indicado derecho fundamental, no podía estar condicionada su elaboración a ningún tipo de tramitación incidental posterior, como la modificación de medidas cautelares personales presentada por el Ministerio Público, en la referida fecha; 3) Si bien la facción del aludido mandamiento no era atribución directa de la Jueza demandada, sino de la Secretaria de su despacho; empero, debió supervisar y hacer seguimiento de su orden y en su caso, reconducir el mal proceder de la referida personal de apoyo judicial; 4) El Tribunal a quo por mayoría rechazó la solicitud de modificación impetrada, extremo confirmado luego por la mencionada Sala Penal, “…No pudiendo negar la accionada, que no conocía que no se libró el mandamiento de libertad, ya que existe constancia en el expediente, que en fecha 18/11/2021, ingres[ó] un memorial de reclamo exigiendo el mandamiento de libertad, ante el cual la accionada solo señala mediante decreto del 19/11/2021, que debía estar al ya ordenado mandamiento de libertad del 15/11/2021…” (sic); 5) La autoridad demandada de forma equivocada creyó que no se debía librar el indicado mandamiento por el solo hecho de estar pendiente la referida modificación de medidas sustitutivas; incluso de que, al haber sido disidente en el fallo de rechazo a esta, emitida a través del Auto de 17 de noviembre de 2021, tampoco estaba en la obligación de expedirlo, en su condición de “…Presidente de la causa…” (sic); y, 6) Habiendo transcurrido desde el 15 de igual mes y año, “a la fecha” casi dos meses, sin que se haya emitido dicho mandamiento, la Jueza demandada incurrió en procesamiento ilegal e indebido, transgrediendo el art. 189 de la CPE y los principios de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez, que sustentan al Órgano Judicial y la justicia ordinaria. Una vez emitida la mencionada Resolución, la autoridad demandada en la vía de enmienda y complementación, solicitó que se pronuncie respecto a la SCP 0244/2016-S2 de 21 de marzo, en cuanto a la responsabilidad que tiene el personal de apoyo judicial ante la inobservancia de sus funciones; asimismo, se precise la fecha con relación al cumplimiento del mandamiento de libertad; en sustanciación y resolución, el Tribunal de garantías declaró no haber lugar al pedido impetrado, argumentando que: “…ningún miembro del personal de apoyo jurisdiccional ha sido accionado” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Flores Lozano contra Daniel Arana Becerra -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en audiencia los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 44/21 de 7 de julio de 2021, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el prenombrado (fs. 2 a 7). II.2. En mérito al recurso de apelación incidental formulado por el peticionante de tutela contra el Auto Interlocutorio supra citado; la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, en audiencia emitió el Auto de Vista 262 de 20 de septiembre de 2021, declarando admisible y procedente la impugnación planteada; en consecuencia, revocó en todas sus partes el fallo confutado, disponiendo medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), entre ellas, la fianza económica, el arraigo y otras que una vez cumplidas, la autoridad jurisdiccional deberá extender el correspondiente mandamiento de libertad (fs. 8 a 11). II.3. Mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela solicitó al Tribunal a quo se dé cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de alzada y se emita el mandamiento de libertad pertinente; habiendo adjuntado a tal efecto, el correspondiente certificado de arraigo y boleta de depósito de la fianza económica, en cumplimiento a las medidas sustitutivas impuestas (fs. 18 y vta.). II.4. A través de la providencia de 15 del indicado mes y año, Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, dispuso que: “Habiendo el imputado Daniel Arana Becerra, cumplido con las medidas sustitutivas impuestas por la Sala Penal Segunda del tribunal departamental mediante Auto de Vista de fecha 20 de Septiembre de 2021. Por Secretaría, librese mandamiento de libertad en favor de Daniel Arana Becerra” (sic [fs. 19]). II.5. Por escrito presentado el 15 de noviembre de 2021, el Fiscal de Materia de la causa solicitó al citado Tribunal de Sentencia Penal, la modificación de las medidas cautelares impuestas al accionante; a tal efecto, en audiencia Vivian Balcázar Melgar y Wilson Espada Patiño, Jueces del indicado Tribunal, pronunciaron el Auto Interlocutorio de 17 de noviembre de 2021, por mayoría de votos mantuvieron lo determinado por la Sala Penal “Tercera”, en relación a la imposición de las medidas cautelares y al no haber sido puesto en libertad el peticionante de tutela, no se podía alegar la existencia de elementos que justifiquen una eventual revocatoria (fs. 66 a 73). II.6. En virtud al recurso de apelación incidental formulado por el representante del Ministerio Público contra el supra referido Auto Interlocutorio; la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en audiencia dictó el Auto de Vista 482 de 1 de diciembre de 2021, declarando admisible e improcedente la impugnación formulada; en consecuencia, confirmó la Resolución recurrida (fs. 29 a 32 vta.). II.7. Por escrito presentado el 8 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela solicitó al Tribunal a quo se expida mandamiento de libertad; en virtud a ello, el Juez de turno por vacación judicial dictó la providencia de 10 de igual mes y año, manifestando que no cursaba el Auto de Vista 482, que resolvió la apelación incoada por el Ministerio Público; por lo que, previamente debía tomar conocimiento de dicho fallo, antes de disponer lo que en derecho corresponda (fs. 80 a 81). II.8. Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2022, el solicitante de tutela reiteró su pedido de que se expida mandamiento de libertad a su favor, al haber cumplido las medidas sustitutivas impuestas (fs. 37).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, habiendo cumplido con las medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuestas por el Tribunal de alzada, la Jueza demandada no expidió el respectivo mandamiento de libertad a su favor, pese a que el mismo ya fue ordenado mediante providencia de 15 de noviembre de 2021; asimismo, tampoco se pronunció con relación a su memorial presentado el 4 de enero de 2022, encontrándose por ello indebidamente privado de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (la negrilla fue añadida). Asimismo, el art. 178.I de la Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado es nuestro). En concordancia con la norma señalada, el art. 115.II de la Norma Suprema determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese sentido, la SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio indicó que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).
Sobre este tema, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció lo siguiente: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.
Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (énfasis y subrayado corresponde al texto original).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Daniela Flores Lozano contra Daniel Arana Becerra -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 44/21 de 7 de julio de 2021, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva del prenombrado, quien formuló recurso de apelación incidental; a tal efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento, en audiencia emitió el Auto de Vista 262 de 20 de septiembre del mismo año, declarando admisible y procedente la impugnación planteada, revocando en todas sus partes el fallo confutado, y disponiendo la aplicación de medidas cautelares previstas en el art. 231 bis del CPP. En cumplimiento a esa decisión, el peticionante de tutela solicitó al Tribunal a quo la emisión del mandamiento de libertad, adjuntando la documentación pertinente; en mérito a ello, Ana María Paz Irusta, Jueza del indicado Tribunal de Sentencia -demandada-, por providencia de 15 de noviembre de 2021, dio curso a dicho requerimiento. Más adelante, tras el pedido de modificación de las medidas cautelares impuestas al impetrante de tutela por parte del Fiscal de Materia asignado a la causa; el Tribunal de instancia, por mayoría de votos, mantuvo lo dispuesto por la aludida Sala Penal, a través del Auto Interlocutorio de 17 del indicado mes y año; determinación que fue objeto del recurso de apelación incidental por parte del representante fiscal; a cuyo efecto, la Sala Penal Tercera del señalado Tribunal Departamental de Justicia, dictó el Auto de Vista 482 de 1 de diciembre de 2021, que declaró admisible e improcedente la impugnación formulada, confirmando el fallo recurrido. Finalmente, por memorial presentado el 4 de enero de 2022, el solicitante de tutela reiteró su pedido de que se expida mandamiento de libertad a su favor, al haber cumplido las medidas sustitutivas impuestas.
De los antecedentes procesales que fueron remitidos a este Tribunal, se establece que ante la solicitud formulada el 4 de igual mes y año, por el prenombrado, dirigido a los Jueces del señalado Tribunal de Sentencia Penal, respecto a la expedición del mandamiento de libertad a su favor, al haber cumplido con las medidas cautelares dispuestas por la citada Sala Penal Segunda; no se evidencia la existencia de una respuesta a dicho pedido, mediante una resolución judicial; extremo, que a su vez fue corroborado por la Jueza demandada en su informe oral presentado en audiencia de garantías; a consecuencia de ello, el 11 de igual mes y año, el accionante interpuso esta acción de defensa, denunciando esa situación, habiendo transcurrido cinco días hábiles desde la formulación del memorial hasta la indicada fecha, sin obtener una respuesta formal a su petitorio; más aún, si se considera que la citada autoridad judicial, en su condición de Presidente del Tribunal de la causa, ante un similar pedido efectuado el 12 de noviembre de 2021, por el peticionante de tutela, emitió la providencia de 15 de similar mes y año, respondiendo a su requerimiento; sin embargo, al presente no sucedió lo propio, no habiendo justificado, menos acreditado con prueba alguna los motivos que le impidieron contestar a la petición formulada por el aludido. Consiguientemente, la autoridad jurisdiccional demandada generó una dilación innecesaria en el tratamiento y consideración de la solicitud del impetrante de tutela, afectando por ende su derecho a la libertad, sin una justificación razonable; puesto que, toda autoridad que conozca de una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; por ello, quien administra justicia tiene el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por todos los argumentos vertidos, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, la misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existe demora o dilaciones injustificadas o indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con distinto razonamiento, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/22 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 90 vta. a 94, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que Ana María Paz Irusta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, responda al memorial de 4 de enero de 2022, presentado por el accionante, sea el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del prenombrado haya cambiado; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al pago de costas y daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0454_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2e47819b1a64ae6980d87e2b68dc6178543050437cb88716214886570c0aad9a
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