B.IA.LEGAL

SCP 0453/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de agosto de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51559-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a ser oído, debido proceso en sus elementos de la defensa, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; debido a que, en la audiencia de apelación incidental, los Vocales demandados, tras instalar la audiencia, emitieron el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, en el que declararon la perención del derecho a fundamentar y, en consecuencia, la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental confirmando el Auto Interlocutorio 47/2021 sin permitir que el abogado-apoderado de la víctima apelante expusiera los agravios ni produjera la prueba ofrecida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; b) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; c) El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 261/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 342 a 348 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa y a ser oído en los mismos términos dispositivos establecido por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional
  2. III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  3. III.3. El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0453/2024-S1 Sucre, 20 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 51559-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 261/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 342 a 348 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Marcelo García Terceros en representación legal de Juan José García López contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 30 de agosto de 2022, cursantes de fs. 221 a 236; y, 258 a 274, respectivamente, el accionante a través de su representante legal, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia del ahora accionante, contra Gabino Hugo Gamarra Kapkeki por la presunta comisión del delito de supresión y destrucción de documento, mediante Auto Interlocutorio 576/2016 de 22 de diciembre se declaró la rebeldía del referido imputado interrumpiéndose el plazo de prescripción de la acción penal. Posteriormente, se emitió una sentencia absolutoria, la cual fue apelada por el impetrante de tutela y resuelta mediante Auto de Vista 16/2018 de 13 de marzo, anulándose el pronunciamiento apelado y disponiéndose la reposición del juicio oral. Sin embargo, el acusado presentó recurso de casación y una excepción de extinción por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, el primero fue declarado inadmisible mediante Auto Supremo 550/2019-RA de 2 de agosto, mientras la indicada excepción fue calificada como infundada y manifiestamente dilatoria mediante Auto Supremo 1018 A/2018 de 10 de diciembre, notificado el 24 de septiembre de 2019; por lo cual, dicha resolución interrumpió nuevamente el cómputo de la prescripción, evitando que se completen los tres años necesarios para que proceda. Posteriormente, los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del Departamento de La Paz. Allí, el acusado interpuso nuevamente una excepción de extinción por prescripción el 12 de abril de 2021 que mediante Auto Interlocutorio 47/2021 de 23 de julio se declaró probada omitiendo considerar lo dispuesto en el Auto Supremo 1018 A/2018 de 10 de diciembre. Además, la excepción fue planteada sin fundamentación ni prueba idónea y pertinente, por lo que debió haber sido rechazada in limine. Ante esta determinación, el ahora impetrante de tutela en su condición de víctima y querellante, de ochenta y cinco (85) años de edad, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, durante la audiencia de fundamentación oral realizada el 15 de febrero de 2022, los Vocales ahora demandados impidieron a su apoderado legal fundamentar los agravios sufridos y presentar la prueba ofrecida en el otrosí 5° del memorial de apelación incidental que incluía el Auto Supremo 1018 A/2018 y el cuaderno de control jurisdiccional que contenía el Testimonio Poder 252/2015 de 28 de septiembre. Bajo ese marco, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, en el cual declararon la inadmisibilidad y perención del recurso de apelación incidental, confirmando el contenido del Auto Interlocutorio 47/2021 de 23 de julio apelado sin otorgarle la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa ni al debido proceso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a ser oído, al debido proceso en sus elementos de la defensa, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; citando al efecto, los arts. 115.II, 119.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, y en audiencia se dicte un nuevo Auto de Vista con la debida fundamentación y motivación previa valoración de la prueba se revoque totalmente el Auto Interlocutorio 47/2021 de 23 de julio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de la presente acción de amparo, se realizó el 28 de septiembre de 2022; según consta en acta cursante a fs. 335 a 341, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su apoderado abogado, reiteró íntegramente los fundamentos de la acción de amparo, ampliando señaló que el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz en el Auto Interlocutorio 47/2021 efectuó un erróneo cómputo de la prescripción porque tomó en cuenta como fecha de inicio la gestión 2015, sin considerar que el Auto Supremo (AS) 1018 A/2018 fue notificado el 24 de septiembre de 2019, por lo que la decisión fue apelada ofreciendo como prueba el referido AS y el cuaderno de control jurisdiccional donde consta el poder 252/2015 de 28 de septiembre, que faculta al representante a interponer recursos en el proceso penal incluyendo la acción de amparo constitucional, que no fueron valorados por los Vocales de la Sala Penal Tercera en la audiencia de 15 de febrero de 2022, toda vez que el Vocal codemandado refiere que el informe emitido por Secretaria de Cámara indica que no se encuentra el apelante querellante y aplica el art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias, pese a que el abogado indico que tiene poder para representar que cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional, sin embargo, en forma arbitraria los Vocales deciden no considerar ningún elemento probatorio.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe cursante de fs. 322 a 325 vta., manifestaron: a) Mediante Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero se confirma el Auto Interlocutorio 47/2021 dictada por el Juzgado Sexto de Sentencia de la Capital del departamento de La Paz; b) El accionante manifiesta que en la audiencia de 15 de febrero de 2022 se encontraba representado, sin embargo, en sala virtual no se encontraba Juan José García López, solo su abogado patrocinante y de la revisión del legajo de apelación y lo informado por Secretaria de Cámara se señaló que no se encontraba el poder de representación, asimismo el apelante no ha justificado objetivamente su inasistencia entonces, se dispuso lo que en derecho correspondía; el accionante estaba en la obligación de estar presente en esta audiencia virtual, quien no se hizo presente a pesar que fue legalmente notificado, por lo que el Tribunal de Alzada cumplió con su obligación de notificar a las partes procesales y garantizar la presencia de la parte apelante, así como de su abogado patrocinante, lo que hizo pensar que voluntariamente el apelante decidió no asistir al actuado, pues inclusive pudo presentar las justificaciones objetivas pero no lo hizo, además de acuerdo al protocolo de audiencias virtuales tenía la obligación de ingresar a la audiencia virtual 15 minutos antes y se le espero un tiempo razonable, pero no ingreso a la audiencia virtual; c) El Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, cuenta con los fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales, se encuentra debidamente fundamentado y claro para las partes, no existiendo ninguna vulneración al debido proceso cumpliendo con lo dispuesto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), más cuando el accionante no demostró objetivamente que clase de fundamentación adolece el Auto de Vista, si falta una fundamentación fáctica, intelectiva, descriptiva o jurídica e incluso tiene que identificar en que parte de esa Resolución existe ese defecto; d) En la acción de amparo solo se hace una relación de los hechos sucedidos en el proceso penal, copia de sentencias constitucionales, transcripción de conceptos jurídicos identificando los derechos y garantías sin la debida fundamentación; e) El accionante, sino comprendió los fundamentos del Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, tenía la obligación de solicitar explicación, complementación y enmienda, que no lo hizo, porque está de acuerdo con el mismo, sin haber agotado esa instancia vulnerando la subsidiariedad pretende vía acción de amparo subsanar su negligencia, peor aún, no está dentro de los seis meses que establece el Código Procesal Constitucional, ya que la resolución fue dictada y notificada en el mes de febrero por lo que tenía que presentar la acción en el mes de agosto, pero lo presenta en septiembre, fuera de plazo; y f) No se vulneró ningún derecho ni garantías del accionante quien tenía la obligación de establecer el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios de los derechos y garantías; por lo que solicitan se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del tercer interesado

Gabino Hugo Gamarra Kapkeki, en audiencia de la presente acción de defensa, a través de su abogado en audiencia, señaló: 1) La demanda penal fue planteada el 25 de mayo de 2015, así en virtud de los arts. 302 y 314 del CPP, interpuso la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, señalando que había transcurrido más de tres años, siendo que el delito de supresión y destrucción de documento tiene una sanción máxima de dos años, excepción que fue notificada al hoy accionante, quien no se presentó a la audiencia del 21 de julio de 2021, por lo que se dictó el Auto Interlocutorio 47/2021 de 23 de julio, que declaró probada la excepción de prescripción y dispuso la extinción de la acción penal, dicha decisión fue apelada por el supuesto apoderado del accionante y radicada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los Vocales, mediante el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, declararon la perención del derecho a fundamentar los agravios, la inadmisibilidad del recurso de apelación y confirmaron el Auto Interlocutorio; 2) El demandante de tutela no puede alegar violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, ya que fue negligente al no haberse presentado a las audiencias convocadas; 3) No es evidente que Juan Marcelo García Terceros -hoy accionante- haya presentado un poder notarial para fundamentar los agravios en apelación que conforme a los arts. 403 y 404 del CPP, modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y en relación con el art. 398 del mismo cuerpo normativo, la fundamentación oral y la producción de prueba ofrecida son requisitos esenciales, al no presentarse dicho mandato que respaldara su participación, se aplicó el art. 49 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia en materia penal; 4) Según la jurisprudencia, la acción de amparo constitucional es improcedente contra actos consentidos, por lo que, al no haberse opuesto a la excepción de extinción en la primera audiencia oral ante el Juzgado, consintió libre y expresamente su realización, a tal efecto, no puede alegar vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la valoración de la prueba, ya que fue él mismo quien causó su propia indefensión al no presentar un poder de representación, consentimiento que se extendió también a la emisión del Auto de Vista 52/2022; y, 5) La acción de amparo fue interpuesta fuera del plazo de seis meses, el abogado del hoy accionante, estuvo presente en la audiencia del 15 de febrero de 2022 y tenía plazo hasta el 15 de agosto de 2022 para plantear la acción constitucional, empero, el amparo fue presentado recién el 30 de agosto de 2022, cuando el derecho fue objeto de preclusión.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 261/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 342 a 348 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, y dispuso verificar la existencia de ese poder en los antecedentes del cuaderno jurisdiccional a efectos de ingresar al análisis del recurso de apelación, con los siguientes fundamentos: i) Consta en el certificado de recepción de plataforma, mediante el buzón judicial, que la acción fue presentada a horas 17:11 del 15 de agosto de 2022, siendo recibida el 16 de agosto de 2022 a las 09:45, por lo que, la acción de amparo se encuentra dentro del plazo establecido, aunque el 15 de agosto de 2022 era el último día hábil para viabilizarla y salvaguardar el principio de inmediatez; ii) Del acta de audiencia se desprende que, durante el desarrollo del actuado, el Tribunal ad quem no logró determinar la situación del accionante, ya que en el legajo de apelación no figuraba ningún poder de representación, además, se evidenció que el acto procesal que abrió la competencia de dicho Tribunal fue interpuesto por Juan José García López, quien firmó el recurso junto con el apoderado; sin embargo, del cuaderno jurisdiccional se acredita que, desde la primera actuación registrada a fojas 27 del primer cuerpo, presentada en 2015, consta el Testimonio 252/2015, que confiere poder amplio y suficiente a Juan Marcelo García Terceros, último que intervino activamente en el proceso durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018; de ello se concluye una contradicción entre lo formal y el principio de verdad material, evidenciándose una falta de apreciación adecuada de los antecedentes por parte de la Sala Penal, motivo por el cual, no deben prevalecer las formalidades sobre el derecho sustantivo de impugnar y ser escuchado en audiencia; iii) Las formas procesales no pueden prevalecer sobre los derechos sustantivos, y negar el acceso al fondo de una resolución constituye una vulneración al debido proceso, consecuentemente, se debe restablecer este principio, convocar a una audiencia y resolver conforme a los antecedentes fácticos del caso, considerando que la representación fue reconocida previamente por las autoridades jurisdiccionales; y, iv) Respecto a la excepción, los agravios y la supuesta ilegalidad alegada, corresponde que, identificadas las vulneraciones de orden formal, las autoridades jurisdiccionales accionadas se pronuncien y determinen lo que en derecho corresponda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de la documentación adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Mediante Testimonio 252/2015 se otorga poder especial amplio y suficiente que otorga Juan José García López a favor de Juan Marcelo García Terceros el 28 de septiembre de 2015 para que en su nombre y representación legal pueda apersonarse ante el Tribunal de Justicia de La Paz, Tribunal Supremo de Justicia, Juzgado de instrucción en lo Penal Cautelar, Juzgado de Ejecución Penal, Tribunal de Sentencia y Juzgados donde corresponda para ejercer el legítimo derecho propietario en contra de Gabino Hugo Gamarra Kapkeki y faculta y otorga poder amplio especial y suficiente para interponer demanda, denuncia o querella penal contra Gabino Hugo Gamarra Kapkeki, sus cómplices, instigadores o autores por el delito de supresión o destrucción de documento, falsedad material y uso de instrumento falsificado, asistir audiencia con voz y voto, hacer uso de los recursos ordinarios de reposición bajo alternativa de alzada, apelar, entre otras facultades (fs. 28 a 29). II.2. Consta proveído de 10 de febrero de 2022 que se señala audiencia virtual de apelación incidental para el 15 del mismo mes y año a horas 14:00, que fue notificado a las partes el 14 de similar mes y año (fs. 212 a 213). II.3. Cursa Acta de audiencia; y el correspondiente Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cuya parte resolutiva se declara la perención del derecho a fundamentar y consiguiente inadmisibilidad del recurso de apelación incidental de Juan José García López; en consecuencia se confirma el Auto Interlocutorio 47/2021, emitido por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 214 a 216 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a ser oído, debido proceso en sus elementos de la defensa, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; debido a que, en la audiencia de apelación incidental, los Vocales demandados, tras instalar la audiencia, emitieron el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, en el que declararon la perención del derecho a fundamentar y, en consecuencia, la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental confirmando el Auto Interlocutorio 47/2021 sin permitir que el abogado-apoderado de la víctima apelante expusiera los agravios ni produjera la prueba ofrecida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; b) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; c) El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado. El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio2, determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como “intrascendentes”. Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como se constituye en el medio idóneo y que agota la vía, y no hubiesen sido consideradas, por extemporaneidad o el motivo que fuere; al no tener trascendencia ni efecto en la resolución principal, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución principal o auto de vista, sin considerar la solicitud de aclaración, complementación o enmienda.

3. En los casos en que la solicitud hubiese sido considerada dando lugar a la enmienda, aclaración o complementación, la misma pasa a formar parte del contenido de la resolución principal, conformando un todo; en consecuencia, por los efectos o trascendencia, sólo en estos casos, el plazo de los seis meses corre desde la notificación con la resolución que da lugar a la complementación, enmienda o aclaración.

Las subreglas desarrolladas constituyen una modulación a la SC 0261/2010-R -que a efectos del cómputo del plazo de la inmediatez, tomó en cuenta al Auto que resolvió la solicitud de explicación, complementación y enmienda-, que deberán ser aplicadas con carácter vinculante a partir de la emisión de la presente Sentencia, en aplicación del art. 44.I de la LTC, realizando el cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme a los entendimientos asumidos en el presente fallo”. 3El FJ. III.4.2. establece: (…) "Consiguientemente, tomando en cuenta los principios pro homine y de progresividad, deberá establecerse a partir del presente, que la suspensión de plazos establecidos en el art. 221 del CPC, es aplicable a toda situación en la que se presente solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitiva, debiendo computarse en mérito a ello, el plazo para interponer los recursos ordinarios o extraordinarios, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación, lo que se encuentra directamente relacionada con lo dispuesto por el propio art. 55 del CPCo; en razón a que el auto a pronunciarse sobre la solicitud de aclaración, complementación o enmienda, llega a formar parte de la resolución final de la que se pidió su complementación. Circunstancia por la cual, y con la finalidad de uniformar criterios, tanto en la jurisdicción ordinaria y constitucional, se establece que el razonamiento constitucional esgrimido en la SC 0521/2010-R de 5 de julio, ya no es aplicable -como precedente vinculante- a casos similares como el presente, así como tampoco a futuras acciones de amparo constitucional presentados en torno a hechos fácticos similares a los expuestos, debiendo por ello reconducirse dicho entendimiento constitucional y reasumirse el desarrollado en la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, con la siguiente subregla que la aclara:

Los plazos para la interposición de los recursos ordinarios (como la apelación y casación entre otros) o las acciones de defensa (como la acción de amparo constitucional), se computarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 221 del CPC y del art. 55.II del CPCo respectivamente; es decir, a partir de la notificación con el Auto de explicación o complementación que fuese solicitado; siempre y cuando dicha solicitud, se la haya presentado dentro del plazo procesal establecido por el art. 196.2) del CPC; o sea, dentro de las veinticuatro horas siguientes, ya que si se hubiese presentado la solicitud de aclaración, complementación y enmienda de una resolución de carácter definitivo, de manera manifiestamente extemporánea y la misma haya sido rechazada por dicho motivo, no podrá ser aplicable el presente razonamiento, puesto que se entenderá que esta solicitud, fue realizada con la intensión de dilatar el proceso y obtener de esa manera, un plazo mayor para poder interponer los recursos ordinarios o acciones extraordinarias de defensa; debiendo en cuyo caso, computarse el plazo desde la notificación con la sentencia o resolución de carácter definitivo".

norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia.

III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, sistematizó la jurisprudencia constitucional relativa al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y señaló lo siguiente: El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa. En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1 establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003, 1206/2010-R, y 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.

III.3. El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0312/2018-S2 de 28 de junio, que fue reiterada por la SCP 0016/2022-S1 de 31 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a la defensa cumple en el proceso un papel particular; pues por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; y por otra, es la garantía que hace operativas a todas las demás; por ello, su inviolabilidad es la garantía fundamental con que cuenta el procesado; el cual se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que señala: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. El derecho a la defensa tiene dos dimensiones: i) El derecho a la defensa técnica, a la que se halla vinculada la norma constitucional precitada; y, ii) El derecho a la defensa material que se concreta en el derecho a ser oído o derecho a declarar en el proceso. El desarrollo jurisprudencial respecto del derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, siendo confirmado por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre estableció que el derecho a la defensa comprende a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; dicho criterio fue reiterado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo. Más adelante, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto amplía el alcance del derecho a la defensa, estableciendo que el mismo comprende otros derechos, como son el contar con un tiempo razonable para preparar la defensa; a la comunicación privada con su defensor; a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o nombrar un abogado particular; a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas; a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes; y, a contar con traductor o intérprete. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se establece que como una manifestación del derecho a la defensa, comprenden también los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, a contar con un tiempo razonable para preparar la defensa, a la comunicación privada con su defensor, a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o no nombre un abogado particular, a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas, a no declarar contra sí mismo y/o sus parientes, a contar con traductor o intérprete. Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues 6El FJ III.1, señala: “…fundamentalmente el derecho a la defensa que es inviolable por mandato del art. 16.IV CPE, el cual tiene dos dimensiones: a) la defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; b) la defensa técnica, consistente en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena. Así lo ha reconocido este Tribunal a través de las SSCC 347/2002-R y 1272/2002-R”. 7El FJ III.1, menciona: “Por otra parte, la Constitución Política del Estado en su art. 119.II, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; es decir, que el Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en casos que no cuenten con los recursos económicos necesarios y según los arts. 8 y 9 del CPP y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional a través de la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, el derecho a la defensa: `…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-, de modo que siempre pueda realizar todos los actos que le posibiliten excluir o atenuar la reacción penal estatal; principio que está garantizado por la existencia del debate público y contradictorio; y, b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…´”. 8El FJ III.1, indica: “El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa, previsto por el art. 16-II CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a ser oído, al debido proceso, en particular en sus elementos de defensa, valoración de la prueba, fundamentación y motivación. Esto, porque durante la audiencia de apelación incidental, los Vocales demandados, al instalar la sesión, emitieron el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, mediante el cual declararon la perención del derecho a fundamentar y la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto por Juan José García López -ahora accionante- confirmando el Auto Interlocutorio 47/2021 de 23 de julio. Lo anterior se reclama que se realizó sin permitir que el abogado apoderado de la prenombrada víctima apelante expusiera los agravios ni produjera la prueba ofrecida, a pesar de que dicho apoderado había informado contar con poder de representación y que este constaba en el cuaderno de control jurisdiccional. Inicialmente, cabe precisar que en el presente caso se dio cumplimiento al principio de inmediatez, ya que el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, ahora cuestionado, fue notificado a las partes el mismo día; de este modo, se concluye que el ahora demandante de tutela interpuso la acción de defensa el 15 de agosto de 2022 a través del buzón judicial, siendo recibida dentro del plazo de seis (6) meses, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; a tal efecto, corresponde analizar la denuncia efectuada. En cuanto a los antecedentes, se tiene que mediante el Testimonio 252/2015 de 28 de septiembre, Juan José García López -ahora accionante-otorgó poder especial, amplio y suficiente a favor de Juan Marcelo García Terceros para que, en su nombre y representación legal, interponga demanda, denuncia o querella penal contra Gabino Hugo Gamarra Kapkeki, sus cómplices, instigadores o autores, por el delito de supresión o destrucción de documento, falsedad material y uso de instrumento falsificado; además, para asistir a audiencias con voz y voto y hacer uso de recursos ordinarios de reposición, apelación y otros (Conclusión II.1). Por otro lado, conforme a las Conclusiones II.2 y II.3 del presente fallo constitucional, mediante proveído de 10 de febrero de 2022, los Vocales demandados señalaron audiencia virtual para resolver el recurso de apelación incidental planteada por el ahora demandante de tutela, programada para el 15 de febrero de 2022 a horas 14:00 mediante la plataforma Cisco Webex que les fue notificada el 14 del mismo mes y año a los sujetos procesales. Instalada la referida audiencia de 15 de febrero de 2022, el Secretario de Sala informó que Juan José García López, acusador particular y apelante, no estaba presente, aunque sí su abogado patrocinante; ante ello, el Vocal codemandado señaló que las partes habían sido debidamente notificadas y aplicó la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley 1173 y el Reglamento 12/2019 que según el art. 50 del citado reglamento, ante la inasistencia de la parte apelante, corresponde declarar la perención del derecho a fundamentación. A tal efecto, el abogado de la parte querellante y apelante tomó la palabra, indicando: “…Mi persona tiene poder de representación legal de la parte querellante y víctima del Sr. Juan José García López. El poder cursa en el cuaderno de control jurisdiccional y ha sido presentado oportunamente en varias oportunidades durante el proceso judicial…” (sic); a lo cual, el Vocal Henry David Sánchez Camacho ordenó al Secretario verificar la existencia de dicho poder, quien a su vez informó que “…De la revisión del legajo de apelación no se ha encontrado ningún poder otorgado por el Sr. Juan José García López a nombre de su abogado, tampoco en fotocopia simple ni legalizada…” (sic). Con base en esta información, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 52/2022 de 15 de febrero, declarando: “…La parte querellante, ahora apelante, estaba en la obligación de asistir a la audiencia virtual, pero no se presentó, pese a haber sido legalmente notificada (...). Por tanto, al no cumplir con la debida fundamentación oral requerida en un recurso de apelación incidental, corresponde declarar su inadmisibilidad…” (sic).

Ahora bien, respecto la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional al referirse al derecho de acceso a la justicia señala que: “ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal.” Asimismo, la jurisprudencia referida en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, explica que el debido proceso en su vertiente del Derecho a la defensa, garantiza la doble instancia, en relación con el derecho a la impugnación como garantía procesal, permite a una autoridad de jerarquía superior evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada por el inferior, permitiendo el acceso irrestricto a la justicia y el reclamo sobre aspectos que afecten los derechos y garantías constitucionales del apelante. En este caso, el accionante, una persona de ochenta y tres años, acudió a la justicia con el objetivo de impugnar una decisión que consideraba lesiva de sus derechos. Sin embargo, el Tribunal de apelación, demandado, adoptó un enfoque estrictamente formalista, desestimando la participación del abogado apoderado del querellante sin realizar las verificaciones pertinentes en el cuaderno de control jurisdiccional ni solicitar un informe inmediato al juzgado de origen sobre la existencia del poder otorgado. Esta actitud contravino el deber de las autoridades judiciales de aplicar las normas procesales de manera favorable, tal como lo exige el principio pro actione, que busca garantizar el acceso a la justicia material; además, el Tribunal de alzada no solo desconoció la jurisprudencia constitucional aplicable, sino que también vulneró los derechos del accionante como persona de la tercera edad, al desatender las garantías de acceso a la justicia y de defensa, actuando sin el nivel de diligencia requerido para casos como este, que involucra a una persona en situación de vulnerabilidad. Es decir, en lugar de cumplir con el deber de verificar exhaustivamente la existencia del poder de representación en el cuaderno de control jurisdiccional, conforme al Testimonio 252/2015, que otorgaba al abogado el mandato para representar al accionante, optaron por priorizar formalidades procesales que obstaculizaron su derecho a ser escuchado; esta negativa del Tribunal de alzada a escuchar al abogado apoderado del accionante, sin realizar la señalada verificación, constituye una vulneración a los derechos de impugnación, acceso a la justicia y defensa; incumplimiento que se agrava, dado que el accionante es una persona adulta mayo, cuya protección está reforzada por la Constitución y normas internacionales. En este contexto, corresponde conceder la tutela solicitada, restableciendo sus derechos fundamentales y garantizando su acceso a una justicia material que no se vea limitada por obstáculos procesales.

Finalmente, no corresponde analizar sobre vulneración del debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y valoración de las pruebas alegados; toda vez que, al no existir un pronunciamiento del fondo de los agravios del recurso de apelación, impide a este Tribunal realizar tal contraste, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 261/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 342 a 348 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa y a ser oído en los mismos términos dispositivos establecido por la referida Sala Constitucional y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y valoración de la prueba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2.3, refiere:“…No obstante, en un plano de equilibrio y coherencia con el principio de subsidiariedad, para dicho cómputo debe tenerse en cuenta que ese acto o medio impugnativo utilizado en la vía reparadora, y previa a la acción de amparo, debe ser idóneo; es decir, previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo de lo que se acusa de ilegal o lesivo de los derechos; estando exentos de dicho cómputo aquellos medios y recursos no previstos por ley o presentados erróneamente, toda vez que la finalidad de esta acción tutelar no es reparar errores del agraviado o accionante, sino derechos fundamentales”. 2El FJ III.4, señala: “A efectos de un correcto cómputo del plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, teniendo en cuenta el plazo prudencial para la interposición del amparo y su naturaleza subsidiaria -que encarna el agotamiento en la misma vía de medios idóneos- debe ser modulado en los siguientes términos: 1. El cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo, es desde la notificación con la resolución o auto de vista que agota la vía, dado que ha sido el último actuado idóneo. Sin considerar los recursos, incidentes u otros medios no previstos por ley, o presentados extemporáneamente, aún en los casos de equivocación o error en su presentación, los cuales se consideran inidóneos. 2. Si es que se hubiese solicitado enmienda, aclaración o complementación de la resolución principal o auto de vista, que

4 FJ III.3.4, señala: “La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” .

5 El FJ III.2, refiere que: "En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal".

9 El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158). 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 10El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0453_2024-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8bd20ee3bac58c10e21ac6a3563bbbcd8a616c296637239340dbae4bf8fc1cdf

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