Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, pese a que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de Libertad 11/2022 de 29 de noviembre, que fue notificado por el Gestor Procesal en la misma fecha; sin embargo, los funcionarios demandados del mencionado Centro Penitenciario, se rehusaron injustificadamente a ejecutar dicho mandamiento de libertad, manteniendo de forma ilegal su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El deber de observar y cumplir un mandamiento de libertad en los establecimientos penitenciarios; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15-A2/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración del derecho a la libertad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías; y, 2° Exhortar al Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca, al Director del Centro Penitenciario San Roque de Sucre y al Comandante de Guardia del indicado Centro Penitenciario, que: a) En cumplimiento del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, una vez cumplida la condena, concedida la libertad condicional o dispuesta la cesación a la detención preventiva, en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente, el Mandamiento de Libertad debe ser ejecutado en el día y con la debida celeridad, sin necesidad de trámite alguno, después de realizadas las verificaciones internas e institucionales correspondientes, limitando su comprobación a la existencia o no de dichos mandamientos -de detención preventiva o condena- en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Boliviana; b) En cumplimiento de los arts. 58 y 59.9 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, mantenga un registro penitenciario actualizado; y, c) Desarrolle labores de coordinación con otras unidades de la Policía Boliviana, Jueces y Tribunales en materia penal, para agilizar las labores de verificación de los mandamientos vinculados a la libertad de los internos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0452/2025-S1 Sucre, 16 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52088-2022-105-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 15-A2/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Norma Gutiérrez Mamani en representación sin mandato de Florentino Gutiérrez Pillco contra Sergio Flores Campos, Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca; Willy Nelson López Ramos, Director; y, Mario René Salguero Jiménez, Comandante de Guardia, ambos del Centro Penitenciario San Roque de Sucre.
Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio; lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y omisión de socorro, previstos y sancionados por los arts. 261 y 262 del Código Penal (CP); se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, sin embargo, el 29 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la Jueza de Instrucción Penal “Cuarto” -lo correcto es Primera-de la Capital del departamento de Chuquisaca, donde se demostró la reparación del daño causado, se resolvió su situación jurídica y se emitió el correspondiente Mandamiento de Libertad 11/2022 de la misma fecha, que fue “ejecutado” por el Gestor -de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca- pero, “…por el capricho de algunos funcionarios públicos y oficiales de la policía boliviana…” (sic) -ahora demandados- sigue detenido en el indicado Centro Penitenciario sin justificación alguna, lo que vulnera sus derechos constitucionales.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se restituya su derecho a la libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando los mismos, señaló que: a) El 29 de noviembre de 2022, tras la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Gestor del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, junto a familiares del ahora impetrante de tutela, se dirigieron al Centro Penitenciario San Roque de Sucre con el Mandamiento de Libertad 11/2022 de 29 de noviembre, a horas 13:00 de la tarde; una vez en el lugar, los familiares del peticionante de tutela, consultaron sobre el procedimiento para que el detenido sea liberado, y les indicaron que debía hablar con el “teniente Barriga”; sin embargo, después de conversar con el nombrado, éste no permitió la libertad de su padre -ahora accionante-, argumentando que existía un Mandamiento de aprehensión 72/2022 de 14 de noviembre, a pesar que se le explicó que dicho mandamiento ya había sido subsanado; sin embargo, exigió un documento similar al mencionado Mandamiento de libertad para proceder; b) Consiguió un proveído que señalaba que el Mandamiento de aprehensión 72/2022 ya fue subsanado, pues luego de su declaratoria de rebeldía se dejó en suspenso las medidas dispuestas en su contra; en ese entendido, ni bien salió el Mandamiento de libertad 11/2022 tenían que cumplirlo; y, c) Las autoridades ahora demandadas “Lo liberaron definitivamente a las 3 o 4 de la tarde…” (sic) del 30 de noviembre de 2022; por el incumplimiento de sus funciones, debe imponerse una sanción a los mismos.
Sergio Flores Campos, Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca, a través de su abogada en la audiencia virtual, informó que: 1) El ahora demandante de tutela afirmó seguir detenido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, pero en realidad se tenía el Mandamiento de Aprehensión 72/2022 emitido por el Juzgado Sentencia Penal Tercero de la Capital del indicado departamento, lo cual fue comunicado a sus familiares el 29 de noviembre de 2022, quienes tomaron una foto del documento para consultar un abogado, pero lamentablemente no retornaron hasta horas 18:40 de ese día; 2) El 30 de igual mes y año, a horas 9:20, se contactó con el abogado del ahora accionante, haciendo conocer que se estaba ejecutando el Mandamiento de libertad 11/2022 a horas 10:00, se ejecutó el referido mandamiento de libertad; 3) Esta acción de defensa fue interpuesta a horas 10:11 de la referida fecha; es decir, de forma posterior a la ejecución del referido Mandamiento; por lo que, no procedería la presente acción constitucional, ya que no existe una vulneración actual al derecho a la libertad; por ello, solicitó se deniegue la tutela; 4) En respuesta a las preguntas del Juez de garantías, señaló que el 29 de noviembre de 2022, alrededor de horas 13:00 o 13:30, “…la señora nos hizo conocer el mandamiento de libertad que existía y también mi persona le informo a la señora, evidentemente nos mostró ella un decreto al que le respaldaba el Mandamiento de libertad y le hicimos notar que el nurej que emitía el decreto referido era referente al mandamiento de libertad no así al mandamiento de aprehensión que tenía…” (sic) el ahora solicitante de tutela; al revisarlo, se le recomendó consultar con su abogada, a lo que ella accedió y tomó una foto del Mandamiento de Aprehensión 72/2022, pero no regresó ni se comunicó ese día; y, 5) Al día siguiente -el 30 de noviembre de 2022- a horas 09:00 o 09:15, se contactó con la abogada del ahora impetrante de tutela para informarle que se cumpliría el Mandamiento de libertad, pero también se ejecutaría el Mandamiento de aprehensión, conforme a la obligación de los funcionarios de verificar si el detenido tiene otras causas pendientes; asimismo, se explicó al familiar que los procesos eran distintos y que el Mandamiento de libertad 11/2022 no anulaba el de aprehensión; el ahora peticionante de tutela, fue liberado, pero inmediatamente aprehendido y trasladado al Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, conforme al Mandamiento de aprehensión vigente 72/2022, siendo detenido en celdas del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; por último, aclaró que nunca se negaron a cumplir el indicado Mandamiento de libertad, pero que informaron de la existencia de otro proceso y actuaron conforme al protocolo. Willy Nelson López Ramos, Director de Guardia del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, presente en audiencia virtual, informó que: i) El 29 de noviembre de 2022, un familiar del ahora demandante de tutela, se presentó en el referido Centro Penitenciario, a quien le informó sobre un Mandamiento de aprehensión -72/2022- relacionado con otro proceso; en respuesta, la familiar dijo que consultaría con su abogado y volvería en la tarde; sin embargo, no regresó hasta horas 18:30; y, ii) El 30 de mismo mes y año, por la mañana, el personal del Centro Penitenciario se comunicó con la abogada del impetrante de tutela, informando que se estaba cumpliendo el Mandamiento de libertad 11/2022; posteriormente, a horas 10:00, se ejecutó la orden y se trasladó al procesado -ahora solicitante de tutela- al Juzgado correspondiente, por lo que el peticionante de tutela tenía pleno conocimiento de la situación.
Mario René Salguero Jiménez, Comandante de Guardia del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, en la audiencia virtual, informó que el 29 de noviembre de 2022, a horas 19:30, fue llamado por el personal de seguridad interna del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, porque dos personas lo buscaban en la entrada; al acudir, uno de ellos actuó de forma abusiva y le pidió su nombre y cargo, sin dar explicación; por lo que, respondió con sus datos y aclaró que desconocía la existencia del Mandamiento de libertad 11/2022 del ahora solicitante de tutela.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, a través de la Resolución 15-A2/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25vta., concedió la tutela solicitada contra las autoridades demandadas sin ninguna disposición nada, porque ya se estableció la libertad del accionante; en base a los siguientes fundamentos: a) El ahora impetrante de tutela solicita la restitución de su libertad, alegando que fue indebidamente privado de la misma en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, a pesar de contar con el Mandamiento de libertad 11/2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la citada Capital y departamento; en ese entendido, el art. 23 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y que ésta solo puede ser restringida por orden escrita de autoridad competente y en los casos permitidos por ley; b) Los responsables de centros penitenciarios deben llevar un registro de las personas privadas de su libertad; asimismo, no deben recibir a ninguna persona, sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente; c) El Mandamiento de libertad 11/2022, expresamente señala que su ejecución se debe cumplir siempre y cuando no esté detenido por otra causa; por lo que, se demostró que no existe otro mandamiento registrado en el centro Penitenciario señalado, que obligue, al Director del Régimen Penitenciario o al Director del Penal, a mantener detenido al ahora demandante de tutela; si bien se tiene el Mandamiento de aprehensión 72/2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la mencionada Capital del departamento, este mandamiento no estaba registrado; d) El indicado Mandamiento de libertad fue recibido y registrado en el libro de novedades del señalado Centro Penitenciario a horas 09:53 de 29 de noviembre de 2022; por lo que, el mismo fue de conocimiento de Mario René Salguero Jiménez, Comandante de Guardia, del centro Penitenciario de San Roque de Sucre y fundamentalmente de la autoridad a la que va dirigida, es Gobernador del mencionado Centro Penitenciario, quienes estaban obligados a ejecutarlo de inmediato; e) Las cárceles del país solo deben albergar personas con mandamientos de condena o de detención preventiva, no así de aprehensión; asimismo, no existía en ese momento ningún otro mandamiento registrado que les obligue a mantener privado de libertad al ahora solicitante de tutela; f) Desde horas 09:45 de 29 de noviembre de 2022 hasta 10:00 de 30 de igual mes y año, el ahora accionante estuvo indebidamente privado de su libertad; y, g) Se exhorta especialmente al citado Comandante de Guardia-ahora demandado-, quien incluso negó conocer el Mandamiento de Libertad 11/2022, hecho desvirtuado en la audiencia, que tiene la obligación de realizar el seguimiento de cualquier novedad como esa; en ese entendido, se considera que estas omisiones derivan de un desconocimiento de la ley, por lo cual se llama a corregir estas malas prácticas para evitar la vulneración de derechos fundamentales, en especial el derecho a la libertad.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Se tiene Mandamiento de Aprehensión 72/2022 de 14 de noviembre, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el que se manda y ordena: “…A CUALQUIER AUTORIDAD POLICIAL O JUDICIAL NO IMPEDIDA DE BOLIVIA para que aprehenda y conduzcan a este despacho judicial a:
***FLORENTINO GUTIERREZ PILLCO***
(…) Así se tiene ordenado por Auto de Rebeldía de fecha 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.-- Dentro del proceso de penal seguido por MINISTERIO PUBLICO a denuncia de FELICIANO FERNANDEZ ROJAS Y OTROS, en contra de FLORENTINO GUTIERREZ PILLCO Y OTROS, por la presunta comisión del delito de "FALSEDAD IDEOLOGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y ESTELIONATO" previsto y sancionado por el art. 199,203 Y 337 del Código Penal, con NUREJ:201504327.------------------------- El presente mandamiento es librado en la ciudad de Sucre, Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, a los 14 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO DOS MIL VEINTIDOS.” (sic [fs. 13]). II.2. Cursa Mandamiento de Libertad 11/2022 de 29 de noviembre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el que se:
“MANDA Y ORDENA AL SEÑOR GOBERNADOR DEL PENAL DE SAN ROQUE, PARA PONER EN INMEDIATA LIBERTAD A:
****FLORENTINO GUTIERREZ PILLCO**** SIEMPRE Y CUANDO NO ESTE DETENIDO POR OTRA CAUSA. Así se tiene dispuesto por la resolución de 29 de noviembre de 2022 y haber sido beneficiado con la Cesación a la Detención Preventiva, en el proceso penal seguido en su contra por el delito de HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO Y OMISION DE SOCORRO, previstos y sancionados por el art. 261 y art. 262 ambos del C.P., con CODIGO UNICO 101103102200023. El presente mandamiento es librado el 29 de Noviembre de 2022 años” (sic [fs. 10]). II.3. Registro de Mandamientos del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, presentado en audiencia virtual, donde se verifica lo siguiente: “Hrs. 09:53. - Dando cumplimiento al MANDAMIENTO DE LIBERTAD. No. 11/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por la Dra. Pascua Aurora Lazarte Aceituno, JUEZ DE INTRUCCION PENAL 1, ordena la libertad de FLORENTINO GUTIERRES
PILLCO, quien se encontraba privado de su libertad en este recinto penitenciario de "San Roque por el delito de HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO Y OPMISION DE SOCORRO.” (sic [fs. 14]). II.4. Se tiene impresión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), donde se verifica que la presente acción de libertad fue presentada el 30 de noviembre de 2022, a horas 10:04 (fs. 1).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, pese a que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de Libertad 11/2022 de 29 de noviembre, que fue notificado por el Gestor Procesal en la misma fecha; sin embargo, los funcionarios demandados del mencionado Centro Penitenciario, se rehusaron injustificadamente a ejecutar dicho mandamiento de libertad, manteniendo de forma ilegal su detención. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) El deber de observar y cumplir un mandamiento de libertad en los establecimientos penitenciarios; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo -entre otras- desarrolló el siguiente razonamiento: El art. 39 de la LEPS, prevé que:
Cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno.
El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan (las negrillas y el subrayado son nuestras). Asimismo, los arts. 58 y 59.9 de la LEPS, establecen que el Director del establecimiento penitenciario es el responsable del manejo y funcionamiento del mismo, por encontrarse a su cargo; constituyéndose en una de sus atribuciones mantener actualizado el registro penitenciario; lo cual concuerda con lo previsto en el art. 2.8 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, aprobado por Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, que señala como una atribución de los funcionarios de la administración penitenciaria y de los administradores de justicia, la de: “Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, y el día y hora de su admisión y puesta en libertad”; por consiguiente, recibido un mandamiento de libertad, emanado de autoridad competente, los encargados de las prisiones, están obligados a su cumplimiento inmediato, con la finalidad de evitar lesionar derechos y garantías del detenido; debiendo verificar si existen o no, otros mandamientos contra el imputado; y si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, se tiene que solicitar sin demora, toda la información que sea pertinente y revisar los registros existentes antes de dar curso al mismo Así, la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.3, dejó establecido que:
Cabe aclarar igualmente que el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento (…). Por su parte, la SC 0204/2007-R de 29 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.4, indicó:
…la funcionaria encargada de ejecutar una orden de libertad, antes de proceder a su cumplimiento, debe verificar que la persona a ser puesta en libertad no se encuentre detenida en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente en un distinto proceso; es decir, esa indagación debe limitarse a la constatación de la existencia o no de algún mandamiento de detención preventiva en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Nacional que hagan las veces de aquél, caso contrario, la demora o la dilación indebida en que incurre la autoridad recurrida, implica una lesión a este derecho fundamental. En consecuencia, los encargados de los centros penitenciarios, tienen la obligación de verificar la autenticidad del mandamiento de libertad e inexistencia de otros mandamientos pendientes, más, no llevar adelante acciones dilatorias, que no están establecidas dentro de las atribuciones conferidas, las que vulnerarían el derecho a la libertad del imputado y mantendrían su detención preventiva de forma indebida.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio , se recondujo el entendimiento 5El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 6El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 7El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad. En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero. - Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo. - En los casos, en que, presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda. Tercero. - En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 8 El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1 establece:
“…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio; lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, pese a que la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el Mandamiento de Libertad 11/2022 de 29 de noviembre, que fue notificado por el Gestor Procesal en la misma fecha; sin embargo, los funcionarios demandados del mencionado Centro Penitenciario, se rehusaron injustificadamente a ejecutar dicho mandamiento de libertad, manteniendo de forma ilegal su detención. De la revisión del legajo constitucional, se advierte que por Mandamiento de Libertad 11/2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Chuquisaca, se manda y ordena al Gobernador del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, poner en inmediata libertad a Florentino Gutiérrez Pillco -ahora accionante-, siempre y cuando no esté detenido por otra causa; dicha orden fue dispuesta en atención al Auto Interlocutorio de 29 de noviembre de 2022, que le benefició con la cesación a la detención preventiva, dentro del proceso penal de referencia, con Código Único 101103102200023 (Conclusión II.2). Ahora bien, la problemática en cuestión radica en que los funcionarios demandados del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, mantienen de forma ilegal la detención del ahora solicitante de tutela, pese a la emisión del Mandamiento de Libertad 11/2022 que fue puesto en su conocimiento. En ese contexto, corresponde precisar que de acuerdo al informe emitido en audiencia por Sergio Flores Campos, Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca -ahora demandado-, quien a través de su abogada, señaló que “…en fecha 29 de la presente gestión a hrs. 13:00 aprox. Hablamos con una familiar del Sr. Florentino Mamani, a la cual se le explicó que existía un mandamiento de aprehensión (…) el 30 de noviembre a horas 9 con 20 minutos de la mañana Nos contactamos vía telefónica con el abogado del ahora accionante conocer que se estaba ejecutando el mandamiento de libertad, el mismo que fue ejecutado a las 10:00 a.m. De la fecha señalada…” (sic); asimismo, se tiene que de acuerdo al informe de Willy Nelson López Ramos, Director del Centro Penitenciario San Roque de Sucre -ahora demandado-, presente en la audiencia de esta acción tutelar, señaló que: “El 29 de noviembre se presentó un familiar de la señorita, puesto que nosotros ya teníamos conocimiento de la orden de libertad (…) el día 30 de noviembre en el trascurso de la mañana nos comunicamos vía teléfono celular con su abogado del accionante, puesto que el mismo indicaba que nosotros le hicimos conocer que se estaba dando cumplimiento a la orden de libertad, de todas maneras el mismo indica que solamente estaba esperando eso a horas 10 de la mañana se dio cumplimiento y se le hizo conocer que se le estaba trasladando al juzgado N°3 de la capital…” (sic [fs. 16 vta.]).; lo referido, fue corroborado por la representante del ahora solicitante de tutela, quien en audiencia tutelar, señaló que: “…el día 29 de noviembre tuvo mi padre una audiencia de lesiones graves y gravísimas en tránsito y esa audiencia termino a las 12 de medio día y a la 1 estuvimos en el penitenciario junto con el mandamiento de libertad y con gestor del tribunal y sí yo fui una persona que se acercó al teniente y pregunte que debo realizar para que mi padre salga libre en que les puedo ayudar o facilitar…” (sic [fs. 17]); posteriormente, respondiendo a la pregunta del Juez de garantías, en relación a la hora en la que liberaron definitivamente al ahora accionante, la mencionada, manifestó que: “Lo liberaron definitivamente a las 3 o 4 de la tarde, uno porque eso hubiese pasado si ellos no hubiesen cumplido su trabajo ese día mismo, ese día mismo iba a salir mi padre libre, pero ellos no han cumplido su trabajo gracias a eso ha tenido que estar encerrado todavía aquí en el tribunal, porque nosotros fuimos y le dijimos cual era la diferencia a la doctora y recién ella se pone a pensar y claro después de eso sí ya le trajeron a las 10:30 y han fijado fecha para audiencia en la tarde después de eso se liberó por completo mi padre” (sic [fs. 17 vta.]). Al respecto, se tiene que, de acuerdo al Registro de Mandamientos del Centro Penitenciario San Roque de Sucre, el Mandamiento de Libertad 11/2022, fue cumplido por los funcionarios del mencionado Centro Penitenciario -ahora demandados- a horas “09:53” (sic [Conclusión II.3]). En ese contexto, se evidencia que el Mandamiento de Libertad 11/2022, fue puesto en conocimiento de los funcionarios del Centro Penitenciario San Roque de Sucre -ahora demandado-, el 29 de noviembre de 2022, aproximadamente a horas 13:00, y el mismo fue ejecutado recién el 30 de igual mes y año a horas “09:53” de la mañana; es decir, veinte horas y cincuenta y tres minutos más tarde. Bajo esos antecedentes, se evidencia que los funcionarios del Centro Penitenciario San Roque -ahora demandados-, inobservaron el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, que establece que una vez dispuesta la cesación a la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, y si bien, el funcionario policial encargado de ejecutar el mandamiento de libertad, debe verificar que el interno no se encuentre detenido o con otro mandamiento de detención, empero, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, dicha constatación debe limitarse a la existencia o no de dichos mandamientos -de detención preventiva o condena- en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Boliviana, en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente en un distinto proceso, caso contrario, la demora o dilación indebida en la que se incurriese, implica la lesión del derecho a la libertad física o personal. Dicha situación, sucedió en el presente caso analizado, pues los ahora demandados no verificaron la existencia de algún mandamiento de detención o condena en sus registros, sino que se limitaron a manifestar la existencia del Mandamiento de Aprehensión 72/2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la mencionada Capital y departamento, en atención al Auto de Rebeldía de 8 de noviembre de 2022, dentro de otro proceso penal (Conclusión II.1) demorando indebidamente la concreción de la libertad del impetrante de tutela e incumpliendo lo previsto por el art. 39 de la LEPS, así como la jurisprudencia constitucional que exige que los trámites de verificación deben ser ejecutados en tiempo razonable y en los registros del establecimiento penitenciario; en ese entendido, la verificación del Mandamiento de Aprehensión 72/2022, no es un justificativo válido para detener al ahora accionante e incumplir una determinación que debe ejecutarse inmediatamente -después de realizadas las verificaciones internas e institucionales correspondientes-. A ello, se suma que el Mandamiento de Libertad 11/2022, se ejecutó el 30 de igual mes y año a horas “09:53” (sic) de la mañana; es decir, veinte horas y cincuenta y tres minutos después que los funcionarios del Centro Penitenciario San Roque -ahora demandados- tomaran conocimiento del mismo -el 29 de noviembre de 2022, aproximadamente a horas 13:00-. Ahora bien, se tiene que en audiencia tutelar, la abogada del Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca -ahora demandado-, manifestó que, la acción de libertad fue presentada después de la ejecución del Mandamiento de Libertad 11/2022; por lo que, solicita se deniegue la tutela. Al respecto, es preciso señalar que, conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en relación a la acción de libertad innovativa, aplicable cuando el acto lesivo desaparece, como ocurre en el presente caso; toda vez que, en la audiencia de la presente acción tutelar ante el Juez de garantías, de acuerdo al informe presentado por Sergio Flores Campos, Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca -ahora demandado- (fs. 16), se verificó que el Mandamiento de Libertad 11/2022 fue ejecutado el 30 de noviembre de 2022 a horas “09:53” y la acción de libertad que nos ocupa fue interpuesta el 30 de igual mes y año, a horas 10:04 (Conclusión II.4), situación en la que, presumiblemente el acto lesivo -dilación indebida- desapareció; se debe aclarar que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, para evitar que se cometan similares actos u omisiones en el futuro; por lo tanto, se debe conceder la tutela cumpliendo dicha finalidad. En ese entendido, es evidente que se lesionó el derecho a la libertad del impetrante de tutela, situación que amerita, de acuerdo con lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 del presente fallo constitucional, conceder la protección que brinda esta acción de libertad en su modalidad innovativa, ante la existencia de una dilación indebida en la ejecución del Mandamiento de Libertad 11/2022, que prolongó de manera indebida su detención. Sin disponer nada al respecto; por cuanto, el mismo día de la presentación de esta acción tutela ya se dispuso la libertad del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15-A2/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración del derecho a la libertad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías; y, 2° Exhortar al Director del Régimen Penitenciario de Chuquisaca, al Director del Centro Penitenciario San Roque de Sucre y al Comandante de Guardia del indicado Centro Penitenciario, que: a) En cumplimiento del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, una vez cumplida la condena, concedida la libertad condicional o dispuesta la cesación a la detención preventiva, en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente, el Mandamiento de Libertad debe ser ejecutado en el día y con la debida celeridad, sin necesidad de trámite alguno, después de realizadas las verificaciones internas e institucionales correspondientes, limitando su comprobación a la existencia o no de dichos mandamientos -de detención preventiva o condena- en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Boliviana; b) En cumplimiento de los arts. 58 y 59.9 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, mantenga un registro penitenciario actualizado; y, c) Desarrolle labores de coordinación con otras unidades de la Policía Boliviana, Jueces y Tribunales en materia penal, para agilizar las labores de verificación de los mandamientos vinculados a la libertad de los internos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
3 La SCP 0662/2012 de 2 de agosto, en el F.J. III.2, indica: “…la abundante jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional ha establecido que toda autoridad judicial tiene el deber de dar curso a la emisión del mandamiento de libertad o administrativa deberá otorgarle la celeridad necesaria en su libramiento, asimismo, es necesario hacer hincapié que dentro de las facultades que tiene todo gobernador de un centro penitenciario, antes de ejecutar cualquier mandamiento de libertad, éste deberá: a) Revisar el kárdex de la persona beneficiada con dicho mandamiento y verificar que éste no tenga mandamientos pendientes; y, b) Que el mandamiento de libertad sea auténtico y que no contenga falsedad material”.
4 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0452_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2f49cb0a7972942e903736fa41716b0e6e6ebbd099c23ad57748fd5fe4f2e87
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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