Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa y a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione vinculado al principio pro homine; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, no permitieron considerar el fondo de su recurso de apelación incidental con el argumento de declarar la inadmisibilidad de dicho recurso de apelación, por no haberse interpuesto alegando lo establecido por los arts. 403.2 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173 para que se pueda tramitar conforme a procedimiento, anteponiendo a sus derechos meros formalismos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 257/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 180 a 186, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a la defensa; sin embargo, no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a su petición de emitir un nuevo auto de vista por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de no generar una disfunción procesal en el proceso penal seguido contra el accionante, ante la posible superación de fases procesales, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0451/2024-S3 Sucre, 8 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50835-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 257/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 180 a 186, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Martín Carrasco Guzmán contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, por memoriales presentados el 8 y 18 de agosto de 2022, cursantes de fs. 73 a 84 vta.; y, 91 a 98, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia de la Administradora de Fondo de Pensiones Sociedad Anónima (AFP Futuro de Bolivia S.A.) contra su persona, por la presunta comisión de delitos previsionales, previsto y sancionado por el art. 345 Bis del Código Penal (CP), se sustanciaron una serie de irregularidades, como ser en la Resolución de imputación formal 116/17 de 22 de junio de 2017, en el “punto 4” de la relación fáctica de los hechos no se cumplió con lo establecido por el art. 302.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, debido a que no contempla un modo, tiempo y lugar. Posteriormente, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante decreto de 11 de septiembre de igual año, dispuso, entre otros, por presentada la mencionada imputación formal y que se proceda a notificar personalmente con la imputación a su persona, con el aviso de que a partir de su notificación tenía diez días para presentar excepciones e incidentes, según lo previsto por los arts. 308 y 314 del CPP.
El proceso penal estuvo inactivo aproximadamente durante cuatro años y un mes; y recién el 14 de octubre de 2021, la Fiscal de Materia asignada al caso mediante memorial presentado al Juez de la causa puso en conocimiento el croquis y los datos de su domicilio real, al efecto se dispuso que se proceda a notificar a su persona con el inicio de las investigaciones y la resolución de imputación formal en el domicilio real señalado. A través de la cédula de notificación se puede evidenciar que con el inicio de investigaciones y dicha resolución de imputación formal, recién fue notificado el 4 de noviembre del citado año; sin embargo, hasta esa fecha no se abrió la etapa preparatoria y nunca pudo ejercer su derecho a la defensa, a pesar de ello, el Ministerio Público emitió la Resolución de acusación formal el 10 de agosto de 2021; por lo que, el 4 de noviembre del citado año formuló un incidente de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de Imputación Formal 116/17, solicitando la nulidad de la acusación formal por no haberse emitido conforme al procedimiento; por ello, el Juez de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio 361/21 de 3 de diciembre de 2021, a través del cual, anuló la resolución de acusación formal, y declaró infundado el incidente planteado contra la Resolución de imputación formal 116/17. Frente a ello, su abogado en audiencia interpuso recurso de apelación incidental de forma oral, que fue resuelto por los Vocales ahora accionados, mediante Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, por el que se declaró inadmisible dicho recurso de apelación incidental y se confirmó el Auto Interlocutorio 361/21 emitido en primera instancia. En el considerando II del Auto de Vista 30/2022, los Vocales hoy accionados argumentaron que el art. 403 del CPP modificado por la Ley 1173, señala que se resuelve una excepción o incidente; por lo que, la parte apelante al momento de interponer el recurso de apelación debió alegar los arts. 403.2 y 404 del CPP y al no hacerlo, su pretensión no se amparó en las normas establecidas para ese acto procesal y así pueda tramitar conforme a procedimiento. Además, refirieron que el apelante, es decir su persona no cumplió con el principio de impugnación, ya que la misma precisa una serie de requisitos formales como el plazo en la que debe plantearse, la adecuación del recurso a la resolución judicial que se impugna, entre otros, razón por la cual, si no se cumplen con esos requisitos se origina la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto, según lo previsto por el art. 394 del CPP. En ese sentido, consideró que los Vocales ahora accionados no cumplieron con el principio de impugnación; puesto que, la norma procesal precisa una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse, la adecuación del recurso a la resolución judicial que se impugna -entre otros-, aduciendo que al no cumplirse con esos requisitos se dio origen a la inadmisibilidad del recurso establecido por el art. 394 del CPP. De igual forma, al asumir esa determinación interpusieron a sus derechos meros formalismos, que le restringieron sus derechos a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, dejando de lado el principio pro actione -el cual deriva del principio pro homine- que garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación, apartándose de todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida llegar a un pronunciamiento judicial sobre los agravios alegados y que puedan converger a la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales, cuando el juzgador accede a la prevalencia del derecho formal sobre lo sustancial; por lo que, el principio pro actione postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa y a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione vinculado al principio pro homine; citando al efecto los arts. 115, 128, 129 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se anule el Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, emitido por los Vocales ahora accionados, y se restituyan sus derechos y garantías vulnerados en el citado Auto de Vista.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 175 a 179, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) Si se reguló que las resoluciones respecto a incidentes son apelables, a través de la SC 1107/2013 de 17 de julio, se generó un cambio estableciendo de manera explícita que los autos interlocutorios que resuelven cuestiones incidentales de actividad procesal defectuosa son apelables vía incidental, conforme a lo establecido por el art. 404 y ss. del CPP; b) Los Vocales hoy accionados señalaron que su persona no cumplió con el principio de impugnación, que precisa una serie de requisitos formales, como el plazo en el que debe plantearse la adecuación del recurso a la resolución judicial y lo que se impugna -entre otros-, de manera que si no se cumplieron con esos requisitos se genera la inadmisibilidad del recurso, establecido por el art. 394 del CPP; c) Con el Auto de Vista 30/2022 se vulneró su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva que se encuentra reconocido por el art. 115.I de la CPE, así como en los instrumentos internacionales, porque permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolla dentro del marco de la garantía jurisdiccional, procesal y constitucional; por lo que, en el presente caso los Vocales ahora accionados restringieron ese derecho, debiendo interpretar de forma amplia los derechos fundamentales buscando su máxima efectividad y aplicar la norma procesal de manera más favorable, conforme el principio pro actione que deriva del principio pro homine, tratando de asegurar en lo posible una justicia material sobre la formal, en ese caso respecto al no haber señalado el precepto jurídico al momento de interponer el recurso de apelación incidental; d) En el momento de celebración de la audiencia de consideración del incidente de nulidad de imputación formal y de acusación, su abogado interpuso recurso de apelación incidental de forma oral ante el Juez de la causa, cumpliéndose con esa formalidad, bajo los parámetros de los arts. 403 y 404 del CPP; por cuanto, en los demás casos de recursos de apelación se interpondrán por escrito debidamente fundamentados dentro del plazo de los tres días de notificada la resolución al recurrente, en ese punto se podría observar el ritualismo y el señalamiento de preceptos jurídicos aplicables; e) Al señalar el principio iura novit curia, refirió que le permite al Juez de la causa fundamentar el fallo en los preceptos legales, normas jurídicas que sean pertinentes aplicar al caso a pesar que los litigantes no las hubiesen alegado, pues el juzgador no debe abocarse solo a la petición del proceso, sino por las concretas pretensiones y como se formulen, extremo por el que no existe incongruencia extra petita; es decir, que cuando el juez o tribunal se pronuncia sobre una de sus pretensiones aunque no las hubiese formulado de manera expresa y estuvieran implícitas en la cuestión principal debatida en el proceso; f) Los Vocales hoy accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022, vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa, a la impugnación y al principio iura novit curia, al no admitir, no valorar, no considerar y no fundamentar en una audiencia pertinente o contradictoria su recurso de apelación incidental; y, g) En audiencia de la presente acción tutelar la Vocal de la Sala Constitucional realizó varias preguntas al accionante, quien a través de su abogado respondió que la notificación con el Auto de Vista 30/2022 se realizó el 8 de febrero de 2022; y hasta ese momento el proceso penal seguido contra su persona se encontraba con acusación fiscal, una acusación particular emitida por la AFP Futuro de Bolivia S.A. hoy tercera interesada y con el Auto de apertura de Juicio oral, público y contradictorio que tiene nuevo señalamiento de audiencia para el “jueves 29”. El mencionado Auto de Vista se resolvió en escritorio y nunca en audiencia, puesto que no se convocó a audiencia; y su abogado no solicitó ninguna aclaración, complementación o enmienda. La consecuencia de dejar sin efecto el citado Auto de Vista, según su abogado es el hecho que presentó un incidente contra una acusación que se anuló y una imputación en la cual existen defectos absolutos, ante ello se presentó un recurso de apelación incidental y el hecho se trata de poner en conocimiento de la Sala Constitucional los defectos absolutos relacionados a la imputación formal.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 103 a 104, manifestaron que: 1) La Ley 1173 que fue modificada por la -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-determinó la modificación del art. 404 del CPP respecto a la interposición del recurso de apelación incidental, que ingresó en plena vigencia desde el 23 de marzo de 2020; por lo que, el art. 403 de la citada norma adjetiva penal, modificado por la Ley 1173 señala: ‘“la que resuelve una excepción o un incidente”’ (sic), por ello la parte apelante -accionante- al momento de interponer el recurso de apelación debería alegar los arts. 403.2 y 404 del CPP; al no hacerlo, no amparó su pretensión en las normas ya establecidas para ese acto procesal y así se pudiera tramitar conforme a procedimiento. Por otra parte el art. 396.3 del CPP establece las reglas generales de la impugnación, señalando expresamente que los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determine en ese Código, por ello concluyeron que la interposición del recurso de apelación incidental contra resoluciones, deber ser interpuesta en la condición, tiempo y forma que señala la norma procesal penal en esos casos específicamente, debiendo cumplirse por las partes del proceso por mandato expreso de ley; 2) Se debe tomar en cuenta lo establecido por el art. 404 del CPP modificado por el art. 16 de la Ley 1173, en el siguiente tenor: ‘“El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo Tribunal que dictó la resolución…”’ (sic), al efecto y según los antecedentes de ese caso, se evidencia que al interponer el recurso de apelación incidental en audiencia el accionante no se amparó en ningún artículo; es decir, que su planteamiento no obedece ni usa los preceptos legales de impugnación, como ser el art. 251 o el art. 403 del CPP, de manera que la impugnación precisa una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse, pues al momento de la interposición se debe identificar la norma en la que basa su pretensión; y, 3) Con relación al derecho a la impugnación y al principio iura novit curia, no fueron vulnerados de ninguna manera, al contrario el Auto Interlocutorio 361/21 impugnado fue objeto de sorteo a un Tribunal de alzada por parte del Juzgado de origen; es decir, que mediante sorteo radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 1 de julio de 2022; en consecuencia, se realizó la valoración sobre la admisibilidad de dicho recurso de apelación incidental y se determinó su inadmisibilidad, por no haber manifestado el precepto legal en el que se amparaba. De igual forma, el art. 173 del CPP sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando las razones por las cuales les otorga el determinado valor, y con base al principio de legalidad se evidenció que no existe agravio que reparar, por ello pidieron se deniegue la tutela solicitada.
Claudia Rocío Alarcón Prudencio, en representación legal de la AFP Futuro de Bolivia S.A., mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2022, cursante a fs. 173 y vta., se apersonó y adjuntó documentación a efectos de su consideración. De igual forma, en audiencia de esta acción tutelar, manifestó que: i) Revisado el Auto Interlocutorio 361/21, la defensa del accionante refirió que “…vamos a interponer el incidente de apelación incidental…” (sic) se entiende contra el mencionado Auto Interlocutorio, ello significa que es una situación a futuro, distinto hubiese sido si el abogado del accionante refería estamos o interponemos en el presente acto el recurso de apelación incidental de forma oral, razón por la cual no existe ningún agravio, debido a que la defensa tenía el derecho a ejercer el principio de impugnación, conforme lo establece el art. 180 de la CPE, en el plazo de tres días -arts. 160, 403 y 404 del CPP-, al no hacerlo su defensa no podría atribuir como un estado de indefensión por su propia negligencia, pues hubiese sido diferente si presentaba recurso de apelación incidental en el plazo de tres días y que aun así se le estaría denegando; ii) Se pretende hacerles incurrir en error refiriendo que se vulneró un principio, no así un derecho; iii) El abogado del accionante hizo mención a un procesamiento indebido, que no se atiende a través de esta acción de amparo constitucional, conforme lo establece el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), enfatizando en el hecho que el accionante utiliza cualquier instrumento jurídico para retrasar y dejar en impunidad ese y los diferentes procesos iniciados contra su persona, en uno de ellos, se emitió un mandamiento de aprehensión, que no pudo ejecutarse hasta ese momento porque se mantiene oculto; y, iv) Existen treinta y nueve trabajadores de la empresa “El Diario” que no pueden gozar a plenitud de su seguridad social -establecido por el art. 45 de la CPE-, debido a que el accionante actuó como agente de retención y se apropió de sus aportes y nunca fueron depositados a la AFP Futuro de Bolivia S.A.; por ello, considera que se debió aplicar el principio de ponderación de derechos, según lo referido por la SCP 077/2018-S4 de 14 de noviembre, porque el grado de afectación es mayor al que pretende reclamar el accionante.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 257/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 180 a 186, denegó la tutela solicitada, sin costas ni costos procesales, bajo los siguientes fundamentos: a) Para la interposición de la acción tutelar, se cumplieron con los principios de subsidiariedad e inmediatez, puesto que contra el Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero no cabe recurso ulterior en la vía ordinaria, y además esta acción de amparo constitucional fue presentada dentro del plazo de los seis meses de conocerse la comisión de la posible vulneración alegada o de ser notificada con el hecho; es decir, que se notificó con dicho Auto de Vista el 8 de febrero de 2022, cursante a fs. 89; b) En el proceso penal seguido contra el accionante, existe una primera acusación de 10 de agosto de 2021, que por Resolución de 3 de diciembre del mismo año, se dejó sin efecto y se esperó que exista un acto conclusivo mediante una resolución de acusación hasta el 5 de julio de 2022. Tomándose en cuenta que entre la primera Resolución emitida por el Juez de primera instancia el 3 de diciembre de 2021 y la segunda Resolución de 5 de julio de 2022 se esperó abundantemente el tiempo para presentar su recurso de apelación de un incidente de nulidad de imputación formal, que fue negado por el Juez de la causa. Si bien es cierto que el Auto Interlocutorio 361/21 de 3 de diciembre de 2021, fue de conocimiento del Tribunal de alzada que emitió el Auto de Vista 30/2022, no quedó duda alguna que desde el momento que el accionante fue notificado con esa determinación, el 8 de febrero de 2022, esperó hasta el último día de los seis meses para interponer esta acción de defensa, situación que no es posible si el accionante tiene conocimiento desde el inicio de la etapa preparatoria. De acuerdo a la SC “1036/2022” con una imputación que empieza a correr los seis meses y según la complejidad puede ser ampliada, en ese caso al no haber encontrado el domicilio real tuvo una duración de más de tres años y meses, tal como señaló el accionante y luego de ser notificado, conoció una acusación fiscal y promovió un incidente que resultó favorable parcialmente dejando sin efecto la acusación fiscal y posteriormente tramitó el incidente respecto a la imputación. En consecuencia, los Vocales hoy accionados emitieron el Auto de Vista 30/2022 y el accionante esperó seis meses para formular esta acción tutelar, cuando las diferentes fases y etapas del proceso dieron lugar a que exista una segunda acusación y con el Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio se les notificó el 13 de septiembre de 2022, y la audiencia de juicio se desarrollará el 29 de igual mes y año; es decir, que el accionante espero al último día del plazo de los seis meses para interponer la acción de defensa y observando el desarrollo de los diferentes actos procesales en ese caso dejada sin efecto una acusación fiscal y que no fue tramitada conforme a lo previsto por el art. 54 y ss. del CPP ante el Juez de la causa o cualquier otra situación que le pueda favorecer. En ese sentido, se consideró que se encuentra presente una causal de improcedencia de esta acción tutelar, que son los actos consentidos; puesto que, no es razonable ni comprensible, si los actos secuenciales se vienen desarrollando en virtud a dejarse sin efecto una primera acusación, retorna ante el Juez y se queda muchos meses para reclamar que la imputación tiene defectos procesales, cuando una fase va cerrando a otra, pues sería diferente si no existiría una segunda acusación y al efecto se podría razonar que a pesar de haberse esperado hasta el último día para activar la jurisdicción constitucional, tendrían que ingresar a considerar su situación en lo referido a la cuestión formal y no sustancial de una impugnación que fue resuelta en un escritorio; y, c) En ese caso, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz ya convocó a audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 29 de septiembre de 2022, por ello se estableció que el accionante desarrolló un acto que consintió libre y expresamente el desarrollo “preclusivo” al esperar una segunda acusación fiscal que debe tramitarse ante el citado Juez de Sentencia, al haber formulado la presente acción de defensa el último día del plazo de seis meses y al no haber realizado su reclamo cuando se dejó sin efecto la primera acusación ante el Juez de la causa; es decir, que la situación jurídica del accionante ya no es la misma.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; por el cual, Antonio Martín Carrasco Guzmán -ahora accionante-, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de imputación formal y en el “OTROSÍ PRIMERO”, interpuso el incidente de actividad procesal defectuosa de nulidad de la acusación formal por defectos absolutos (fs. 20 a 25). II.2. Por Auto Interlocutorio 361/21 de 3 de diciembre de 2021, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, se declaró: 1) Infundado el incidente de nulidad de imputación formal porque se cumplió con lo dispuesto por el art. 302.3 o 4 del CPP y la debida fundamentación; y, 2) Fundado el incidente de nulidad de acusación formal, dejando sin efecto la presentación de la misma, debiendo el Ministerio Público tomar en cuenta las etapas del proceso y presentar el requerimiento conclusivo en el tiempo prudencial que dicha autoridad considere, reiterando que no necesariamente tiene que ser al finalizar los seis meses que tiene como duración máxima la etapa preparatoria. Al finalizar la audiencia el abogado del accionante formuló recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio y en ese momento el Juez de la causa, realizó una explicación, complementación y enmienda de oficio (fs. 26 a 29). II.3. Mediante Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda y Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental planteada por la parte imputada -accionante-, por no haberse interpuesto conforme lo previsto por el art. 403.2 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173, por no sujetarse a derecho, razón por la cual se CONFIRMÓ el Auto Interlocutorio 361/21. En ese sentido, principalmente argumentaron que según la SCP 1107/2013, generó un cambio respecto a las resoluciones de incidentes que son apelables, estableciendo de forma explícita que los autos interlocutorios que resuelven cuestiones incidentales de actividad procesal defectuosa, si son apelables vía incidental conforme a lo establecido por los arts. 403 y 404 del CPP, de manera que el ahora apelante -accionante- no hizo uso de la norma al momento de plantear su recurso de apelación incidental y no cumplió con el principio de impugnación, que precisa de una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse, la adecuación del recurso a la resolución judicial que se impugna -entre otros-, en caso de no cumplirse con esos requisitos se origina la inadmisibilidad del recurso establecido por el art. 394 del CPP (fs. 30 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa y a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione vinculado al principio pro homine; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, no permitieron considerar el fondo de su recurso de apelación incidental con el argumento de declarar la inadmisibilidad de dicho recurso de apelación, por no haberse interpuesto alegando lo establecido por los arts. 403.2 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173 para que se pueda tramitar conforme a procedimiento, anteponiendo a sus derechos meros formalismos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1953/2012 de 12 de octubre, estableció que: «“El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el art. 14.1, consagra el derecho de acceso a la justicia, al establecer que ‘Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil’. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 8.1 señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derecho y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Asimismo, en su art. 25 refiere: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta la normativa precedente, señaló en el Informe 105/099 de 29 de septiembre, Caso 10.194, Narciso Palacios, Argentina: “56. De ambas disposiciones se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable. 57. El principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aún cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Este principio implica lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales. 58. Sin embargo, puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una violación a dicho derecho fundamental. (…) 61. Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”. En nuestra Constitución Política del Estado, los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, así como el debido proceso, se encuentran reconocidos en el art. 115 bajo el siguiente texto: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De lo glosado, se extrae que el derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, implica la posibilidad de que toda persona, pueda acudir ante los tribunales a formular pretensiones o defenderse de ellas, a obtener un fallo y a que el mismo sea cumplido y ejecutado. Una vez que se accede al proceso, el mismo debe contar de todas las garantías necesarias con el objeto de que las partes estén sometidas a un debido proceso, en el que se ejerzan sus derechos y garantías constitucionales.
En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, señaló que: [Con relación al derecho a la defensa, considerado como un elemento del debido proceso la SCP 0405/2012 de 22 de junio, señala: «Respecto al derecho a la defensa, en las SSCC 1756/2011-R y 0887/2010-R, entre otras, se señaló lo siguiente: “En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg que ‘El derecho a la defensa en juicio es inviolable’ y en el art. 115.II de la CPE, que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente”».
(…)
La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”, estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones:
1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). 2. El derecho de recurrir “…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158). 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”». La SCP 0275/2012 de 4 de junio, menciona al respecto: «El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a esta impronta característica de la doble instancia, es aplicable también al derecho administrativo sancionatorio cuando así corresponda, otorgando al administrado la posibilidad de controvertir una decisión inicial, para en definitiva poder enmendar los errores o distorsiones en la aplicación de la normativa en primera instancia. La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa.
La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada materializar los derechos»] (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa y a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione vinculado al principio pro homine; puesto que, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero no permitieron considerar el fondo de su recurso de apelación incidental con el argumento de declarar la inadmisibilidad de dicho recurso de apelación, por no haberse interpuesto alegando lo establecido por los arts. 403.2 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173 para que se pueda tramitar conforme a procedimiento, anteponiendo a sus derechos meros formalismos. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, cursa memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; por el cual, el accionante, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de imputación formal y en el “OTROSÍ PRIMERO”, interpuso el incidente de actividad procesal defectuosa de nulidad de la acusación formal por defectos absolutos (Conclusión II.1.). Al efecto, por Auto Interlocutorio 361/21 de 3 de diciembre de 2021, emitido por el Juez de la causa, se declaró: i) Infundado el incidente de nulidad de imputación formal porque se cumplió con lo dispuesto por el art. 302.3 o 4 del CPP y la debida fundamentación; y, ii) Fundado el incidente de nulidad de acusación formal, dejando sin efecto la presentación de la misma, debiendo el Ministerio Público tomar en cuenta las etapas del proceso y presentar el requerimiento conclusivo en el tiempo prudencial que dicha autoridad considere, reiterando que no necesariamente tiene que ser al finalizar los seis meses que tiene como duración máxima la etapa preparatoria. Al finalizar la audiencia el abogado del accionante formuló recurso de apelación incidental contra el mencionado Auto Interlocutorio y en ese momento el Juez de la causa, realizó una explicación, complementación y enmienda de oficio (Conclusión II.2.).
En virtud a ello, mediante Auto de Vista 30/2022 de 13 de enero, emitido por los Vocales ahora accionados se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental planteado por la parte imputada -accionante-, por no haberse interpuesto conforme lo previsto por el art. 403.2 y 404 del CPP modificado por la Ley 1173, por no sujetarse a derecho, razón por la cual se CONFIRMÓ el Auto Interlocutorio 361/21. En ese sentido, principalmente argumentaron que según la SCP 1107/2013, generó un cambio respecto a las Resoluciones de incidentes que son apelables, estableciendo de forma explícita que los autos interlocutorios que resuelven cuestiones incidentales de actividad procesal defectuosa, si son apelables vía incidental conforme a lo establecido por los arts. 403 y 404 del CPP, de manera que el ahora apelante no hizo uso de la norma al momento de plantear su recurso de apelación incidental y no cumplió con el principio de impugnación, que precisa de una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse, la adecuación del recurso a la resolución judicial que se impugna -entre otros-, en caso de no cumplirse con esos requisitos se origina la inadmisibilidad del recurso establecido por el art. 394 del CPP (Conclusión II.3.). Bajo esas circunstancias, se advierte que los Vocales hoy accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022, en síntesis argumentaron que el apelante -accionante- no hizo uso de la norma al momento de plantear su recurso de apelación incidental y no cumplió con el principio de impugnación que precisa de una serie de requisitos, correspondiendo por ello la inadmisibilidad de dicho recurso de apelación, según lo establecido por el art. 394 del CPP; sin embargo, el presente caso se trata de un recurso de apelación que resuelve un incidente de actividad procesal defectuosa contra la Resolución de imputación formal, empero, se consideró que el accionante no hubiese alegado los arts. 403 y 404 del CPP, modificados por el art. 16 de la Ley 1173, que señala: “La que resuelve una excepción o incidente” (sic); ya que al momento de formular los artículos mencionados determinaría la prosecución del trámite correspondiente. En ese marco, existe una regulación que establece claramente que las resoluciones de incidentes son apelables, pues la jurisprudencia constitucional interpretó esa situación a través de la SCP 1107/2013, en la cual se consideró “Si bien es cierto que este Tribunal determinó en un primer momento la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental contra autos que resolvían incidentes sobre actividad procesal defectuosa, a partir de la nueva Constitución Política del Estado este entendimiento cambió así la SC 0636/2010 de 19 de julio. Jurisprudencia que vincula a todos los operadores jurídicos desde la publicación de la referida Sentencia Constitucional, de acuerdo al art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por lo que, la autoridad judicial debió tramitar el recurso de apelación incidental que los accionantes reclaman no se realizó, y que dicho acto se constituye en la lesión de los derechos al debido proceso y a la defensa, ya que, se estaría coartando el derecho de los procesados a que la resolución que no les favorece sea revisada por el respectivo Tribunal de alzada. Conforme a ello, y en razón a que la jurisprudencia constitucional generó un cambio en el entendimiento de referencia, al establecer de forma explícita que los autos interlocutorios que resuelven cuestiones incidentales de actividad defectuosa, sí son apelables vía incidental; es que el Juez demandadó, debió tramitar el recurso de apelación incidental de conformidad a los arts. 404 y ss. del CPP” (las negrillas nos corresponden); es decir, que con ello la interposición del recurso de apelación incidental se encuentra normada por los arts. 403 y 404 del CPP. En ese contexto, se advierte que los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022, hicieron entender que el recurso de apelación incidental formulado por el accionante era viable a través de ese medio de impugnación; sin embargo, no indican la exigencia textual de la norma procesal penal para que sea posible dicho recurso de apelación con el fin de que se prosiga con el trámite correspondiente a ese tipo de impugnación, sobre todo si los Vocales hoy accionados reconocieron en el Auto de Vista mencionado que la impugnación formulada por el accionante se trataría de un recurso de apelación incidental contra una determinación que resuelve un incidente de actividad procesal defectuosa, señalando únicamente que el apelante -accionante- no citó la norma o artículo a momento de plantear su recurso de apelación; por cuanto, no cumple con el derecho a la impugnación, que precisa una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse la adecuación del recurso que se plantea a la resolución judicial que se impugna, para finalmente concluir indicando que si no se cumplen con esos requisitos se origina la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental, conforme a lo previsto por el art. 394 del CPP; por lo que, no se efectuó un pronunciamiento de fondo, según lo determina el art. 399 del CPP. En ese entendido, se advierte que los Vocales hoy accionados, no citaron ninguna norma legal o jurisprudencia constitucional que determine que la cita textual y explícita de la normativa procesal penal se constituye en un requisito formal que debe cumplirse para interponer el recurso de apelación incidental y que su incumplimiento da lugar a su inadmisibilidad, ni señalaron las razones o motivos fundados que respalden su determinación; por lo que, la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación incidental formulada por el accionante, por no alegar de manera expresa los arts. 403 y 404 del CPP, es un razonamiento extremadamente formalista, ya que es suficiente que el accionante exprese claramente que interponía el recurso de apelación incidental, además de haberla fundamentado; es decir, que la falta de mención expresa respecto a los artículos en los que ampara su recurso de apelación incidental, no es causal suficiente para declarar inadmisible el citado recurso de apelación, cuando existe incluso la posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de requisitos formales y en el marco de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; “…que implica que el reconocimiento de la finalidad superior de la justicia, no puede resultar sacrificada por las consideraciones de forma, que no sean las estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez; puesto que, el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional con la finalidad de la realización o eficacia de los derechos substanciales” entendimiento que fue ampliamente desarrollado en la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, citada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0886/2013 de 20 de junio y 0120/2018-S3 de 18 de abril, entre otras; por lo que, se debe garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación legales previstos por el ordenamiento jurídico, apartándose de toda forma de ritualismo o formalidad excesiva que no son esenciales o estrictamente indispensables al momento de resolver el fondo de los casos. De igual forma, en el presente caso se advierte que los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 30/2022, vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, debido a que con su determinación ocasionaron la imposibilidad de que el accionante pueda acudir ante el Tribunal de alzada y obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones y/o agravios alegados; es decir, que el accionante fue privado de acceder libremente a la justicia, ya que no se le permitió promover su recurso de apelación incidental en razón a que supuestamente no hubiese cumplido con los requisitos de admisibilidad para acceder a dicho recurso de apelación, extremo que no fue evidente, por ello no se le permitió que sea escuchado por una autoridad superior y que proceda a revisar y eventualmente corregir los defectos o errores existentes en el Auto Interlocutorio 362/21, medio idóneo que busca el restablecimiento de derechos, por ello corresponde conceder la tutela solicitada, en razón a que la decisión asumida por los Vocales ahora accionados se constituye en arbitraria y no contiene ningún justificativo razonable que niega la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia del accionante, y en consecuencia se vulnera su derecho a la defensa. Ante ello, es necesario aclarar que en el caso en particular el abogado del accionante en audiencia señaló de manera expresa que existe un señalamiento de audiencia para celebrar el juicio oral, público y contradictorio, y según los datos emergentes de la Resolución 257/2022 de 26 de septiembre, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se evidencia que el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos previsionales, después de una segunda acusación formal siguió su curso con la apertura del juicio oral, público y contradictorio, con la que se les notificó a las partes el 13 de septiembre de 2022 y la audiencia de dicho juicio se debió desarrollar el 29 del citado mes y año, por lo que, ese proceso penal por la asociación de etapas procesales y la dinámica jurisdiccional y procesal que hubiese podido generarse de forma posterior a la emisión del Auto de Vista 30/2022 cuestionado en otra fase; no obstante, la concesión de la tutela de la presente acción de defensa y con el fin de no generar disfunción procesal, no es posible disponer que los Vocales hoy accionados emitan nuevo auto de vista, ante la posible superación de fases procesales.
Respecto a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione, que también alega como vulnerados el accionante, es preciso señalar que a través de la presente acción de defensa no se tutelan principios, por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento alguno. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 257/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 180 a 186, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a la defensa; sin embargo, no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto a su petición de emitir un nuevo auto de vista por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de no generar una disfunción procesal en el proceso penal seguido contra el accionante, ante la posible superación de fases procesales, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los principios de impugnación, iura novit curia y pro actione, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0451_2024-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): d1faf0c4137e026720a9d3ed564422900e1e2974d2521375f0998d1d0516f723
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