Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de agosto de 2024
Concede la tutela
La impetrante de tutela denuncia que el Juez y la Secretaria accionados, vulneraron sus derechos a la vida, acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como al debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que, incumplieron el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 325 del CPP, para remitir a la jueza o juez o tribunal de sentencia, los antecedentes que conciernen al requerimiento conclusivo de acusación, debido a que, transcurrieron aproximadamente seis meses desde la presentación del citado requerimiento conclusivo hasta la interposición de la presente acción tutelar, sin considerar que merece atención prioritaria por su condición de víctima de violencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, ante el evidenciado riesgo de lesión de los derechos a la vida y a una vida libre de violencia -en su dimensión indirecta- con implicancia con el debido proceso en su vertiente celeridad y acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de forma inmediata a la notificación con este fallo constitucional, remita los antecedentes correspondientes al requerimiento conclusivo de acusación formal presentado por el Fiscal de Materia el 8 de diciembre de 2021, siempre que este actuado no hubiese sido ya cumplido como emergencia de la concesión de la tutela dispuesta por el Juez de garantías constitucionales; 2º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; así como a la Secretaria de dicho Juzgado, a que en casos vinculados con delitos de violencia contra las mujeres asuman las actuaciones en el marco de los estándares de protección de los derechos de la mujer en situación de violencia y el deber de la estricta diligencia;
3º Exhortar a José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a sujetarse a las normas previstas en el Código Procesal Constitucional, en el trámite relativo para las acciones de defensa, por las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.7 del presente fallo constitucional; y, 4º Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, respecto de la actuación de Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del referido Juzgado, a fin de que se proceda si así correspondiere conforme dispone el art. 39.II del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0451/2024-S2 Sucre, 13 de agosto de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49091-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Regina Simone Lora Montero contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del referido Juzgado.
Por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 5 a 8, la parte accionante manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Iván Peredo Choque, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, tipificado y sancionado en el art. 272 bis del Código Penal (CP) en el cual su persona es víctima, el 8 de diciembre de 2021 presentó requerimiento conclusivo de acusación “particular” sobre el que Heber Gonzalo Torrejon Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- emitió decreto el 9 de igual mes y año, teniendo presente dicha presentación. Sin embargo, “a la fecha” -se deduce de interposición de esta acción de libertad- no tiene la intención de remitir dicho legajo de acusación al juez o tribunal de sentencia de turno, pese a que, solicitó de forma reiterada tal remisión, al extremo de ser objeto de revictimización, debido a que, en sus constantes visitas se encontró con su agresor en instalaciones del juzgado, quien la insultó y amenazó. De forma que, el plazo procesal que establece el “…Art. 8 de la Ley de DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACION DEL SISTEMA PENAL, mismo que modificó al Art. 325 del Código de Procedimiento Penal…” (sic), se encuentra superabundantemente vencido, generando con este actuar negligente la vulneración a sus derechos.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. “22”, 115, “116.I” y “117.I” de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de libertad, amplió el catálogo de derechos que identifica como vulnerados, mencionando además al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad accionada, que remita en el día los antecedentes al juzgado pertinente para la tramitación del juicio oral, público y contradictorio; y b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a fin de que se “…tramite la responsabilidad disciplinaria…” (sic) que corresponda, de acuerdo a lo previsto en los arts. 39 y “40” del Código Procesal Constitucional (CPCo) ante el evidente incumplimiento de la autoridad accionada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17; se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado en audiencia se ratificó en los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y complementando los mismos mencionó que: 1) “…estamos indebidamente procesados…” (sic), ya que el proceso penal no está siendo enmarcado dentro de los plazos procesales, pese a que es víctima de un caso de violencia física, por lo que, tiene un trato preferencial “…la fase investigativa en este tipo de delitos inclusive desde 8 días como bien tenemos conocimiento…” (sic); 2) No se reclama la afectación a su libertad sino que la activación de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho se la efectúa en el marco de lo dispuesto en el art. 325 del CPP, de acuerdo al cual el juez instructor debió remitir antecedentes al juez o tribunal de sentencia una vez presentado el requerimiento conclusivo, bajo su estricta responsabilidad; 3) Desde la acusación formal efectuada el 9 de diciembre de 2021, transcurrieron seis meses sin que la parte accionada cumpla con la remisión extrañada, a fin de que acuda a juicio oral y alcance la justicia que reclama; 4) Talvez “…nos hagan aparecer como el día de ayer terminando la tarde o el día de hoy...” (sic) se hubiera realizado la supuesta remisión; empero, la finalidad de esta acción de defensa es que se dé cumplimiento a los plazos procesales y se determine la responsabilidad de los accionados; de ahí que, debe aplicarse el principio de presunción de veracidad establecido en la SCP 1916/2014 de 25 de septiembre, debido a que, no se remitieron los actuados de la acusación particular, pese a que, acudió todos los días a solicitar este envío, refiriéndole en dicho juzgado que tienen bastante carga procesal y un listado de procesos que deben remitir y que su causa no estaría en “…en un número no tan importante…” (sic) y que se tomarían la molestia de remitirlo en dos semanas; y, 5) La presente acción de libertad fue interpuesta, a fin de que se evidencie los actos dilatorios y se llame severamente la atención al Juez accionado, toda vez que no se puede incurrir en ello, pues genera una “conglomeración” de procesos.
Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito, cursante de fs. 14 a 15, refirió que: i) La denuncia planteada en la presente acción de libertad, referente a que no se tuvo la intención de remitir el legajo del requerimiento conclusivo de acusación ante el juez de sentencia, se encuentra mal dirigida, debido a que, dicho aspecto no tiene que ver con la labor jurisdiccional que desempeña, sino que se trata de una labor netamente administrativa de Secretaría de su despacho, pues así lo establece la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, indicando que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación pasiva para ser demandados, cuando los actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente a derechos fundamentales, máxime cuando del informe verbal de la Secretaria coaccionada, se señala que “el caso” ya se encuentra en conocimiento de la autoridad competente; y, ii) Al no haberse vulnerado derecho o garantía constitucional alguno dentro de esta acción de libertad y que lo denunciado no condice con los antecedentes de la causa, corresponde rechazar la presente acción de defensa. Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del mismo departamento, mediante informe escrito, cursante a fs. 13, solicitó que se “rechace” la presente acción de libertad, con base en los siguientes argumentos: a) En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Iván Peredo Choque por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se remitió el cuaderno jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero -se deduce de la capital del departamento de La Paz- el 1 de julio de 2022; y, b) Para la remisión del cuaderno de control jurisdiccional con la acusación formal, se debe realizar una revisión exhaustiva de todo lo actuado, a fin de subsanar las diferentes faltas (firmas, actas, notificaciones y actuados) que podrían existir en el legajo del citado cuaderno; asimismo, informar que dichas faltas son de ex funcionarios que ya no se encuentran “en juzgados” y otros que son difíciles de subsanar.
El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 19 a 21, concedió parcialmente la tutela solicitada contra Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del citado departamento, disponiendo que, si conforme al informe presentado por la prenombrada, ya se habría remitido ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero -se deduce de la Capital del departamento de La Paz- los antecedentes del requerimiento conclusivo de acusación, correspondía simplemente recomendar al Juez accionado enviar antecedentes por la retardación de justicia en la que incurrió la Secretaria de su despacho ante el Consejo de la Magistratura. “En caso de incumplimiento de la remisión de los antecedentes se ara conocer la misma a la instancia disciplinaria de la autoridad accionada, para qué, Lógicamente dicha instancia procese del incumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas del día de hoy…” (sic). Debiendo hacer conocer al Juez de garantías el cumplimiento de lo ordenado. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El art. 125 de la CPE establece que, la acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que su vida se encuentre en peligro, este ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, por lo que, este mecanismo de defensa no puede ser atendido, en razón a los derechos presuntamente vulnerados, que no se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad, sin embargo, corresponde ingresar al análisis de fondo, reconduciendo su planteamiento a una acción de amparo constitucional, con la finalidad de resguardar los derechos de la víctima del delito de violencia y la garantía del debido proceso, que es específicamente tutelado a través de un amparo constitucional, garantizando además el acceso a la justicia constitucional y el principio de verdad material; 2) El 8 de diciembre de “2011” -lo correcto es 2021-se presentó el requerimiento conclusivo de acusación particular contra “Fernando Lora Hurtado” -siendo lo acertado Iván Peredo Choque- por el delito de lesiones leves y violencia familiar o doméstica, al mismo tiempo se tiene certeza que la autoridad judicial accionada -Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz- emitió un pronunciamiento el 9 de diciembre de 2021, teniendo presente el requerimiento conclusivo con base en el art. “272 bis” -se infiere del CP- vale decir, en el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 325 del CPP “…solicitando que se realice la remisión…” (sic), entonces, dicha autoridad jurisdiccional emitió orden para los servidores públicos que lo coadyuvan en la labor jurisdiccional, pues conforme a los alcances de la Ley del Órgano Judicial se prevé el sorteo de causas, a efectos de la remisión de los expedientes judiciales; y, 3) La parte accionante “…no ha señalado mayor documentación o mayor prueba que puede establecer que la providencia señalada de 9 de diciembre 2021 no haya sido realizada en la fecha que el mismo ha señalado en su Acción de Libertad…” (sic); por otro lado, el informe de la Secretaria coaccionada señala que, existen faltas de ex funcionarios que ya no se encuentran en el juzgado, pretendiendo deslindar responsabilidad; sin embargo, tampoco adjunta documentación específica para determinar quiénes serían estos funcionarios, consecuentemente, se evidencia que desde el 9 de diciembre de 2021 no se logró remitir el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia que se hubiera sorteado, siendo evidente la retardación procesal y la lesión al debido proceso, reconocido en el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna gratuita transparente y sin dilaciones.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia simple de acusación formal presentada por el Fiscal de Materia, el 8 de diciembre de 2021 a horas 13:58, ante Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Fernando Lora Hurtado en representación de Regina Simone Lora Montero -hoy accionante- contra Iván Peredo Choque, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica previstos y sancionados por los arts. 271 y 272 bis del CP, solicitando la remisión de la referida acusación formal ante la autoridad competente, en el marco de lo previsto en el art. 325 del CPP, a efectos que una vez celebrado el juicio oral se dicte sentencia condenatoria declarando al acusado autor y culpable de los delitos atribuidos, imponiéndole la pena máxima del ilícito acusado conforme establece la norma penal sustantiva, sea con costas, reparación del daño civil y demás formalidades de ley (fs. 1 a 4). II.2. Se tiene Nota de 1 de julio de 2022, suscrita por Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionada- y dirigida al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer -se deduce de la Capital del citado departamento-, con referencia a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional por acusación formal en originales -en el proceso penal descrito precedentemente-. Asimismo, consta sello de recibido (poco legible e incompleto) de dicha nota en “JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” (sic) en la misma fecha, a horas 10:56 sin firma ni nombre de la persona que recibe (fs. 12 y vta.).
La impetrante de tutela denuncia que el Juez y la Secretaria accionados, vulneraron sus derechos a la vida, acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como al debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que, incumplieron el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 325 del CPP, para remitir a la jueza o juez o tribunal de sentencia, los antecedentes que conciernen al requerimiento conclusivo de acusación, debido a que, transcurrieron aproximadamente seis meses desde la presentación del citado requerimiento conclusivo hasta la interposición de la presente acción tutelar, sin considerar que merece atención prioritaria por su condición de víctima de violencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, hizo hincapié señalando que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
(...)
En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0888/2021-S3 de 8 de noviembre, sostuvo que: «...la SCP 0033/2013 de 4 de enero, señaló que: “Sobre el derecho a la vida el Tribunal Constitucional señaló en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre: ‘…El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R, es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección’. En el mismo sentido la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, señaló: ‘…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones’.
Todos los derechos fundamentales son iguales en jerarquía proclama el art. 13. III de la Constitución; sin embargo, es lógico asumir que el derecho a la vida implica ciertas situaciones particulares que deben ser consideradas a momento de tramitar su protección jurisdiccional en instancias de la jurisdicción constitucional, pues si no se cuenta con este derecho fundamental ningún otro podrá ser ejercido, además de ello, toda la sociedad políticamente organizada no tendría sentido de no ser para garantizar a los seres humanos el derecho a una vida digna.
De ahí se tiene que toda decisión administrativa, legislativa o judicial siempre deberá compulsar dos principios esenciales, que son: i) el principio de primacía de protección del derecho a la vida; y, ii) El principio de duda favorable de la protección exhaustiva del derecho a la vida. Estos dos principios se deducen de la estructura normativa y jurisprudencial de este derecho en el contexto internacional de los Derechos Humanos y en el contexto constitucional boliviano.
Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.-Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de ‘la razón de Estado’ (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.
3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.
De estos escenarios descritos se tiene que el derecho a la vida no puede ser conceptualizado de manera unívoca; sin embargo, debe quedar claro que a la luz de un nuevo espíritu constitucional el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone.
De la generalidad conceptual desarrollada y en el marco de la tercera concepción glosada, las autoridades del Estado al resolver solicitudes en las que se encuentre en peligro el derecho a la vida, deben ser resueltas sobre la base de una exhaustividad analítica-valorativa en miras a considerar que sobre cualquier otro aspecto prima la protección de la vida del ser humano debiéndose tener presente que dicha protección no se agota con el compromiso de velar por la mera subsistencia de la persona, sino que involucra a todos los componentes imprescindibles para permitir el goce efectivo de una vida digna”» (las negrillas son nuestras).
En cuanto a esta temática, la SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, desarrolla varios componentes sobre la actuación diligente institucional exigible en especial en situaciones que involucren la necesidad de aplicar enfoque de género, así en lo pertinente, resaltó que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).
En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’…
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.
De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia” (las negrillas nos corresponden).
En cuanto a esta modalidad de la acción de libertad, la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, citando a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, estableció que: “…El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
En ese entendido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales’.
En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’; entendimientos asumidos y reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1449/2012 y 2511/2012, entre otras” (las negrillas corresponden al texto original).
Al efecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).
Con la finalidad de lograr una comprensión efectiva en la resolución del problema jurídico planteado, este Tribunal estima conveniente efectuar previamente una sucinta descripción y verificación de los antecedentes procesales de los cuales deviene el mismo. Así, de la documentación descrita en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional y las aseveraciones coincidentes y no refutadas por las partes, existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Fernando Lora Hurtado en representación de Regina Simone Lora Montero -hoy accionante- contra Iván Peredo Choque por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves; y, violencia familiar o doméstica previstos y sancionados por los arts. 271 y 272 bis del CP, en el que el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal el 8 de diciembre de 2021, ante el Juez accionado, solicitando la remisión de la referida acusación formal ante la autoridad competente, en el marco de lo previsto en el art. 325 del CPP, a efectos de la apertura de un juicio oral (Conclusión II.1). En tal contexto, la accionante denuncia que, el Juez y la Secretaria -hoy accionados- vulneraron sus derechos a la vida, acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como al debido proceso en su “elemento celeridad”; en razón a que, incumplieron el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 325 del CPP, para remitir ante la jueza o juez o tribunal de sentencia de turno, los antecedentes que conciernen al requerimiento conclusivo de acusación formal, debido a que, transcurrieron aproximadamente seis meses desde la presentación del citado requerimiento conclusivo hasta la interposición de la presente acción tutelar, sin considerar que merece atención prioritaria por su condición de víctima de violencia. Consideraciones procesales de previa consideración
Identificado así el objeto procesal y en virtud al alcance de la reclamación planteada dentro de esta acción de defensa, es pertinente efectuar dos consideraciones previas de índole procesal- constitucional.
i) En función a la delimitación del presunto acto lesivo efectuado ut supra que motivó la interposición de esta acción tutelar atañe referir que, si bien la misma no detenta una vinculación directa con la libertad de la accionante, como bien advirtió el Juez de garantías constitucionales, ni tampoco un absoluto estado de indefensión, los cuales, en ejercicio de la verificación de los requisitos concurrentes resultan necesarios para ingresar a analizar el fondo de la reclamación constitucional cuando el acto lesivo se relaciona con un eventual procesamiento indebido -como se denuncia en el caso concreto-; sin embargo, esta directriz de auto restricción no resulta aplicable por la situación fáctica que subyace al problema jurídico, que se encuentra expresamente conectada con la invocación del riesgo de lesión de los derechos a la vida -tutelable vía acción de libertad en el marco de lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional- y a una vida libre de violencia.
En la misma línea de razonamiento, se debe tener presente los estándares de protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia y el estándar de la debida diligencia prescrita como parámetro que rige la actuación de las instancias públicas en los casos que involucran la presunta violencia contra la mujer, conforme fue glosado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional.
De modo que, en atención a la dimensión del reclamo efectuado, esencialmente referido a la dilación en la remisión de la acusación pública ante la autoridad competente, si bien no está vinculado de manera directa con el derecho a la vida de la accionante; empero, tratándose de un proceso penal seguido contra el imputado por presunta violencia ejercida en su contra, impele que las instancias públicas incluida esta jurisdicción constitucional, consideren que los hechos denunciados en la vía penal encuentran relacionamiento con el invocado riesgo de lesión del derecho a la vida entrelazado con la integridad física de la impetrante de tutela, presunta víctima de violencia familiar o doméstica.
Similar razonamiento fue asumido en la SCP 0415/2023-S3 de 11 de mayo, que refirió: “…si bien la denuncia constitucional formulada dentro de su concepción genérica de índole procesal-fiscal no detenta una vinculación directa con la libertad ni con el absoluto estado de indefensión, que son las condicionantes de concurrencia simultanea para activar y conocer el cuestionamiento formulado vía esta acción de defensa relacionado con la denuncia de afectación al debido proceso, lo cual podría devenir en la imposibilidad de analizar el fondo de la problemática suscitada; se debe enfatizar que la aplicación de esta autorestricción no es asumida en este punto de verificación constitucional, por la situación fáctica inherente a la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que en su magnitud encuentra relacionamiento con el invocado riesgo de lesión del derecho a la vida entrelazado con la integridad física, lo cual además impele a considerar que, el presupuesto de la vinculación directa con la libertad -antes indicado- contiene un marco de verificación extensivo de relación inmediata con la vida -como bien jurídico que se encuentra dentro del campo de tutela de la acción de libertad-, lo cual no obstante, en el caso sub judice no detenta la vinculación directa, no puede obviarse el alcance del reclamo planteado que tiene en su esencia material -tal cual se tiene precisado- el cuestionamiento a la dilación de actuación del Fiscal de Materia accionado en la remisión de la objeción que la impetrante de tutela formuló contra la Resolución de Rechazo de Denuncia J.A.P.R. 42/2021, que promovió como presunta víctima de violencia en razón de género, elemento de connotación trascendental que además de desbordar la exigida y necesaria concurrencia de los antes indicados presupuestos de auto restricción, conlleva a su vez una directa vinculación con las medidas de protección emergentes de la denuncia penal asumidas en protección a la presunta víctima en resguardo a prevenir una eventual situación de violencia en su contra, implicando ello que esta jurisdicción constitucional aplique la herramienta del enfoque interseccional como cimiento de refuerzo que posibilita superar una posible imposibilidad de pronunciamiento sobre el fondo del cuestionamiento formulado”.
ii) Considerando que la accionante acudió a la jurisdicción constitucional en busca de protección por el peligro y riesgo en que se encuentra su vida, en lo que concierne a la observancia de la subsidiariedad excepcional, la jurisprudencia constitucional estableció que, por la importancia del bien jurídico protegido como es la vida, de cuyo ejercicio deriva la posibilidad de ejercer otros derechos y cuando el mismo se halle comprometido, no es admisible invocar la causal de subsidiariedad, que dicho sea de paso, en la tramitación de la acción de libertad constituye una excepción a la regla, pues adoptar una postura divergente representaría además de incumplir directrices para alcanzar una actuación diligente de las instancias públicas y las obligaciones que internacionalmente asumió el Estado de protección efectiva a las mujeres en situación de violencia -Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional- también implicaría otorgar a este bien jurídico -vida-un estatus inferior con relación a las formalidades requeridas, que en el caso de la acción de libertad -se reitera- es excepcional, por cuanto se rige esencialmente bajo el principio de informalismo.
Aspecto sobre el que este Tribunal, también razonó en el mismo sentido, en la SCP 1405/2022-S3 de 10 de octubre, indicando que: “…tampoco es aplicable la subsidiariedad excepcional de este mecanismo de defensa constitucional al estar involucrado dentro del cuestionamiento constitucional -como se tiene referido- un posible peligro de lesión de los derechos a la vida y a una vida libre de violencia, por lo cual, dada la importancia de dicho bien jurídico del cual se desprende otros derechos no resulta necesario exigir el agotamiento de las vías procesales específicas que podrían considerarse pertinentes de activación dentro del proceso penal del cual deviene esta acción tutelar”.
Por consiguiente, al no existir óbice procesal se ingresará al análisis de fondo de la cuestión material planteada.
En cuanto a la cuestión material planteada
En el contexto descrito precedentemente se evidenció que, el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal contra el presunto agresor de la accionante -Iván Peredo Choque- el 8 de diciembre de 2021 a horas 13:58 (Conclusión II.1)
En función a ello, el art. 325 del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que regula lo concerniente a la presentación del requerimiento conclusivo, señala en su parágrafo I que: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad” (las negrillas son nuestras).
De lo que se extrae que, una vez que el Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo de acusación, es responsabilidad del Juez de Instrucción remitir los antecedentes del requerimiento conclusivo al juez o tribunal de sentencia de tuno, en el plazo de veinticuatro horas, previa la formalidad de sorteo de la causa penal, a través de la Oficina Gestora de Procesos.
En ese marco, subsumiendo la actuación de esta autoridad jurisdiccional en la citada disposición se evidencia que, el Juez accionado, el 9 de diciembre de 2021, habría emitido un decreto por el cual, tomó en cuenta la presentación de dicho requerimiento conclusivo -que si bien no consta en antecedentes, fue un acto descrito por la parte accionante en la relación de los hechos que denuncia y su fundamentación oral en audiencia de consideración de esta acción de libertad-disponiendo adicionalmente que por Secretaría de su despacho se efectivice dicha remisión -aspecto que fue compulsado y verificado por el Juez de garantías tal como se argumenta en la Resolución 07/2022 de 1 de julio, emitida en esta acción tutelar-.
Ahora bien, la observancia al procedimiento cobra relevancia a tiempo de determinar si el Juez accionado incurrió en una actuación ilegal e indebida; toda vez que, el mismo define al servidor público responsable de la obligación y los plazos a cumplirse en procura de imprimir celeridad y evitar la retardación de justicia en la jurisdicción ordinaria penal; empero, una vez emitido dicho decreto el 9 de diciembre de 2021 no se advierte que la referida autoridad haya asumido alguna medida de su parte que asegure la remisión de los antecedentes del proceso penal y la acusación formal presentada, inclusive hasta la fecha de la audiencia de consideración de esta acción tutelar -1 de julio de 2022- a pesar de la trascendencia que tiene dicho actuado procesal para dar continuidad al proceso penal, pues únicamente se advierte en obrados una Nota de 1 de julio de 2022, suscrita por la Secretaria dependiente de su Juzgado -ahora coaccionada- para efectivizar dicha remisión (Conclusión II.2), dejando así transcurrir para este fin aproximadamente seis meses.
En relación con esto, resulta importante enfatizar que a diferencia de otras disposiciones adjetivas penales en la que el legislador señaló de manera general únicamente lo relativo al plazo -como se mencionó- el art. 325.I del CPP, contiene un mandato imperativo de remisión atribuible directamente a la autoridad jurisdiccional y bajo su responsabilidad, pues en la primera parte este artículo es taxativo al referir: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de Instrucción…” (las negrillas fueron añadidas). En tal sentido, la obligación de remitir antecedentes del requerimiento conclusivo de acusación formal atribuida a la autoridad jurisdiccional accionada, no se constreñía únicamente a emitir un decreto que deje constancia de su presentación, sino a efectivizar tal remisión, independientemente de las instrucciones que al interior de su despacho se efectúen para concretar tal actuado.
De modo que, los argumentos referidos por el Juez accionado en su informe escrito presentado el 1 de julio de 2022, para su consideración en esta acción de libertad, en el que se exime de responsabilidad alegando que dicha remisión no corresponde a sus funciones jurisdiccionales, sino a las tareas administrativas que atingen a la Secretaria del Juzgado a su cargo, no condice con lo prescrito en el citado art. 325.I del CPP, por tanto, dicho argumento de ninguna manera resulta válido, pues el supuesto que se analiza es la autoridad judicial quien en el marco de la amplia potestad que detenta para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente al interior de su despacho, tiene el deber de asumir medidas adicionales a la simple delegación de funciones o impartición de instrucciones al personal de apoyo judicial para concretar la remisión de la acusación formal y sus antecedentes al juez o tribunal de sentencia, por ser el directo responsable de asegurar su correcto diligenciamiento.
Pero además dicha responsabilidad adquiere otra connotación si se considera que el proceso penal del cual deviene la denuncia de demora ilegal e indebida, se vincula con el presunto ilícito de violencia familiar o doméstica y la invocación en la presente acción tutelar del peligro de lesión del derecho a la vida, que motiva a respaldar el razonamiento en el marco jurisprudencial glosado en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relacionadas con la obligación que tiene el Estado y las instancias públicas de resolver con la debida diligencia las solicitudes que tengan implicancia con el peligro de dicho derecho primordial -en cualesquiera de sus facetas- lo cual implica que se asuman todas las medidas necesarias e imprescindibles y la realización de actuaciones diligentes y eficaces en todas las etapas del proceso una vez que accede al mismo, para de esta manera brindar una oportuna protección a la víctima y acceso a la justicia; sin embargo, tales alcances protectores no fueron considerados por el Juez accionado, quien en prevalencia de los estándares de protección a los derechos de la mujer en situación de violencia, debió garantizar la labor encomendada y con la necesaria celeridad y estricta diligencia.
En definitiva, dichos aspectos son conducentes a la activación de la acción de libertad de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, en procura de acelerar el trámite judicial ante la dilación indebida emergente por la falta de medidas para garantizar la remisión de los antecedentes concernientes al requerimiento conclusivo de acusación formal, incurriendo, por ello el Juez accionado en la lesión de derechos constitucionales de la accionante, poniendo su vida en riesgo de manera indirecta con implicancia con el debido proceso en su vertiente de celeridad y acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, debiéndose por tales razones abrir el ámbito de protección de esta acción de defensa (Fundamento Jurídico III.1) y conceder la tutela pretendida bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, que si bien conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, esta modalidad tiene implicancia con la falta de celeridad en actuaciones relacionadas a la libertad, con mayor razón su activación también involucra a los demás bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de acción de esta vía constitucional tutelar, por lo que también constituye un mecanismo para acelerar procedimientos y/o solicitudes que se encuentren relacionados con el derecho a la vida -sea en el componente de afectación o de riesgo- de la víctima de violencia en el proceso penal.
Con relación a la actuación de la Secretaria -coaccionada- se puede establecer que, inicialmente esta servidora pública carece de legitimación pasiva para ser accionada en acciones tutelares, esencialmente porque no tiene competencia para asumir determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos judiciales; empero, acorde a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, existen situaciones excepcionales en las que su acción u omisión vulnera derechos fundamentales o garantías constitucionales, supuestos que se hallan identificados bajo tres subreglas, entre la que se encuentra: “b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos…”.
En tal contexto, conforme el precedente jurisprudencial referido se advierte que, la actuación de la Secretaria coaccionada, se encuentra directamente vinculada con este supuesto, pues a pesar que el Juez accionado le ordenó la remisión de los antecedentes del requerimiento conclusivo de acusación formal por decreto de 9 de diciembre de 2021, no fue sino hasta el 1 de julio de 2022, que se procuró asumir las medidas para coadyuvar en la remisión conforme se tiene de la Nota de igual fecha que suscribió a objeto de remitir el cuaderno de control jurisdiccional por acusación formal en originales en el proceso oral de origen al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer -se deduce de la Capital de departamento de La Paz- (Conclusión II.2); es decir, luego de transcurridos seis meses aproximadamente, sin observar los plazos previstos por la normativa legal para este objeto.
Adicionalmente, de la valoración y análisis de dicha Nota de 1 de julio de 2022, se verifica que, la misma no demuestra objetivamente la constancia de remisión, debido a que, resulta poco legible e incompleto el sello de recibido que se hubiera impreso en la parte reversa de este documento, describiéndose muy difícilmente que fuera el “JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” (sic), la instancia a la que se envió los antecedentes del proceso penal y la acusación formal, adicionalmente, se consigna como fecha de presentación el 1 de julio de 2022, a horas 10:56, sin que conste firma ni nombre de la persona que recibe (Conclusión II.2). Por tales características, siendo además este el único elemento de prueba que se adjunta para demostrar y corroborar si la remisión extrañada se hubiera hecho efectiva, se concluye que hasta la fecha de la audiencia de consideración de esta acción tutelar la misma no se realizó. De manera, la Secretaria coaccionada no desacredita la denuncia en su contra, de que a pesar que la parte accionante se apersonó de forma reiterada a su despacho solicitando la remisión de la acusación formal, tal actuación no se efectivizó, justificando esta omisión por la carga procesal existente en esa oportunidad. Por otro lado, en lo referente a la alusión efectuada por dicha servidora pública en su informe escrito presentado a causa de la interposición de esta acción tutelar, argumentando que con carácter previo a la remisión se debe realizar una revisión exhaustiva de todo lo actuado, y por tales motivos, no se pudo remitir el mismo a despacho de manera oportuna, tal situación no constituye un justificativo que pueda ser considerado como eximente de responsabilidad.
Más al contrario este Tribunal considera este argumento jurídicamente reprochable puesto que, de manera alguna puede la omisión y dilación en la sustanciación del procedimiento, justificarse en la negligencia de los servidores públicos a cargo de los expedientes, pues el hecho de que existan faltas a regularizar no puede constituir razón de la imposibilidad material para la efectivización de exigencias sustanciales en las causas penales que se tramitan en juzgados y/o menoscabo de derechos y garantías constitucionales. Sumado a ello, aunque hubiera elementos de prueba -que no es el caso- que demuestren la carga procesal existente, la dilación en la que se incurrió de aproximadamente seis meses es sumamente excesiva y no justificada, máxime en consideración de las particularidades del caso analizadas en el acápite III.6.1. de este fallo constitucional en las que dichas circunstancias no pueden ser determinantes para justificar la demora en la que se incidió, cuando de por medio se están debatiendo hechos vinculados a un delito de violencia en razón género con implicancia en los derechos a la vida y a una vida libre de violencia.
Consiguientemente, la conducta negligente de la Secretaria coaccionada, de la que también derivó que la acusación formal presentada por el Ministerio Público en el proceso penal que inició por haber sido víctima de la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, así como violencia familiar o doméstica, no haya sido atendido oportunamente, converge en la lesión al debido proceso de la accionante en su elemento celeridad vinculado a su derecho a la vida y de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada respecto a esta servidora judicial coaccionada.
Por último, al haberse advertido la lesión de derechos atribuible a la actuación de la parte accionada, corresponde remitir una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Consejo de la Magistratura, para el inicio, si corresponde, de un proceso disciplinario, conforme al art. 39.II del CPCo.
Resuelta la problemática jurídica planteada, dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera importante referirse a la actuación procesal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, -constituido en Juez de garantías-pues de la compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, llama la atención que luego de pronunciarse la Resolución 07/2022 que resuelve esta acción de defensa el 1 de julio de 2022, la misma fue remitida en revisión ante este Tribunal recién el 21 de julio de igual año -conforme se tiene de la constancia de courier de fs. 23 y la Nota de remisión de la acción de libertad a este Tribunal, suscrita por el citado Juez de garantías (fs. 22)-es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo.
Por otra parte, aunque la lesión de derechos constitucionales por dilación procesal fue definida con base en los elementos necesarios de prueba, al ser esencialmente los hechos denunciados admitidos por la misma parte impetrante de tutela, en lo referente a la existencia del decreto de 9 de diciembre de 2021, no obstante, esta situación no excusa la falta de cuidado e imprevisión en la que el Juez de garantías incurrió al no remitir este elemento de prueba que compulsó, a fin de que pueda también ser valorado en revisión y si bien dicha omisión no repercute en la resolución del presente caso, corresponde llamar la atención al Juez de garantías, a fin de que en futuras actuaciones desplegué con mayor eficiencia la facultad jurisdiccional que le otorga el Código Procesal Constitucional.
En tal sentido, corresponde exhortar al Juez de garantías, a fin de que, en futuras actuaciones dentro de esta jurisdicción constitucional, ajuste sus actuaciones a la normativa que regula el trámite y los plazos procesales-constitucionales que responden a la naturaleza rápida y sumaria, de la cual está revestida la tramitación y resolución de estos mecanismos de defensa de derechos.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2022 de 1 de julio, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, ante el evidenciado riesgo de lesión de los derechos a la vida y a una vida libre de violencia -en su dimensión indirecta- con implicancia con el debido proceso en su vertiente celeridad y acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de forma inmediata a la notificación con este fallo constitucional, remita los antecedentes correspondientes al requerimiento conclusivo de acusación formal presentado por el Fiscal de Materia el 8 de diciembre de 2021, siempre que este actuado no hubiese sido ya cumplido como emergencia de la concesión de la tutela dispuesta por el Juez de garantías constitucionales; 2º Exhortar al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; así como a la Secretaria de dicho Juzgado, a que en casos vinculados con delitos de violencia contra las mujeres asuman las actuaciones en el marco de los estándares de protección de los derechos de la mujer en situación de violencia y el deber de la estricta diligencia;
3º Exhortar a José Luis Cayoja Choque, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a sujetarse a las normas previstas en el Código Procesal Constitucional, en el trámite relativo para las acciones de defensa, por las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.7 del presente fallo constitucional; y, 4º Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura, respecto de la actuación de Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria del referido Juzgado, a fin de que se proceda si así correspondiere conforme dispone el art. 39.II del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0451_2024-S2.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5e3797f3c5677b741a0b2a6f64104030061eb42d516f0df6c3a8f91d725e186e
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