Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de circulación y personal; a la dignidad y al debido proceso; alegando que, mediante memorial presentado el 26 de enero de 2022, solicitó cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.5 del CPP; empero, la misma fue rechazada por el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio de 27 de igual mes y año, sin ningún fundamento y de forma arbitraria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que la autoridad demandada dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, para que en el ejercicio del control jurisdiccional que ejerce, resuelva lo que en derecho corresponde; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a los derechos a la dignidad y al debido proceso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0450/2023-S2 Sucre, 2 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45711-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 1/2022 de 2 de febrero, cursante a fs. 35 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Alejandro Peredo Mantilla en representación sin mandato de William Eduardo Fernández El Hage contra Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 28 a 29 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, el 26 de enero de 2022, solicitó cesación de su detención preventiva, en atención a lo previsto en el art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); debido a que, esa medida afectó su salud y vida, pidiendo sea sustituida por otra menos gravosa; empero, el 28 de ese mes y año, se le notificó con el Auto Interlocutorio de 27 de igual mes y año, sin ningún fundamento y sustentado en la SCP 0077/2015-S2 de 3 de febrero, se rechazó dicha solicitud.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación y personal; a la dignidad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado señale día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, con la finalidad de reparar sus derechos vulnerados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 33 a 34 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos de su memorial de acción de libertad, y ampliándolos manifestó que: a) El Juez demandado emitió el decreto de 27 de enero de 2022, por el cual aplicó el entendimiento establecido en la SCP 0077/2015-S2, concluyendo que al encontrarse pendiente de resolución una apelación incidental sobre una primera solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, que no fue atendida por el Tribunal de alzada, no era viable pronunciarse de forma paralela sobre la pretensión que pidió, arguyendo que generaría disfunción procesal; empero, el prenombrado no consideró que eran situaciones y causales diferentes; pues en la última petición citó el art. 239.5 del CPP, acreditando que padece una enfermedad grave; y, b) La SCP 0305/2021-S4 de 7 de julio, sostuvo que es deber del Estado el resguardo del derecho a la salud de los privados de libertad por la emergencia sanitaria del COVID-19; en ese sentido, no resultó suficiente lo alegado por la indicada autoridad, que por una posible duplicidad de fallos, no pudo resolver la solicitud de cesación de su detención preventiva.
Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 2 de febrero de 2022, cursante a fs. 32 y vta., expuso que: 1) El impetrante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 5 del CPP -no como sostuvo en la presente acción de defensa, que solo citó el numeral 5-; por lo que, dictó el Auto Interlocutorio de 27 de enero del citado año, rechazando el mismo; debido a que, se encontraba pendiente de resolución una apelación contra el Auto Interlocutorio 008/22 de 13 del referido mes y año, que rechazó una anterior pretensión, igual a la señalada; y, 2) En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la SCP 0077/2015-S2, mientras no exista pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto a la primera solicitud, resulta inviable emitir una decisión como pretendió el peticionante de tutela; ya que, debe evitarse la duplicidad de fallos, así como, una posible disfunción procesal en la vía ordinaria; por tal razón, al no haberse vulnerado derechos constitucionales, corresponde denegar la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 1/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado cumpla lo previsto en el art. 239 del CPP, debiendo señalar audiencia en el plazo estipulado en la ley, a fin de resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: i) El 5 de enero de 2022, el accionante pidió audiencia de cesación de la medida extrema, amparado en el art. 234.1 del citado Código, que mereció el Auto Interlocutorio 008/22, rechazándose esa solicitud y declarándolo infundado; por lo que, el prenombrado apeló dicha decisión, remitiéndose obrados el 20 del citado mes y año, al Tribunal de alzada; ii) El 26 del mencionado mes y año, el peticionante de tutela impetró similar pretensión indicada, por encontrarse en riesgo sus derechos a la salud y vida, en atención al art. 239.1 y 5 del Código Adjetivo Penal, argumentando que fue sometido a dos cirugías de perforación de pulmón, padeciendo tos, flemas de mucosa purulenta, hipertensión, COVID-19 Delta, entre otras afecciones; asimismo, adjuntó certificado médico que informó respecto al aludido que es un paciente de alto riesgo, dando a entender que no puede mantenerse privado de libertad; en tal sentido, el art. 15.I de la CPE, así como, las SC “411/2000”, SCP “193/2012” y “305/2021 C4”, establecieron entendimientos relacionados a la prioridad con la que deberán resolverse los asuntos sobre privados de libertad con perfiles de riesgo como son la salud; iii) La solicitud presentada el 26 de enero de 2022, por el impetrante de tutela, tuvo un alcance diferente a la del 20 de igual mes y año; ya que, citó el art. 239.5 del CPP, habiendo acreditado que se encuentra con enfermedades graves; en consecuencia, el Juez demandado debió observar lo previsto en el art. 180 de la CPE, que instituye el principio de verdad material sobre la formal, enmarcando su análisis a la valoración de los derechos como era en el caso concreto, el de la salud y vida; por lo que, la referida autoridad transgredió el debido proceso y debe restaurar el mismo, tomando en cuenta que los fundamentos entre una y otra solicitud de cesación eran diferentes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan certificado médico y resultados de laboratorios clínicos realizados a William Eduardo Fernández El Hage -accionante-, todos de 25 de enero de 2022 (fs. 24 a 26).
II.2. Por memorial presentado el 26 de enero de 2022, al Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, el peticionante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva, debido a la emergencia en su salud y vida, en atención a lo previsto en el art. 239.1 y 5 del CPP (fs. 4 a 6 vta.). II.3. Mediante Auto de 27 de enero de 2022, el Juez demandado señaló que:
“…existe una apelación a la Resolución N° 008/22 de fecha 13 de enero de 2022 sobre Cesación a la detención preventiva que aún no ha sido resuelta por el Tribunal de Alzada, no obstante de ello existe una segunda solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, lo cual hace que mientras no se resuelva la apelación mencionada el Juez de la causa no pueda resolver ambas solicitudes paralelamente, ello con el fin de evitar la duplicidad de fallos que ocasionen disfunciones procesales en la misma vía ordinaria; por lo cual la parte impetrante deberá estar a las resultas de la citada apelación” (sic [fs. 3]).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de circulación y personal; a la dignidad y al debido proceso; alegando que, mediante memorial presentado el 26 de enero de 2022, solicitó cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.5 del CPP; empero, la misma fue rechazada por el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio de 27 de igual mes y año, sin ningún fundamento y de forma arbitraria. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, a la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, estableció que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro).
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, precisó que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis agregado). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
De la compulsa de antecedentes se tiene que, por memorial presentado el 26 de enero de 2022, al Juez demandado, el accionante solicitó cesación de su detención preventiva, debido a emergencia de su salud y vida conforme dispone el art. 239.1 y 5 del CPP, adjuntando certificado médico y resultados de laboratorios clínicos (Conclusiones II.1 y 2); que mereció el Auto de 27 de igual mes y año, señalando que al encontrarse con apelación incidental el Auto Interlocutorio 008/22 de 13 del referido mes y año, que rechazó una anterior pretensión de cesación de la medida extrema impuesta, debe esperar los resultados de la misma (Conclusión II.3).
En tal sentido, si bien se advierte que el impetrante de tutela presentó una primera solicitud de cesación de la detención preventiva -20 de enero de 2022-, misma que fue rechazada a través del Auto Interlocutorio 008/22, contra esa decisión interpuso apelación incidental; posteriormente, el 26 de idéntico mes y año, desplegó una segunda petición de cesación de esa medida extrema, amparado en el art. 239.1 y 5 del CPP, adjuntando certificado médico y resultados de laboratorios clínicos, que acreditó su estado de salud. La autoridad judicial demandada sostuvo que al encontrarse pendiente de resolución el Auto Interlocutorio 008/22, no corresponde resolver la segunda solicitud; ya que, podría generarse duplicidad de fallos y disfunción procesal; sin embargo, el aludido Juez debe tomar en cuenta que, la petición de cesación de su detención preventiva con base en el art. 239.5 del CPP, tiene un fundamento diferente al planteado en el primer requerimiento, y ello no afectará al resultado de aquella, ni al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, atendiendo el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el rechazo intrínseco a la solicitud de cesación de la detención preventiva y la falta de señalamiento de audiencia para su consideración, se constituyen en actos lesivos que convergen en dilaciones indebidas e innecesarias que repercuten de forma directa en el derecho a la libertad del accionante; por lo que, corresponde que la tutela impetrada sea concedida en la modalidad traslativa o de pronto despacho, debiendo el Juez demandado, programar de manera inmediata día y hora de audiencia, y resolver la cesación de esa medida extrema. En cuanto a los derechos a la dignidad y al debido proceso, se evidencia que el peticionante de tutela no expresó ni acreditó la manera en la que hubieran sido conculcados los mismos; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en este punto.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 1/2022 de 2 de febrero, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que la autoridad demandada dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, para que en el ejercicio del control jurisdiccional que ejerce, resuelva lo que en derecho corresponde; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya se hubiera efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto a los derechos a la dignidad y al debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0450_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb79ccfd23feab012a4e7b2d171f0a5b15b1f83356c15460adcf5b99a5e3cbda
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